Foro Nacional del Agua 2022
Científicos obtuvieron la primera evidencia de cómo la disminución de anfibios a nivel mundial debido a la quitridriomicosis puede impactar en la salud humana.
El drástico declive global de ranas y otros anfibios debido a la quitridriomicosis, enfermedad causada por un hongo patógeno extremadamente virulento, exacerbó los brotes de malaria en Costa Rica y Panamá durante las décadas de 1990 y 2000. Así lo ha advertido una nueva investigación que proporciona la primera evidencia de que la disminución de la población de anfibios afecta directamente a la salud humana.
De este modo, conservar la biodiversidad puede beneficiar a los seres humanos y a los ecosistemas locales.
La propagación mundial de ‘Batrachochytrium dendrobatidis’, causante de la quitridriomicosis, ha sido responsable de la muerte masiva de anfibios en todo el planeta desde la década de los 80. Un estudio de 2019 encontró que esta enfermedad fúngica ha jugado un papel clave en el declive de más de 500 especies de anfibios en las últimas décadas y que presumiblemente originó la extinción de 90 especies.
En Costa Rica y Panamá, esta enfermedad circuló desde principios de la década de los 80 hasta la década de 2000. Paralelamente, ambos países experimentaron importantes aumentos en los casos de malaria.
En el nuevo estudio, presentado hace unos días en la reunión anual de la Unión Geofísica Americana por parte de Joakim Weill, economista ambiental de la Universidad de California, los investigadores analizaron si estos brotes de malaria estaban relacionados con la disminución de los anfibios, ya que estos se nutren de los mosquitos que transmiten la enfermedad. Así, compararon el momento y la extensión espacial de la muerte de anfibios con los casos de malaria en Costa Rica y Panamá, a nivel de condado, desde 1976 hasta 2016.
Los investigadores encontraron un aumento significativo en los casos de malaria en estos países que comenzó inmediatamente después de que empezarán las muertes de anfibios y alcanzó su punto máximo 5-6 años después.
Anfibio, Robert Freckleton
Los casos de malaria volvieron a bajar después de este pico, y los investigadores sospechan que esto se debe a intervenciones locales de salud pública como la fumigación con insecticidas.
Los resultados presentan las primeras pruebas de que la extinción de especies y la pérdida de biodiversidad pueden afectar directamente la salud humana. Otros factores ambientales como la deforestación también jugaron un papel en la exacerbación de los brotes, pero ningún otro factor tuvo tanto impacto en los casos de malaria como la disminución de los anfibios, según el estudio.
«Este trabajo interdisciplinario es como un pequeño bloque de construcción que muestra que podría haber consecuencias no deseadas para la salud humana debidas al colapso de los anfibios, por lo que realmente deberíamos estar dándonos cuenta de estos impactos», afirma Weill. «Vemos el trabajo como un primer paso importante para desentrañar la relación causal entre el cambio ambiental y la salud humana».
COLABORACIÓN PERIODÍSTICA
DICYT – RED PRENSA VERDE
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Una investigación publicada en la revista Land Use Policy señala que la ganadería ilegal extensiva es responsable del 87% de la deforestación en áreas como el Parque Nacional Laguna del Tigre.
Thelma Gómez Durán / Mongabay Latam
Como si se tratara de las piezas de un rompecabezas, la doctora en geografía Jennifer Devine y su equipo analizaron cada una de las 4 500 fotografías de tres áreas de la Reserva de la Biosfera Maya. La observación minuciosa de esas imágenes, además de un intenso trabajo de investigación en campo, les permitió construir un mapa de la deforestación en esa zona, pero sobre todo, identificar el papel que juega la ganadería ilegal extensiva en la pérdida de una de las últimas selvas de Centroamérica.
El análisis que realizó el equipo encabezado por la doctora Jennifer Devine, investigadora del departamento de geografía de la Universidad Estatal de Texas, calcula que la ganadería ilegal extensiva, actividad vinculada con grupos ligados al tráfico de drogas, es responsable del 59% y hasta el 87% de la deforestación de tres áreas de la Reserva de la Biosfera Maya.
La ganadería ilegal extensiva, ligada al narco capital, se ha detectado en la frontera que comparten México y Guatemala. Foto: Cortesía Ecosur.
“Los traficantes de drogas deforestan el área protegida para la ganadería, actividad que sirve como mecanismo para lavado de dinero, contrabando de drogas y control del territorio”, se señala en el artículo Tráfico de drogas, ganadería, uso de la tierra y cambio en la cobertura de la Reserva de la Biosfera Maya, publicado en el número de junio de la revista Land Use Policy, y cuyos autores son Jennifer A. Devine, Nathan Currit, Yunuen Reygadas, Louise I. Liller y Gabrielle Allen.
El estudio también menciona que hay alternativas para enfrentar la deforestación y degradación en esta área natural protegida. Una de ellas, resaltan, es impulsar y extender el modelo del manejo forestal comunitario que hoy se desarrolla en 500 000 hectáreas de la zona oriental de la Reserva.
Fotografías para mapear la selva
La Reserva de la Biosfera Maya se extiende a lo largo de 21 602 kilómetros; una extensión que representa el 20% de la superficie de Guatemala. En 1990, el gobierno del país centroamericano creó esta área natural protegida como una estrategia para conservar buena parte de la selva maya.
Dentro de la Reserva, en la parte occidental, también se crearon los Parques Nacionales Laguna del Tigre y Sierra del Lacandón. En ambos está prohibido, en teoría, cualquier cambio de uso de suelo, así como realizar actividades como la ganadería. Fotografías aéreas muestran que la realidad es otra. Como si se tratara de invasión de langostas que arrasa todo a su paso, la deforestación va ganando terreno en los dos parques nacionales.
En entrevista con Mongabay Latam, la doctora Devine explica que para su estudio se seleccionaron tres lugares que están dentro de la Reserva: los parques de Laguna del Tigre y Sierra del Lacandón, así como la zona de uso múltiple.
En los sitios seleccionados se tomaron alrededor de 1500 fotografías desde una avioneta; en total se recopilaron alrededor de 4 500 imágenes captadas durante 2015.
Invasores en Laguna del Tigre quemaron la selva para hacer espacio para ranchos ganaderos. Foto: Max Radwin, para Mongabay.
“Buscamos cuantificar la contribución de la ganadería ilegal en la deforestación de la Reserva”, explica la doctora en geografía, quien desde 2009 realiza estudios en el área; incluso vivió durante dos años en la zona.
Un factor que se tomó en cuenta en el estudio —explica Devine— es que dentro de los parques Laguna del Tigre y Sierra del Lacandón viven cerca de 15 000 personas en asentamientos irregulares. Si bien los campesinos han abierto áreas para desarrollar cultivo y ganadería de sustento, la investigadora resalta que no son ellos los principales responsables de la deforestación en el lugar.
“Toda la ganadería en la Reserva es ilegal —aclara Devine—, pero es importante hacer la diferencia entre los campesinos que no tienen vínculos con el narcocapital y los ranchos donde solo miras grandes extensiones de pasto. La mayoría de la ganadería extensiva está vinculada al crimen organizado”.
Y es por ello que la investigación se centró en identificar la deforestación provocada por la ganadería ilegal en grandes extensiones.
La imagen de la izquierda muestra un ejemplo de un rancho donde se detectó ganadería ilegal extensiva.
Fue así que, a partir del análisis de las fotografías y entrevistas en campo, los investigadores concluyeron que la ganadería de grandes extensiones es responsable del 87% de la deforestación en el Parque Nacional Laguna del Tigre y del 67% en el Parque Nacional Sierra del Lacandón.
Por lo menos desde hace un par de años, investigaciones periodísticas y estudios científicos han alertado sobre los efectos de la narcoganadería en los bosques de América central, sobre todo en países como Nicaragua, Panamá y en la frontera que comparten México y Guatemala.
La carretera principal del Parque Nacional Laguna del Tigre pasa a la par de una pista clandestina. Foto: Manuel Morillo.
Laguna del Tigre, el corazón de la deforestación
En el Parque Nacional Laguna del Tigre, el cual ocupa un área de 337 889 hectáreas y es el más grande de Guatemala, las fotografías analizadas mostraron que 87% de las tierras deforestadas se transformaron en campos donde solo crece pasto. “Esta es el área más fuerte de la ganadería ilegal de gran escala. Es donde este fenómeno comenzó. Es su corazón”, resalta la doctora.
Hay una imagen que ilustra lo que dice la investigadora. Cuando se entra al Parque Nacional Laguna del Tigre, lo primero que se mira es una gran finca ganadera.
En el Parque Nacional Sierra del Lacandón, que ocupa 202 865 hectáreas, el análisis de las fotografías mostró que 67% de la deforestación fue provocada por la ganadería extensiva; mientras que 27% fue para transformar el lugar en campos de cultivo; en el 7% de las imágenes analizadas no fue posible determinar el uso de suelo.
“En Sierra del Lacandón estamos viendo muchos cambios del uso de suelo. Ahí es donde se mira la frontera de la deforestación provocada por la ganadería ilegal”, resalta Devine.
Cambio de uso de suelo registrado en la Reserva de la Biosfera Maya entre 2000 y 2015.
Para la doctora en Geografía, el avance de la deforestación en lugares como Laguna del Tigre, muestra que estas zonas se han transformado en “territorios de impunidad”, donde los grupos criminales utilizan la ganadería ilegal para lavado de dinero.
En el estudio se menciona que la laxa regulación en la compra, venta y movimiento de ganado en América central hace que la ganadería sea “una estrategia ideal para lavar dinero del narcotráfico”.
Jennifer Devine estima que entre el 40 y 60% de la ganadería ilegal en la Reserva de la Biosfera Maya tiene como objetivo el lavado de dinero. “Nos encontramos grandes extensiones de tierra con pasto, en donde no hay ganado. Esas fincas están vinculadas al narcocapital”.
Un bombero del Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) camina por el campo quemado en el Parque Nacional Laguna del Tigre. Foto: Max Radwin, para Mongabay.
Después de que se tomaron las fotografías para la investigación, en el Parque Laguna del Tigre se han registrado incendios, la mayoría de ellos provocados por “ganaderos narcocapitalizados y los especuladores de tierras”, se señala en el estudio.
En 1990, cuando se estableció la Reserva de la Biosfera Maya, el gobierno guatemalteco decidió que las zonas donde se encuentran Laguna del Tigre y la Sierra del Lacandón se declararían Parques Nacionales para así conservar estas áreas consideradas como las más sensibles. Es por ello que ahí se prohibió todo tipo de actividad.
En ese entonces, además, otra parte de la Reserva se clasificó como zona de usos múltiples. Esta fue la tercera área que analizó el estudio encabezado por la doctora Jennifer Devine. Ahí se encontró que la ganadería ilegal extensiva ha provocado 59% de la deforestación.
Los incendios se utilizan para extender la zona deforestada en la Reserva. Foto: Cortesía Jennifer Devine.
Tanto en esta zona de usos múltiples pero sobre todo en los parques nacionales, los investigadores detectaron otro fenómeno que amenaza a la selva maya: la especulación de tierras.
“Hay un mercado negro de tierras. Incluso encontramos anuncios donde se pone a la venta tierras deforestadas, con pista de aterrizaje y que se encuentran en la frontera con México”, explica Devine.
Mongabay Latam solicitó una entrevista a la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) de Guatemala sobre el avance de la ganadería ilegal en la Reserva de la Biosfera Maya. La dependencia mandó por escrito las respuestas a varias preguntas. En ellas se afirma que 72% de la superficie de la Reserva «se mantiene relativamente bien conservada, a pesar de las múltiples amenazas enfrentadas desde su creación».
El río San Pedro marca la frontera sur del Parque Nacional Laguna del Tigre. Foto por Sandra Cuffe.
La CONAP reconoce que, en términos de gobernabilidad, “la zona más compleja sigue siendo el Parque Nacional Laguna del Tigre y el Biotipo Protegido Río Escondido-Laguna del Tigre”. En la última evaluación que la dependencia realizó sobre el asunto —que data de 2017—, se documenta que en esos dos lugares ocurrió “el 29% de la pérdida bruta de bosque, superado únicamente por la Zona de Amortiguamiento, que registró el 37% de la pérdida brutal total de la Reserva».
El Parque Nacional Sierra de Lacandón, en donde se mantiene un 63% de su área total como bosque, “también sigue enfrentando diversas amenazas», señala la CONAP.
Sobre qué acciones realiza la CONAP para combatir la ganadería ilegal y el avance de la deforestación en la zona, la dependencia señaló que se han establecido Centros de Operaciones Institucionales y Puestos de Control en diferentes puntos, «desde donde se controla para evitar la expansión agropecuaria».
Además, se asegura que el año pasado se hicieron casi 300 patrullajes y operativos, se capturaron a más de 40 personas y se presentaron 70 denuncias judiciales. «Actualmente existen más de ocho procesos judiciales entre los cuales hay órdenes de desalojos pendientes de ejecutar dentro de la Reserva de la Biosfera Maya».
Zona deforestada dentro de la Reserva de la Biosfera Maya. Foto: Cortesía Jennifer Devine.
Un muro contra la deforestación
Los investigadores que realizaron el estudio no solo ponen sobre la mesa la dimensión de la ganadería ilegal en la Reserva de la Biosfera de Guatemala. También resaltan que existen alternativas para abordar este problema, soluciones que han mostrado su eficacia y son reconocidas a nivel internacional. Una de ellas es el modelo de concesiones forestales comunitarias.
Ese modelo se desarrolla, desde 1994, en 500 000 hectáreas de la parte oriental de la Reserva, dentro de la zona de usos múltiples.
Durante dos décadas y media, las comunidades que tienen las concesiones forestales han demostrado que es posible aprovechar en forma sostenible la selva, generar empleos y conservar la biodiversidad. Eso ha sido reconocido por diversos actores internacionales, entre ellos la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).
En este mapa se muestra las zonas en donde se ubican algunas de las concesiones forestales comunitarias de Guatemala y en donde se ha detenido la deforestación. Imagen: Archivo Cooperativa Carmelita.
En su más reciente informe, El Estado de los Bosques del Mundo 2020, la FAO resalta el modelo de las concesiones forestales comunitarias que existen en la Reserva, como una estrategia para detener la pérdida de superficie forestal y biodiversidad.
En la entrevista, la doctora Devine explica en el área concesionada a las comunidades, la deforestación es casi del cero por ciento; mientras que en lugares como Laguna del Tigre es del 30%. Esos porcentajes muestran lo que la investigadora llama la paradoja de la conservación: “¿Cómo es que las áreas que deberían estar mejor conservadas son las más deforestadas?”
Unidad de Manejo Suchital, una de las áreas en donde se realiza manejo forestal comunitario en la Reserva de la Biosfera Maya. Foto: Cortesía ACOFOP.
Para los investigadores que realizaron el estudio, el problema de deforestación y degradación de los parques nacionales Laguna del Tigre y Sierra del Lacandón no se solucionaría desalojando a los cerca de 15 mil campesinos que viven en asentamientos irregulares.
“Criminalizar a los más pobres no es la solución”, insiste Devine. El camino, resalta, es combatir el narcocapital. Pero también impulsar el desarrollo del modelo forestal comunitario en otras áreas de la Reserva.
En el estudio se remarca que “la gestión comunitaria de las tierras y los recursos, como lo que se realiza con las concesiones forestales de Petén, han demostrado ser un freno a la deforestación y el avance de los grupos del narcotráfico”.
Las comunidades forestales de Petén han desarrollado diversos proyectos ecoturísticos; uno de ellos en Laguna Yaloch. Foto: Cortesía ACOFOP.
Presiones contra un modelo exitoso
Haber desarrollado un modelo exitoso de conservación de la biodiversidad, que permite generar beneficios sociales, ambientales y económicos, no ha sido un blindaje suficiente para la comunidades que tienen las concesiones forestales. Su apuesta enfrenta hoy varios desafíos y presiones.
En los próximos meses, varias de las concesiones comunitarias deberán comenzar sus procesos de renovación por 25 años más. Ese es solo uno de los retos: garantizar la continuidad del modelo.
Erick Cuellar, subdirector de la Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP), explica que la conservación de la selva es cada vez más compleja, sobre todo ante las amenazas que hay en la Reserva, entre ellas “el avance de la ganadería extensiva y los monocultivos, como la palma de aceite”. Estos últimos presentes, sobre todo, alrededor del Parque Nacional Sierra del Lacandón.
Un árbol de ceiba, el árbol nacional de Guatemala, rodeado de matas recién cultivadas de palma africana. Foto: Sandra Sebastián.
Cuéllar explica que en los últimos diez años, Guatemala ha registrado “un debilitamiento institucional muy marcado […] Eso ha facilitado que grupos de poder que existen en la Reserva, sobre todo en la zona norte, promuevan actividades ilícitas, como la ganadería ilegal extensiva”. Y eso, como consecuencia, ha hecho aún más difícil y riesgoso la defensa del medio ambiente y el territorio.
En 2010, David Salguero, presidente de la Comisión de vigilancia de Cruce la Colorada, fue asesinado. Le dispararon frente a su oficina, días después de que enfrentó a narcoganaderos que comenzaban a deforestar la zona.
En 2016, Walter Méndez, quien fue presidente de la Cooperativa La Lucha y miembro de la junta directiva de ACOFOP, fue asesinado al salir de su casa; él denunciaba la expansión del cultivo de la palma de aceite y la especulación de tierras.
En los últimos años, empresarios de Guatemala y extranjeros han intentado desarrollar megaproyectos turísticos en las zonas arqueológicas que se encuentran dentro del área concesionada a las comunidades. Foto: ACOFOP.
Además de la presencia de la ganadería ilegal extensiva y los monocultivos, las comunidades que tienen las concesiones forestales se enfrentan a grupos empresariales, nacionales e internacionales, que han intentado desarrollar proyectos de exploración petrolera y turísticos en la zona de Petén.
Uno de esos proyectos lo impulsa el arqueólogo estadounidense Richard Hansen, quien tiene una campaña para crear un desarrollo turístico en torno al sitio arqueológico conocido como El Mirador.
Ante este panorama, la investigadora de la Universidad Estatal de Texas, Jennifer Devine, resalta que es vital que se impulse, fortalezca y extienda el modelo de concesiones forestales comunitarias. Un ejemplo mundial de conservación de la biodiversidad que hoy “está en peligro ante intereses que tienen detrás millones de dólares”.
Imagen superior: El río San Pedro marca la frontera sur del Parque Nacional Laguna del Tigre. ©Sandra Cuffe.
ALIANZA INFORMATIVA
MONGABAY LATAM – RED PRENSA VERDE
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Honduras declaró la emergencia en el Corredor Seco donde se estima que el 82% de los cereales sembrados se perdió.
El maíz y el fríjol han sido los cultivos más afectados por la sequía en Guatemala, El Salvador y Honduras, en 281.000 hectáreas de cultivo.
Es de estos dos alimentos que depende la seguridad alimentaria y nutrición de 2,1 millones de personas en esos tres países centroamericanos.
Un reporte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP), así lo consigna. Además de dar a conocer su preocupación por la sequía, las organizaciones advierten que estos países también recibirán un alto impacto por el costo de estos cereales para toda la población.
Según el reporte, la posible llegada del fenómeno de El Niño a fines de 2018 podría agudizar la precaria seguridad alimentaria y nutricional de esas comunidades rurales vulnerables.
“Los meses de junio y julio registraron precipitaciones inferiores a la media y condiciones más secas que el promedio, lo que afectó el primer y principal ciclo de cultivos en Centroamérica, conocido como ‘la primera’. La pérdida total o parcial de los cultivos significa que los agricultores de subsistencia y sus familias no podrán consumir ni almacenar suficientes alimentos en los próximos meses”.
El gobierno de Honduras declaró este mes la emergencia en el Corredor Seco, en donde se estima que un 82% de los cultivos de maíz y fríjol se han perdido, mientras que el gobierno de El Salvador declaró la alerta roja en julio.
Según la FAO, el término Corredor Seco, aunque apunte a un fenómeno climático, tiene una base ecológica y define a un grupo de ecosistemas que se combinan en la ecorregión del bosque tropical seco de Centroamérica en la vertiente pacífica, abarcando gran parte de la región central pre-montaña de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Guanacaste en Costa Rica y el Arco Seco de Panamá.
Fuente: Atlas centroamericano para la gestión sostenible del territorio.
En esta área, habita más de un millón de familias que tienen como recurso principal la agricultura de subsistencia. «Los niveles de pobreza y desnutrición son alarmantes y afectan principalmente a las poblaciones rurales y a las comunidades indígenas. La mayoría de los medios de vida dependen del clima considerando que el porcentaje de los productores de granos básicos varía de 54% en El Salvador y Honduras a 67% en Guatemala».
Según el Instituto de Investigación Internacional de Clima y Sociedad/Centro de Predicciones Climáticas (IRI/CPC), existe un 60% de probabilidades de que se registre un nuevo fenómeno de El Niño entre septiembre y diciembre de 2018.
Implementación de riego por goteo en el Corredor Seco, área afectada por la sequía. Fotos: Rubí López/FAO
El segundo ciclo de cultivos, conocido como ‘la postrera’, que generalmente suple las deficiencias de la primera cosecha, se realiza en noviembre, y se estima que, aun cuando El Niño resulte ser débil, tendrá un impacto significativo en los resultados de la postrera.
“Nos preocupa especialmente el efecto de esta nueva sequía sobre la migración, en un contexto internacional que restringe el movimiento de miles de personas que, en sus localidades, tendrán una gran dificultad para asegurar el sustento de sus familias”, informó Julio Berdegué, representante regional de la FAO quien considera que es urgente mejorar la resiliencia climática de los habitantes de Centroamérica, especialmente en zonas como el Corredor Seco.
Para Miguel Barreto, director regional de WFP para América y el Caribe, “justo cuando las comunidades rurales se recuperaban de la sequía de 2014 y del fenómeno de El Niño de 2015, los más fuertes registrados en la historia reciente, un nuevo evento climático vuelve a golpear a los más vulnerables”.
Pese a que el programa Mundial de Alimentos y la comunidad internacional han trabajado junto a los gobiernos y comunidades rurales de ese corredor en resiliencia a las variaciones climáticas extremas, informan que ahora necesitan redoblar esfuerzos y llegar a más comunidades rurales.
«Tras lo ocurrido en 2014 y 2015, WFP, con apoyo de la comunidad internacional, ha brindado asistencia alimentaria a miles de personas, en comunidades vulnerables del Corredor Seco, para mejorar la seguridad alimentaria y fortalecer la resiliencia a nivel de familias, comunidades y a nivel institucional. Estas actividades incluyeron la conservación de suelo y el agua, mejores prácticas agrícolas y capacitación para hacer frente a los fenómenos naturales, así como el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia para la alimentación y la nutrición».
Se desarrolló del Programa de fortalecimiento de la resiliencia ante el riesgo de desastres en el Corredor Seco Centroamericano y han trabajado con socios y contrapartes para para incrementar la resiliencia de los hogares, comunidades e instituciones para prevenir y hacer frente a las amenazas y los desastres que afectan a la agricultura, la seguridad alimentaria y la nutrición.
Actualmente, apoyan a los países la creación de proyectos y programas a gran escala para ser presentados ante el Fondo Verde del Clima.
Mitigar los efectos de la sequía
Con la intención de mitigar los impactos potenciales provocados por esta nueva sequía entre la población rural, la FAO y el WFP proponen:
- Análisis del impacto de los ciclos agrícolas de 2018 en el precio de los alimentos básicos
- Evaluación de la seguridad alimentaria y nutricional de las comunidades en el Corredor Seco una vez finalice la cosecha de primera e inicie la postrera
- Apoyo a los gobiernos en establecer sistemas de seguimiento de situación de la producción agrícola y la seguridad alimentaria.
- Adopción de acuerdos que permitan la migración temporal regulada, segura y ordenada de personas originarias de las comunidades rurales más afectadas por la sequía.
- Movilización de recursos para escalar los sistemas de cosecha y almacenamiento de aguas lluvias para reducir el impacto de las próximas sequías.
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