No se sabe la fecha en que retomarán las negociaciones. Entre los logros de la COP16 están: creación del órgano subsidiario para la participación de pueblos indígenas y comunidades locales; reconocimiento de comunidades afrodescendientes y creación del Fondo de Cali por uso de secuenciación digital de recursos genéticos. Sin embargo, no es claro cómo operará todo esto.
CALI, COLOMBIA. Eran cerca de las 9 de la mañana del sábado 2 de noviembre de 2024. A esa hora la falta de quórum impidió la continuidad de la última plenaria de negociaciones de la COP16 y la conferencia fue suspendida hasta una de las próximas sesiones intersesionales del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), sin que aún exista una fecha clara.
La reunión terminó con algunos logros importantes como la aprobación del “Fondo de Cali” para la Información de Secuencias Digitales (DSI, por sus siglas en inglés) sobre recursos genéticos. Se trata de un mecanismo de financiación único orientado a distribuir equitativamente los beneficios económicos del uso de esos recursos, muchas veces descubiertos y aprovechados inicialmente por comunidades indígenas o locales, y sus secuencias digitales.
También se logró el reconocimiento de los afrodescendientes dentro del CDB y la creación de un órgano subsidiario para los pueblos indígenas y las comunidades locales dentro del convenio. Esto quiere decir que tendrán un puesto permanente en las negociaciones, el cual no dependerá de la voluntad de los gobiernos de turno. “Se reconoce el papel único de los pueblos indígenas y las comunidades locales, sus innovaciones, prácticas y conocimientos tradicionales en la implementación del Convenio sobre la Diversidad Biológica, en sus protocolos y en el Marco Mundial sobre la Biodiversidad de Kunming-Montreal”, indica el documento oficial donde se creó el órgano subsidiario.
Estas dos decisiones se tomaron en la madrugada del 2 de noviembre y se sumaron a la aprobación de un acuerdo sobre las áreas marinas de importancia ecológica o biológica (EBSA, por sus siglas en inglés) situadas en aguas internacionales, que establece un proceso científico y técnico para identificar esos espacios que están fuera de la jurisdicción marítima de cualquier país. Este tema se venía debatiendo desde la COP13 en 2016 y es esencial para implementar varios objetivos del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming Montreal, al tiempo que respalda el Tratado de Alta Mar, que aún espera por ratificación.
Tiburón zorro pelágico. Foto: Oceana
Sin embargo, varios temas vitales quedaron estancados hasta la COP17 que se realizará en 2026 en Armenia. No hubo ningún acuerdo acerca del financiamiento para cumplir con las 23 metas del Acuerdo Kunming Montreal —este era quizás el tema más urgente para muchas organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil—, tampoco se tomaron decisiones sobre el marco de monitoreo para determinar qué tan cerca o lejos del cumplimiento de esas metas están los países. Es más, al finalizar la reunión en Cali, sólo 44 países habían entregado sus Estrategias y Planes de Acción de Biodiversidad (NBSAP, por sus siglas en inglés), es decir, el 22 % de todos las naciones que forman parte del CDB.
“La COP16 terminó sin una resolución clara y con la sensación de que este proceso ya no debe tratarse sólo de la conservación de la biodiversidad, sino de incluir las voces de aquellos que saben cómo conservarla mejor y dirigir fondos hacia quienes ya están realizando el trabajo sobre el terreno [pueblos indígenas y comunidades locales]. La obsesión por el dinero y los beneficios está desplazando la diplomacia y la cooperación necesarias para sacarnos de las crisis de biodiversidad y clima. Al final, todos perderemos porque hemos agotado el tiempo para detener el cambio irreversible”, dice Edda Fernández, asesora principal de Políticas de Avaaz y ex negociadora de biodiversidad para México.
En tanto Bernadette Fischler, directora de Incidencia Internacional de WWF Reino Unido, no disimuló su descontento con el tema de los recursos y aseguró que “seguir las discusiones sobre el financiamiento de la biodiversidad aquí en Cali fue tan agradable como una cirugía dental”.
Trabajos en la sesión plenaria de la COP16. Foto: UN Biodiversity
La gran frustración vino por cuenta de la falta de consenso para la financiación de las 23 metas del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming Montreal y para la creación de mecanismos de monitoreo que permitan verificar que los países las están cumpliendo. Al Marco Kunming Montreal sólo le quedan cinco años.
El constante fracaso del financiamiento
El tema del financiamiento era crucial en esta COP16, porque sin recursos es imposible superar la crisis de pérdida de biodiversidad y quedan menos de seis años para cumplir con las metas planteadas en el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming Montreal. Cada día que pasa sin que haya una ruta clara de financiamiento, disminuyen las probabilidades de alcanzar las metas.
En la meta 19 del Marco se propuso, para 2030, movilizar al menos 200 000 millones de dólares, con el compromiso de los países desarrollados de dar 20 000 millones anuales para 2025 y 30 000 millones anuales para 2030. Sin embargo, las naciones están rezagadas en sus compromisos.
Las propuestas sobre el mecanismo de financiamiento actual, el Fondo Marco Global para la Biodiversidad (GBFF), fueron escasas, y el fondo actualmente cuenta sólo con 407 millones de dólares. Además, las acciones para identificar y eliminar subsidios perjudiciales para la naturaleza han avanzado poco desde que se adoptó el Marco Kunming Montreal.
Todo esto es de preocupación ya que, aún si se cumpliera con la cifra de 200 000 millones de dólares, cifras del 2019 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), muestran que el gasto en conservación de la biodiversidad oscila entre 124 000 millones y 143 000 millones de dólares por año, mientras que las necesidades totales estimadas para la protección de la biodiversidad se sitúan entre 722 000 millones y 967 000 millones de dólares anuales, muy por encima de lo que se plantea en el Marco Kunming Montreal. Esto deja una brecha actual de financiamiento para la biodiversidad que va desde los 598 000 millones hasta los 824 mil millones de dólares anuales.
Firma de un acuerdo entre el Banco Davivienda y la Corporación Financiera Internacional (IFC) para la emisión del primer bono de biodiversidad en Colombia. Foto: UN Biodiversity.
Maximiliano Bello, consultor en políticas oceánicas internacionales y quien durante más de dos décadas ha trabajado con diversas organizaciones ambientales, dice que muchas de las naciones en vía de desarrollo vienen a las COP con el discurso de cómo van a pagar por el funcionamiento de las nuevas áreas protegidas y proteger la biodiversidad. El experto asegura que los países tienen forma de pagarlo: “Hay dinero, porque esos subsidios que están puestos en actividades extractivas, en el fondo podríamos usarlos para proteger e, incluso, para generar recursos para comunidades locales” y añade que “tenemos que transformar esos dineros que hoy día están ayudando a destruir la biodiversidad, en dineros que van a apoyar a comunidades y a proyectos en áreas protegidas que nos dan oxígeno y alimento”.
Precisamente, la meta 18 que propone eliminar los subsidios e incentivos a las actividades que afectan a la biodiversidad, fue otro de los temas estancados en esta COP. “La COP16 en Cali debía ser un punto de inflexión para redefinir nuestra relación con la naturaleza. Sin embargo, la omisión de la salida necesaria y urgente de los fósiles en el texto final significa otra oportunidad perdida para enfrentar la causa común de la crisis climática y de biodiversidad. Esperamos que el liderazgo que Colombia ha demostrado con su compromiso con el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, que fue bloqueado en esta COP, logre ser respaldado por otras naciones en la COP 29 [de clima] que está por comenzar”, afirma Andrés Gómez, coordinador para América Latina de la iniciativa Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles.
Para Bernadette Fischler, de WWF, la discordia entre los países donantes y los países en desarrollo, poco antes de la suspensión de la reunión, lamentablemente no es sorprendente, pero sí decepcionante. “Los países llevan años divididos y no han logrado encontrar una solución que funcione para todos. Esperar más para tomar la tan necesaria decisión sobre el fondo dedicado al Convenio de Diversidad Biológica amenaza el cumplimiento de los objetivos de naturaleza para 2030”.
En la COP16 se realizó un foro sobre negocios y biodiversidad. Foto: UN Biodiversity
Sin marco de monitoreo para metas Kunming Montreal
Las negociaciones avanzaron a lo largo de las últimas dos semanas centrándose en llenar los vacíos en el marco de seguimiento y en las modalidades para un proceso de evaluación global en 2026 y 2030, que ayudaría a responsabilizar a los países por la implementación del Marco Mundial sobre la Biodiversidad Kunming Montreal. Sin embargo, las negociaciones no pudieron concluir antes de que se suspendiera la COP.
“No podemos permitirnos ser complacientes en la medición del progreso. Métricas claras y responsabilidad son esenciales para convertir las promesas de Montreal [COP15] en realidad. Sin un seguimiento sólido tanto de la cantidad como de la calidad de las acciones de conservación, no podemos asegurarnos de que estamos en el camino correcto para lograr el Marco Mundial sobre la Biodiversidad”, asegura Martin Harper, director ejecutivo de Birdlife Internacional.
Para Rebeca Hubbard, directora de la Alianza de Altamar, fue decepcionante que, a pesar de la urgencia de la crisis global de biodiversidad, los países “se quedaran sin tiempo y la reunión se suspendiera antes de alcanzar un acuerdo sobre cuestiones clave relacionadas con la movilización de recursos y el marco de monitoreo”. Hubbard asegura que apenas dos años después de comprometerse con este plan de acción global, los países están desviándose de alcanzar sus objetivos y muchos incumplieron con sus NBSAP antes de entrar a la COP16.
Mono cariblanco (Cebus versicolor). Foto: Felipe Villegas-Vélez.
En esto también coincide Kirsten Schuijt, directora general de WWF Internacional, quien asegura que “nadie debería estar de acuerdo con esto, porque nos afectará a todos. Cumplir la misión de detener y revertir la pérdida de naturaleza para 2030 nunca iba a ser fácil, pero ahora nos estamos desviando peligrosamente del camino”.
En el primer día de la COP, Karen Oliveira, directora de Políticas Públicas y Relaciones Internacionales de The Nature Conservancy (TNC) Brasil, le dijo a Mongabay Latam que era muy importante que los países llegaran con los NBSAP, “porque el Marco Mundial Kunming Montreal va hasta 2030. Sólo tenemos seis años para implementarlo”.
La construcción de planes lleva mucho tiempo, además que es necesario hacer un acuerdo con diversos actores, porque no se trata sólo de un instrumento de gobierno, “sino que debe contar con la participación de la sociedad civil, el sector privado, el sector financiero y la academia para que realmente se pueda implementar”, comenta Oliveira.
El paujil de pico azul se encuentra en peligro crítico de extinción. Foto: Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla.
Recursos genéticos y secuencias digitales, un espinoso tema
La meta 13 del Marco Mundial Kunming Montreal plantea la toma de medidas jurídicas, normativas y administrativas para lograr la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y de la información digital sobre las secuencias de esos recursos, así como de los conocimientos tradicionales asociados a ellos, “y lograr que para 2030 se haya propiciado un aumento significativo de beneficios compartidos”.
Había mucha expectativa en este tema, pues los ojos estaban puestos sobre grandes industrias como la farmacéutica, la cosmética y la de alimentos, que obtienen cuantiosos ingresos gracias las secuencias digitales de información de fauna, flora y microorganismos. Diversos expertos consideraban que el lobby empresarial podría hundir cualquier tipo de avance sobre el reparto justo de beneficios.
Sin embargo, uno de los grandes logros de la COP16, que muchos también atribuyen a la gestión de Colombia, fue la aprobación del Fondo de Cali, un mecanismo mundial para recaudar recursos económicos provenientes del uso de la información de secuencias digitales de recursos genéticos (DSI, por sus siglas en inglés), es decir, el uso de los genomas digitalizados de las especies, que permite trabajar con información genética sin tener que ir a campo.
“Se logró el histórico Fondo de Cali para recoger las contribuciones de la empresa privada sobre el uso de recursos genéticos cuando están en bases de datos digitales. Esto es también un mecanismo innovador e importantísimo”, dijo la ministra de Ambiente de Colombia y presidenta de la COP16, Susana Muhamad.
Una de las amenazas para la matabuey es la pérdida de hábitat. Esta especie es clave para la elaboración de suero antiofídico. Foto: Alonso Tenorio / Imágenes en Costa Rica.
El Fondo de Cali ha propuesto un objetivo donde la mitad de los recursos se destinen directamente a los pueblos indígenas y las comunidades locales, enfocándose en apoyar la creación de capacidades, la conservación de la biodiversidad y su uso sostenible. “Sin embargo, el pago de las empresas es voluntario, y está incentivado principalmente por la oportunidad de ganar prestigio reputacional al aparecer en la lista de contribuyentes del fondo”, indica Óscar Soria, director de The Common Initiative, un colectivo que agrupa organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil que trabajan en biodiversidad, desarrollo sostenible y derechos de pueblos indígenas y comunidades locales.
Soria agrega que, aunque el fondo marca un paso importante hacia la distribución inclusiva de beneficios, podría enfrentar desafíos para asegurar contribuciones significativas, dado que depende de la buena voluntad de las empresas. “La efectividad del mecanismo probablemente dependerá de la disposición de la comunidad global para apoyarlo y de que las empresas consideren que existe una ganancia reputacional al hacer aportes”, comenta.
Edda Fernández, asesora principal de Políticas de Avaaz y ex negociadora de biodiversidad para México, afirma que siguen quedando muchas preguntas en el aire, por ejemplo, ¿Cómo llegarán los recursos a las comunidades?, ¿quién manejará el otro 50 % de los recursos que ingresen al fondo? y ¿cuándo empezará a operar?
Decenas de comunidades indígenas habitan en el Parque Nacional Yasuní. Foto: Anka Maldonado / Campaña Sí al Yasuní.
Participación de comunidades
Muy entrada la madrugada del 2 de noviembre, la plenaria de la COP16 acordó la creación de un órgano subsidiario permanente que le permitirá a los pueblos indígenas y comunidades locales fortalecer el trabajo en la definición de criterios, acciones y programas asociados a los conocimientos, innovaciones y prácticas ancestrales asociadas a la biodiversidad.
Para Lakpa Nuri Sherpa, copresidenta del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad (FIIB), el nuevo órgano subsidiario fortalecerá significativamente la implementación, presentación de informes y monitoreo del Marco Mundial Kunming-Montreal y los NBSAP.
“Con esta medida sin precedentes, el CDB se ha convertido en el primer proceso ambiental de la ONU que crea un órgano subsidiario dedicado al conocimiento tradicional de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Este paso histórico sienta un poderoso ejemplo para los pueblos indígenas que participan en la Convención sobre el Cambio Climático y otros mecanismos, inspirando el establecimiento de espacios permanentes similares”, asegura Sherpa.
Aunque la creación del órgano subsidiario es un logro, aún no hay consenso sobre cómo se implementará. Se espera que el tema se aborde en la COP17 de Armenia.
La lideresa waorani Nemonte Nenquimo junto a un derrame de petróleo cerca de Shushufindi, en la provincia de Sucumbíos, Amazonía ecuatoriana, el 26 de junio del 2023. Foto: Sophie Pinchetti / Amazon Frontlines.
Los pueblos indígenas de la Amazonía aseguran que la COP16 les dejó un sabor agridulce. Juan Bay, presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE), manifiesta su preocupación porque los combustibles fósiles y otras actividades extractivas quedaron fuera de la agenda, debido a la presión de algunos países para eliminar las referencias a estos temas en los textos. “Intentan lavar el lenguaje de derechos humanos, pretendiendo discutir terminología ya consensuada y establecida, eso es vergonzoso”, y agregó que en la COP16 el mundo habló de la Amazonía, pero no dio soluciones concretas para la crisis que se vive en el territorio. “Las COP se transformaron en un Mundial de Fútbol, en un espectáculo al que los gobiernos llegan sin verdaderos compromisos ni respuestas. Ojalá la COP29 [de Clima en Bakú, Azerbaiyán, que se celebrará entre el 11 y el 22 de noviembre de 2024] nos permita ver algo distinto”, comenta Bay.
La Guardia Indígena del Cauca está conformada principalmente por indígenas Nasa. Foto: Front Line Defenders.
¿Qué pasó con los demás temas de negociación?
Durante la COP16 se desarrollaron las directrices para la gestión de especies exóticas invasoras. Las nuevas bases de datos, la mejora de las reglamentaciones sobre el comercio transfronterizo y la mejora de la coordinación con las plataformas de comercio electrónico fueron algunos de los temas clave en los que se pudo avanzar para contrarrestar las deficiencias en la gestión de los riesgos de las especies invasoras y alinearse así con los objetivos del Marco de Acción de Kioto para el Clima. Sin embargo, la aplicación de lo acordado es voluntaria, lo que puede restar eficiencia a la lucha contra una de las cinco principales causas de pérdida de biodiversidad mundial.
Otro de los puntos cruciales presentes en las discusiones fue la protección de las especies silvestres. Las negociaciones destacaron la necesidad de monitoreo, desarrollo de capacidades y la participación inclusiva de los pueblos indígenas, las comunidades locales y las mujeres para asegurar dicha protección. Además se pidió la cooperación de organismos internacionales como la CITES y la FAO para ayudar a cumplir la meta.
El hipopótamo es el tercer animal terrestre más grande. Es una especie invasora que no tiene depredadores en Colombia. Foto: Fundación Zoológico Santa Cruz.
Además, en la COP 16 se asumió el compromiso de alinear los esfuerzos de conservación de las plantas con el marco de monitoreo del Marco Kunming Montreal. Esto incluye la actualización de la Estrategia Global para la Conservación de las Plantas con indicadores específicos y una plantilla de informes estandarizada, asegurando que el progreso en la protección de las plantas sea medible y consistente con los objetivos globales de biodiversidad.
Finalmente, los países parte del CDB aprobaron un Plan de Acción Global sobre Biodiversidad y Saludpara ayudar a frenar la aparición de enfermedades zoonóticas, prevenir enfermedades no transmisibles y promover ecosistemas sostenibles.
En el centro del plan se encuentra un marco de colaboración que reúne a profesionales de la salud, conservacionistas y responsables de la formulación de políticas. Nuevamente, temas como este no pasan del plano de hacer sugerencias, pues el documento desarrollado para este tema simplemente “invita a las naciones a designar puntos focales nacionales para la biodiversidad y la salud, y a desarrollar políticas que reflejen estas interconexiones”.
Imagen superior: Sesión plenaria de la COP16. Foto: UN Biodiversity
Durante décadas, las tierras ancestrales de las comunidades kichwa Tzawata, Ila y Chucapi, en la provincia amazónica de Napo, fueron vendidas de manera ilegal. Aunque siempre han vivido a orillas del río Anzu, el Ministerio de Agricultura ha ordenado desalojarlos varias veces para darle la tierra a una minera que asegura poseer títulos.
La noche es de un negro infinito, pesado, bullicioso.
La gente empieza a llegar a la casa comunal rectangular, sin paredes, piso de tierra y columnas altas de bambú. En el techo de paja y eternit cuelgan banderines de colores. Dos focos empapan, con una luz cobriza, a los visitantes.
―Alli puncha.
―Alli puncha.
Se saludan con la mano y toman asiento mujeres con bebés a sus espaldas, hombres adultos con lanzas y jóvenes con teléfonos celulares. Todos alrededor de una hoguera esperan el inicio de la Guaysupina, un ritual que consiste en tomar en la madrugada una planta ancestral que crece en la selva amazónica conocida como guayusa.
Sobre el carbón, en una olla quemada hierve la guayusa que se compartirá a las tres de la mañana de ese sábado 18 de marzo de 2023, como inicio oficial de las fiestas de fundación de la comunidad kichwa Tzawata – Ila – Chucapi, en el cantón Carlos Julio Arosemena Tola de la provincia de Napo.
Festejan que existen, aunque han sido invisibles por más de 300 años.
A la sala abierta entra Kambak Wayra Alvarado Andi. Saluda con una leve sonrisa a quienes ya están sentados y se acerca a conversar con una de las mujeres que prepara el té tradicional. Luego, el líder indígena de la comunidad se sienta y mira silencioso por encima del fuego; con los pies imantados a la tierra y un poco encorvado, como lleno de la fatiga de las que paren o de los que sobreviven a una batalla.
Alvarado repasa el discurso que dará en un par de horas. Espera que todo salga bien en los dos días de celebración e imagina qué sucedería si en la vulnerabilidad de la fiesta y la algarabía, vienen a desalojarlos a la fuerza, ya que una empresa minera asegura tener títulos sobre sus tierras ancestrales.
Alvarado esboza, mentalmente, la carta de respuesta que deberá redactar para la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). El líder está ahí pero no está. Igual que su comunidad ancestral.
Su mirada se pierde entre el humo y la luz cobriza. Llega el Dj.
La Guaysupina es la costumbre ancestral de tomar té de guayusa en la madrugada para empezar con energía y fuerza el día. Foto: Remy Pons.
¿Tierras inútiles y baldías?
A finales de la década del cincuenta del siglo pasado, el Ecuador inició lo que se conoció como la feria de las adjudicaciones.
En la Constitución de 1967 se determinó que las tierras baldías y abandonadas serían bienes del Estado que podrían pasar a particulares que tengan como fin la explotación agrícola, minera y la colonización.
El 22 de mayo de 1958, el Instituto de Reforma Agraria y Colonización (IERAC) adjudicó 200 hectáreas de la antigua Hacienda Ila, en el cantón Carlos Julio Arosemena Tola, a los Misioneros Redentoristas representados por el Reverendo Daniel Alarcón Falconí, quien el 7 de junio de ese mismo año recibió 200 hectáreas más por parte del IERAC, de acuerdo con el Registro de la Propiedad del cantón Tena, en la provincia amazónica de Napo.
Catorce años más tarde, en 1972, el IERAC adjudicó a la señora Laura Margarita Vasco Arellano un lote, contiguo al de los misioneros, de 227 hectáreas. En 1979, Vasco compró las 400 hectáreas a los misioneros y se conformó una sola propiedad de 627 hectáreas a orillas del río Anzu.
De estas transferencias de escrituras y firmas no se enteraron las familias kichwa asentadas en el mismo territorio y distribuidas en tres comunidades: Tzawata, Ila y Chucapi. Ellas seguían viviendo en sus casas altas de caña mientras trabajaban la tierra para el autoconsumo y el trueque con comunidades vecinas. Seguían bebiendo y bañándose en el agua cristalina del río.
No tenían cómo enterarse de esos negocios. Los pobladores no contaban con carreteras que los comunicaran con el exterior. Todo lo hacían por vía fluvial o por estrechos caminos que recorrían a pie, por horas, hasta salir a Tena, la ciudad más cercana. Aseguran que no sabían de leyes ni de adjudicaciones. Estaban aislados repitiendo lo que hicieron sus abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. La comunidad mantuvo su lengua (kichwa) y sus costumbres ancestrales de caza, pesca, y siembra de yuca y plátano. Conservaban sus rituales sagrados.
Mientras la vida continuaba en la comunidad, las 627 hectáreas siguieron pasando de mano en mano en las oficinas del Registro de la Propiedad de Tena, hasta que, en el 2003, la empresa minera Hampton Court Resources Ecuador S.A. compró los predios y, un año más tarde, pasó los derechos a la empresa Merendon del Ecuador.
Y el conflicto, comenzó.
Merendon entró en la comunidad con la idea de levantar proyectos turísticos, pero, cuando supo que había oro en el subsuelo, la empresa se volcó a la industria minera e inició actividades de explotación en los ríos Pupo e Ila.
La compañía inició procesos administrativos contra el Estado ecuatoriano con el objetivo de provocar los desalojos de la comunidad. El ex Inda, ahora Ministerio de Agricultura y Ganadería ordenó, en una resolución de 2010, el inmediato desalojo de los pobladores. Hubo dos intentos. En el primero, la fuerza pública logró destruir algunos cultivos. En el segundo, la comunidad completa resistió y conservó el territorio.
En enero de 2011 y en diciembre de 2012, Tzawata-Ila-Chucapi hicieron dos peticiones a la Subsecretaría de Tierras del Ministerio de Agricultura sobre la expropiación del título de propiedad de la minera. En 2012 Merendon, por su parte, hizo la solicitud de licencia ambiental al Ministerio de Ambiente.
En medio de estos conflictos fueron pasando los años y Merendon cambió dos veces de nombre hasta convertirse en Terraturismo S.A.
En octubre de 2021, tomados por sorpresa, los habitantes de Tzawata fueron atacados por 200 personas que llegaron con machetes, carpas, comida, ollas, tanque de gas, techos, motosierras, alambres de púas, carabinas y hasta con colchones sobre la cabeza.
La guardia indígena de Tzawata cuida sus tres entradas día y noche. Todas las mujeres y hombres de la comunidad hacen turnos de ocho horas para resguardarse, en grupos de 4 personas, de las amenazas de desalojo. Foto: Remy Pons.
― La idea de ellos fue sacarnos y quedarse. Dijeron que venían de parte de Terraturismo a apropiarse de la comunidad, recuerda Kambak Alvarado.
La comunidad de Tzawata activó el protocolo de la guardia indígena. Llegaron personas de comunidades aledañas. Estalló una guerra no declarada y los foráneos no lograron desalojar a los kichwas de la antigua Hacienda Ila.
Para María Belén Noroña, profesora de la Universidad Estatal de Pensylvania, ecóloga política e investigadora de conflictos socio ambientales en temas de minería y petróleo, esta es la principal estrategia de Tzawata: activar la red en el momento justo de los intentos de desalojo. “Ellos saben cuándo los van a desalojar y la noche anterior mueven las redes. Han aprendido a gestionar el territorio a través de sus relaciones”, asegura.
Esta alianza periodística intentó comunicarse con la empresa Terraturismo, que no está registrada en la Superintendencia de Compañías ni en el Servicio de Rentas Internas. Solo hay una página institucional, con un único número telefónico en el que dijeron que el consorcio de abogados del señor Aurelio Quito los asesora. Hasta el cierre de esta edición no fue posible contactar con el señor Quito.
El temor al desalojo no deja de rondar
“Gracias al machete, una compañera no murió”, dice Alvarado luego de haber salido de sus pensamientos y mientras se prepara para dar el discurso de inicio de las fiestas, en la madrugada del 18 de marzo de 2023. “Mis compañeros dicen que gracias a Dios no murió nuestra guerrera, pero yo digo que fue gracias al machete que estuvo mocho [sin filo]”, comenta con un dejo de rabia.
Desde finales de 2021, hombres y mujeres en Tzawata se organizan en grupos de cuatro personas para cuidar los tres accesos a la comunidad durante las 24 horas del día. Con lanzas y camisetas negras no han dejado de vigilar un instante.
La comunidad de Tzawata duerme con un solo ojo. “Esto es agotador. Es terrible no poder vivir tranquilos”, reflexiona Alvarado.
Luis Alfonso Tapuy tiene 58 años y vive en Tzawata. Sus recuerdos se superponen a la música que comenzó a sonar por el gran parlante negro que trajo el Dj para la fiesta de aniversario de la comunidad.
“Esta tierra es nuestra”. Es lo primero que dice Tapuy y recuerda las largas caminatas que hacía de niño, junto a su madre, para vender en Tena los productos de su chacra: “caminábamos por horas y tomábamos fuerza con la chicha que la gente siempre ponía en el camino”. Su padre murió a los 90 años y, para orgullo de Tapuy, le pudo contar toda la historia del pueblo desde antes que iniciaran las adjudicaciones estatales, lo que le permite asegurar que “no somos recién venidos, nosotros nacimos aquí, por eso luchamos. Si nos sacan, ¿dónde vivirán nuestros hijos, nietos y bisnietos?”.
Actualmente, en Tzawata conviven hasta cuatro generaciones y cada año hacen un censo comunitario. A 2023 existen 393 personas entre niños y adultos, 20 recién nacidos y 15 embarazadas.
Mientras suena la música y Tapuy habla, Kambak Alvarado sube al escenario, da un discurso corto y contundente. Dice que lucharán por su tierra, por sus ancestros y por sus niños. Que dejarán hasta la vida.
―La vida porque nuestra sangre ya está en esta tierra― dirá Alvarado al amanecer, mientras el Yachak (sabio del pueblo) finaliza la fiesta con el ritual del ají.
El Yachak (sabio) de la comunidad de Tzawata, hace el ritual de la limpieza espiritual en la madrugada, es parte importante del inicio de las fiestas de Tzawata. Foto: Remy Pons.
La fiesta en medio de la indignación
Son las 6 de la mañana del 18 de marzo de 2023. Luego de la limpieza del sabio, en el piso de la sala comunal, los organizadores reparten hojas de plátano. Sobre estas, ponen pocillos con sopa, maduro cocinado y filetes de pescado de río. La población se sienta y comparte la comida con las manos. La música fue reemplazada por el sonido de las aves y del río Anzu.
Llega la guardia indígena de la noche y salen los del nuevo turno. Los que quedan, dejan sus lanzas a un lado y se sirven un plato de comida. No hubo novedad, nadie intentó despojarlos de sus tierras. Un día menos. Un día más.
Mientras todos comen en la sala comunal de Tzawata, José ‘Pepe’ Moreno, presidente de los colectivos sociales de Napo que luchan contra la minería, está sentado en la orilla del río Anzu. Está solo. Pensativo.
Asegura que la división de las comunidades en las que cada poblador tiene un título de propiedad particular hace que sean más vulnerables a la división social. Mientras que, lo que pasa en Tzawata, es un ejemplo de que mantener las tierras comunitarias, donde todos deciden por igual y tienen el mismo acceso al agua y al suelo, les ha permitido tener la fuerza para enfrentar 12 años de intentos de desalojo.
Esta alianza periodística le solicitó al Ministerio de Agricultura las resoluciones de desalojo que están vigentes contra las tres comunidades, pero no se obtuvo respuesta.
José ‘Pepe’ Moreno, activista ambiental y vocero de colectivos sociales y ambientales de la provincia de Napo, Ecuador. Foto: Asamblea Nacional de Ecuador.
Por primera vez, entre la neblina de esa mañana de marzo de 2023, se ve a un José Moreno sonreído haciendo mapas en la arena. Conoce la provincia de Napo de memoria. Conoce todas las concesiones mineras, todas las operadoras ilegales y todas las empresas legales que incumplen los planes de manejo ambiental. Enumera los ríos contaminados, los ríos muertos, los ríos por defender, los nombres de todos los dirigentes ―los que están a favor de la minería y los que están en contra―, de los burócratas involucrados, de las instituciones, de la corrupción, de la impunidad. José Moreno es de origen kichwa y dibuja en la arena los biocidios que han denunciado desde hace dos años (2021). Sabe los números de los expedientes, de las denuncias, de los informes, de las inspecciones. ¿Qué por qué hace eso? Porque no puede hacer otra cosa, porque no puede creer que ya no exista esa paz selvática en la que creció. Porque se niega a creer que el verde tupido de la selva puede ser reemplazado por rocas, cráteres y agua contaminada. Sus colegas lo llaman y se va de la orilla gritando un número de trámite de una concesión.
Cuatro días más tarde, el 22 de marzo de 2023, se hizo viral un video que registró cómo tres hombres rodearon a Moreno y lo golpearon. Eran mineros ilegales que supieron que estaba acompañando a los militares en un operativo. Sabían que era él a pesar de tener pasamontañas. Le gritaban (mientras lo tenían agarrado por el cabello): “déjanos trabajar, mierda, estamos endeudados”.
Por WhatsApp, Moreno le dijo a esta alianza periodística que está bien y que eso sólo demuestra que hay personas infiltradas en las instituciones de control que, así como avisan que hay colectivos sociales vigilando y denunciando la minería ilegal, también informan, horas antes, sobre los operativos, permitiendo que las máquinas se escondan en el bosque.
Para Fiodor Mena, presidente del Colegio de Ingenieros Ambientales del Ecuador, los daños de la minería legal e ilegal son inimaginables, pero intenta describirlo con la seriedad y la rigidez de un científico. “En Napo, 31 521 hectáreas están concesionadas a 180 empresas mineras. Recuerde este dato”, dice.
Mena insiste en que la minería deforesta zonas de selva y agrícolas que ponen en peligro la soberanía alimentaria. La contaminación de los ríos afecta a las comunidades que no tienen agua potable y se sirven de esas fuentes naturales. Asegura que aumentan los conflictos sociales con cambios de patrones de vida como migración e incremento de actividades ilegales. Los suelos “lavados”, dice, quedan contaminados, perdiendo su fertilidad y generando pérdidas económicas para el Estado.
Minería en los ríos de la provincia de Napo. Foto: cortesía José Moreno.
Mena hace un cálculo: “Esas 31 521 hectáreas concesionadas a empresas mineras proyectan un costo de restauración ambiental y de costos de servicios ambientales que suman más de 2200 millones de dólares en 10 años. Sólo en Napo”.
El ingeniero saca otro dato de la matriz gigantesca que mira en su pantalla y dice que las regalías mineras del llamado Fondo Común ST CTEA por extracción de minerales genera, en Napo, 27 000 dólares por año. Lo que significa que, en 10 años, por ese rubro, la provincia recibiría 270 000.
― ¿Es rentable? ¿Es sostenible? Pregunta Mena y le sigue un silencio que acaba con la sesión de Zoom.
Una nueva generación que no quiere dejar la selva
Son las 9 de la mañana del 18 de marzo de 2023. La infancia de Tzawata no sabe nada de los cálculos que hace Mena, pero saben mucho de la Amazonía. Tres niñas y cuatro niños bajan al río Anzu. Caminan de memoria sobre cada piedra. Quieren enseñar una roca que hace las funciones de tobogán. Van de prisa y conversan en kichwa entre ellos. Llegan a la gran roca. Caminan hasta el filo y se lanzan en esa especie de torbellino que produce la corriente. Todos ríen. Abajo toman la curva justa que les devuelve a la orilla. Regresan corriendo para seguir saltando.
Entre las rocas hay una niña de dos años. Su hermana mayor la reta, la niña no hace caso y sigue bajando. Sabe el lugar justo en el que debe parar y mirar. Su madre, Samanta Aranda, sube con tres piezas de ropa que lavó en el río. La bebé la sigue. Los otros niños también abandonan el río y entran por las ramas a la casa de Aranda. La cabaña se levanta sobre pilares de bambú. Abajo hay ropa colgada, una mesa, una bicicleta y una escalera que lleva al segundo piso donde están los dormitorios.
Frente a la casa hay un cerco de piedras con carbón enterrado en el piso. Cuatro pilares sostienen un techo de paja. Es la cocina. A un lado hay repisas en las que se exhiben ollas de cerámica. Las hace Aranda para su uso personal y para alquilarlas, a 5 dólares, a sus vecinas cuando tienen invitados.
Las niñas de Tzawata juegan a pintarse la cara con achiote, juegan a recoger semillas de huayruro, y a intercambiar cacao.
Samanta Aranda es de otra provincia. Vino a Tzawata como parte de los jóvenes de Pastaza que llegaron a luchar contra los primeros desalojos en 2010 y así conoció a Carlos Aguinda que combatía por su tierra. Aranda se quedó y ya tienen cuatro hijos: Juan Carlos, Kely, Froilán y Yali, una bebé de dos años.
Los niños tienen la cara marcada de rojo. Jugaron con tintura natural. Siguen corriendo por el bosque. Toman un cacao. Lo abren y se lo comen. También hay uvillas. Más adelante rodean un árbol enorme que bota las famosas semillas de huayruro. Son rojas con negro. Las hay pequeñas y grandes. Las niñas explican que con eso se hacen pulseras y collares que dan protección y cuidan de la mala energía.
Los niños desaparecen.
De regreso a la casa comunal, se preparan las cervezas y los equipos para el campeonato de fútbol masculino y femenino. La sesión solemne. El almuerzo comunitario. A continuación del campeonato, llegan los juegos tradicionales y el “chichazo bailable”.
Kambak Alvarado descansa un momento sobre una camioneta vieja. Posa para una foto con dos amigos.Ya tiene el borrador de la respuesta que le va escribir a la ACNUDH.
La ancestralidad se lucha en las cortes
El Doctor en Leyes, Andrés Rojas, es joven, o parece joven. Siempre anda vestido casual y con la mirada altiva. Es el Defensor del Pueblo de la provincia de Napo y cada conversación con él es una clase de legislación ambiental.
Sobre el caso Tzawata, Rojas recuerda que el Ecuador firmó, en 1997, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que asegura, desde el primer artículo, que se respete y se conserve el acceso y uso de sus tierras ancestrales a las comunidades indígenas que han habitado ahí desde antes de las actuales fronteras estatales. Esto es apoyado por la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, que refuerza la prohibición de desplazar a los pueblos originarios por la fuerza.
Kambak Wayra Alvarado Andi es el líder de Tzawata y quien lucha porque el derecho de sus tierras ancestrales sean reconocidas.
Rojas, además, cita dos sentencias de la Corte Constitucional del Ecuador y dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Herramientas jurídicas con las que, a la fuerza, Kambak Alvarado está familiarizado.
El líder indígena ya le había enviado a esta alianza periodística por Whatasapp la carta de la ACNUDH en la que el Alto Comisionado, Jan Jarab, pide al Estado Ecuatoriano que considere seriamente revocar la orden de desalojo, al menos, mientras se resuelve el dominio de las tierras.
Este exhorto internacional se dio luego de que Tzawata viviera nuevos intentos de desalojo, esta vez por parte de la Intendencia de Policía de Napo, de acuerdo con un documento del 1 de marzo de 2023 y al que esta alianza tuvo acceso. Según el oficio, el intendente Manuel Paredes pidió apoyo técnico al alcalde de Carlos Julio Arosemena Tola (cantón donde se encuentra Tzawata) para cumplir un desalojo ordenado por el Ministerio de Agricultura.
En una entrevista el 16 de marzo de 2023 en Britel, un canal local digital, el intendente Paredes negó que existiera tal orden de desalojo, a lo que luego Rojas replicó, en el mismo medio, que los documentos son de dominio público y que la orden es real.
Tres semanas después, el intendente de 52 años fue aprehendido, junto al comisario del cantón Julio Arosemena Tola y a tres funcionarios más, por vender en discotecas los licores y cervezas incautados en varios operativos policiales de la provincia.
Kambak Alvarado se enteró porque Paredes era uno de los servidores públicos que debía participar en las audiencias de la acción de protección que inició Tzawata en enero de este año, y lo hizo desde la cárcel. El exintendente defendió el derecho de la empresa Terraturismo de mantener el título de propiedad de las 627 hectáreas. Años atrás, el ahora preso fue el abogado de la comunidad de Tzawata.
“Este intendente tenía la obligación de excusarse de conocer el trámite porque no podía actuar en contra de quienes fueron sus clientes en la misma causa”, dijo por teléfono Eduardo Rojas, defensor del Pueblo de Napo, quien insiste que “aquí pueden pasar estas cosas porque la gente se vende al mejor postor”.
La comida comunitaria se da con los primeros rayos del sol. El maito con verde y sopa de pescado de río se distribuye en el piso para que todos quienes festejan a Tzawata compartan su gastronomía.
Andrés Rojas anda con chaleco antibalas.
¿Por qué lucha tanto por los derechos de la naturaleza y de las comunidades indígenas? La respuesta es muy similar a la de José Moreno. Rojas por un instante renuncia a la voz firme del abogado y cambia el tono a un susurro genuino que revela al niño que vivió corriendo por la Amazonía, bañándose en sus ríos y que se niega a perder ese paraíso que guarda en su mente.
“Es desde la Presidencia de la República, en su momento, que se adjudicaron tierras que pertenecían a pueblos y nacionalidades indígenas y que tienen derecho de posesión ancestral histórica y derecho a presentarse hoy ante la Justicia Constitucional a reclamar esos derechos”, dijo el Defensor del Pueblo al finalizar la primera audiencia de la Acción de Protección de Tzawata contra el Estado ecuatoriano, que se llevó a cabo el pasado 20 de marzo.
A su lado izquierdo, en silencio, estaba Kambak Alvarado. A la derecha estaba Sandra Rueda, presidenta del Consejo Nacional de defensores de Derechos Humanos y de la Naturaleza, una organización civil que abarca a activistas, comunidades y académicos de todo el país.
Rueda estuvo en el festejo de Tzawata, en la audiencia de la Acción de Protección y el 11 de abril de 2023 compareció ante la Asamblea Nacional para denunciar actividades “legales” ―pone énfasis en las comillas― e ilegales en 38 nuevos frentes mineros en Napo. También denunció los desastres naturales que causa la minería por la falta de control de las instituciones responsables.
Días antes, las niñas de Tzawata explicaron, entre los festejos de su pueblo, las utilidades de varias plantas, los animales que viven en la selva, sus días de escuela y sus tardes de ocio entre los árboles y el agua fría del río Anzu. No tenían más de 10 años y ya truequeaban entre ellas los productos de las chacras de cada una de sus familias. Cuidaban las hojas de los arbustos de los arranques de felicidad de los más pequeños.
Serán la siguiente generación que decidirá qué hacer con sus tierras, si es que siguen siendo suyas.
Imagen de apertura: Una cabaña en la provincia de Napo tiene techo de paja y dormitorios en el segundo piso. Foto: Shutterstock.
**Este proyecto de Montañas y Selva fue desarrollado en alianza periodística con InquireFirst y con el apoyo de la Gordon and Betty Moore Foundation.
En el norte del Guaviare, las comunidades integran un corredor ecológico de 109 000 hectáreas para la protección del jaguar y la Amazonía colombiana. Ganaderos, campesinos, operadores turísticos y firmantes del acuerdo de paz hacen parte de una apuesta colectiva por la reconciliación con la naturaleza y con los habitantes de un territorio históricamente afectado por la guerra.
Después de que termina la finca de Alirio Becerra, y el potrero donde tiene sus vacas, aparece un caño (canal natural de un río), y después del caño el piedemonte, donde la sabana y la selva espesa se abrazan en una pequeña vereda del municipio de San José del Guaviare, en el sur de Colombia. Cuando llueve, los caminos anaranjados y opacos de la zona, llenos de polvo, pasan a ser un lienzo café brillante en el que quedan plasmadas las huellas de lo que sea que atraviese el camino. Fue justo allí, al borde del potrero, adentro y por los caminos que llevan a él, donde hace años Alirio Becerra encontró las huellas de un animal que no había visto nunca; no eran de una vaca ni de una danta y tampoco de un perro.
Ese día, de madrugada, el campesino acompañaba a su hijo a cruzar el caño que conecta la finca y la escuela de la vereda. El sonido de la lluvia y los pasos de padre e hijo ambientaban el recorrido hasta que Alirio, de regreso a su terreno, escuchó un movimiento en el agua del caño. Pensó que era un venado de los que usualmente se encontraba cerca a la finca y se quedó quieto para no espantarlo; detuvo su andar para verlo salir sin asustarlo. Pero cuando el animal que chapaleaba se asomó entre la vegetación, el asustado fue Alirio.
Era un jaguar de pelaje amarillo con manchas oscuras, patas cortas y ojos redondos que se le quedaron mirando fijamente. Sostuvieron la mirada por un instante. Alirio primero pensó en cómo defenderse. Tenía un machete pequeño que llevaba para abrirse paso entre las ramas del camino. Algo más grande tampoco hubiera sido de utilidad porque se quedó atónito ante la presencia del animal.
Pasaron un par de segundos o una hora, no tiene cómo saberlo, hasta que el jaguar rompió el contacto visual para dar vuelta y continuar con su camino. Cuando Alirio salió de su aturdimiento, hizo lo mismo.
Las amenazas del jaguar
El jaguar (Panthera Onca) es el tercer félido más grande del planeta, después del tigre asiático y el león africano, pero su mandíbula es la más fuerte de todas: es capaz de atravesar el caparazón de una tortuga. Habita 18 de los 21 países de América, desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina; sin embargo, la cantidad de individuos de la especie está decreciendo, razón por la cual la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) categorizó al jaguar en estado Casi Amenazado.
En El Salvador y Uruguay, de hecho, el jaguar ya se encuentra extinto y en Colombia,el área que habitan los jaguares se ha reducido en un 39 %, de acuerdo con información recopilada por la organización no gubernamental WWF. La destrucción de su hábitat y la caza son las dos principales amenazas para la permanencia del jaguar en este país.
En el Guaviare, las vacas y los cultivos son la principal fuente económica de los campesinos, y una causante importante de la deforestación. De acuerdo con Global Forest Watch, un sistema de monitoreo de bosque en el mundo, este departamento perdió 276 000 hectáreas de bosque primario húmedo entre 2002 y 2021. En extensión, el tamaño del bosque perdido sería equivalente a sumar la superficie total de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, las cuatro ciudades más grandes de Colombia.
Por otro lado, en el Guaviare, puerta de entrada a la Amazonía en Colombia, las personas y los jaguares comparten un mismo espacio, lo que genera conflictos que muchas veces terminan con la muerte del animal, asegura Silvia Vejarano, bióloga y especialista en conservación que desde hace 10 años trabaja en WWF Colombia. El caño por el que Alirio ayuda a cruzar a su hijo de camino a la escuela es el mismo en el que el jaguar bebe agua y se alimenta de venados, chigüiros y, cuando no tiene otra opción, del ganado de sus vecinos campesinos.
Alirio Becerra vive desde hace veinte años en Sabanas de la Fuga, una vereda que hace parte de la zona rural de San José del Guaviare, tiene una finca de 50 hectáreas, 33 cabezas de ganado y cultivos de yuca. Aunque él mismo no ha sufrido la pérdida de su ganado, cada vez es más común el relato de los vecinos que encuentran los restos de sus vacas porque se las ha comido el jaguar. Becerra cree que es cuestión de tiempo para que sea su turno. “Ahora es un delito matar al jaguar, pero si usted lo único que tiene es una vaquita que consiguió con tanto trabajo y se la come un jaguar, usted se encuentra ese animal con ira y lo mata. Tenemos que buscar una solución, porque ahora lo que hay es un problema”, explica.
Según Vejarano, la razón de ese conflicto radica en que las presas del jaguar también han disminuido debido a la caza: “La gente no solo tumba monte para ampliar sus potreros sino que además están acostumbrados a comerse las presas del jaguar, pequeños animales herbívoros que andan en el bosque, como cerdos de monte y chigüiros. La gente no solo está invadiendo las áreas donde vive el jaguar, sino que se está comiendo su alimento, entonces el jaguar tampoco tiene muchas más opciones que amenazar el ganado de las personas y ahí se producen conflictos”.
Rosa Umaña es la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Ataguara, en San José del Guaviare, y lleva 25 años trabajando por la protección del medio ambiente en el departamento. Ella misma se reconoce como “ambientalista de tiempo completo” y, por adentrarse en los espesos bosques para poner vallas en contra de la caza de animales, ha sido blanco de amenazas.
Su experiencia le ha permitido hacer un análisis que explica, de manera sencilla, el conflicto que genera la caza indiscriminada de la fauna: “Si yo le violo la despensa de su casa, usted tiene que ir a buscar cómo alimentarse. No digo que un campesino no pueda matar un gurre (armadillo), una lapa o un saíno para la comida, pero cuando hablamos de tres o cuatro para ir a vender, eso es otra cosa. Hemos roto la cadena alimenticia de nuestra fauna y nos venimos a quejar de que se nos comen una vaca, pero nosotros somos los únicos culpables de que eso pase”.
Un corredor para proteger la casa del jaguar
La preocupación de los campesinos que han perdido sus cabezas de ganado, gallinas y hasta perros llegó hasta la Corporación de Desarrollo Sostenible del Nororiente Amazónico (CDA), que es la autoridad ambiental en el Guaviare. De acuerdo con Orlando Castro, director de la seccional Guaviare de la corporación, de ese conflicto surgió lacreación de un corredor ecológico que incluye la participación de la ciudadanía.
Un corredor ecológico es un espacio de la naturaleza que conecta distintas zonas boscosas o ecosistemas para que los animales puedan moverse. “Esto es especialmente importante para especies tan demandantes de un buen hábitat como el jaguar porque este félido necesita moverse y si atraviesa paisajes que se han transformado (como fincas ganaderas, por ejemplo), va a poner en riesgo los medios de vida de las personas y a él mismo”, afirma Jimena Puyana, gerente nacional de Ambiente y Desarrollo Sostenible del PNUD.
Las espesas selvas del Guaviare poseen senderos que comunican a las distintas comunidades en el territorio. Foto: David Borda.
Además, los corredores ecológicos son importantes porque aunque haya jaguares en los fragmentos de bosque más grandes, “es difícil garantizar el futuro de esos animales en el largo plazo si esos bosques no se conectan entre ellos”, complementa Silvia Vejarano, de WWF Colombia. Lo que sucede es que los corredores les permiten a los jaguares reproducirse entre familias distintas y no entre miembros de su manada, y eso asegura una descendencia más fuerte en términos genéticos y menos expuesta, por ejemplo, a enfermedades.
El Corredor de Protección del Jaguar en Guaviare, nombre oficial que recibe la iniciativa que une a la comunidad y a las autoridades ambientales en un mismo propósito desde febrero de 2021, hace parte del proyecto Amazonía Sostenible para la Paz, que a su vez forma parte de un programa regional más ambicioso: Paisajes Sostenibles de la Amazonía, financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente y ejecutado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Además, se trata de un esfuerzo que se enmarca en el Plan Jaguar 2030, un plan regional de los países del sur y el centro de América para garantizar la protección de la especie y su conectividad por los ecosistemas del continente.
Actualmente, cinco zonas integran el Corredor de Protección del Jaguar en Guaviare. En total, son 109 000 hectáreas que se extienden principalmente por la ribera del río Guaviare.
Específicamente, este corredor conecta varias áreas protegidas: la Serranía de La Macarena, la reserva forestal protectora de La Lindosa, la Reserva Nacional Natural Nukak y el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete. Sin embargo, el corredor ecológico del jaguar en Guaviare no solo tiene como objetivo conectar los paisajes naturales, sino lograr que los paisajes que ya están intervenidos, es decir, las propiedades privadas en las que hay fincas, cultivos y ganado, también mantengan o establezcan áreas de protección para el jaguar. Para Puyana, ese es el verdadero corredor. “Es un tema ambiental, pero también un tema de gobernanza, un tema organizativo, de quienes están ahí y hacen un acuerdo para que el manejo de ese espacio recoja consideraciones ambientales”.
La elección del jaguar como especie a conservar no solo tiene que ver con el conflicto que los campesinos alertaron, sino con que es una especie sombrilla. “El bioma de la Orinoquía y el de la Amazonía, si bien son diferentes, deben mantener la conectividad ecológica, o sea, que haya flujo de genes, de especies, de energía, esto es lo que mantiene la funcionalidad de los ecosistemas. Las especies focales (o sombrilla) nos dan un indicador de cómo están esos flujos porque requieren hábitats y áreas de acción bastante grandes”, explica Vejarano, de WWF Colombia. “Eso quiere decir que si mantenemos el jaguar, estamos manteniendo también a las especies que están debajo de él en esa pirámide que tiene el gran depredador en la parte más alta, y otro montón de especies más pequeñas debajo. Así protegemos todas las poblaciones de las que el jaguar depende y los bosques en los que viven”, agrega.
Monitoreo, luego cuido
La carretera polvorosa que lleva a El Edén es un camino anaranjado que a lado y lado está estrechado por paredes verdes de árboles y arbustos. El calor que rebota del suelo seco contra el cuerpo de quienes andan sudorosos, agotados y tostados, se queda atrás con solo poner un pie en el bosque. La selva ofrece un abrazo de frescura y sombra, una obra orquestada por las sombras del cedro, la ceiba, el yarumo y el cumare, dirigida por el sol que se filtra entre hojas y ramas y compuesta por la brisa del río Guaviare.
Dentro de esa selva espesa, en algún punto que Jonathan Torres podría identificar con los ojos cerrados, está una de las 55 cámaras trampa que hacen parte del corredor del jaguar, instaladas por la comunidad con el apoyo y capacitación de WWF Colombia. Torres guía el grupo con determinación y cuando encuentra la cámara amarrada a un tronco, se detiene y pide la atención de quienes lo escuchan.
César García, firmante del Acuerdo de Paz, instalando una cámara trampa. Foto: David Borda.
Él es el presidente de la Asociación de Flora y Fauna del Guaviare (Asoflofagu), de la que hacen parte familias de las veredas El Limón, El Edén, Cambulos y Campoalegre, todas ubicadas en la mitad del corredor y vinculadas directamente a su monitoreo. Para confirmar la presencia del jaguar y su fauna asociada, WWF Colombia se unió a organizaciones y comunidades para instalar cámaras con sensores que activan la captura de fotos o videos cuando captan el movimiento de cualquier animal que pase por su campo de visión.
Chaqueto, chigüiro, morrocoy, cajuche, saíno, danta. Las fotos de los animales aparecen entremezcladas con imágenes vacías, del paisaje, porque el sensor de las cámaras se activa también por la caída de una hoja o incluso un cambio en la luz. Entre octubre de 2021 y noviembre de 2022, las 55 cámaras del corredor registraron doce especies presas del jaguar y cuatro especies de félidos silvestres: jaguar (Panthera onca), puma (Puma concolor), yaguarundí (Herpailurus yagouarundi) y tigrillo (Leopardus pardalis).
Gracias a esa estrategia, en el corredor ecológico del Guaviare han sido identificados 26 jaguares distintos, que se diferencian porque sus manchas, sus rosetas, son como las huellas dactilares: son distintas en cada individuo.
Sandra Pérez es habitante del corredor del jaguar, antropóloga y activista ambiental y social. Hace parte de una corporación que lleva el mismo nombre del corredor del jaguar, precisamente porque tienen el mismo objetivo: la protección de la especie para la conservación de la Amazonía.
La Corporación Corredor del Jaguar busca aprovechar el monitoreo para hacer pedagogía entre la comunidad, principalmente con la niñez. “Desconocemos el lugar en el que vivimos, y el monitoreo es una estrategia muy importante para eso, para hacer no sólo investigación sino educación ambiental. Nos ha permitido conocer más nuestro territorio, quererlo, valorarlo. Hay niños en San José del Guaviare que no saben que hay un saíno, una danta. Los niños aprenden a escribir con j de jirafa y no con j de jaguar. Esto tiene que transformarse en juegos, en material pedagógico y curricular que empiece a generar otra visión del territorio en los niños y niñas”.
Para poder ver las imágenes de las cámaras trampa, los campesinos tienen que llevar la memoria a sus fincas, donde tienen dispositivos en los cuales reproducirlas. Foto: David Borda.
Los dueños de las fincas donde se realiza el fototrampeo han recibido capacitaciones para que sean ellos mismos quienes programen las cámaras y puedan extraer los registros que de allí resulten. De esa forma se procura, además, que la comunidad continúe con el monitoreo a largo plazo y que las personas se sumen a la conservación no por obligación, sino porque conocen mejor la fauna que los rodea.
“Nosotros nunca tendremos los recursos para monitorear jaguares en todo el país y no creo que ninguna ONG los tenga, ni el Estado”, dice Silvia Vejarano. Es por eso que “este tipo de monitoreo y la conservación hay que hacerla con la gente, que a la gente le interese y le vea un beneficio a hacerla. De lo contrario eso no funciona, y va a seguir habiendo cacería, y va a seguir habiendo retaliación contra el jaguar de algún tipo”, añade.
Cuando un habitante del corredor ve las fotografías del jaguar, se da cuenta de que su casa no es solo suya, sino que ahí habita alguien más. Darse cuenta de que la casa no es propia, sino compartida, implica pensar en formas de convivencia, no sólo entre los seres humanos y la fauna del territorio, sino entre las mismas comunidades que comparten casa entre ellos y con el jaguar.
Jaime Cabrera, especialista en monitoreo comunitario de WWF Colombia, ve esta actividad como una herramienta para reconocer y apropiarse del territorio, más que un objetivo en sí mismo. “Sobre todo, es una apuesta de convivir con el otro y ese otro es la naturaleza, el jaguar, pero también los vecinos.La paz es una gran apuesta que tenemos en Colombia, que no es fácil. Entonces, convivamos con ese otro que son los firmantes de paz que están viviendo al lado de nosotros y que, como al jaguar, no los conocemos, o les tenemos miedo, o les tenemos una rencilla que ni siquiera es nuestra sino de nuestros papás y abuelos”.
El jaguar conciliador
En uno de los extremos del corredor del jaguar, cerca de la Reserva Nacional Natural Nukak, está el centro ecoturístico Manatú, Maravillas de la Naturaleza. Se trata de una agencia de viajes y servicios turísticos de firmantes del Acuerdo de Paz que se selló en 2016 entre el gobierno y la guerrilla de las FARC.
De Manatú hacen parte doce excombatientes que vieron en el turismo una alternativa productiva después de la guerra. Su representante legal es César García, un hombre de 30 años, hijo de campesinos, convencido de que la reconciliación tiene que incluir, necesariamente, a la naturaleza y los animales. “La reconciliación de los seres humanos con el jaguar y con el ecosistema engrana una práctica de aprender a cultivar, de aprender a compartir. ¿Qué vamos a compartir? El territorio.
Los animales no conocen de límites ni de geografía, para ellos todo es igual, todo es su paso, todo es su casa, van para donde van”, cuenta sentado en una silla de plástico con el horizonte sobre sus hombros y el cielo infinito rodeando su cabeza. De espaldas al bosque y de frente a la sabana, Manatú se presenta como el centro de un domo en el que el sol, cuando los pájaros anuncian el amanecer, pinta las paredes de cristal con todas las variedades de naranja y amarillo que tiene en su paleta.
Jaguares fotografiados por una cámara trampa ubicada en la vereda Sabanas de La Fuga, en el predio de la familia Rojas Sánchez. Foto: Cortesía de las Comunidades Monitoras Corredor del Jaguar.
Además de prestar servicios de alojamiento y alimentación a turistas, Manatú tiene un sendero interpretativo de 1200 metros que incluye una recreación de un campamento guerrillero. En ese camino hay dos cámaras trampas que son operadas por los mismos excombatientes. “El que sabe manejar la tecnología simplemente le dice a uno ‘esta cámara se prende así y se programa así’ y ya queda lista, pero el que sabe los pasos de los animales es el campesino que está en el territorio. Se adhieren los dos conocimientos, el empírico y el profesional”, explica García.
“Es bastante gratificante llegar a una cámara trampa y cuando aparece un felino entonces digo: esta foto la tomé tal día, la tomé yo porque soy el que instaló la cámara, el que hace todo el proceso, y sé por dónde pasó el felino y a qué hora”, agrega.
Manatú también hace parte de la Red de Turismo, Paz y Reconciliación por la Defensa de los Territorios y del Pulmón del Mundo, una iniciativa que surgió de la unión de doce espacios donde se reunieron los exguerrilleros, que busca articular y fortalecer los proyectos de turismo que han surgido del proceso de paz, ubicados en la Amazonía y su área de influencia.
Las comunidades han construido maneras de movilizarse en la selva, que comparten con el jaguar y otras especies. Foto: David Borda.
El objetivo de esa red es aprovechar el turismo que ha sido posible gracias al proceso de paz. Departamentos como el Guaviare han logrado desarrollar apuestas turísticas que antes de la firma del acuerdo eran impensables, porque allí la guerra fue protagonista por décadas. Según registros de la Unidad de Víctimas, 48 350 personas han declarado hechos victimizantes en el marco del conflicto armado en Guaviare: el 58 % de los habitantes del departamento.
La reconciliación que ha propiciado el jaguar hace que este proyecto turístico de excombatientes se articule, además, con otros emprendimientos turísticos que hacen parte del corredor.
Del jaguar a otros animales
Econare, Villa Lilia y Asopronare son tres empresas turísticas que tienen su propia maravilla de la naturaleza en la vereda Damas de Nare: un espejo de agua que refleja todo lo que ocurre en el cielo. Cuando atardece, el techo de nubes que recubre la selva es también una alfombra en el agua. En ese encuentro, los pájaros vuelan y los peces nadan en el cielo cuando el sol se pone sobre el horizonte de la laguna, anaranjado arriba y abajo.
En invierno, el río Guaviare reclama la laguna y la hace parte de su caudal ancho y desbordado. En ese cuerpo de agua de 81 hectáreas, quieto y apacible en los días de sol, habitan delfines rosados de agua dulce (Inia geoffrensis), también conocidos como toninas, que ofrecen un espectáculo e incluso interactúan con los turistas que los visitan. Las tres empresas turísticas de la vereda hacen parte del corredor del jaguar, han sido capacitadas en turismo y están comprometidas con la conservación.
Aunque la fauna se ha convertido en un atractivo turístico muy importante para el Guaviare, el destino más reconocido del departamento son las pinturas rupestres de Cerro Azul, una vereda ubicada a 47 kilómetros del casco urbano de San José del Guaviare. Dentro de la vereda existe un afloramiento rocoso que pertenece al escudo guyanés y que es conocido como Cerro Pinturas, un tepuy, que es un cerro catalogado como uno de los lugares con mayor concentración de arte rupestre en el mundo: aproximadamente 1100 metros cuadrados.
Subir Cerro Pinturas es hacer un viaje en el tiempo. Al principio del recorrido hay una cámara trampa que hace capturas del jaguar, un animal que, de manera paralela, está representado en los murales que fueron pintados hace más de 7000 años por las comunidades que habitaban Cerro Azul. Ambas son formas de conocer y dejar evidencia para el futuro de la riqueza que alguna vez habitó el planeta.
Pinturas rupestres de Cerro Azul. Foto: David Borda.
Precisamente esa cámara les ayudó a Norbey Rojas, su papá José Noé y su hermano William Alexander a tomar decisiones que minimicen los impactos del turismo en Cerro Pinturas. Ellos forman parte de la asociación que hace los recorridos y que hoy emplea a 22 guías. “Aquí se hizo un estudio de capacidad de carga que arrojó que podríamos hacer el recorrido con 169 personas por día, pero nosotros veíamos que el lugar se alteraba, los terrenos se dañaban, entonces decidimos que vamos a manejar la carga sobre 120 personas. El objetivo es que sea un turismo sostenible, que no sea masivo.
Entre un grupo y otro se deja un intervalo de veinte minutos y con la cámara vimos que en ese intervalo pasan los animales por el sendero. Nos dimos cuenta de que sí se genera un tipo de equilibrio y creemos que lo estamos haciendo bien”, afirma Norbey.
¿Y el ganado?
A Raúl Tolosa, el jaguar le comió más de veinte cabezas de ganado en dos años. Otros tantos animales desaparecieron y algunos otros fueron heridos y aún conservan la marca de las garras del jaguar en su cuerpo.
Las Colinas, su finca, tiene 1200 hectáreas y poco más de 400 reses. Ante la imposibilidad de cercar ese terreno, Tolosa implementó una de las medidas que el PNUD ha validado en otras regiones del país para proteger el ganado de los ataques de jaguar.
Rodeó un área más pequeña, de 53 hectáreas, con una cerca antidepredatoria de cuatro líneas de alambre eléctrico y otra de alambre de púas en la parte inferior, para evitar que el jaguar se arrastre, pero separada veinte centímetros del suelo para que puedan pasar animales más pequeños sin lastimarse, como el armadillo, el gurre o el cachicamo.
En la zona cercada puso a los animales más vulnerables a un posible ataque del jaguar: los terneros y los que están heridos, enfermos o débiles. Tolosa construyó en su finca, además, un acueducto ganadero con energías alternativas: una bomba tipo lapicero que funciona con paneles solares y extrae agua del caño y la bombea de manera automática al tanque, a medida que beben las vacas.
De esa manera, el ganadero convirtió la suya en una de las cuatro fincas que sirven de modelo para que la comunidad conozca las medidas que pueden tomar para protegerse de los ataques del jaguar. Este es un ejercicio que hace parte de las Escuelas de Promotoría Campesina implementadas por el PNUD para la socialización de estrategias que fortalezcan el corredor ecológico del jaguar.
Aprovechar sin destruir
Proteger el jaguar implica pensar en modelos de producción responsables con los ecosistemas, que a la vez sean económicamente rentables para los campesinos. No se trata de no tocar el bosque, sino de aprovecharlo para que siga siendo habitable por el jaguar.
Miguel Mejía, coordinador del proyecto Amazonía Sostenible para la Paz, piensa que “es importante pasar de la lógica que considera los bosques como áreas intocables o prístinas e inhabitables, al reconocimiento de los ejercicios de gobernanza, tenencia, dominio y propiedad de las comunidades, el uso sostenible y una economía de la biodiversidad para las comunidades, por ejemplo, con el turismo de naturaleza, el agroturismo y el aprovechamiento de los frutos del bosque”.
Churuco avistado en las inmediaciones de la laguna Damas del Nare. Foto: David Borda.
Las juntas de acción comunal, entendidas como la forma de organización por excelencia de las veredas y corregimientos en Colombia, han sido fundamentales para encaminar las propuestas y estrategias de protección del jaguar entre las comunidades que habitan su corredor ecológico. Las 109 000 hectáreas forman un territorio pequeño entre la vasta extensión de los departamentos de la Amazonía colombiana, que suma más de 40 millones de hectáreas, pero es enorme en iniciativas para la protección de la naturaleza.
Hace años, después de que Alirio Becerra se encontró al jaguar, otro de sus hijos, el más pequeño, también se lo cruzó en el camino, cuando iba para la escuela. “Yo lo miré y él se fue, no hace nada”, recuerda Alirio citando a su hijo. Aunque reconoce que siente miedo por la posibilidad de que su familia sufra un ataque, no existe en su cabeza la posibilidad de matar al jaguar, más bien busca que tanto su finca como sus hijos puedan estar protegidos mientras el félido los rodea.
Como él, hoy cada vez más vecinos que viven en el corredor están hallando la forma de cuidarse y cuidar al jaguar. Algunos se lo han encontrado y lo han mirado a los ojos, otros han visto sus huellas y unos más han escuchado su voz. Todos, de alguna manera, han entendido que jaguar y seres humanos comparten la misma casa.
Imagen superior: Jaguar (Panthera onca). Foto: Carlos Navarro. Este reportaje es una colaboración periodística entre Mongabay Latam y Vorágine.
Más de 2600 personas se unieron para investigar alrededor de 36 000 plantas y hongos que podrían tener alguna utilidad social en Colombia. Con los resultados del estudio se crearon herramientas de una bioeconomía que impulse el desarrollo sostenible en las comunidades. Además, se crearon tres sitios web en donde se comparte la información recolectada, libros, manuscritos y reportes científicos.
Astrid Arellano / Momgabay Latam
Colombia es el segundo país más diverso en plantas y hongos del mundo, su variedad de especies de flora alcanza las 28 947, además de contar con al menos 7 140 especies que representan al reino fungi. La nación sudamericana también se ha descrito entre las que mayor diversidad étnica tiene en su territorio, con al menos 85 grupos étnicos y 68 lenguas nativas reconocidas. Por ello, un reciente estudio afirma que el conocimiento asociado con plantas y hongos útiles puede ser tan rico como la variedad cultural.
A pesar de su riqueza biocultural, especialistas del Jardín Botánico Real de Kew y del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt afirman que el país sigue marcado por una gran desigualdad social y pobreza rural. El Acuerdo de Paz de 2016, luego de décadas de conflicto armado interno, ha brindado nuevas oportunidades para el crecimiento socioeconómico. Sin embargo, para los expertos esto también tiene dos caras: ser una oportunidad para un desarrollo sostenible basado en sus recursos naturales o una amenaza para la biodiversidad colombiana si no se hace de forma adecuada.
Fruto cosechado de Cacao (Theobroma cacao) en Otanche, Boyacá. Foto: Sabina Bernal Galeano
Para cerrarle la puerta a la segunda posibilidad, se creó el proyecto Plantas y Hongos Útiles de Colombia (UPFC). Se trata de una iniciativa que busca mejorar la contribución y beneficios de la naturaleza a las personas en Colombia. Para ello se toma el conocimiento sobre las plantas y los hongos como base para lograr su uso, comercialización y, en especial, su conservación. Lo que se busca es promover un mercado para especies autóctonas útiles y contar con productos de alto valor elaborados con estos bienes naturales.
Entre los resultados que hasta ahora tiene el proyecto están más de 140 productos de difusión, en donde destacan tres sitios web que reúnen —en un formato de amplios catálogos— la información recopilada entre la academia y las propias comunidades locales colombianas sobre más de 36 000 plantas y hongos.
“En estos catálogos de plantas y hongos útiles se profundiza y se va hacia la utilidad: no solamente conocemos cuál es la diversidad en Colombia, sino sus usos”, explica Tatiana Rojas, investigadora especializada en bioeconomía del Instituto de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y coautora del estudio e iniciativas.
Tatiana Rojas investigadora del Instituto de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Foto: Cortesía Tatiana Rojas
¿Qué es la bioeconomía?
En Colombia, la bioeconomía ha sido definida como un sistema económico y de producción que utiliza de manera eficiente y sostenible la biodiversidad y la biomasa, para generar servicios y productos de alto valor agregado. Utiliza como base el conocimiento, ciencia, tecnología e innovación. Hay dos elementos muy importantes: el primero, es que en nuestra estrategia de bioeconomía se recalca la importancia de la biodiversidad. Si ves, por ejemplo, las más de 50 estrategias de bioeconomía que actualmente existen, muy pocas —y yo diría que casi ninguna— resaltan la biodiversidad, pero sí resaltan la biomasa de productos agrícolas. Esto pone en el panorama internacional a Colombia como el segundo país más biodiverso del planeta y nos especializa, nos hace diferentes.
En segundo lugar, está el conocimiento —no solamente científico, sino el inmenso acervo que tenemos en términos de conocimiento tradicional— con el que, a través de la ciencia y tecnología de innovación, podemos hacer transiciones hacia la bioeconomía.
Los términos de negocios verdes, crecimiento verde y bioeconomía han sido utilizados como si fueran sinónimos, pero realmente no lo son. Se habla de la bioeconomía cuando ya existe una capa de ciencia y tecnología de innovación en la transformación de estos productos y servicios que provienen de los recursos biológicos. Entonces, sí hay una diferencia muy importante entre negocios verdes y bioeconomía. Colombia, además de ser biodiverso, es un país también culturalmente diverso, por ello existen tantas bioeconomías como territorios.
Frutos cosechados de la palma de Chontaduro (Bactris gasipaes) en Bahía Solano, Chocó. Foto: Luis Javier Mosquera
¿Cuáles fueron los hallazgos más relevantes de su investigación y qué información lograron reunir?
Los resultados del proyecto Plantas y Hongos Útiles de Colombia fueron significativos no sólo para las comunidades locales, sino también para el país, para el público en general, que realmente no conoce la biodiversidad y el potencial que tiene nuestra nación. Este proyecto, que duró aproximadamente dos años y medio, tuvo grandes contribuciones para comunidades locales, para público general, para el sector académico y para el sector productivo, es decir, para gran diversidad de actores.
Las contribuciones más significativas en términos de impacto fueron la generación de tres portales nuevos: el primero es ColPlanta; el segundo, es ColFungi; y el tercero, es la Red de Ingredientes Naturales de Colombia. Los primeros dos, básicamente, muestran información biológica y ecológica de las especies. Si busco una especie, como el asaí (Euterpe oleracea), que se conoce relativamente a nivel mundial y lo pongo en el portal, me aparece dónde está la especie, aspectos de fenología —es decir, cuál es su productividad y en qué épocas aflora— y también información muy importante que no existe en casi ninguna base de datos, que son los usos.
ColPlanta ya existía antes de este proyecto, pero lo que se hizo fue enriquecer los perfiles. Lo que no existía era ColFungi. Antes de este proyecto en el país no existía una plataforma en la cual se pudieran ver qué hongos o qué información de registros de hongos existía en Colombia. Finalmente, la Red de Ingredientes Naturales de Colombia significó un gran esfuerzo al unir la oferta y la demanda de especies nativas de Colombia que no son exclusivamente cultivadas, sino que también tienen manejos silvestres. En el pasado, muchos productores se nos acercaron y nos decían: “Si yo quiero emprender en Colombia para fortalecer una cadena de valor como esta, que es nativa, silvestre o semisilvestre, ¿qué puedo hacer?”
Expedición biológica con co-investigadores miembros de la comunidad en Otanche, Boyacá. Foto: Germán Torres Morales
La Red une la oferta con la demanda, tiene visores geográficos que permiten identificar dónde se encuentran estos actores y también es un espacio para publicar anuncios. Por así decirlo, es una red social para impulsar las cadenas de valor de sus productos no maderables del bosque.
Así mismo, logramos enriquecer y actualizar más de 160 000 perfiles de plantas y de hongos. Publicamos, a lo largo de estos dos años y medio, más de seis libros y cinco librillos; generamos más de siete reportes científicos y 13 manuscritos. Colaboraron más de 120 investigadores, no solo en Colombia sino también en el Reino Unido y de otras nacionalidades. Generamos también más de 76 colecciones no solo con el sector académico, sino también con el sector productivo de Colombia y con comunidades locales.
Así se registraron más de 1 760 usos para las 650 especies de plantascolectadas en campo. Analizamos cuatro cadenas de valor para especies estratégicas del país, como el asaí y la vainilla del Pacífico colombiano, el guáimaro en el bosque seco tropical, y variedades de cacao nativas, en Boyacá. Podemos decir que más de 2 657 personas participaron en este proyecto y brindamos alrededor de 80 actividades de fortalecimiento de capacidades a comunidades locales.
Taller participativo de priorización de especies potenciales de plantas nativas útiles para la bioeconomía en el municipio de Otache, Boyacá. Foto: Edgar Padilla
¿Por qué es importante que las comunidades locales tengan estos datos disponibles para su uso?
Este proyecto, más que compartir información hacia las comunidades, fue sobre cómo instituciones académicas —tanto el Instituto Humboldt como el Jardín Botánico Real de Kew— podíamos estar insertas dentro de estas dinámicas territoriales y poder contribuir a sus visiones de desarrollo. Esto es muy importante, porque finalmente las comunidades —y más en un país como Colombia en donde existen diversidad de entidades étnico territoriales— son dueñas de los recursos biológicos.
Este proceso de cómo empezamos a relacionarnos con las comunidades empezó incluso un año antes de poder trabajar con ellas. Fue un proceso bastante lento, porque primero se debía socializar el proyecto y ajustarlo a las necesidades de los territorios.
Para las colectas botánicas, las comunidades participaron como coinvestigadoras y, para hacer todos estos análisis de red de valor, básicamente fueron ellas quienes priorizaron qué especies podrían ser potenciales para la bioeconomía. Se hicieron bastantes encuentros participativos para que fueran ellas quienes decidieran qué especies debían ser utilizadas y que cumplieran con criterios de sostenibilidad, es decir, donde se consideraban aspectos biológicos y ecológicos de las especies, además de aspectos socioculturales, como los sistemas de gobernanza y los medios y modos de vida locales y, finalmente, los circuitos de comercialización y las iniciativas que existían en los territorios. Las comunidades ya tienen ese conocimiento y nosotros simplemente somos un medio para poder fortalecer eso.
Taller participativo de priorización de especies potenciales de plantas nativas útiles para la Bioeconomía en el municipio de Becerril, Cesar. Foto: Sabina Bernal Galeano.
¿Cómo es que todo este trabajo conjunto entre instituciones y las comunidades no solo apoya al desarrollo comunitario, sino también a la conservación de las especies?
Cuando hacíamos esos encuentros de priorización de especies para ser potencializadas en el marco de la bioeconomía, siempre les pedimos a las personas que dijeran todas las especies que se les ocurrieran y que estaban actualmente usando en sus territorios. A partir de eso, clasificaron esas especies dentro de tres criterios de sostenibilidad: primero, únicamente aquellas en las cuales ellos evidenciaran que efectivamente sus sistemas de aprovechamiento respetaran los límites de la naturaleza; lo segundo, que también fueran parte de sus medios y modos de vida; y tercero, que ya existieran organizaciones locales que las estuvieran promoviendo y que también ya existieran circuitos de autoconsumo y de producción en los sitios o a nivel regional y nacional.
Acá es cuando efectivamente veíamos cómo esas especies que ellos mismos priorizaron podían conservar los bosques y contribuir al desarrollo de sus comunidades. No todas las especies cumplen con estos criterios. La vainilla (Vanilla planifolia), el guáimaro (Brosimum alicatrum) y el cacao (Theobroma cacao) son especies que ya tienen procesos locales organizativos y que no son netamente cultivos o monocultivos, sino que tienen arreglos agrobiodiversos y que hacen parte de los aspectos culturales de estas comunidades. Eso garantiza definitivamente la sostenibilidad de una cadena de valor, porque es muy difícil imponer ciertas especies cuando las personas nunca las han utilizado o no saben cómo utilizarlas. Es mejor contribuir a esa recuperación de sus saberes para que se dé una sostenibilidad en el tiempo de estas redes y cadenas de valor.
En plantas como el guáimaro —que se le conoce como Ramón en México y en Centroamérica— no solo se usa la semilla para producir harina, sino también las hojas para generar infusiones o para forraje. Ahí nos damos cuenta de cómo estas plantas son multipropósito, cumplen diversas cadenas y se vuelven muy importantes en la bioeconomía. Disminuyen el riesgo de solamente enfocarse en un producto y de no ver la diversidad de productos que podría ofrecer esta especie. Sin embargo, esto debe ser visto de manera muy cautelosa, porque deben existir protocolos de uso y aprovechamiento para que este tipo de especies, que son silvestres, no se pongan en riesgo. Si el guáimaro desaparece, al ser una especie sombrilla, implica que otra especie icónica como el mono tití (Saguinus oedipus) desaparezca.
Plántula de Guáimaro (Brosimum alicatrum) colectada por miembros de ASOVECAB (Asociación Verde de Campesinos de Becerril) para la restauración de la especie en viveros comunitarios del municipio de Becerril, Cesar. Foto: Germán Torres Morales
¿Por qué ha resultado importante la colaboración entre los científicos y las comunidades frente a temas como la expansión de la agroindustria, la minería y el desarrollo urbano que, como apuntan en el estudio, están provocando deforestación en los territorios colombianos?
Las comunidades ven a estos aliados académicos —como el Instituto Humboldt o el Jardín Botánico Real de Kew— como instituciones de alta credibilidad que, como aportan datos científicos robustos, pueden entrar a mediar con otro tipo de entidades para que se aseguren sus derechos. Esa es nuestra labor desde una visión muy objetiva de lo que está pasando en los territorios. Este uso del suelo que puede llamarse minería, ganadería extensiva o diferentes usos del suelo, efectivamente, no están contribuyendo. No solamente a los medios de vida de las poblaciones locales, sino que también en otros estudios que hemos logrado realizar no son tan costo-efectivos. Nuestro papel es evidenciar —a estas autoridades locales— cómo los sistemas agrobiodiversos, que incorporan las visiones de vida de estas personas, terminan siendo más beneficiosos para el entorno natural, además de que diversifican la canasta de las familias, recuperan saberes tradicionales y son costo-efectivos en el tiempo.
Criterios de sostenibilidad (dimensiones biológica-ecológica, socio-cultural y socio-económica) para priorizar de manera participativa especies con potencial de aprovechamiento silvestre. Foto: Sabina Bernal Galeano
¿Cuáles serían los alcances y los logros del proyecto específicamente para las mujeres y los jóvenes?
En cuanto a mujeres, básicamente, lo que logramos evidenciar fue una participación mucho menor que la de los hombres. En el total de participantes, el 44 % eran mujeres y el 56 % eran hombres, es decir, a pesar de que tratamos de incluir a una población de mujeres, en Colombia todavía existe el paradigma de que el hombre es quien participa en las acciones o toma de decisiones de los hogares rurales. A pesar de que el porcentaje no es tan asimétrico, hay que decir que todavía en Colombia, y sobre todo en las zonas rurales, la participación es exclusivamente masculina. Eso se veía muy reflejado en el caso del asaí, donde la acción de recolectar es de hombres, porque tocaba meterse al monte, hay culebras y es un trabajo físico. Las mismas mujeres decían que no se podían meter allá. Recolectar, cargar, transformar, hacer con las manos trabajos muy pesados, sigue siendo una acción muy masculina.
Siempre que hacíamos las convocatorias incitábamos a los actores locales a que abrieran estos espacios a las mujeres y sí se vio una participación grande. Digamos que el foco del proyecto no estaba en fortalecer a una población de mujeres, sino en ser equitativos, en tratar de incluir no solamente a mujeres, sino también a jóvenes, porque vemos que en los territorios el campo está olvidado y los jóvenes lo que quieren es migrar a las ciudades. No quieren trabajar en el campo por todos los problemas que hemos tenido en Colombia, también por el conflicto armado. El campo ya no representa una alternativa futura. Estaba muy enfocado hacia diversos sectores: comunidades indígenas, comunidades afro, diferentes sectores y hacia la diversidad que tiene el país en términos de estas poblaciones.
Los resultados específicamente para las comunidades fueron que, primero, todo eso que hicimos en las colecciones biológicas, en las expediciones, fue devuelto. Hicimos una publicación con todas las especies de plantas y hongos útiles en los tres sitios piloto y devolvimos toda esa información botánica de usos y conocimientos ancestrales a través de unas herramientas que llamamos plastic cards, para que ellos mismos las tuvieran.
Sobre el análisis de cadenas de valor, todos esos diagnósticos los entregamos. Una vez que finalizó el proyecto, volvimos a los tres sitios piloto en donde trabajamos, que eran Bahía Solano, Becerril y Otanche, para entregar toda la información y decirles cómo se podía consultar. Dimos recomendaciones de cómo esos sistemas podrían ser mejorados en términos tecnológicos, económicos y organizativos. Finalmente, también hicimos capacitaciones en negocios verdes: cómo establecer el propósito del modelo de negocios y la propuesta de valor, cuáles eran los canales de comercialización, los competidores y los costos para hacer esa propuesta.
Los resultados de mayor impacto para las comunidades fueron no solamente esa transferencia de conocimiento de lo que se recolectó y las recomendaciones para mejorar los sistemas, sino además capacitaciones para que ellos tuvieran herramientas que puedan replicar en el tiempo en términos de negocios verdes.
Proceso de selección y pesaje del fruto de la palma de Naidí (Euterpe oleracea) por las comunidades del Consejo Comunitario Río Cajambre, Valle del Cauca. Foto: Juan Carlos Copete
¿Cómo estos proyectos y bancos de datos ayudan al objetivo de políticas verdes para 2030 en Colombia?
Consideramos que ayuda muchísimo porque, si no tenemos conocimiento de qué es lo que hay en lo nativo colombiano, si no sabemos qué es útil, no podemos potenciar ciertas especies dentro de cada territorio para que esto sea una realidad; sería como ir a ciegas. Estos estudios no solamente tienen en cuenta el criterio económico. Por lo general, los estudios que se han hecho en Colombia para priorizar especies potenciales en la bioeconomía, se basaban únicamente en criterios de demanda: veamos qué está pasando en el mundo y qué ingredientes naturales debemos potenciar según la demanda para potenciarlos.
Entonces, lo bueno de estos estudios es que también reconocen cuáles son los límites biológicos y ecológicos del ecosistema, cuáles son los sistemas de gobernanza, cuáles son los medios y modos de vida, cuáles son los circuitos de comercialización y de consumo locales, para poder priorizar de una manera mucho más sostenible y justa con los territorios. Ese también es el valor agregado de estas investigaciones que hemos realizado: que tienen en cuenta a las personas, a los territorios y a todos los problemas que han enfrentado en términos de conflicto armado, de desplazamiento, y que no tienen una visión netamente económica y de demanda.
Flor de la Vainilla (Vanilla planifolia), orquídea nativa de Colombia en Bahía Solano, Chocó. Foto: Diego Arturo Granados
Imagen superior: Expedición biológica con co-investigadores miembros del Consejo Comunitario Río Valle en Bahía Solano, Chocó. Foto: Mónica Flórez
Este lugar, en el que viven entre 700 y 1000 personas en solo 1,57 hectáreas, es considerado una de las zonas más densamente pobladas en el mundo. Pese a los avances que deja la erosión y el aumento del nivel del mar en el territorio, la isla no cuenta con un plan de evacuación por parte de las autoridades.
Olga Cecilia Guerrero / Red Prensa Verde
Ignacio Galán / Shots de Ciencia
Alexander Atencio Gaspar llegó hace 18 años a Santa Cruz del Islote para ser profesor de la escuela. Su nueva vida laboral le causó un fuerte choque. Venía de la ciudad y debía acostumbrarse a vivir en una hectárea de suelo en medio del mar. A pesar del intenso calor, no había luz, ni agua potable.
En medio de su rutina como docente, supo que había carencias más allá de la educación, tantas que terminó involucrándose en la vida isleña, viviendo sus problemáticas y, con los años, convirtiéndose en líder comunitario.
En este camino encontró que los asuntos ambientales eran de los más complejos del islote. Iban desde el manejo de la pesca, los residuos y el uso de las especies forestales en las islas. Pero había uno de gran magnitud: el impacto que el cambio climático estaba teniendo en ese pequeño territorio.
“Santa Cruz está peligrando hace muchos años debido a fenómenos antrópicos como es el ascenso del nivel del mar. Anteriormente la marea subía en noviembre, pero me acaba de decir un nativo que, ayer, la marea se alzó inmensamente y solo estamos en mayo. El problema grave es ese, la subida de la marea y la erosión costera. Hay deterioro y desaparición de las islas”
Esos cambios en la marea se están intensificando. Antes era de 10 centímetros y ahora son de 20. Las temporadas de calor se daban en un periodo, ahora son en otro. Cuenta también que el mar se mete al islote, entra a las habitaciones y a sus angostas calles. A la vez hay mucha sequía. Allí la mayoría de las casas tienen un muro de contención porque la misma marea, con su impacto, se las lleva.
«Un dato que pocos manejan: 1.57 hectáreas, es el tamaño de esta isla. Tenemos aproximadamente 700 personas viviendo en temporadas bajas. En temporadas altas fluctúan alrededor de 900-1000 personas. Cuando hablo de fluctuación, son las personas que están por fuera: estudiando, que vienen acá a festejar, a compartir con sus familiares. Retomando nuevamente el tema del enfoque ambiental, es así como en el quehacer y el sentir de formar el grupo ecológico es buscar alianzas con las instituciones que realmente tienen una competencia, más no la están cumpliendo.
¿Por qué digo esto? Aquí hay alrededor de cinco o seis, si no es más, dependencias estatales que tienen una responsabilidad misional y las menciono: Agencia Nacional de Tierras, Alcaldía de Cartagena, Parques Nacionales, Cardique, Armada Nacional, Corporación de Turismo, Dirección Marítima, la comunidad como tal porque también es un estamento social, los hoteles y los asociados en pequeñas microempresas o en pequeños negocios de emprendimiento. Estamos hablando de un sinnúmero de entidades que, si por lo menos fueran inteligentes, se reunirían en una mesa de diálogo donde cada objetivo de ellos apuntara a un objetivo común ¿cuál es? el cuidado y protección de las islas de San Bernardo«.
Alexander Atencio, profesor y líder de Santa Cruz del Islote
Lápices contra la erosión
El otro efecto visible en Santa Cruz del Islote, es la erosión costera, en la que el permanente golpeteo de las olas, vientos y mareas va causando pérdida de suelo. Al ser una isla artificial, el mar entra en contacto directamente con las viviendas.
Su nombre original es Islote de San Bernardo, pero tomó el de la advocación religiosa del lugar, la ‘Santa Cruz de Mayo’. La isla fue construida sobre un cayo que era utilizado por pescadores. Poco a poco lo fueron rellenando con rocas sacadas del mar o ´rocas muertas´ como las llaman los nativos, para construir las primeras casas. Los isleños dicen que le han robado territorio al mar para cementar el poblado, por lo cual es considerada isla artificial.
Juvenal Julio, de 75 años y líder de la comunidad del Islote cuenta que la erosión y el aumento del nivel del mar los ha afectado, pero ellos no se dejan. Si no hubiesen hecho las obras para sostener la isla, ya no estaría en pie. Se refiere a las barreras rompeolas, llamadas coloquialmente ‘lápices de material’, que se elaboran en cemento y varilla.
“Uno los hace con moldes y, cuando ya están, los va lanzando al mar y ahí se va piloteando y se van construyendo los cuadritos. Aquí en esta casa no se ha metido el mar, pero las que están más bajas, como la de al lado, se entra a los cuartos y a la sala. Le hemos ido robando el terreno al mar… De todas maneras, estamos sobre la roca de Dios y él nos mantiene bien”, agrega Juan Guillermo Perry Escobar, nativo de 66 años.
Guillermo, es el responsable de uno de los dos acuarios del poblado donde exhiben tiburones, pargos, meros y otros peces, para generar ingresos por turismo. En ese avance para ganar terreno marino construyó varias albercas y elevó su casa donde se siente protegido:
“Nosotros nacimos aquí, somos afrodescendientes, el mar me llegaba a la rodilla, había tempestades y mal tiempo y el gobierno no venía. No había luz, solo un trapito y ACPM. Nacimos aquí y así nos gustó, luego las cosas fueron cambiando. Esto era puro mar, donde estamos ubicados, por ahí 30 metros de fondo y 40 de ancho, esto lo hice yo en 30 años porque no teníamos donde vivir, hoy en día estamos aquí. Hay que tenerlo en mantenimiento, uno tiene que meterle dinero, si no, se cae”.
Peces en el acuario de Santa Cruz del Islote. Foto: Ignacio Galán
A Santa Cruz del Islote se le conoce como la isla más densamente poblada del mundo porque allí habitan entre 700 y 1000 personas, en solo 1,57 hectáreas, según la temporada. De la actividad pesquera, la población ha ido migrando al turismo, debido al agotamiento de los recursos, a los efectos climáticos y a la falta de coordinación de las instituciones, como lo expresa el profesor Alexander Atencio:
“Es un problema complicado y es una falta de política a nivel central y local porque, tengo entendido, que hace 10 años Cartagena hizo uno de los documentos más importantes que se han hecho sobre cambio climático. Si no recuerdo mal, es el 4C”.
Se trata de los estudios del llamado Plan Cartagena, Competitiva y Compatible con el Clima 4C, financiados por el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID por sus siglas en inglés) y la Dirección General de Cooperación Internacional (DGIS) de los Países Bajos. A partir de estos convenios, se produjeron diferentes documentos que analizaban la situación del Distrito de Cartagena, catalogada como una de las ciudades que más sufrirá las consecuencias del cambio climático en el mundo. Y aunque Santa Cruz del Islote hace parte del área protegida desde Parques Nacionales, depende administrativamente de esta ciudad, así como todo el archipiélago de San Bernardo, conformado por nueve islas.
Uno de los documentos del 4C es Lineamientos de adaptación al cambio climático del área insular del Distrito de Cartagena de Indias, realizado en 2014. En su análisis de vulnerabilidad socioeconómica, plantea un escenario en el que califica al islote con el mayor impacto del archipiélago, con un 62,2%.
“Se presenta para toda el área afectada una vulnerabilidad social y económica muy alta; lo que permite categorizar al islote como un área en donde se conjuga una alta sensibilidad, alta afectación, que lleva a que esta área pueda tener un impacto considerable por el aumento del nivel del mar, especialmente en las viviendas y la población asentada más cerca al mar”.
También advierte que, según modelos y un escenario pesimista, al año 2040, el 75% del área del islote estaría inundado, por lo cual a esa fecha las condiciones no serán óptimas para que sea habitado. Y anuncia que allí se verá vulnerada más de la mitad de la población, equivalente a 125 hogares, conformados por 621 personas en 102 viviendas
Una situación que desde hace muchos años preocupa a un científico que habita el archipiélago, el profesor Fabio Flórez, quien ha estudiado el territorio por más de cuatro décadas y, cada vez que puede, lanza un grito de auxilio para que desde el centro miren hacia la zona insular.
«¡Terrible! Para mí la isla de mayor peligro es: la comunidad de Santa Cruz del Islote. Increíble. Una comunidad con origen de ─más o menos─ 350 años de vida. Actualmente sometida al cambio climático, a una afectación total sobre la comunidad, con el aumento del nivel del mar ─que invade sus pequeñas casas, sus pequeños sitios de habitación─. Una comunidad totalmente anfibia, que yo considero lo más desarrollado en pesca artesanal marina de Colombia, está en Santa Cruz del Islote. Artesanos empíricos, poniendo en práctica diferentes clases de faena de pesca ─algunas un poco contradictorias─ en la explotación del recurso acuático marino«.
Vulnerabilidad en la zona insular de Cartagena:
Fuente: Plan 4C – Cartagena de Indias Competitiva y Compatible con el Clima.
Ocho años después de la publicación del estudio ¿qué ha pasado con el Plan C4? Responde el docente Atencio:
«Tengo entendido que hace alrededor de 10 años Cartagena hizo uno de los documentos más grandes que tuvo sobre cambio climático. Si no me equivoco se llamaba C4. Entonces no sé para qué hicieron ese estudio… para ponerle unas murallas a Cartagena, pero la zona insular, que realmente es al que está pasando los embates, la que está sufriendo con este cambio climático, en diferentes temas económicos, sociales, culturales, ¿que está pasando con esta comunidad? ¿Dónde están los impactos económicos, sociales y ambientales que arrojó esa investigación en donde se gastó una gran cantidad de dinero?.
Me parece que son cosas sin sentido, son cosas que creería que el mismo Ministerio de Medio Ambiente debe apropiarse. Ahora, a través del resorte que hicieron con el tema de áreas marinas protegidas, que cogieron 568.000 hectáreas y las convirtieron en área protegida, con 19 comunidades. Dentro de ese proceso de consulta en el cual fui partícipe como representante legal y como consultor sobre esos temas en esta zona, se llegaron a unos preacuerdos, pero los acuerdos han quedado ahí. Hace 3-4 años hicimos un componente del capítulo étnico donde se incorporó el tema de idiosincrasia insular dentro de la política del plan de manejo de área marina protegida, y eso ha quedado ahí.
Pienso que hay mucha negligencia, mucha incompetencia por parte del ente estatal. Hay que sacarles el verdadero sentir a estos procesos, como lo hacen los países extranjeros que cuando cogen un tema ambiental lo empiezan y lo terminan. Buscan los recursos a nivel nacional e internacional para poder mitigar esos acuerdos que se hacen. No le veo sentido a gastarse tres mil, dos mil, mil millones de pesos en un proceso de pre consulta, para que quede 10 años, 15 años, que cualquier gobierno venga y lo implante… En 10, 15 años que quiera ocurrir, las islas desaparecieron«.
Pescadores de Santa Cruz del Islote. Foto: Ignacio Galán
Red Prensa Verde y Shots de Ciencia consultaron al Establecimiento Público Ambiental de Cartagena (EPA) sobre los avances de los planes de atención proyectados para esta zona insular dentro de la emergencia climática. Sin embargo, el EPA respondió que el Plan 4C ya no está vigente. La administración lo está actualizando y ahora se denomina Plan Integral de Gestión de Cambio Climáticoproyectado en cinco fases, de las cuales se encuentra en la primera, de alistamiento. Dicho proyecto no cuenta con información que involucre a la zona insular.
Ante esto, Atencio muestra su desilusión y hace un listado de instituciones que tienen competencia y responsabilidad misional en el archipiélago, pero que no la están cumpliendo.
«Siempre hemos estado marginados, aquí no se ha logrado nada sin lucha jurídica, nada. Aquí desde el 2015 tengo instaurada una acción popular en el Contencioso de Cundinamarca. Bajo el principio de un plan de evacuación, necesidades básicas insatisfechas y unos acuerdos de Parques Nacionales a través de la consulta del Plan de Manejo, ya la consulta se hizo. Fue un escenario que se logró gracias a Dios. Estamos esperando a que las acciones se hagan.
Todo ha sido a través de luchas. No solo de nosotros como líderes sino de personas que han estado interesados: abogados, antropólogos, sociólogos… que ven en estas comunidades un futuro cultural, ambiental y social, o sea, un patrimonio. Como pueblo negro, como pueblo étnico, fuimos amparados por la norma de 2011, tenemos unas prioridades y unas condiciones como minoría étnica que nos protege y nos salvaguarda frente al resto de la población colombiana.
Gestión del Riesgo está demandado dentro de las necesidades básicas insatisfechas en el 2015. Hizo unos estudios previos de pequeñas cosas, para salir del paso, pero eso vienen cada seis meses cuando se inunda o cuando ocurre un mar de leva que impacta a la comunidad, de resto no viene».
Afirma también que la comunidad, pese a que convive a diario con los desajustes climáticos, no está tan informada sobre el tema:
“Si partimos a la comunidad en tres escenarios, adultos y jóvenes y niños; los dos primeros no han dimensionado la preocupación sobre el cambio climático tal vez por desconocimiento,. Como no ha venido nadie a hacer un estudio específico, nadie los ha educado. Los niños sí tienen idea y enfoque porque desde la escuela se les viene enseñando”.
Menciona que hay un tema que también es preocupante frente a la emergencia climática: el turismo desbordado. Está haciendo que el problema incremente, dada la alta generación de residuos sólidos e impactos a la flora y fauna. Reclama un plan para equilibrar la capacidad de carga del islote.
Un asunto que, indica, no se ha cumplido por parte de Parques Nacionales y que se trabajó cuando se realizaron los procesos de consulta previa para la creación de una gran Area Marina Protegida en Cartagena.
Otro aspecto en el que insiste Atencio, es cómo la comunidad ha abogado en los últimos años por tener un plan de evacuación ante una eventualidad, que a la fecha tampoco está proyectado.
Después de 18 años en la isla, el profesor Atencio ahora es director de la Institución Educativa Santa Cruz del Islote en la que estudian 225 niños en primaria y secundaria, y en la que trabajan 12 docentes, en cinco salones y dos jornadas. Además, dicta la materia de ecoturismo en bachillerato desde el enfoque, ambiental, social y cultural.
En este tiempo, el docente, quien ha destinado su tiempo libre a defender los derechos de la isla y de sus habitantes, se graduó también como dirigente local.
Su amor por ese territorio lo expresa diciendo que, a pesar de todos los conflictos socioambientales, la isla es un orgullo para la nación, porque tiene una cultura cimentada en una idiosincrasia y cosmovisión de hace más de 200 años.
Para él, el concepto ‘de la isla más densamente poblada del mundo’ va más allá del mismo poblamiento y de la necesidad de adaptación y de la resiliencia en las condiciones climáticas:
“Santa Cruz del Islote es un ejemplo de cómo será el mundo a futuro. La gente aquí sabe vivir en pequeños espacios geográficos. Sabe canalizar y dar importancia al agua. Y tiene la capacidad de lograr una cohesión social al convivir entre 700 y mil personas en 1,57 hectáreas. En esta isla artificial, el día a día es interactuar con la gente, vivir la necesidad de la gente y esconderse en la problemática de la gente. Es lo que el mundo vivirá dentro de pocos años”.
Viviendas de Santa Cruz del Islote. Foto. Ignacio Galán
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El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi) publica el Primer reporte sobre el estado de los modos de vida y territorios aborígenes del departamento del Amazonas.
El documento da a conocer los Indicadores de Bienestar Humano Indígena (IBHI),herramienta no convencional creada desde el Instituto Sinchi como un sistema de información que permite valorar y seguir los cambios en la vida y los territorios indígenas de la Amazonia colombiana.
Según la entidad, se trata de 21 indicadores diseñados bajo un enfoque diferencial y se enmarcan en la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas: “Se constituyen como instrumento para la gestión de información y el apoyo a la toma de decisiones de las Autoridades Tradicionales Indígenas del departamento de Amazonas”.
Comprenden el análisis de los patrimonios ambientales, culturales, sociales y económicos y están estructurados en cinco grandes áreas: control colectivo del territorio, agencia cultural autónoma, autonomía alimentaria, ambiente tranquilo, autocuidado y reproducción.
“Cuando se aplican estos indicadores en las comunidades indígenas se puede comprender, por ejemplo, la vigencia de las autoridades tradicionales, las razones del flujo poblacional, el uso de la lengua propia, los niveles de educación formal como mecanismo de desarrollo e interactuación con las sociedades externas, la base natural sobre la que se sustenta la alimentación como el número de especies cultivadas, recolectadas, cazadas y pescadas disponibles”, explica el Sinchi.
Los indicadores también revelan los niveles de transformación y conservación de las especies y la disponibilidad de semillas propias; la existencia y las repercusiones de problemáticas sociales que afectan la tranquilidad en los territorios; la presencia del Estado y la prestación de servicios públicos como agua potable, disposición de las aguas servidas, recolección de basuras, energía eléctrica.
Y se reporta la atención preventiva y curativa de enfermedades por métodos tradicionales, el tipo de prácticas tradicionales deportivas o los niveles de desnutrición de la población, situaciones que trascienden en la calidad de vida de las comunidades indígenas.
Para Juan Felipe Guhl, coordinador del Programa de Dinámicas socioambientales del Instituto Sinchi, “Los IBHI son más que insumo investigativo, son una herramienta y su aplicación ayuda a la planeación de las comunidades indígenas sobre sus propios planes de vida, dándole luces de sus fortalezas y debilidades. Así desde la caracterización hasta la verificación es un ejercicio de investigación propia, donde las comunidades indígenas se cuestionan sobre su bienestar, sus modos de gobernanza, de producción y de salud. De esta manera, los IBHI son una herramienta clave hoy en día para la planificación y toma de decisiones de las comunidades indígenas en la Amazonia”,
¿Cómo se origina?
Acosta, concluyó su Tesis Doctoral en 2013 con la investigación “Pueblos Indígenas de la Amazonia e Indicadores de Bienestar Humano en la encrucijada de la globalización: estudio de caso de la Amazonia Colombiana”. Tres años después, en 2016 el Instituto Sinchi empezó a implementar estos indicadores en los 22 pueblos indígenas del departamento del Amazonas, en sus 26 resguardos indígenas y con las 14 Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas (AATIs) del Amazonas, logrando levantar la línea base de 21 indicadores IBHI. En el año 2021 se aplicaron en el Guainía en las 25 comunidades del Sitio Ramsar EFI y actualmente se aplican en 15 comunidades del resguardo Gran Vaupés.
Junto al investigador Delio Mendoza, se conformó el Grupo de InvestigaciónDinámicas Socioambientales y Culturales, avalado por Colciencias en categoría B, y que hace parte del programa Dinámicas Socioambientales y Culturales del Instituto Sinchi, dirigido por el antropólogo Juan Felipe Guhl.
“Llevamos 20 años trabajando de la mano con Autoridades Tradicionales Indígenas del Amazonas, Vaupés y Guainía, comprendiendo sus diversas cosmovisiones y desde el 2015 generamos la propuesta de Indicadores de Bienestar Humano Indígena. Hoy el Instituto Sinchi y el Dane cuentan con una mesa técnica que estudia las posibilidades para que se puedan levantar las líneas base, de esta larga investigación, en todos los departamentos y resguardos de la Amazonía”, afirma el investigador Acosta.
Preparándose para la fiesta, comunidades indígenas de Mitú, Vaupés Foto: Iván Montero /Instituto Sinchi
Conocer más a los pueblos aborígenes
En el departamento del Amazonas existen hoy 22 pueblos indígenas que representan el 57,7 % del total presente en la Amazonia colombiana que abarca los departamentos de Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés; la Bota Caucana; y las vertientes amazónicas de Nariño y el Sur del Meta.
Según el investigador Acosta, hoy los colombianos sí sabemos cuántos indígenas hay gracias a los datos del Dane, que incluyen, desde el censo del 2018, un enfoque diferencial, pero es un hecho que los instrumentos aplicados para levantar esa información no tienen necesariamente en cuenta la realidad sociocultural, económica y territorial de cada uno de los pueblos indígenas.
Por esta razón era necesario crear una metodología específica para estos pueblos en la que participan dinamizadores o miembros de cada comunidad. El Instituto les retribuye económicamente y son elegidos por una asamblea general y delegados en el territorio. «Los hemos capacitado para que puedan aplicar los formatos de los 21 IBHI, ellos se encargan incluso de advertirnos que en esa comunidad que representan alguna variable debe ser ajustada. Ese es el nivel de detalle de nuestros indicadores».
Ya con los datos en mano, los dinamizadores locales consolidan la información hasta entregar su reporte al Instituto Sinchi, “en algunas comunidades hoy lo hacen desde su computador y nos envían la información digital, nuestra tarea es revisar formato por formato, luego ingresamos la información a nuestra base de datos general y realizamos un encuentro con dinamizadores para que ellos mismo generen una interpretación comunitaria de los datos y puedan socializarlos con su comunidad”, explica Acosta.
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“El proceso investigativo que hoy permite contar con los Indicadores de Bienestar Humano Indígenas (IBHI), ha recorrido un camino abierto desde el año 2003 junto a las Autoridades Tradicionales Indígenas del Amazonas como guías espirituales”: Sinchi.
“La implementación de los IBHI ha sido un proceso de concertación permanente con los pueblos indígenas en el departamento de Amazonas, desde su conceptualización, el levantamiento de la línea base hasta el análisis de la información. Esta relación ha permitido la conformación de un marco metodológico que hace de este proceso una experiencia interdisciplinaria e intercultural donde confluyen aspectos técnicos del conocimiento científico y los aspectos culturales y sociales de los conocimientos tradicionales, así como los procesos de participación de las organizaciones de los pueblos indígenas del departamento de Amazonas”.
Se habla de abundancia, no de pobreza
“Nosotros creemos que el concepto de bienestar está dado por la abundancia, más no por la pobreza. La abundancia es un concepto indígena de la “gente de centro” (uitoto, muinane, bora, andoque, nonuya, miraña y okaina) del departamento del Amazonas, que podría ser asimilado por otras etnias amazónicas desde sus propias perspectivas culturales y determina el apogeo del hombre indígena, al haber conseguido, para su beneficio y el de sus futuras generaciones diferentes elementos que les permitirían sobrevivir: alimento, conocimiento, consejos e identidad, todo enmarcado en un ambiente de relacionamiento espiritual con la naturaleza.
Así, el punto de partida de los IBHI es la abundancia, más no la pobreza, toda vez que el bienestar de los pueblos indígenas parte de la plenitud, en términos de territorio, alimentos y conocimientos, principalmente, mas no de la carencia de elementos, donde la lucha es obtenerlos mas no recuperarlos, como podría ser el caso de los pueblos indígenas.
“La pobreza lleva consigo un fondo material, mientras que el soporte de la abundancia es la reciprocidad y de respeto por la naturaleza. De esta manera los IBHI, se proponen como una forma diferencial para medir el bienestar de los pueblos indígenas”, afirma Delio Mendoza, investigador del Instituto Sinchi e indígena de la etnia uitoto – Gente de Canangucho.
De esta forma, el documento busca poner en conocimiento público los resultados de la evaluación de la información de línea base de cada uno de los indicadores, como punto de partida para posteriores mediciones.
Comunidad de San Martín, Amazonas. Foto: Paola Aponte/Instituto Sinchi
Según Global Witness, cada año, el promedio de asesinatos de líderes y lideresas indígenas es un tercio del total de asesinatos de defensores ambientales a nivel global. Entrevista con a 12 lideresas y líderes indígenas de nueve países de América Latina, quienes hablan sobre las amenazas que enfrentan y los asesinatos que los rodean.
“A mí, en mi pueblo, me vienen amenazando por oponerme a la minería. Me dicen: ‘¿Qué vas a hacer cuando lleguen y te vuelen la cabeza con dinamita? A ver si vas a seguir resistiendo”, cuenta desde Bolivia Ruth Alipaz, lideresa indígena uchupiamona. Alipaz se enfrenta desde hace años a la construcción de la hidroeléctrica Chepete – El Bala, una obra formada por dos represas que en conjunto inundarían por lo menos 66 200 hectáreas y causaría la relocalización de más de 5000 personas, en su mayoría pobladores indígenas.
Las amenazas a líderes indígenas son una constante en Latinoamérica. Se trata de una escalada de violencia que está dejando una sobrecogedora estela de asesinatos:363 defensores y defensoras de pueblos originarios perdieron la vida entre el 2012 y el 2020 en la región.
“En todos nuestros informes, el promedio de asesinatos de personas indígenas es un tercio del total de asesinatos de defensores ambientales a nivel global, pero esa relación es tremendamente abrumadora porque solamente el 4 % de la población mundial corresponde a los pueblos indígenas”, dice Marina Comandulli, Oficial de Campañas de Global Witness, una organización dedicada a mapear la situación de los defensores de derechos humanos en el mundo
La situación más crítica se encuentra, sin duda, en Colombia. En ese país, 117 pobladores indígenas han sido asesinados en el periodo mencionado, la cifra más alta para el continente. “Nadie quiere denunciar lo que pasa en los territorios porque están amenazados. Es una situación humanitaria gravísima”, reflexiona Fany Kuiru Castro, lideresa indígena uitoto de la Amazonía colombiana y coordinadora de Mujer, Niñez y Familia de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC).
Gran marcha indígena en Bolivia en el año 2021. Foto: Antonio Terceros.
¿Por qué están siendo asesinados los líderes indígenas? ¿Cómo han respondido ante esta ola de violencia? Mongabay Latam entrevistó a 12 líderes indígenas de nueve países de la región para reunir las principales amenazas, demandas, tareas pendientes del Estado, los retos del liderazgo indígena y su visión sobre la conservación del medio ambiente.
Escalada de violencia
El sábado 30 de abril, el líder indígena Yesid Caña, miembro del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), fue asesinado a tiros por hombres armados que ingresaron al resguardo de La Guada, en el departamento del Cauca. De acuerdo a Indepaz, su muerte se suma al asesinato de otros 61 líderes sociales y ambientales en lo que va de 2022 en Colombia.
El año pasado, Indepaz reportó la muerte de 171 personas asesinadas entre líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia;55 de ellos pertenecían a pueblos indígenas. “Muchos de nuestros guardias, autoridades, líderes sociales, mujeres, niños y la población en general han sido asesinados. Hemos tenido una situación muy compleja, especialmente en el Cauca y en el sur occidente colombiano”, dice Aida Quilcué, lideresa indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y actual senadora del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), en Colombia, quien ha sido víctima directa de esta violencia cuando en el 2008 asesinaron a su esposo. Ella, además, ha sido amenazada en más de una ocasión.
La situación no es distinta en otros países de la región. El ministerio de Justicia de Perú tiene registrados 11 asesinatos contra defensores de derechos humanos desde el inicio de la pandemia, una cifra que difiere al de otras organizaciones. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, ha identificado 14 defensores asesinados, 10 de ellos eran líderes indígenas.
“Los problemas más grandes son las invasiones territoriales. También la extracción de madera, petróleo y minería. Inclusive, las carreteras”, dice Teresita Antazú, lideresa indígena que integra el consejo directivo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y responsable del Programa Mujer Indígena de esta organización.
Según Silvana Baldovino, directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), en el Perú, la mayoría de los defensores ambientales mueren por defender sus territorios de las actividades ilegales. Es decir, no tienen un enemigo claramente identificado. “El esquema es más complejo, el enemigo no es tan fácil de identificar y necesitas una presencia más fuerte del Estado para combatirlo. Son mafias enquistadas en actividades ilegales que forman parte de una cadena de corrupción”, agrega Baldovino. Efectivamente, Marina Comandulli, de Global Witness, menciona que en Colombia, los crímenes están relacionados con las dinámicas de los grupos paramilitares, que desde hace mucho tiempo mantienen dominados determinados territorios. Lamentablemente, este panorama de violencia se repite en otros países del bioma amazónico como Brasil y Venezuela.
En Guatemala, Nicaragua y Honduras, que también figuran en la lista de los países más peligrosos para los defensores ambientales, los crímenes contra líderes indígenas apuntan sobre todo al avance de las empresas dedicadas a las actividades extractivas y a la ilegalidad que se instala en sus tierras.
“A mí me han llamado para amenazarme, que debía de retirarme de un sitio donde estuve porque me iban a asesinar. Después calculé que era solo intimidación para que no nos resistamos, para que no digamos nada. Aquí ha habido muchos asesinatos, por ejemplo, en el pueblo Tolupán, cada rato caen líderes, también en el pueblo Chortí y en el pueblo Garífuna”, dice Donaldo Allen, presidente de la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH), que agrupa a nueve pueblos indígenas y afrodescendientes de Honduras, país centroamericano donde asesinaron a 28 indígenas entre 2012 y 2020, según Global Witness.
A mi, en mi pueblo, me vienen amenazando por oponerme a la minería. Me dicen: ‘¿Qué vas a hacer cuando lleguen y te vuelen la cabeza con dinamita? A ver si vas a seguir resistiendo'», Ruth Allipaz, coordinadora general Contiocap.
Allen vive en La Mosquitia, un territorio con una enorme biodiversidad, que se ha convertido en un botín para los acaparadores de tierras que buscan explotar sus recursos. En esas mismas tierras se han identificado corredores para el narcotráfico, pistas clandestinas y laboratorios para el procesamiento de drogas. “Tenemos el caso de Berta Cáceres, en Honduras. Después de ella siguieron casi como 10 o 15 hermanos que han desaparecido y han sido asesinados y no solamente de los pueblos indígenas, sino también los hermanos garífunas negros de Honduras. Las dinámicas de violación a los derechos de los pueblos indígenas son diarias y sistemáticas”, dice Allen.
Y el panorama podría empeorar, añade Chris Van Dam, coordinador del Componente de Comunidades de Forest Trends. El experto explica que estas situaciones de violencia entre las industrias extractivas, los madereros, las mineras, las empresas de hidrocarburos y los pueblos indígenas “se va acrecentar por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que ya ha llevado a una situación de incremento exponencial de los precios de los hidrocarburos y de los alimentos (…). Se debe pensar, por lo tanto, que las empresas van a querer avanzar sobre los bosques que detentan los pueblos indígenas”.
Territorios indígenas en disputa
“Los problemas más grandes son las invasiones territoriales”, dice la lideresa peruana Teresita Antazú, sobre otras de las amenazas que actualmente agobian a la Amazonía de este país. Lo mismo opina Aida Quilcué, de Colombia, quien ha sido testigo de los constantes desplazamientos forzados que ocurren en los territorios indígenas de ese país provocados durante los múltiples escenarios de guerra y violencia en el país.
Consignas de los pueblos originarios en exigencia de liberación a los presos políticos y contra la minería y el saqueo del agua. Foto: Astrid Arellano
“Como pueblos originarios, lo único que tenemos del gobierno es desprecio, quieren desaparecernos porque les estorbamos, porque aún tenemos grandes cantidades de territorio y esa identidad y cosmovisión que tenemos con relación a la naturaleza”, dice Miguel López, dirigente nahua desde México. El líder hondureño Donaldo Allen González también habla del deterioro y acaparamiento ilegal de las tierras que históricamente han vivido los pueblos indígenas de este país centroamericano.
Un estudio realizado por la Coalición Iniciativa para los Derechos y los Recursos (Rights and Resources Initiative – RRI) indica que, entre el 2017 y 2021, se registraron 2109 casos de comunidades afectadas por las industrias extractivas y actividades asociadas en cinco de los países que hemos investigado: Perú, Colombia, México, Guatemala y Honduras.
La mayoría de ellos, al menos 791, corresponde a conflictos con la minería. Colombia con 465 casos es el país que más comunidades afectadas registra por esta actividad, seguido por Perú con 251, Guatemala con 45 y Honduras con 30.
“Han metido a la cárcel a gente defendiendo sus territorios, principalmente, de la minería. En Bolivia es el sector más poderoso… Todo tienen los mineros y son los que están engulléndose los ríos, las montañas, mi pueblo está concesionado”, añade la lideresa indígena Ruth Alipaz.
El mismo escenario se repite en Venezuela. Eligio DaCosta es presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA) y vive en la comunidad de Guarinuma, en el Estado de Amazonas. El líder baniva menciona los impactos de la minería ilegal en su país. “Tenemos 182 mil kilómetros cuadrados de selva amazónica y focos de minería en diversos territorios”, precisa.
DaCosta recuerda con claridad lo que sucedió en Guarinuma. “Fuimos víctimas de la minería ilegal de oro en nuestro río: fueron casi tres años”, dice el líder indígena baniva sobre el impacto que significó esta actividad para el río Atabapo, que pasa por su comunidad hasta llegar al río Orinoco. Guarinuma se ubica cerca de la frontera con Colombia y para enfrentar a los mineros se unieron quienes viven en ambos lados de la frontera. Así sostiene que destruyeron las balsas y lograron sacar a los mineros.
A las presiones de la minería sobre los territorios indígenas hay que añadir las obras de infraestructura como carreteras, hidroeléctricas y ferrocarriles. La cantidad de conflictos por estas construcciones, según RRI, suma 585 en los cinco países. La lista la lidera Perú con 457, le sigue México con 77 y Honduras con 51 comunidades afectadas.
Laura Hernández, coordinadora de la región México del Enlace Continental de las Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA), se refiere a la construcción del Tren Maya como ejemplo de lo que ocurre cuando llega una obra de infraestructura en territorios indígenas. “El Tren Maya forma parte de un proyecto más grande que es un corredor interoceánico. Y cuando llega este proyecto empieza la destrucción de la flora y fauna y de los territorios indígenas, de zonas arqueológicas y de zonas espirituales”.
Dirigentes del Pueblos Shuar Arutam (PSHA) en la marcha en contra de la minería en Morona Santiago, Ecuador. Foto: Lluvia Comunicaciones
Hernández también menciona que la instalación de estas obras genera desertificación del suelo y sequía de lagos y ríos. Y en el caso de los pueblos indígenas, precisa la coordinadora del ECMIA, les cambia la vida comunitaria.
A las presiones en el territorio por la minería y los proyectos de infraestructura, hay que sumar también la exploración y explotación de petróleo. La lideresa ecuatoriana Patricia Gualinga recuerda cómo su pueblo tuvo que enfrentarse a la petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC), cuando en 2002 ingresó a la comunidad de Sarayaku, en la provincia de Pastaza, ubicada en la Amazonía del Ecuador, para iniciar trabajos de exploración. Tras varios años de demandas, en 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un fallo en favor del pueblo Sarayaku. Sin embargo, señala Gualinga, las prácticas de las actividades extractivas no han cambiado.
“Hemos tenido todas las semanas derrames de petróleo en el nororiente, que están afectando las cuencas hídricas del río Amazonas; por ejemplo, el río Napo, un afluente del Amazonas, está bien contaminado”, señala la lideresa indígena.
El impacto ambiental de la industria petrolera es también una constante en toda la Amazonía. Según la lista de RRI, entre 2017 y 2021 hubo 158 comunidades afectadas por hidrocarburos en estos cinco países. Perú lidera el ranking con 131 comunidades afectadas y le sigue Colombia con 27.
Según el especial Manchados por el Petróleo, de Mongabay Latam, existen por lo menos 282 procesos sancionadores contra 72 petroleras de Perú y Colombia, y, por lo menos, la mitad de ellas ha sido multada por un monto total que supera los 55 millones de dólares.
Un análisis geoespacial realizado también para este informe determinó que 1647 territorios indígenas están afectados por la superposición de lotes petroleros en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. “Los territorios indígenas garantizan agua, alimento, aire puro y, si se destruyen, se está jugando con la desaparición de los seres humanos en el planeta también”, dice José Gregorio Díaz Mirabal, quien desde hace casi cuatro años está al frente de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), organización que representa a los nueve países del bioma Amazónico.
Díaz Mirabal lamenta que los bosques del planeta estén desapareciendo a un ritmo muy alarmante y en la Amazonía mucho más rápido. “Ahora estamos en un punto de no retorno y no hay opción, defendemos nuestro territorio o desaparecemos”.
Un lento proceso de titulación
Aunque todos los países investigados para este especial reconocen a sus pueblos indígenas en sus Constituciones, la seguridad jurídica de esos territorios continúa siendo un enorme problema. De igual forma, si bien en todos los casos los Estados se han adscrito al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, esto no les ha asegurado el respeto total de sus derechos.
Líderes y lideresas indígenas peruanos piden al gobierno que se atienda sus demandas de titulación. Foto: IRI Perú.
Para el coordinador de la COICA, José Díaz Mirabal, la falta de titulación de los territorios indígenas es uno de sus principales problemas, ya que la falta de este reconocimiento legal ha generado conflictos y disputas sobre sus tierras. Desde hace 15 años, señala Díaz Mirabal, los pueblos indígenas están solicitando la titulación de 100 millones de hectáreas en la Amazonía. “Si eso se hace antes del 2025 hay esperanza. Pero no hay titulación porque los han vendido [los territorios] a las empresas mineras y petroleras. Si la situación sigue como hoy, no habrá respuestas a las crisis climática, económica, social, jurídica y moral”, agrega.
La situación del saneamiento de los territorios indígenas es diferente en cada país, pero en general, las demoras y postergaciones para reconocer los derechos territoriales están afectando a los pueblos indígenas de todo el continente. En la Amazonía, el proceso de titulación empezó en la década de 1970, menciona Chris Van Dam, de Forest Trends, pero luego llega un momento “en que los intereses económicos se dan cuenta que esos territorios no son espacios vacíos ni pobres, sino que por el contrario, son territorios con muchísimos recursos tanto en el suelo como en el subsuelo”.
En el Perú, la titulación de territorios es una de las principales demandas de los pueblos indígenas. Según el especial Comunidades en resistencia, publicado por Mongabay Latam, una comunidad como Unipacuyacu, puede esperar por su reconocimiento más de treinta años. En total, 694 comunidades siguen esperando por la titulación y 647 ni siquiera han sido reconocidas en cinco regiones de la Amazonía peruana.
“Nunca ha habido voluntad del gobierno colombiano”, dice Quilcué sobre el proceso de titulación en su país. “Hemos avanzado en la medida en que hemos exigido y, lógicamente, nos falta mucho todavía”. Miguel Vargas, director ejecutivo del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis) de Bolivia, comenta que en su país el avance de la titulación de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) se dio hasta el año 2010, sin embargo, a partir de esa fecha “el porcentaje de TCO tituladas es mínimo y hay más bien un retroceso en materia de reconocimiento a las tierras indígenas”.
Patricia Gualinga cuenta que el título de la comunidad Sarayaku, en Ecuador, lo obtuvieron luego de “hacer grandes marchas” y que después han logrado titular gran parte de los territorios de los pueblos indígenas. “Posiblemente, ese es como un paraguas que nos permite defendernos”.
La comunidad nativa de Unipacuyacu lleva casi tres décadas esperando su titulación. Foto: Christian Ugarte.
La situación en México y Guatemala es bastante compleja porque no contemplan la figura de la propiedad para los pueblos originarios. “No está reconocido el derecho al territorio, pero los pueblos saben cuál es su territorio y lo defienden amparados en el derecho internacional que México se ha comprometido a respetar”, comenta Francisco López, investigador del Colegio de San Luis y miembro del pueblo mixteco.
López señala que existen casos en los que el reconocimiento ha llegado a través de los tribunales, como ocurrió en la comunidad de Huetosachi, del pueblo rarámuri, en el estado de Chihuahua. En el 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que la comunidad indígena era la legítima propietaria de un predio que reclamaba una sociedad mercantil en el Municipio de Urique.
Laura Hernández, de ECMIA, explica que en México existen ejidos o tierras comunales que, en algunos casos, pertenecen a comunidades campesinas o comunidades indígenas. Y explica que en 1992 hubo una reforma “para facilitar la privatización de estas tierras, precisamente para el desarrollo de proyectos de infraestructura”.
Miguel López Vega, concejal del Concejo Indígena de Gobierno. Foto: Astrid Arellano.
En Guatemala la situación es similar. “No se reconoce la gobernanza o la administración que hacen los pueblos indígenas en sus territorios, no hay una legalidad que permita decir que somos propietarios”, aclara Dolores de Jesús Cabnal, presidenta de la Mesa Indígena de Cambio Climático.
“Vemos cambios de gobiernos, pero no vemos cambios en cuanto a las políticas para los pueblos indígenas. ¿Por qué tanto ataque? El meollo es por la tenencia de la tierra. Lo que buscan todos los gobiernos es cómo explotar la tierra. Entonces, para ellos, somos un tropiezo los pueblos indígenas”, dice Jesús Amadeo Martínez, líder indígena de El Salvador, actual coordinador general del Foro Indígena de Abya Yala y consejero mayor del Consejo Indígena de Centro América (CICA), organización que agrupa organizaciones de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y México.
Ante esta serie de problemas y amenazas, los pueblos indígenas han buscado tener una mayor y mejor representación en espacios políticos nacionales y supranacionales.
Pueblos indígenas en la escena global
“Hemos tratado de asumir con responsabilidad la vocería internacional y también hemos tenido un impacto global porque, al unirnos con Asia, África, Centroamérica y los pueblos con esas organizaciones, hemos logrado sentar a algunos gobiernos de Europa y sentarnos con nuestros gobiernos en Europa. Es increíble: no podemos hablar aquí en Sudamérica, pero tenemos que hablar con ellos en esas conferencias mundiales”, dice Diaz Mirabal, coordinador de Coica, sobre la mayor representación política que están teniendo los pueblos indígenas en la escena global.
José Gregorio Díaz Mirabal, coordinador de Coica, celebra aprobación de propuesta para la protección del 80 % de la Amazonía. Foto: IISD / ENB / UICN.
Silvana Baldovino, de la SPDA, considera que el liderazgo indígena se hizo más visible desde su presencia en las cumbres internacionales. Baldovino recuerda que en el Congreso de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) de Honolulu, en Hawai, por primera vez se incorporó como miembro a los pueblos indígenas. Lo mismo pasó en la Conferencia Internacional sobre Cambio Climático COP 20, en Perú, en el año 2014 —menciona Baldovino— cuando por primera vez en la historia de las cumbres climáticas estuvieron representados.
Pero la presencia de los pueblos indígenas en los encuentros internacionales ha ido más allá, pues han logrado tener voz y voto en los acuerdos que los involucran. En el último Congreso Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), realizado en Marsella, Francia, se aprobó un acuerdo que apunta a proteger el 80 % de la Amazonía para el 2025, una propuesta que proviene de las bases de la Coica.
También en la COP 26, realizada en Glasgow, Escocia, uno de los compromisos más importantes, respaldado por 141 países, fue detener y revertir la pérdida de bosques y la degradación de la tierra para 2030. Para este fin se han destinado 18 mil millones de dólares en fondos, incluyendo 1.7 mil millones de dólares dedicados a apoyar a los pueblos indígenas.
“De América Latina somos siete regiones de pueblos indígenas que hemos ido a la COP y cuando tenemos que negociar estas propuestas globales, las negociamos de manera colectiva. Lo que queremos y estamos haciendo es asegurar que los representantes indígenas tengamos la oportunidad de presentar propuestas grandes y luego trabajar en cada uno de los países de la región”, comenta Dolores de Jesús Cabnal, coordinadora de la Mesa Indígena de Cambio Climático, en Guatemala.
Para los representantes indígenas no solo basta ser más visibles en la agenda mundial. Una de sus principales preocupaciones es cómo tener mayor y mejor discrecionalidad para la administración de fondos destinados a sus comunidades. “En Glasgow se hicieron muchos anuncios. Ya han pasado casi cinco meses, vamos por seis meses, y ese anuncio de 1.7 billones de dólares para la lucha contra el cambio climático y que también apoya los pueblos indígenas, en este momento, todavía no tiene un mecanismo sobre cómo esos recursos bajarán a los pueblos”.
Según un estudio de Rainforest Norway, menos del 1 % de los fondos climáticos llegaban a los pueblos indígenas. “Hay muchas razones para ello, pero una de las principales es esa desconfianza que tienen gobiernos y donantes de la capacidad que pueden tener las organizaciones indígenas para usar eficiente y eficazmente esos fondos”, indica Chris Van Dam de Forest Trends.
Marcha del Clima en Glasgow, Escocia, en el marco de la COP26. Foto: COICA
Van Dam señala que se está trabajando con las organizaciones indígenas regionales en la creación de un mecanismo que les permita manejar directamente los fondos climáticos. “A fines del 2025 se debe tener un mecanismo totalmente orientado por las organizaciones indígenas para manejar estos fondos”.
Diaz Mirabal confía en que las organizaciones indígenas podrán alcanzar sus objetivos. “Tenemos voz, tenemos derecho, eso es cierto; pero se ha logrado con mucho dolor, con mucho sacrificio, con muchas pérdidas. No ha sido regalado. Pero eso no es suficiente todavía, necesitamos que nuestros derechos se implementen realmente, que se materialicen en acciones. Todas las organizaciones que están en los países defendiendo derechos, son necesarias, son clave para la vida de los pueblos indígenas”.
Así como la dirigencia indígena ha alcanzado una mayor representación en escenarios internacionales, también se ha ido poco a poco diversificando. La aparición de nuevas y potentes voces de liderazgo femenino es también un logro en la organización indígena.
El liderazgo de las mujeres indígenas
“Se ha trabajado para que siempre quien figure sea la figura masculina, el presidente. Ahora ya está de moda que haya vicepresidentas, porque hemos subido un poco de categoría (…). Nosotras en algún momento dijimos que no; tenemos que hablar las mujeres, tenemos que ejercer vocería, tenemos que tener visibilidad”, dice Patricia Gualinga, lideresa indígena kichwa de la comunidad nativa Sarayaku.
Patricia Gualinga, lideresa del pueblo Sarayaku en Ecuador. Foto: Cortesía Patricia Gualinga.
Gualinga se refiere a la agrupación Mujeres Amazónicas, un colectivo en Ecuador integrado por más de 100 mujeres organizadas para defender sus territorios y fortalecer sus conocimientos, además de conservar su cultura y reafirmar su compromiso como defensoras de la Madre Tierra. “Nosotras tenemos nuestra propia forma de organizarnos, de protestar, de sanarnos, pero sobre todo tenemos una estructura plana donde todas pueden hablar, todas pueden dirigirse, todas son lideresas”.
Este año, el informe El Mundo Indígena 2022, que acaba de ser publicado por la organización IWGIA está dedicado a las mujeres. El estudio indica que la discriminación, marginación y exclusión de la que son objeto los pueblos indígenas, se expresa, en gran medida, como violencia contra las mujeres. Según el documento, ellas son víctimas de violación por parte de colonos, militares, policías, trabajadores extranjeros o turistas, agresiones que no suelen denunciar y que por lo tanto no están registradas. “De hecho, las mujeres y las niñas indígenas tienen muchas más probabilidades de ser víctimas de diferentes formas de violencia sexual”, precisa el informe.
Teresita Antazú, lideresa yanesha del Perú. Foto: COICA
En el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas del 2021 se discutió también cómo la pandemia había agravado las numerosas desigualdades preexistentes, en especial, el de las mujeres y niñas indígenas.
Desde México, Laura Hernández menciona que en los últimos años ha crecido el liderazgo femenino pero que aún falta avanzar. “Para que una mujer indígena pueda ser diputada o senadora en sus países implica una lucha, porque se necesita de toda la fuerza y de todo el empuje no solamente de otras mujeres, sino también de los propios compañeros y de sus propias organizaciones y de sus propias comunidades. Cuando avanza una mujer, avanzan también los pueblos”.
Para Fany Kuiru, de la OPIAC de Colombia, el liderazgo de las mujeres siempre ha estado presente, pero ha sido ignorado y poco visibilizado. “En la cuenca amazónica veo el liderazgo muy fuerte de las mujeres del Brasil con todas esas marchas que están haciendo para defender la Amazonía frente a la deforestación, a los incendios forestales y a la política de [Jair] Bolsonaro”.
Dolores Cabnal, lideresa indígena de Guatemala. Foto: Cortesía Dolores Cabnal
En Chile, de los 17 escaños reservados para los pueblos indígenas en la Convención Constitucional, nueve han sido ocupados por mujeres. Y una mujer indígena, Elisa Loncon, lideresa mapuche, fue elegida presidenta de la Convención Constitucional que tiene como misión redactar la nueva constitución.
Las seis mujeres indígenas entrevistadas para este especial contaron lo que significa ser lideresas para sus comunidades, de cómo han tenido que ir avanzando para ocupar espacios en igualdad de condiciones que los hombres y de la discriminación que han tenido que enfrentar cuando empezaron a asumir su liderazgo.
Para Ruth Alipaz, de Contiocap, son las mujeres las que sostienen la defensa del territorio. “Lo vivimos en las marchas y las vigilias. Éramos nosotras gestionando la comida, lo poco que uno lleva lo entrega a las mujeres que son las que administran y hacen que se estire como chicle y alcance para todos”, sostiene.
Ruth Alipaz Cuqui, lideresa indígena de Bolivia. Foto: Flor Ruíz
“Nos dicen que somos lideresas porque hablamos, porque decimos las cosas como son y no nos callamos… ¿Qué significa eso? Significa que te vean mal, significa que, muchas veces, te marginen. Significa que se burlen de ti. Significa que, en algún momento, traten de destruirte, que te hagan sentir insegura. Pero también significa que puedes avanzar y hacer que otra gente pierda el miedo… Eso es ser lideresa indígena”, dice Patricia Gualinga, de Ecuador.
Alrededor de 400 niñas y niños se preparan en las comunidades indígenas del Cauca, en el suroeste de Colombia, para ser los nuevos defensores del territorio y del medio ambiente.
Diez niñas y niños están formados, uno junto al otro, con la mitad del rostro cubierto por un pañuelo verde y rojo. Entre sus manos, sostienen un pequeño bastón de madera con listones de colores, que simboliza fuerza y autonomía. Tienen seis años de vida y, minutos atrás, rindieron protesta como cabildo escolar y niños guardias. A ellas y ellos, les llaman semillas de identidad y son la nueva generación de defensores del territorio.
Su escuela no tiene paredes porque es el bosque. En cada uno de los 11 pueblos indígenas del departamento del Cauca —Nasa, Yanacona, Kokonuko, Inga, Eperara Siapidara, Misak, Kishu, Ampiuilʘ, Totoroéz, Polindaras y Embera—, en el suroeste de Colombia, las niñas y los niños aprenden sobre defensa del territorio, cuidado del medio ambiente y derechos de los pueblos, para hacer frente a un contexto de violencia que afecta a la población entera.
“Son alrededor de 400 niños que trabajan con programas que intentan alejarlos de esos escenarios que afectan de forma bárbara en los territorios indígenas”, explica Edwin Mauricio Capaz, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). “Intentamos sacarlos del narco, de la violencia armada y de las violencias alrededor de la familia, motivadas también por la cultura del narco”, dice.
Semillas de autoridad de Tandachiriduwasi, resguardo Santa Marta media, Bota Caucana. Encuentro pedagógico 2021. Foto: PEBI-CRIC
Estas escuelas de niños guardias se formaron hace unos ocho años y su defensa no tiene nada que ver con las armas. “Los temas son el respeto a la estructura organizativa, la identidad y el servicio comunitario; reciclaje, cuidado y protección de la naturaleza, conocimiento del territorio y los escenarios de formación son las montañas, los ríos y ojos de agua: intentamos que tengan conocimiento y se apropien de lo que es de ellos y de todos”, agrega el consejero mayor.
El CRIC, a través del Programa de Educación Bilingüe Intercultural (PEBI), teje una política de educación propia con modelos no escolarizados, fuera de las instituciones gubernamentales colombianas y es orientada por maestros y maestras de las comunidades. Los temarios de las Semillas de Identidad, Autoridad y Defensa Territorial son construidos en colaboración con los mismos estudiantes, quienes tienen la libertad de proponer y participar en las formas y metodologías de aprendizaje. Los estudiantes, en su mayoría, inician su formación en edad preescolar.
Semillas de identidad, autoridad y defensa territorial en el séptimo encuentro en Toéz Caloto, 2021. Foto: PEBI-CRIC.
Pero se enfrentan a un enorme lío: la falta de recursos, dice Capaz. “Como estos escenarios no son institucionalizados y responden a las metodologías, dinámicas, estructuras y tiempos propios de las comunidades —no al pizarrón ni al ABC de un currículum académico establecido por la educación externa—, no están financiadas. Son los esfuerzos organizativos de las personas y los niños que, de alguna forma, se apoyan para poder sobrevivir. Por eso no ha sido fácil: pudiéramos salvar a muchos más niños con un nivel de apoyo distinto”, explica.
La violencia que alcanzó a la niñez
La violencia en la región del Cauca ha permeado en todos los rincones y ha golpeado duro a todas las personas, sin importar la edad. La muestra está en el caso de Breiner David Cucuñame, uno de los niños guardias que formó parte de estas escuelas en el resguardo de Las Delicias, en el municipio de Buenos Aires. En enero de 2022, a sus 14 años, fue asesinado por un grupo armado, con tres disparos en el tórax.
Su muerte ocurrió cuando acompañaba a su padre, después de su jornada laboral, y los agresores —quienes fueron señalados por las autoridades tradicionales del Cauca como integrantes de la columna móvil Jaime Martínez de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc)—, habían sido abordados por los indígenas de Las Delicias para que abandonaran el territorio. Después de negarse, los hombres armados comenzaron a disparar indiscriminadamente.
Breiner David Cucuñame recibió tres impactos de bala que acabaron con su vida. Foto: Parques Nacionales Naturales de Colombia.
En ese hecho, además de Breiner David Cucuñame, fueron asesinados José Albeiro Camayo, excoordinador regional de CRIC y Guillermo Chicame, excoordinador de la guardia indígena. Esto consternó a los pueblos que se han movilizado en exigencia de justicia.
“Desafortunadamente, cuidar del territorio en el departamento del Cauca se ha convertido en una actividad sumamente peligrosa para todos”, afirma Edwin Capaz. “Lo es en medida que existen intereses poderosos alrededor de que no haya estructuras organizativas y que, si existen, sean cooptadas”.
Indígenas del norte del Cauca en el sepelio de dos de tres de sus guardias, entre ellos, Breiner David Cucuñame de 14 años. Foto: ACIN Cauca.
Joe Nilson, consejero representante legal del pueblo Kokonuko, sostiene que, frente a la violencia en los territorios indígenas, los semilleros de identidad son la esperanza y oportunidad de sembrar a los futuros orientadores de los procesos de paz y autonomía en sus comunidades. Es decir, son el relevo generacional en formación desde temprana edad.
“Son una garantía, para nosotros, de la pervivencia en los territorios, forjando planes de vida”, dice Nilson. “Pero, para que realmente la situación cambie, necesitamos la voluntad política del gobierno en los procesos sociales de los Acuerdos de Paz: se ha recrudecido este conflicto en Colombia, sobre todo, en el departamento del Cauca. Las muertes son fallas del proceso estructural, por no cumplir lo acordado entre las partes”.
Niños guardias y autoridades escolares del resguardo indígena de Poblazón, municipio de Popayán. Sede educativa El imperio, 2012. Foto: PEBI-CRIC.
Educación para la resistencia
Arcadio Aguilar, dinamizador del proceso de formación de la educación propia de las Semillas de Identidad, Autoridad y Defensa Territorial, explica que la función del Cabildo Escolar es mantener el equilibrio y la armonía en su entorno educativo —también dentro de las escuelas de educación básica existentes en el Cauca—, con una visión comunitaria y bajo el ejemplo del Cabildo de mayores en las comunidades.
La Guardia Estudiantil, por su parte, se conforma por niñas y niños que pueden formarse como comuneros guardianes de la vida y la cultura de los territorios indígenas.
Orientación de las Semillas de autoridad en el resguardo de Kokonuko, 2020. Foto: PEBI-CRIC.
“La dinámica de un cabildo escolar y una guardia es que, en ese pequeño territorio donde existe el ejercicio de autonomía, existan también el cuidado y la protección de sus compañeros, y se resuelvan problemáticas dentro de ese territorio que se llama escuela”, explica el formador.
Así, las niñas y los niños que integran estas estructuras, se encargan de coordinar desde lo más básico para la convivencia: el aseo, el paso al comedor, la participación en actividades lúdicas o deportivas, el cuidado de los más pequeños.
Niños guardias en el séptimo encuentro de Semillas de identidad, autoridad y defensa territorial en Toéz Caloto, Cauca. Foto: PEBI-CRIC.
“Los niños nacen con ese ejercicio de cuidado y protección, esa es la esencia: defender la vida como tal, desde la más pequeña, animal y humana. También defender el territorio y la cultura, la lengua materna, las costumbres, la alimentación”, agrega.
A futuro, la intención es que las niñas y niños continúen su formación educativa y política en los siguientes niveles de educación propia, que incluyen el programa para jóvenes y la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, con acceso a la capacitación en áreas como la pedagogía comunitaria, lenguas originarias, derecho, salud y comunicación propias e interculturales, así como revitalización de la Madre Tierra y pedagogía de las artes ancestrales.
Semillas de identidad, autoridad y defensa territorial de la zona Tandachiriduwasi, Bota Caucana. Estudiantes de la sede Santa Marta, 2019. Foto: PEBI-CRIC
Las niñas y los niños son pensados como semillas de identidad y de vida porque, su corta edad, es el mejor escenario para inculcar los valores culturales de los pueblos indígenas, agrega Edwin Mauricio Capaz, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
“Se trata de poder incidir en las generaciones en las que el corazón y los sentimientos son armónicos”, concluye. “Desde ahí se construyen los escenarios que tenemos vacíos y que vamos fortaleciendo junto a los niños y los mayores que aún creen y luchan por los territorios en paz. Buscamos sacar a los niños de los escenarios de vulnerabilidad: queremos quitarles niños y niñas a las economías poderosas, quitarles niños a las violencias. Quitarle niños a la guerra es clave”.
Imagen principal: Guardia indígena escolar y cabildo kokonuko, en el Cauca, Colombia. Foto: PEBI-CRIC
El territorio comunitario Punta Querandí, ubicado en Dique Luján, provincia de Buenos Aires (Argentina), resistió los embates provenientes de la expansión de las megaurbanizaciones en forma de barrios cerrados, que arrasan la biodiversidad y los espacios sagrados. Hoy en la Unión de Pueblos Originarios de Tigre y Escobar, identidades guaraníes, qom, collas, moqoit y otras luchan por el reconocimiento de sus comunidades y costumbres.
Agustina Ramos /Agenda Propia
A las cuatro de la mañana, Reinaldo Roa se levanta de su colchón hecho de pasto y hierbas medicinales y enciende un fuego para calentar una pava grande de hierro y tomar el primer mate del día. Luego, camina. Se dirige al Mborevi Rape (del guaraní, “camino del Tapir”) y al Camino del Yaguareté, dos recorridos por el territorio comunitario Punta Querandí que trazó con sus propias manos. Cada vez que puede cuida estos caminos tirando las malezas y hablándole a las plantas, una costumbre que adquirió en la selva amazónica -donde nació- y busca preservar. Luego se dirige al “Opy” -templo en guaraní- para escuchar las voces de los seres superiores.
Reinaldo pertenece al pueblo guaraní, ubicado históricamente en el nordeste y noroeste argentinos, la provincia de Buenos Aires, el sudeste de Bolivia, el sudoeste de Brasil y el norte de Uruguay. Este es uno de los pueblos que, junto a kollas, qom y criolles, habitan Punta Querandí, un territorio comunitario conformado por 10 familias y emplazado en la localidad de Dique Luján, del partido de Tigre, al límite con el municipio de Escobar, en la provincia de Buenos Aires, Argentina.
“Convocados por los espíritus de los ancestros y la naturaleza”, Punta Querandí comenzó a constituirse en 2004 tras el descubrimiento de restos arqueológicos de comunidades originarias y la destrucción del cementerio indígena “Sitio Garín” en 2000 por la construcción del barrio cerrado o country Santa Catalina, de la empresa desarrolladora Eidico. Desde entonces, la comunidad Punta Querandí resistió a la expansión de las megaurbanizaciones que arrasan los territorios sagrados y modifican los humedales trayendo efectos nocivos en la biodiversidad y obtuvo grandes victorias. Sin embargo, su lucha continúa con la conformación de la Unión de Pueblos Originarios de Tigre y Escobar y los reclamos por el reconocimiento de las actividades y los territorios que habitan las comunidades que la conforman.
El tercer domingo de octubre de este año, Reinaldo tiene las uñas manchadas de color marrón porque olvidó usar guantes cuando en la semana le tiñó el pelo a una mujer. Desde 1972, el integrante del Consejo de Ancianos de Punta Querandí es peluquero. Hizo parte de la Unión de Peinadores de la República Argentina (UPA) y participó en torneos en el Hotel Bauen y el Sheraton, entre otros. Llegó a ganar trece trofeos: hace unos años los tiró a todos porque su percepción sobre la vida dio un vuelco.
“Yo desde 2013 que estoy acá, nunca falté. Mi creador me dejó para defender esto”, explica Reinaldo a un grupo de personas que forman un círculo sentadas en el pasto de Punta Querandí. Ese día, viste una camisa manga corta de colores claros sobre una remera violeta y un pantalón de gaucho sujetado por un cinturón de colores confeccionado por él, mientras cruza su frente y cabellera larga blanca una vincha. “Más largo tenés el pelo, mayor es la extensión del pensamiento”, dice Roa, mientras combina la sobriedad con la risa de forma constante porque “el guaraní siempre ríe”, aclara.
El Opy es un lugar sagrado guaraní que en Punta Querandí se construyó con barro y con un techo de Kapi’iñarõ o “la paja brava”, el cual Reinaldo aprendió a tejer a los ocho años mientras ayudaba a su padre.
Foto: María Rocco.
Les integrantes de la comunidad viven en localidades cercanas a Punta Querandí. Una vez a la semana, un grupo que varía entre una y tres personas mantiene y protege el lugar para hacer guardias, mientras que los domingos se reúnen todes para compartir las labores. Así, desarrollan una huerta agroecológica, cuidan y alimentan a las gallinas que corren por el lugar, cargan el agua que llega desde el municipio, cortan el pasto y quitan las malezas, mientras continúan construyendo los espacios sociales al servicio de sus gentes. Actualmente en el territorio hay dos salones, una cocina, el Museo Autónomo de Gestión Indígena, un vivero, una huerta, la maloka o vivienda ancestral comunitaria, el Opy y la Apacheta, un terreno para las gallinas y un taller en construcción.
En Punta Querandí levantaron sus propios espacios ceremoniales conforme a las culturas que lo habitan. Por un lado está la Apacheta, un altar de tradición andina elaborado con piedras que forman una torre como ofrenda a la Pachamama o las deidades del lugar, y por el otro, el Opy, que es el lugar sagrado para la cultura guaraní, de barro y paja. En ellos se realizan ceremonias durante distintos momentos del año como el Inti Raymi (junio), las ofrendas a la Pachamama (agosto), Ara Pyhau (septiembre), Aya Markay Quilla (noviembre) y Nemomgarai (enero). En el Opy se hacen las celebraciones de septiembre, con el inicio de la siembra, y en enero, cuando se cosecha lo sembrado. Se festeja con una comida compartida y también se realizan las ceremonias de casamiento de integrantes de la comunidad y de asignación de nombres a les niñes entre 5 y 6 años según su carácter: “Si tiene caracter fuerte decimos que tiene alma de yaguareté; si es bondadoso, tiene el alma del colibrí o de la mariposa; y si es inquieto, molesto, alma de mono”, explica Reinaldo. También dice que el Opy “se abre solamente cuando se hace la ceremonia o cuando uno está muy mal y quiere conectarse con nuestro Creador”. En 2017 lograron terminar su construcción, luego de haber sufrido dos atentados anteriormente que lo destruyeron en ambas oportunidades. Si bien desde la comunidad apuntan a Eidico como autor del hecho, esta responsabilidad no se investigó hasta el momento.
“Nuestra cultura es muy diferente a la cultura impuesta”, dice Reinaldo. Desde el suelo, con los músculos desprovistos de tensión y una mirada hacia un lugar indefinido que por momentos se posa sobre los ojos de quienes lo observan con detenimiento, continúa: “Es respeto, es no destruir; no matar por matar, ni cortar por cortar. Hablar con el árbol, dar las gracias. Todo lo que hay cumple una función. El árbol da sombra, oxígeno, frutos, te sostiene la tierra. Pero está la cultura de la muerte. Está la cultura que avanza en el campo tecnológico y nosotros, que avanzamos en la parte menos visible: defender la naturaleza”.
Los embates territoriales
En Argentina, El Estado Nacional de Argentina tiene 34 pueblos inscritos en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I): Atacama, Chané, Charrúa, Chorote, Chulupí, Comechingón, Diaguita, Guaraní, Guaycurú, Huarpe, Iogys, Kolla, Kolla Atacameño, Lule, Lule Vilela, Mapuche, Mapuche Tehuelche, Mocoví, Mbya Guaraní, Ocloya, Omaguaca, Pilagá, Quechua, Ranquel, Sanavirón, Selk’Nam (Ona), Tapiete, Tastil, Tehuelche, Tilián, Qom, Tonokoté, Vilela, Wichí. Además, 1.653 Comunidades Indígenas fueron identificadas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), entre las cuales 1.456 registraron su personería jurídica en el Re.Na.C.I. o en los Registros Provinciales.
Si bien en el país existe la Ley Nacional 26.160 de relevamiento territorial de comunidades indígenas, esta fue aprobada en 2006 para dar respuesta a la situación de emergencia territorial de estos grupos humanos. Por lo tanto fue sancionada por un plazo limitado de cuatro años y luego prorrogada en cuatro oportunidades (2009, 2013, 2017 y recientemente a partir del Decreto 805 en 2021). La ley declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias del país y, fundamentalmente, suspende los desalojo de comunidades indígenas inscriptas en el Re.Na.C.I hasta que se realice un relevamiento territorial. “Más que una prórroga dentro de cuatro años, es necesaria una ley permanente ya que las comunidades están esperando ser reconocidas y visibilizadas para salir a la luz”, afirma el antropólogo egresado de la Universidad de La Plata, Fernando Pepe.
Distribución geográfica de los pueblos originarios, según comunidades inscriptas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. Imagen: Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
Para llegar a Punta Querandí a pie, transporte público o auto es necesario hacerlo desde la calle de tierra llamada Brasil y atravesar en un bote precario el arroyo Garín. Esto se debe a que en 2015 se cayó un puente que conectaba las superficies de tierra y a que el barrio cerrado San Benito -construido por la desarrolladora Eidico y llamado así en homenaje al Papa Benedicto XVI- ocupa un acceso vehicular que permitiría el ingreso al territorio, pero que hoy se ve restringido.
Sobre este bloqueo de acceso público a la comunidad Punta Querandí, desde el gobierno del municipio de Escobar, cuyo intendente es Ariel Sujarchuk, informaron a este medio que el municipio se encuentra tomando acciones legales contra la empresa Eidico por mantener cerrado el acceso al territorio ancestral. Por su parte, al ser consultado sobre qué sucederá con este acceso, Jorge O’Reilly, presidente de Eidico, sostuvo que “como en toda propiedad privada, si alguien pretende entrar en ella deberá contar con el permiso de sus propietarios. Para acceder al lugar existe una calle pública”.
Reinaldo Roa oisambyhy ko arete ojeipy’ajey haguépe Museo Autónomo de Gestión Indígena ko noviembre-pe umi hapichakuérandi oñembojáva upépe upe ára, umía apytépe oî tapichakuéra heta tekohagua, umi kuña ha kuimba’ekuéra omoirûva Kerandy Apýrape, guarani ñe’ê temimbo’ekuéra Municipio de Tigre-gui ha avei Subsecretaría de Derechos Humanos del Municipio Ta’anga: María Rocco.
Jorge O’Reilly, el fundador y presidente de Emprendimientos Inmobiliarios de Interés Común (Eidico) tiene 48 años, es oriundo de La Horqueta, perteneciente al partido de San Isidro en Buenos Aires, y estudió Abogacía en la Universidad Católica Argentina. Su emprendimiento inmobiliario impulsado en 1995 se describe como “un sistema cooperativo” dado que, en palabras del empresario, se basa “en organizar a gente que tiene que resolver su necesidad habitacional a través de un sistema en el que todos comparten la totalidad del costo de construcción del barrio en el que van a residir”, es decir, que Eidico no vende las casas de un barrio terminadas sino que los futuros dueños de esos hogares depositan cada mes dinero en un fideicomiso para la construcción del barrio. Esta estrategia empresarial tuvo una alta repercusión y actualmente Eidico tiene 38 proyectos finalizados, la mayoría de ellos (19) en el norte del Gran Buenos Aires, 6 en lanzamiento y 18 en construcción. Algunos de ellos son megaproyectos, como el de San Sebastián (que continúa en expansión) y Canal Villanueva, según información de la página web de Eidico.
La construcción de la autopista Panamericana (actual Acceso Norte) en 1965, que conecta a la Ciudad de Buenos Aires con localidades del norte del Gran Buenos Aires, sumado a la pavimentación de la ruta provincial N°27 y la posterior obra para crear el canal Aliviador a fines de la década de 1970, catapultaron el desarrollo neoliberal urbanístico de la zona, caracterizado por la proliferación de megaemprendimientos urbanos. Luego, durante la última dictadura militar argentina (1976-1983), los gobiernos provincial y municipales vieron en estas construcciones “una de las estrategias para frenar el crecimiento de villas de emergencia en la gran cantidad de tierras disponibles existentes en los bañados”, indica Diego Martín Ríos, Doctor en Filosofía y Letras con mención de Geografía por la Universidad de Buenos Aires (UBA), en el prólogo de La privatopía sacrílega. Efectos del urbanismo privado en humedales de la cuenca baja del río Luján, coordinado por Patricia Pintos y Patricio Narodowski.
Sin embargo, fue en la década de 1990 con la profundización de las políticas neoliberales de la mano del expresidente Carlos Saúl Menem, cuando se propagó la construcción de urbanizaciones cerradas emplazadas en humedales aledaños a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto se dio en el marco de una “mayor ‘flexibilización’ en la legislación urbana”, la “celeridad en la aprobación de los trámites administrativos requeridos” y las “inversiones públicas en obras de gran interés para los grupos empresarios”, explica Diego Ríos. Así, en 1994 la empresa desarrolladora Eidico, en asociación con Pentamar SA, comenzó la construcción de su primera urbanización cerrada, llamada Santa María de Tigre.
Semi acostado en el pasto, Reinaldo observa el paisaje obstruido por el country San Benito, al otro lado del arroyo Garín. “¿Cómo podemos destruir?”, se pregunta, hace un silencio, y retoma: “Lamentablemente está el comercio. La tierra no se puede vender ni comprar porque es obra de nuestro Creador. Esta gente descuartiza todo: envenenan nuestro cerebro, nuestra agua, la comida, el aire. Ellos se sienten superiores porque son débiles; nosotros no somos débiles, somos sensibles. Ellos no comparten, quieren ser más que el otro. A mí me da lástima porque nosotros somos felices sin nada, sentados en el piso, y ellos tienen asco a la tierra”.
En efecto, la expansión de urbanizaciones cerradas sobre terrenos inundables, conocidos como humedales, ubicados en el periurbano de la provincia de Buenos Aires trajo efectos negativos sobre la biodiversidad, la disponibilidad de recursos y la regulación hidrológica que generan un claro desequilibrio ambiental. “El humedal es como una esponja que absorbe el agua de los alrededores dado que se encuentra en zonas bajas, lo que lo vuelve una zona inundable. Para construir las urbanizaciones privadas en este tipo de terrenos -que seguramente se adquieren por muy bajo valor justamente por ser tierras ‘improductivas’- elevan la tierra a partir de excavaciones en zonas aledañas que generan lagunas artificiales. Así, se construye un terreno alto y firme que ya no alberga el agua residual de los márgenes, sino que, por el contrario, escurre el agua hacia las zonas limítrofes. Entonces, estas áreas lindantes sufren mayores frecuencias de inundaciones”, explica María José Corriale, Doctora en Ciencias Biológicas por la UBA, en una entrevista telefónica con esta cronista.
Tanto Corriale como un amplio sector de la población argentina preocupada por el medioambiente destacan la importancia de políticas públicas que atiendan y regulen esta situación, como la necesidad de una Ley de Humedales. Esta apuntaría “a tener un conocimiento del estado actual de los humedales y evitaría un uso irracional de estos sectores dado que habría más limitaciones para su uso. La ley protegería estos sistemas y permitiría un uso más respetado de los humedales”, indica María José.
Este avance de las megaurbanizaciones no sólo tiene un efecto sobre el ecosistema, sino también sobre las comunidades que lo habitan, señala Corriale. “Los humedales brindan gran cantidad de servicios ecosistémicos, como la modulación del clima, el reservorio de carbono y la alta diversidad de fauna que en muchos casos sirve como recurso alimenticio a las poblaciones colindantes donde, por ejemplo, se captura el coipo o el carpincho que eran habitantes comunes de la zona y eran utilizados por su cuero. Las comunidades indígenas utilizaban históricamente estos recursos, por eso impacta directamente en su cultura y no les permite desarrollarse como tales”, explica. A esto se suma la importancia sagrada que representan estos territorios para las comunidades originarias.
El cartel ubicado en Punta Querandí señala el cementerio indígena de “1000 años de antigüedad” que fue destruido por la construcción del country Santa Catalina”.
Foto: Agustina Ramos.
Arrasar lo sagrado
El barrio cerrado Santa Catalina, también construido por la desarrolladora Eidico, se erigió sobre un cementerio indígena, conocido como sitio arqueológico Garín. Esto se desprende de un documento oficial del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL) de la Secretaría de Cultura y Comunicación de la Nación en el que informó en 2001, a partir de una solicitud de información de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que “en el Partido de Tigre se conoce de la existencia de por lo menos seis sitios arqueológicos” conocidos como Laguna “La Balleca”, Guazunambí, Sarandí y Garín. En cuanto a las construcciones del emprendimiento inmobiliario de Eidico sobre el sitio Garín, alerta que “han destruido definitivamente el sitio arqueológico homónimo” que contaba con 950 años de antigüedad. Además, destacó que estos sitios “contienen evidencias de las poblaciones aborígenes que habitaron la provincia de Buenos Aires, siendo la única evidencia física de la presencia del hombre prehispánico en el área” y que “dado que no son un recurso renovable, su destrucción afecta definitivamente el conocimiento de nuestro pasado cultural y natural”.
El descubrimiento en 2004 de restos de comunidades originarias en Punta Querandí, sumado a la destrucción del cementerio indígena tras la construcción del barrio Santa Catalina dio origen a la resistencia en Punta Querandí, donde distintas personas se vieron convocadas “por los espíritus de los ancestros y la naturaleza”, dicen sus integrantes.
El Museo Autónomo de Gestión Indigena el día de su relanzamiento en octubre de este año.
Foto: María Rocco.
Una lucha que continúa
La profesora de Historia Lucia Mariela Surbán vivía en Garín cuando en 2011 tuvo noticias por primera vez de la lucha que se estaba gestando en Punta Querandí para proteger el territorio, lograr el reconocimiento de la propiedad comunitaria y la restitución de ancestres que habían sido trasladades al INAPL.
“Me acerqué y fue imposible irme”, dice Lucía, que para la Navidad de ese año recibió una carpa de regalo que usó cada fin de semana durante los primeros años de su asentamiento. Hoy, embarazada y junto a sus hijes pequeñes, rememora con cariño ese momento, mientras participa del relanzamiento del Museo Autónomo de Gestión Indígena de Punta Querandí el 31 de octubre de este año.
En las paredes del lugar se encuentran plasmados los hitos que marcaron la historia de la comunidad en más de 100 cuadros que cubren gran parte de la madera que reviste al museo: desde la señalización de Punta Querandí como sitio de la memoria del terrorismo de Estado por la comisión Ana María Martínez, los catorce cortes de ruta en febrero y septiembre de 2019 ocasionados por el “relleno compulsivo” necesario para la construcción del barrio Santa Ana en La Balleca, las inundaciones de los últimos años, las audiencias con autoridades de los municipios, las tres construcciones del Opy luego de que ser derribado en dos oportunidades, hasta el hostigamiento de una religiosa del Instituto del Verbo Encarnado (IVE) y el reconocimiento del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.
Dos de los recuerdos anclados en las paredes son los que marcan el fin de una lucha y el inicio de otra. El 16 de noviembre de 2020, la comunidad firmó un acuerdo con el intendente de Tigre, Julio Zamora, -que luego fue convalidado por el Concejo Deliberante-, el cual reconoce el derecho a la propiedad comunitaria en un predio de una hectárea ubicado en la desembocadura del Arroyo Garín en el Canal Villanueva de Dique Luján, y garantiza que esta parcela sea transferida a la comunidad con título comunitario. Esta decisión -histórica- se enmarca en un proceso judicial llevado adelante en 2017 por el empresario Jorge O’Reilly cuando inició una demanda de desalojo a la comunidad en la parcela en conflicto que, sin embargo, en 2019 la desarrolladora Eidico cedió a la Municipalidad en el marco del Decreto-Ley 8912/77, que dispone la entrega de un porcentaje de tierras por cada emprendimiento inmobiliario. “En lo que a mí respecta, esa comunidad no existe sino que es un disfraz que han adoptado algunos advenedizos para vivir a expensas de los demás, explotando el conflicto como modus operandi”, dijo O’Reilly al ser consultado para esta crónica.
Además, en el acuerdo entre el Municipio y la comunidad se detalla que busca “regularizar una realidad preexistente reconocida institucionalmente por este Municipio”, en referencia al Decreto 258/2018 que declaró de interés legislativo a las actividades de Punta Querandí. “Se firmó con el compromiso del posterior registro del territorio como propiedad comunitaria indígena en el Registro de la Propiedad del Inmueble de La Plata. El municipio es quien debe hacer el registro y estamos a la espera de que se efectivice. La entrega parcialmente fue hecha, pero falta la inscripción del título de propiedad comunitario”, explicó la abogada de Punta Querandí, Paula Alvarado.
El 6 de marzo de este año la comunidad vivió otro momento histórico. El gobierno de la Provincia de Buenos Aires les restituyó ocho restos de ancestros y ancestras que habían sido desenterrados del sitio arqueológico Garín. Este logro se dio en cumplimiento de una resolución dictada en 2019 por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas a partir de la gestión de su Programa de Identificación y Restitución de Restos Humanos. En septiembre de este año, la comunidad enterró a uno de los ancestros con una ceremonia íntima. Los siete cuerpos restantes serán enterrados en La Balleca I y La Balleca II (Villa La Ñata) y aún falta la restitución de 42 de ellxs. Los cuerpos se encontraban “depositados” en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. “Enterrar a sus ancestros en los territorios ancestrales es una ratificación de la pertenencia de esos pueblos a esos territorios. Vuelve entonces esa energía que nunca tendría que haber salido de ese territorio a la comunidad, fortaleciendo así los lazos ancestrales y actuales con el territorio ya que cada restitución tiene múltiples significados para cada comunidad y cada pueblo internos. Hay un fortalecimiento de lazos comunitarios, aparte de lazos territoriales”, dice Fernando Pepe, a cargo del Programa de Identificación y Restitución de Restos Humanos.
A mediados de julio de este año, la comunidad Punta Querandí enterró a un ancestro que había sido desenterrado del sitio arqueológico Garín donde existía un cementerio indígena, que posteriormente fue destruido por la construcción del barrio cerrado Santa Catalina de la firma Eidico. Foto: Leandro Crovetto.
La comunidad celebra estos logros materializados, pero no descansa. Su misión ahora es que otras comunidades también puedan acceder a ellos. Así, en noviembre de 2020 se conformó la Unión de Pueblos Originarios de Tigre y Escobar donde las comunidades Punta Querandí, Qompí Hermanos/as Tobas, Cacique Ramón Chara y Moqoit del Delta de Tigre se organizan para fortalecerse mutuamente y visibilizar sus demandas en conjunto. “Los reclamos hoy tienen que ver con el reconocimiento de tierras que algunas comunidades trabajaron desde hace más de 20 años, como la mocoví. Además, poder tener un taller y salones comunitarios”, cuenta Mónica Santos, de raíces guaraníes, quien forma parte de la Asamblea de la Unión e integra la comunidad Punta Querandí.
Umi mba’e ohupytýva apytépe Unión de Pueblos Originarios de Tigre y Escobar oî peteî puesto oñemu haguâ peteî galería-pe Sarmiento 80-pe, Puerto de Los Frutos-gua (Tigre), ome’êva’ekue hepyme’ê’ŷre upe intendente del municipio, Julio Zamora, agosto ohasa’akuépe. Ko tendápe oî “artes con mimbre, álamo, totora; cerámicas; y cosmética natural”, omombe’u “ypa’ûgua” Mónica Santos, upéicha ha’e ojeherose ha’e oikógui Tigre ypa’ûme.
Lo más importante de cara al futuro es la unión, afirma la comunidad. “La frontera es falsa, es para dividir. La bandera nuestra es la naturaleza, ¿qué más bandera que esa? Somos todos hermanos en el mundo, somos todos una familia”, concluye Reinaldo, en paz por volver a sus orígenes y seguir lo encomendado por su Creador.
Esta historia hace parte de la serie periodística Caminos por la Pachamama ¡Comunidades andinas en reexistencia!,y se produjo en un ejercicio de co-creación con periodistas y comunicadores indígenas y no indígenas de la Red Tejiendo Historias (Rede Tecendo Histórias), bajo la coordinación editorial del medio independiente Agenda Propia.
El 9 de agosto se recuerda el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas en diciembre de 1994. ¿Qué dicen líderes y lideresas indígenas de la Amazonía sobre sus problemas y su visión de futuro?
Yvette Sierra Praeli
En el mundo, alrededor de 476 millones de pobladores indígenas viven en 90 países, una cifra que representa el 6.2% de la población del planeta, según la Organización de las Naciones Unidas.
Para América Latina, este porcentaje sube hasta un 8%, pues se calcula que hay alrededor de 50 millones de personas que pertenecen a 500 etnias distintas, siendo México, Guatemala, Perú y Bolivia, los países que albergan a la mayor cantidad de esta población en la región.
Sin embargo, a pesar de la presencia tan significativa de esta población en Latinoamérica, existe una serie de demandas y exigencias que no han sido resueltas a lo largo de los años. La pobreza, el acceso a la educación y a una atención de salud de calidad, así como la vulnerabilidad frente al cambio climático y las presiones constantes en sus territorios son solo algunas de las deudas pendientes que solo se han acentuado con la pandemia del COVID-19.
«Enfrentamos una múltiple crisis en los últimos años, pero la emergencia sanitaria develó todo eso», dice Gregorio Díaz Mirabal, coordinador general de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), quien explica que esto los llevó, en el 2020, a declarar en emergencia sanitaria, climática y de derechos humanos a los pueblos indígenas amazónicos.
Por eso, comenta Díaz Mirabal, han empezado a conversar con los países más influyentes del mundo para presentar las líneas estratégicas que deben regir los destinos de estos pueblos de la Amazonía.
«Hemos conversado con el gobierno norteamericano», menciona Díaz Mirabal, para referirse a la cita que tuvieron las organizaciones indígenas con el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo y los representantes del Congreso norteamericano luego de la Cumbre Mundial del Clima, realizada en abril de 2021.
«Tenemos que salir porque las soluciones no están llegando a los territorios indígenas. Si seguimos esperando, seguirán matando a nuestra gente, seguirán contaminando la selva, entregando concesiones petroleras, mineras, y continuará la deforestación», reclama el coordinador general de la Coica.
Son cinco las líneas estratégicas que menciona el líder de Coica, las mismas que, asegura, son clave para mirar con esperanza el futuro de la Amazonía y de los pueblos indígenas.
En esta lista figuran la seguridad jurídica territorial, el derecho a la consulta previa, el cese de la violencia contra líderes indígenas y ambientales, el acceso al financiamiento climático y la protección del conocimiento indígena territorial como eje transversal para las soluciones al cambio climático.
En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, líderes representativos de cuatro países amazónicos —Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia— reflexionan sobre cada uno de estos puntos, así como sobre la situación actual de los pueblos originarios.
1.Una protección efectiva de sus territorios
Los pueblos indígenas del mundo ocupan por lo menos 3800 millones de hectáreas en el planeta, aproximadamente la cuarta parte de la superficie terrestre, señala el estudioEl Estado de las tierras y territorios de los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales, un análisis elaborado por 30 expertos en conservación y en colaboración con líderes indígenas y organizaciones de derechos humanos.
El documento publicado en junio de 2021, también indica que el 91% de las tierras de los pueblos indígenas y las comunidades locales se encuentran en buen estado.
Pero a pesar de que este y otros estudios han demostrado que los pueblos indígenas son los que mejor conservan los bosques, aún existen muchos problemas en la titulación de sus territorios. Díaz Mirabal señala que por lo menos 100 millones de hectáreas están pendientes de titulación en la Amazonía, mientras enfatiza que no se debe olvidar que «las tierras mejor cuidadas están en los territorios indígenas».
A esta necesidad de reconocimiento legal de sus tierras, se suman, advierten, las presiones sobre sus territorios bajo la excusa del desarrollo económico. Ruth Alipaz, de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap), explica lo que está pasando en los territorios indígenas de su país.
«Ahora, con la reactivación económica, la única forma que ven los gobiernos para poner en práctica sus planes económicos es el extractivismo, y eso se realiza en los territorios indígenas y las áreas naturales protegidas», comenta Alipaz.
La lideresa Nemonte Nenquimo y otros líderes del pueblo Waorani, en Ecuador. Foto: Sophie Pinchetti, Amazon Frontlines.
Pero no es la única, Patricia Gualinga, lideresa de la etnia kichwa de Sarayaku y activista en favor de la defensa de los derechos de los pobladores indígenas, resalta que existe «un tema pendiente y que no se toma seriamente en cuenta que es la conservación de la Amazonía». Gualinga asegura que no hay un reconocimiento real de que este bioma es vital para la humanidad. «Esa es una deuda de todos los gobiernos del mundo hacia los pueblos y los ecosistemas amazónicos».
Este estudio, realizado sobre la base de más de 300 estudios sobre pueblos indígenas publicados en las últimas dos décadas, reveló hasta qué punto la ciencia ha demostrado que los pueblos indígenas han sido mucho mejores guardianes de sus bosques en comparación con los responsables de los demás bosques de la región.
«El territorio es nuestra casa», agrega el líder Waorani Oswando Nenquimo, hermano de la reconocida lideresa Nemonte Nenquimo, para explicar por qué la defensa de sus bosques es prioritaria.
2.- El respeto a la consulta previa
«En el tema de derechos ha habido una avance por el esfuerzo de los pueblos indígenas, pero en los países no hay una aplicación efectiva», dice la lideresa kichwa Patricia Gualinga, sobre el respeto a la consulta previa libre e informada.
La lideresa kiwcha recuerda la demanda interpuesta por los sarayaku contra el Estado ecuatoriano, que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDDHH ), luego de que el último permitiera a una empresa realizar actividades de exploración de hidrocarburos dentro de su territorio. El conflicto se agudizó cuando, sin permiso del pueblo sarayaku, se sembró incluso alrededor de una tonelada y media de explosivos dentro del bosque. El proceso duró más de 10 años y entre otras cosas, la CIDDHH determinó que el Estado ecuatoriano violó el derecho a la consulta previa y lo declaró responsable por poner en riesgo la vida e integridad del pueblo de Sarayaku. Lo más preocupante es que esta sentencia “no se ha terminado de cumplir. Aún hay explosivos enterrados y no se ha respetado que esto no vuelva a ocurrir», agrega Gualinga.
Protestas similares se presentan en varios países de América Latina. Las demandas por la vulneración de los derechos indígenas en los procesos de consulta previa o por la ausencia de esta forman parte de los reclamos frente al avance de proyectos petroleros y mineros, así como de grandes obras de infraestructura.
«Más que consulta, muchas veces es imposición del Estado sobre un proyecto que le interesa. Nosotros buscamos concertación en igualdad de condiciones. Si el pueblo indígena no quiere se debe respetar su decisión», señala Shapiom Noningo, secretario técnico del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis, el primer gobierno autónomo indígena en Perú. Este escenario no es muy distinto en Bolivia, indica Alipaz, quien se refirió al decreto supremo 29033 que reduce el plazo para este proceso de tres meses a solo dos meses en su país: «Han modificado las normas de la consulta previa. Si no se responde favorablemente, el gobierno toma la decisión».
3. Amenazas y asesinatos a líderes indígenas
América Latina es la región con mayor cantidad de líderes ambientales e indígenas asesinados. Según el último informe de la organización Front Line Defenders, en el 2020 mataron al menos a 331 líderes en el mundo y de ellos, 264 se presentaron en el continente americano.
Colombia, Honduras y México ocupan los primeros lugares en la lista de quienes perdieron la vida en su lucha por la defensa de la tierra, el medio ambiente, los pueblos indígenas, las mujeres y la comunidad LGBTIQ.
Colombia es el país con más asesinatos en el mundo y en el continente, 177 durante el 2020. A nivel Latinoamérica le sigue Honduras con 20, México con 19, Brasil con 16, en Guatemala 15 y en Perú 8. El 2020 ha sido un año crítico para los derechos ambientales e indígenas en la región.
«La violencia y los asesinatos deben parar», reclama Diaz Mirabal, coordinador general de la Coica. «Durante la pandemia aumentaron las concesiones petroleras y mineras sin consulta y la Amazonía es ahora la región más peligrosa del planeta».
Desde Colombia, Norka Pareja Ortíz, representante de Fuerza de Mujeres Wayuu, confirma que en los últimos dos años ha crecido la violencia y los asesinatos a líderes, lideresas y defensores del medio ambiente. «Durante la pandemia se agudizó la situación de los defensores indígenas y ambientales porque estábamos dentro del territorio, en cambio anteriormente podíamos movilizarnos de un lugar a otro. Con la pandemia ya no era posible y fue cuando creció los asesinatos a los defensores».
Pareja menciona que los pueblos indígenas están ubicados en territorios donde se instalan proyectos extractivos, pero también en una especie de corredor del narcotráfico y otras actividades ilegales, situaciones que incrementan el riesgo para los pueblos indígenas.
Una situación similar se vive en Perú por el avance de la ilegalidad. Una de las regiones más afectadas ha sido Ucayali, donde durante el 2020 se detectaron 46 pistas de aterrizaje clandestinas y 42 mil hectáreas de bosques deforestados. De esta cifra, 8000 corresponden a territorios de comunidades nativas.
«Los indígenas estamos muriendo, pese a las alertas y advertencias. Hacemos un llamado a las autoridades para tomar acciones inmediatas», ha dicho Berlin Diques, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), en más de una oportunidad.
Yamid Alonso Silva Torres fue asesinado el 6 de febrero en la vereda La Cueva, zona rural del municipio de Güicán, departamento de Boyacá. Foto: Parques Nacionales Naturales de Colombia.
En una presentación en marzo de 2021, Diques informó que la mayor causa de deforestación en los territorios indígenas de esa región se debía a los cultivos ilegales de coca y al narcotráfico, una situación que ha puesto en peligro a las comunidades nativas. La cifra es preocupante: ocho líderes indígenas asesinados en los últimos 15 meses.
Desde Bolivia, Ruth Alipaz menciona que en el Chaco hay por lo menos cinco líderes y lideresas indígenas procesadas por defender su territorio. La criminalización es un mecanismo utilizado para amedrentar y frenar la lucha de los pueblos indígenas, como lo dijeron diversos líderes y expertos en una reciente publicación de Mongabay Latam. «Cuando reclamamos nos denuncian y nos inician procesos, eso es criminal».
Río en la Amazonía de Colombia. Foto: Rhett Butler.
«Hay estudios que demuestran que solo el 1% de los fondos climáticos llegan a los pueblos y territorios indígenas», dice Gregorio Díaz Mirabal, coordinador general de Coica.
Patricia Gualinga, desde Ecuador, recuerda que las voces y propuestas de los pueblos amazónicos deben ser tomadas en cuenta. «No están tomando la visión propia de los pueblos indígenas y su aporte grande en equilibrio en el cambio climático. Tienen que mirar a los pueblos indígenas y sus propuestas como selva viviente».
Tener una mayor participación y ser más escuchados, es una visión compartida por varios líderes de la región. Shapiom Noningo, dirigente wampis de Perú, demanda un mayor protagonismo en el destino de los fondos climáticos, considerando que “los bosques en pie están en los territorios indígenas, donde nosotros vivimos».
Noningo agrega que se conoce cuánto aportan los bosques y las fuentes de agua de la Amazonía. «Nos hemos comprometido a cuidar los bosques, pero ese dinero no llega a la Amazonía. Las reglas tienen que cambiar, debemos ser beneficiarios de un porcentaje de los fondos».
Comunidad nativa del pueblo Maijuna, Loreto, Perú. Foto: Álvaro del Campo / Field Museum.
El representante de la Nación wampis también habla sobre la contribución de los bosques al equilibrio frente a la crisis climática. En ese sentido menciona, por ejemplo, los resultados de diversos estudios que señalan una cifra que supera las 50 millones de toneladas en la captura de carbono anual en el territorio de la Nación wampis, con un área que supera el millón de hectáreas. «En dos años el territorio wampis capta una cifra superior a lo que el Perú se ha comprometido a reducir en los próximos diez años».
Chris Van Dam, coordinador del componente comunidades de la ONG Forest Trends, señala en su investigaciónLa Economía de la Mitigación del Cambio Climático en Territorios Indígenas, que cuando se definió el mecanismo REDD+, los gobiernos de los países amazónicos le pusieron mayor atención a aquellos actores que pueden reducir la deforestación y luego mitigar emisiones, y no a quienes cuidaron y conservaron históricamente los bosques. En ese camino, concluye, los pueblos indígenas que mantenían su selva intacta han quedado excluidos del mecanismo de pago por captura de carbono.
5. El valor de los conocimientos ancestrales
Un análisis a nivel global publicado en setiembre de 2020 en la revista Science Advances definió las áreas terrestres esenciales para la biodiversidad y la resiliencia climática. La investigación titulada Red de Protección Global para revertir la pérdida de la biodiversidad y estabilizar el clima de la Tierra destaca la importancia de salvaguardar y restaurar la naturaleza para abordar el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la aparición de nuevos virus, como el COVID 19.
Esta publicación académica también destaca la importancia de los territorios indígenas en la protección de la biodiversidad y su rol para revertir el cambio climático. “La presencia sostenida de comunidades indígenas dentro de áreas intactas puede tener beneficios a largo plazo tanto para la biodiversidad como para el almacenamiento de carbono”, se lee en el documento.
“En este momento que hay escasez de agua dulce en el mundo, que están desapareciendo los bosques tropicales y la biodiversidad está en proceso de extinción, la Amazonía debe tener un plan que contemple la sabiduría de los pueblos, ese conocimiento para mantener nuestros bosques que nos ha acompañado en los últimos 5000 años”, dice Díaz Mirabal, coordinador general de Coica.
En Ecuador, Oswando Nenquimo habla de la necesidad de unir los saberes ancestrales con el conocimiento académico. “Hay que unir dos mundos, el nuestro y el de occidente, para entender que los pueblos tenemos diferentes modos de vivir y diferentes formas de pensar”.
Las mujeres de Cuninico protegen sus plantas medicinales, la base de su medicina. Foto: Roxana Vergara
La lideresa boliviana Ruth Alipaz menciona cómo los saberes indígenas fueron clave durante la pandemia. “Los territorios indígenas son espacios de vida con nuestros sistemas sociales, culturales, económicos, de saberes ancestrales y de medicina tradicional que en esta pandemia esencial para nuestra supervivencia”.
Alipaz se refiere a las carencias de los sistemas de salud pública y la falta de acceso a ellos de los pueblos indígenas, una situación que los condujo a valerse de las plantas medicinales para enfrentar el Covid-19. “En las comunidades no tenemos ni enfermeras ni postas. Si no tenemos acceso a ese servicio ¿qué hacemos?, pues aplicar el conocimiento de las plantas medicinales y los rituales para evitar las enfermedades. Cuidar el territorio significa también proteger esos conocimientos”.
Si bien todos saben que los pueblos indígenas conservan mejor los ecosistemas —agrega Gualinga, de Ecuador— lo que olvidan es que eso se ha logrado también con conocimiento científico. «Somos guardianes reales con conocimientos profundos que la ciencia está empezando a reconocer. Pero es una deuda aún vigente».
Imagen superior: La corte Provincial de Pastaza determinó que el gobierno no hizo consulta previa en 2012 para el bloque petrolero 22. Indígenas Waorani de Ecuador ganan fallo de segunda instancia y prohiben petroleras. Foto: Jerónimo Zúñiga /Amazon Frontlines.
Buscan que la educación para la descarbonización sea el eje de una serie de acciones de largo plazo en el país. También sugieren una concertación nacional entre junio y octubre, como respuesta a las demandas del paro de mayo 2021.
El Pacto por la Vidaes una propuesta desde la perspectiva ambiental y climática que busca construir transformaciones estructurales para el país, y que será dada a conocer el próximo miércoles 23 de junio a las 11 de la mañana.
Formulamos esta propuesta en el marco de la crisis que vive el país desde el 28 de abril de 2021. Se trata de un pacto integral, que estimulará nuevos enfoques sobre aspectos económicos, sociales, ambientales, climáticos, educativos y culturales, y que aspira a facilitar acuerdos nacionales, sectoriales y territoriales orientados a consolidar el compromiso del país de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, conservar su biodiversidad, proteger todas las formas de vida y transformar la economía para alcanzar la carbono neutralidad antes de 2050.
Ambientalistas y académicos colombianos así lo explican, ellos redactaron un documento de 11 páginas, en que el especifican también que la responsabilidad y la solidaridad con la vida debe ser el criterio rector de las políticas públicas y privadas, por lo tanto, fundamento orientador del Pacto.
Los firmantes piden que se atienda, con sentido de urgencia, la ‘Carta universitaria a la nación colombiana’ suscrita por rectores de varias universidades, y se instale cuanto antes el diálogo allí solicitado: Un “diálogo amplio, inclusivo y honesto, alrededor de temas estructurales y urgentes que requieren soluciones construidas como parte de un gran pacto social”. La base de este Pacto está planteada en la plataforma https://convergenciacolombia.unal.edu.co/viewToolkits de la Universidad Nacional de Colombia, que integra siete mesas de análisis.
En este sentido, los académicos y ambientalistas proponen la creación de la mesa No. 8, denominada: Agenda 2030 sobre asuntos ambientales y climáticos: Consideramos que la perspectiva de sostenibilidad, ligada a la necesidad de enfrentar la crisis ambiental y climática que constituye otra dimensión de la crisis global, puede contribuir, en el actual escenario, a articular e interpretar las necesidades de la sociedad, y especialmente los anhelos de la juventud, y contribuir con la construcción de la sociedad que todos queremos.
El #PactoXlaVida tendrá el alcance de una hoja de ruta hacia esa nueva sociedad, con metas claras, indicadores de gestión y sistemas de monitoreo de corto, mediano y largo plazo.
la iniciativa será liderada por la ciudadanía urbana y rural, buscando la articulación con el Gobierno Nacional, los gobiernos locales, los sectores productivos, las universidades y los movimientos y sectores sociales que, hoy claman por una transformación profunda y pacífica de la sociedad.Estará sintonizado con las tendencias globales de recuperación económica post pandemia y de replanteamiento estructural del desarrollo, indican.
Propuestas
El Pacto por la Vidaestá orientado a unir esfuerzos en torno de una Agenda 2021- 2030 de recuperación económica, social, ecológica, ambiental y climática, que contribuya a resolver problemas estructurales de inequidad, exclusión, deterioro de ecosistemas estratégicos y calidad y acceso a la educación, y en general condiciones que permitan el ejercicio efectivo de los Derechos Humanos por parte de todos los actores y sectores de la sociedad.
Para sus creadores, esto implica una transformación de la economía hacia un modelo de prosperidad bajo en carbono para lo cual es necesario planificar adecuadamente las transiciones, planes de conversión del modelo económico basado en sectores que se soporten en el capital natural conservado y no en su extracción, impuestos verdes entendidos como una oportunidad de reorientar la economía y señales adecuadas de conversión tecnológica, empresarial y de patrones de consumo.
También busca incorporar en el proceso de construcción del Pacto por la Vida las experiencias y los aprendizajes derivados de los procesos de concertación entre actores no estatales y estatales que han tenido lugar en Colombia a partir de la construcción del Sistema Nacional Ambiental (SINA, 1993). Tendrán en cuenta los acuerdos sectoriales de producción limpia (1995), el Sistema Nacional de Cambio Climático (SISCLIMA, 2016), la Comisión Intersectorial de Cambio Climático (CICC), los Nodos Regionales de Cambio Climático (NRCO), el proceso del Sí Ambiental, relacionado con el proceso de paz 2016, y el Diálogo de Talanoa Colombia (2018).
Indígenas, afro y campesinos
Otro de los planteamientos es estructurar el Pacto por la Vida teniendo en cuenta que la defensa integral de la vida debe primar por sobre toda otra consideración. Creemos que el Pacto debe incluir las voces de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas que han conservado ancestralmente sus territorios. Debe incluir también sus lógicas y conocimientos ancestrales relacionados con los procesos de diálogo y concertación. Debe ser un proceso concertado entre actores no estatales y estatales, dotado de indicadores medibles y monitoreables, dirigidos a conservar mejor nuestra biodiversidad, acelerar las transiciones hacia una economía de bajas emisiones de carbono.
El denominado ‘Pacto por la Vida’ propone la inclusión de todos los sectores sociales de Colombia. Foto: Saday Rosado.
Piden también que se tengan en cuenta las múltiples propuestas que se han hecho por organizaciones de la sociedad civil, grupos académicos y comunidad internacional, muchas de las cuales de tiempo atrás ya se vienen aplicando con éxito en territorios concretos: Deseamos propiciar una sociedad más equitativa y próspera y gestionar desde las comunidades territorios más sostenibles. El Pacto por la Vida estimulará acciones y proyectos basados en la ciencia, que garanticen la transparencia yel acceso a la información pública sobre asuntos sensibles a la comunidad.
Igualmente plantea que se aprovechará las oportunidades financieras nacionales e internacionales disponibles en la post pandemia para invertir en una recuperación verde sostenida sobre metas de corto, mediano y largo plazo.
Claves del Pacto
La educación para la descarbonización debe ser el eje de las acciones de largo plazo del Pacto por la Vida. Se espera que las universidades (especialmente las que suscribieron “la Carta universitaria a la nación colombiana, 2021”) faciliten los diálogos conducentes a la conformación de los acuerdos que surjan como resultados del Pacto e incorporen en sus programas académicos las materias y carreras que la sociedad colombiana demandará en el horizonte 2030 2050.
El Pacto por la Vida se concretará en acuerdos sectoriales, regionales y territoriales, de descarbonización y gestión ambiental, construidos sobre nuestras prioridades de país: la lucha contra la deforestación, la transición energética, la movilidad sostenible de las ciudades, la transformación de los sectores industriales, agrícolas y ganaderos, la conservación y restauración de nuestros bosques y ecosistemas estratégicos.
Sugerimos que el proceso inicial de concertación entre actores y la construcción del Pacto por la Vida se lleve a cabo entre junio y octubre de 2021, como contribución a una respuesta ante las demandas de los manifestantes de mayo 2021. El grupo promotor de esta iniciativa invitará a la sociedad y al gobierno colombianos, y a la comunidad internacional a un acto de lanzamiento e instalación del Pacto por la Sostenibilidad 2030 que se llevará a cabo el día 23 de junio de 2021.
El Pacto aprovechará experiencias internacionales como el Green New Dealy la sección 102 de la Orden Ejecutiva de los Estados Unidos (2021) y la disponibilidad de recursos financieros de la banca multilateral para superar la crisis generada por el COVID 19 en el marco de una recuperación “reverdecida”. Pedimos también que se tengan en cuenta las múltiples propuestas que se han hecho en Colombia por las organizaciones de la sociedad civil, grupos académicos y comunidad internacional.
El Pacto por la Vida deberá estructurarse con metas graduales: 2025, 2030, 2035, 2040, trascender la gestión de los gobiernos y concebirse como una política de Estado, ojalá con garantes internacionales. Tendrá en cuenta los siguientes marcos de referencias: El Acuerdo de París (2015); El Convenio sobre diversidad biológica (2015); La Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015); El Acuerdo de Paz (2016); La ‘Carta universitaria a la nación colombiana’ (2021); El documento ‘Once puntos del ambientalismo colombianos para los equipos negociadores del Acuerdo de Paz de Colombia’ (2016); El Pacto Verde Europeo (2020); El Diálogo de Talanoa Colombia.
El Pacto por la Vida debe examinar propuestas para superar las condiciones de violencia en las zonas de cultivos ilícitos y avanzar hacia la despenalización de los campesinos cultivadores de hoja de coca y marihuana, focalizando la lucha contra el narcotráfico en los eslabones propios de sus cadenas criminales. Los 12 puntos priorizados en la mesa ambiental y climática de la Conversación Nacional 2019-2020 serán tenidos en cuenta por el Pacto por la Vida 2030
Suscriben, entre otros, esta convocatoria: Julio Carrizosa Umaña, Manuel Rodríguez Becerra,Margarita Marino de Botero, Juan Pablo Ruiz, Manuel Guzmán Hennessey, Rodrigo Uprimy, Alegría Fonseca, Juan Mayr, Gustavo Wilches, Carlos Fonseca, Guillermo Rudas, Hildebrando Vélez, Juan Camilo Cárdenas, Brigitte Baptiste, Gonzalo Andrade, Ernesto Guhl, Patricia Noguera, Darío Fajardo, Carlos Rodríguez, Sandra Vilardy, Luis Gilberto Murillo.
El posible origen de la pandemia del COVID-19 puso en el radar los mercados de animales salvajes para consumo en el mundo. En Inírida (Guainía) existe una plaza de mercado donde abunda el comercio de carne de monte. ¿Cómo funciona? ¿Quién lo controla? Son algunas de las preguntas que nos llevaron hasta ese lugar.
Edwin Suárez
Son los últimos días de noviembre de 2020. Ha llovido sin parar en Inírida, la capital del departamento del Guainía, lo que dificulta la cacería en esta zona de la Amazonia, donde el consumo y comercialización de carne de monte hace parte de la tradición de sus habitantes.
Y es que una de las maneras más tradicionales de matar una lapa (Cuniculus paca) es sorprenderla en la noche cuando baja a la quebrada a tomar agua, “el cazador se acerca, la alumbra con una linterna y le dispara”, explica Edgar Guajo, un comunicador indígena de la etnia baniva. Sin embargo, con el clima lluvioso, el agua se empoza con facilidad y los animales no tienen la necesidad de ir hasta los arroyos.
Esa es quizá la razón por la que solo llegó un ejemplar de esta especie (familia de los roedores) a la plaza de mercado El Paujil, ubicada en la zona indígena de la ciudad de Inírida, y se vendió como ‘pan caliente’. Su carne es una de las más apetecidas y el kilo cuesta, aproximadamente, 14 mil pesos. Se consume asada, frita o cocinada. En los restaurantes del resguardo El Paujil se ofrece como plato especial, con precios de entre 12 mil y 15 mil pesos.
Pisillo de babilla ofrecido en uno de los restaurantes del resguardo. Foto: Edwin Suárez.
Junto a la lapa, también se comercializó una babilla (Caiman cocodrilus). “Los animales han escaseado mucho, ya no es como antes”, dice José León, un indígena desano que ayudó a fundar la plaza de mercado hace por lo menos una década. Asegura que hay especies que han sido consumidas indiscriminadamente y cada vez son más difíciles de conseguir. Incluso, precisa que la situación empeoró luego de la inundación que azotó la región en 2018 (la más grande en los últimos 50 años).
Pero, no siempre fue así. Desde que se creó la plaza hace por lo menos diez años, primero en el puerto indígena y en la calle de la entrada al resguardo, y desde hace tres años que se formalizó en un punto central, cientos de animales salvajes han sido comercializados. Según un artículo publicado por Semana Sostenible, en ese lugar se pueden llegar a vender hasta mil babillas en un año. Sin embargo, oficialmente no existen datos de la cantidad de animales por especie que son cazados para el comercio en Inírida.
El consumo de carne de monte representa una oportunidad para las comunidades locales que la comercializan, pero configura problemáticas como la extinción de las especies, la pérdida del equilibrio de los ecosistemas y por tanto una mayor probabilidad de enfermedades zoonóticas similares al COVID-19. Un documento publicado por la Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES, por su nombre en inglés) concluyó que el aumento exponencial del consumo y el comercio de animales silvestres es una de las causas de la aparición de una variedad de enfermedades, particularmente donde el comercio —de mamíferos y aves— está mal regulado.
“En la Amazonía, las comunidades rurales venden casi la mitad de lo que cazan”, para comprar productos básicos, de cacería y alimentos que no se producen en la región, explica un ‘Diagnóstico sobre el comercio de carne de monte en las ciudades de Colombia’, realizado en 2015 por el Centro para la Investigación Forestal Internacional. Justamente, el mercado indígena nació de la necesidad que tenían los nativos y colonos asentados en la zona urbana y periurbana de la capital del departamento por mantener sus costumbres alimenticias, y también como una manera de generar una dinámica económica que le permitiera a las familias indígenas obtener ingresos para su sustento.
Según un estudio realizado por el Instituto Humboldt, en 2012, llamado ‘Carne de monte y seguridad alimentaria, bases para una gestión integral en Colombia’, la carne de monte es considerada “como un recurso determinante de las condiciones de seguridad alimentaria en la región”, y explica que, “por lo menos 80% de la proteína consumida en comunidades locales vecinas a áreas de interés para la conservación son de carne de monte”.
Guajo afirma que “esa carne la gente la prefiere por encima de la de res o la de pollo. Cuando no llega como que se desesperan. Se aburren de comer pescado”. A eso se suma que termina siendo más asequible pues su precio oscila entre los 10 mil y los 15 mil pesos por kilo, mientras que la carne de res, por ejemplo, tiene un costo promedio de entre 18 mil y 20 mil pesos, en las carnicerías de la ciudad.
En la actualidad, en la plaza existen cerca de 20 casetas, de las cuales la mitad se dedican a la venta de productos tradicionales como ají, yuca, plátano, mañoco y casabe (elaborados a base de harina de yuca), o frutos del bosque como manaca o ceje. En las otras casetas se comercializa pescado y carne de monte. En total, son cerca de 100 familias las que exponen diversos productos en el lugar.
Especies de mayor consumo en Inírida
“No hay un estudio detallado de la Plaza de Mercado del municipio de Inírida, hasta donde yo tengo conocimiento. Hay que hacer un seguimiento a todas las ventas, a las especies y cantidades de ejemplares que se venden”, dice Carlos Andrés Lasso, investigador senior del Instituto Humboldt, líder de la línea de Recursos Hidrobiológicos, Pesqueros y de Fauna Silvestre. Lasso explica que en 2021 el Humboldt trabajará en la producción de un libro sobre la caza y pesca de subsistencia en el norte de Suramérica (Colombia y Venezuela) que permita proyectar cuáles son las especies de mayor consumo y su importancia en la región.
En ese mismo sentido, al ser consultado para este reportaje, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI) precisó que desde hace un año acompaña técnicamente un monitoreo de fauna de consumo adelantado por el Ministerio de Ambiente y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA) para “evaluar la magnitud del uso de la fauna, la oferta poblacional y estimar a partir de esto la sostenibilidad del aprovechamiento de las distintas poblaciones silvestres”, en la Estrella Fluvial de Inírida. A esa investigación le falta por lo menos un año debido a que “debe contar con registros y seguimiento durante ciclos completos que abarquen distintas épocas climáticas, ambientes y datos comparables entre ciclos”, explicó el SINCHI.
Los animales de monte se cazan de acuerdo a la temporada. Los micos, los picures (Dasyprocta fuliginosa) y las lapas son comunes durante todo el año, pero al igual que las dantas (Tapirus pinchaque), se consiguen con mayor facilidad durante los meses de junio y julio cuando los ríos y caños se crecen; mientras que las babillas, las tortugas de río y sus huevos, abundan en verano.
Según el estudio del Humboldt, las especies que están en los primeros reglones de caza con fines alimenticios son la lapa, el picure, el cafuche (Tayassu pecari), el cachicamo (Dasypus novemcinctus), entre otros. Son estos mismos animales, más la babilla y la tortuga de río, los que mayor presencia tienen en la plaza de mercado de Inírida.
De acuerdo con el Plan de Vida del Resguardo El Paujil que se elaboró en el año 2009, en ese territorio indígena el araguato (mono aullador o alouatta), el oso hormiguero (vermilingua), el puercoespín (Hystrix cristata), la ardilla (Sciurus vulgaris), la babilla y el cabezón (tortuga Caretta caretta) se consideran animales extintos. La lapa, el venado y el cachicamo empezaban a escasear, producto de la caza indiscriminada.
¿No existen los controles?
Aunque en Colombia la cacería de animales de monte está regulada, algunos vacíos permiten que se realice de manera indiscriminada. Además, según el Humboldt, no se ha avanzado lo suficiente en la generación de alternativas que garanticen la seguridad alimentaria de las poblaciones, así como evitar la sobreexplotación.
La caza de subsistencia (la que se desarrolla en Guainía), si bien no requiere de la obtención de un permiso previo, explica el Humboldt, “no puede realizarse con individuos de las especies sobre las cuales las autoridades ambientales hayan determinado que exista prohibición, aspecto que no se ha cumplido”, porque la CDA no publica trimestralmente en cinco diarios de amplia circulación nacional la lista de especies sujetas a limitación, como lo establece la ley.
Además, como los resguardos son entidades territoriales que tienen sus propias medidas, los controles relacionados están a cargo de cada territorio indígena. La mayoría de los productos que se comercializan en El Paujil provienen de las comunidades vecinas y llegan por río. Como el resguardo tiene su propio puerto, ubicado a menos de 500 metros de la Plaza, los controles de la CDA y la Policía son inexistentes.
“Debido a la legislación indígena, la Policía Nacional no ha encontrado forma posible de poder frenar este flagelo que tanto nos afecta”, explicó el intendente Samuel Quiñonez, jefe del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de la Policía de Guainía. Sus esfuerzos se enfocan en realizar campañas pedagógicas al respecto con las autoridades indígenas.
Pero en el resto del municipio, donde la Policía sí es autoridad, intentan a toda costa evitar que la carne de monte se comercialice o se venda en los restaurantes. Aun así, en 2019 no se realizó ninguna incautación y en 2020 (con corte al 26 de noviembre) solo en tres oportunidades impidieron su comercio, con un resultado de apenas 20.5 kilogramos (el peso de dos lapas). Sin embargo, en enero del año pasado las autoridades rescataron 65 tortugas terecay vivas que tendrían como destino los mercados de la ciudad.
Tortugas incautadas en enero de 2020. Foto: Cortesía Policía Nacional.
José Antonio López, indígena de la etnia puinave y coordinador de Justicia del Resguardo, asegura que la Guardia Indígena hace un estricto control frente a la carne que ingresa por el puerto. Pero, Miriam Cipriano, coordinadora de la plaza, explica que todas las personas pueden vender cualquier producto en ese mercado, siempre y cuando aporte los cinco mil pesos de cuota que exige la administración. En ese mismo sentido, un vendedor que prefiere no exponer su nombre por seguridad precisó que cuando arriban a El Paujil, no les “ponen ningún problema”.
Para Lasso, quien hasta hace poco más de un año perteneció a la junta directiva de la CDA, en casos particulares como Guainía, este comercio debería regularse de una manera bastante flexible. “Tú no puedes prohibir todo de manera tajante porque es peor”. Pero para tomar una decisión de esas, explica, “debes tener datos, sin datos tú no puedes decir nada”.
Un asunto cultural
En abril de 2020 una publicación realizada en Facebook por Jimmy Sáenz, gobernador del Resguardo La Ceiba (Guainía), en donde se aprecian al menos unas 40 tortugas en un costal, que fueron destinadas al consumo, generó una gran controversia en las redes sociales sobre la preservación de la fauna y la cosmovisión de los pueblos originarios.
“Nosotros tenemos esa gran variedad de animales en nuestro territorio y nuestros indígenas se rebuscan su alimentación, el sustento de ellos es la caza que se hace por temporadas. No es una matanza”, le dijo Sáenz al Periódico El Morichal, un medio de comunicación del departamento, en su momento.
Jimmy Sáenz junto al costalado de tortugas. Foto: Periódico El Morichal.
Según el antropólogo Pedro Juan Moreno, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la cacería es vital para los pueblos indígenas y está asociada al juego de roles, a los rituales de iniciación y al conocimiento del territorio.
“Hay unos rituales de iniciación que están marcados (cuando un indígena pasa de la niñez a la adolescencia), dependiendo el animal (cazado) y su tamaño, por ejemplo, esa persona puede ya tener su propio linaje, su propia familia”, explica Moreno.
José Antonio López recuerda que empezó en las artes de la cacería a muy temprana edad y toda su vida se ha alimentado con carne de monte. Dice que es como un regalo de la naturaleza. “Los abuelos mayores nos hacían alimentar con determinado animal para poder asumir un cargo tan importante entre nuestra sociedad indígena”.
Con el tiempo, el comercio de carne también alcanzó una connotación cultural para las comunidades, asegura el antropólogo de la ONIC. “La comercialización está ligada a la gobernanza y a la administración de su territorio. Ellos entienden muy bien el tema de la conservación y que la caza a gran escala destruye la simbología propia de sus elementos originarios, destruye al animal que representa sus orígenes”.
Además, la comercialización permite a centenares de indígenas que se han instalado en la ciudad o porque la frontera de caza se aleja cada vez más de sus territorios, conservar la práctica ancestral del consumo de carne de monte.
¿Existe riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas?
La pandemia del nuevo coronavirus evidenció las consecuencias que trae para el hombre la relación con los animales salvajes, sea para la domesticación o como alimento. Según el IPBES la agricultura, el comercio y el consumo de vida silvestre y sus productos derivados (para alimentos, medicamentos, pieles y otros productos) han provocado la pérdida de biodiversidad y enfermedades emergentes, incluidos el COVID-19.
El profesor Luis Polo, médico veterinario con un magíster en salud pública de la Universidad Nacional de Colombia y profesor asociado al departamento de Salud Animal de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de esta misma institución, explica que los animales silvestres tienen una serie de microrganismos propios que pueden ser trasmitidos al hombre a través del contacto, pero en nuestro país, principalmente a través del consumo.
“El riesgo que pueden tener esas comunidades es por el mal consumo de la carne, cuando no hay una apropiada cocción. Tenemos un riesgo de transmisión de parásitos, bacterias y muchos microorganismos”, asegura.
En Guainía las comunidades no reconocen alguna enfermedad que esté directamente asociada a la ingesta de carne de monte y no les preocupa el eventual desencadenamiento de un virus mortal debido al comercio de fauna silvestre muerta. “Nosotros no hemos tenido ningún problema con eso. Nos preocupan más los índices de mercurio que pueda tener el pescado o los animales de río por la contaminación provocada por la minería”, dice López.
A diferencia de muchos mercados de fauna silvestre del mundo, en Inírida, la mayor parte de los animales se comercializan muertos y vienen directamente de su hábitat natural, es decir, del monte a la olla. Para el profesor Polo esto ha controlado el brote de alguna enfermedad, contrario a lo que ocurre en África o Asia, donde los ejemplares pasan días en cautiverio en estrecho contacto con los humanos u otras especies antes de ser sacrificados.
Por ahora, en la plaza de El Paujil todo seguirá con la normalidad de siempre, hasta cuando el estudio que está en curso o las investigaciones que se realicen próximamente arrojen resultados que le permitan a las autoridades ambientales y de gobierno saber si el comercio de carne de monte en Inírida representa un problema o una oportunidad.
Esta investigación hace parte del especial periodístico ‘Historias en clave verde’, realizado bajo el proyecto de formación y producción ‘CdR/Lab Periodismo en clave verde’ de Consejo de Redacción (CdR), con el apoyo de la Deutsche Welle Akademie (DW) y la Agencia de Cooperación Alemana.
Se aproxima el cierre de la convocatoria internacional para proyectos ambientales.
Los Premios Latinoamérica Verde convocan a organizaciones colombianas para que inscriban sus proyectos hasta el domingo 15 de marzo.
Son diez las categorías que fueron establecidas según los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): agua, bosques y flora, gestión urbana, desarrollo humano, energía, biodiversidad y fauna, finanzas sostenibles, manejo de residuos sólidos, océanos y producción y consumo responsable.
Este concurso nació en 2013 como una iniciativa sin ánimo de lucro de la consultora Sambito S.A., en alianza con la Alcaldía de Guayaquil y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En 2015 presentó su primera versión Latinoamérica y desde entonces ha recibido 10.144 proyectos de 41 países y 950 ciudades del continente. Este año el concurso realiza su séptima edición en Guayaquil, Ecuador, entre el 19 y 23 de agosto. Será una agenda enfocada al emprendimiento verde, ruedas de negocios, capacitaciones, charlas y la ceremonia de premiación.
Algunos ganadores
Proyecto de restauración ecológica ReViva, La Primavera
La ONG Asociación de Becarios del Casanare presentó en 2018 RE- Viva La Primavera, cuyo propósito es restablecer los servicios ecosistémicos de 80 hectáreas de bosque y fortalecer procesos de soberanía en la cuenca de la quebrada Aguazul, entre las veredas La Colorada y Cagui La Primavera, en el municipio de Yopal, Casanare.
“Estamos fortaleciendo un grupo de niños como reporteros del bosque, que cuentan la historia y el porqué de la restauración y conservación del bosque. También hemos generado nuevas actividades alrededor del proyecto, que hacen partícipe a los ciudadanos y estudiantes de universitarios. Por ejemplo, visitas guiadas por los guardabosques participes de esta iniciativa”, explica Andrea Barrera, una de las líderes del proyecto.
Esta iniciativa ganó el primer lugar en la categoría Bosque y flora, distinción que les ha servido como organización para gestionar nuevos proyectos. Este año, han sido invitados a la ISTF 26th Annual Conference 2020 en la Universidad de Yale, donde presentarán la conferencia: «Restoration for What and for Whom? Shifting the Paradigm in Tropical Forest Management».
Try My Ride
Más que un emprendimiento digital, Try My Ride es un sistema de transporte sostenible y colaborativo que propone alternativas de movilidad urbana para mitigar el impacto de los vehículos en el medio ambiente, como el uso de carros compartidos, bicicletas eléctricas y rutas para biciusuarios. En 2017 Try My Ride ganó el premio Tecnología para la Sostenibilidad, gracias a una alianza estratégica entre Premios Latinoamérica Verde, AT&T y DirecTV.
El premio consistió en una serie de capacitaciones en las oficinas de AT&T en Dallas, Texas, donde lograron fortalecer su propuesta con especialistas en negocios y financiamiento. Tres años después Try My Ride está presente en Bogotá, Cali y Medellín donde trabajan junto a empresas como el Grupo Éxito, Citibank, Itaú, Servientrega y Comfandi, según Andrés Silva, CEO de esta compañía. “Gracias a este premio ganamos visibilidad y reputación como empresa y, como emprendedores, logramos fortalecer el modelo de negocio, lo que hoy en día nos ha permitido abrir mercado en Perú”.
Proyecto Tití
Para Rosamira Guillen, directora ejecutiva de la fundación Proyecto Tití, organización que ganó en el 2019 en la categoría Biodiversidad y Fauna afirma: “el premio ha sido, más que un impacto directo en alianzas y en financiación, una gran oportunidad de visibilidad y reconocimiento de la labor que se ha venido desarrollando y eso para nosotros es importante porque es una carta de presentación y de prestigio frente a nuestros financiadores”, asegura Guillen.
Dentro de los beneficios que recibieron está la campaña de crowdfunding “Un dólar, un árbol”, a través de la plataforma greencrowds.org del PNUD, que apoya procesos de restauración y ampliación de las reservas forestales. Hasta el momento, se han recolectado cerca de US$6.000, que representan el 50% de la meta.
Guillen y su equipo compartirán su experiencia en el Foro de Desarrollo Sostenible para Latinoamérica y el Caribe a celebrarse en Cuba en marzo de este año, como parte de los incentivos que otorga Premios Latinoamérica Verde.
Quinta Saroco
Edwin Muñoz y Andrea Reyes, trabajan en Quinta Saroco, una hacienda cafetera agroecológica y autosustentable, a través de la cual han incidido en el turismo y la economía del municipio de Silvania, Cundinamarca. En 2018 ganaron el primer puesto en la categoría Producción y Consumo responsable.
Muñoz afirma que se ha incrementado la visita de turistas, quienes, con su trabajo voluntario, han reforestado el bosque nativo plantando cerca de 125.000 árboles en lo corrido de estos dos años. En cuanto a sus productos (como café, cremas, licores, etc.), sus ventas incrementaron lo mimso que contactos con entidades públicas y organizaciones de negocios verdes.
Han reconocido su labor, las Naciones Unidas, FAO, WWF y la WMT (Organización Mundial de Turismo), que los destacó como uno de los mejores destinos turísticos de Colombia debido a su responsabilidad con el impacto ambiental.
En 2019 fueron nominados al Equator Prize del PNUD, premio que se otorga cada dos años a las organizaciones que buscan reducir la pobreza mediante la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad; también han sido invitados a participar en el Energy Globe Award, en Turquía y al Energy Champion Award en Estados Unidos.
En Colombia este evento cuenta con el apoyo del Ministerio de Ambiente, la Cámara de Negocios Verdes, Pro Barrancabermeja, la Fundación Cultura Popular, el colectivo Ley de Origen, el Grupo Doble ELE y la ONG El Transformador.
La comunidad pide a Ecopetrol atender el daño para que la mancha no llegue hasta el caño Jeringa, donde han sido avistados varios manatíes.
Magdalena Medio. Comunidades campesinas del predio el Nuevo Edén, de la vereda La Hortensia, ubicado en el corregimiento de El Llanito, Barrancabermeja, reclaman a Ecopetrol soluciones ante la contaminación que está generando una fuga de petróleo en fuentes hídricas.
La expansión de petróleo se debe, dice la Corporación Yariguíes, a la antigüedad y falta de mantenimiento de la línea de conducción de este combustible que se ubica en los límites entre Barrancabermeja y Puerto Wilches.
Sin embargo, según indicó la empresa a los denunciantes, la emergencia corresponde a la instalación de una válvula ilícita a finales de noviembre de 2019.
La ciudadanía espera una gestión urgente por parte de las compañías Ecopetrol, Cenit y el contratista Ismocol, con el fin de que la mancha de crudo no llegue hasta el caño Jeringa, sitio donde los pobladores han avistado numerosos manatíes.