18 noviembre, 2022
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Derechos Humanos


Cambio Climático  / Comunidad  / En Cámara
Líderes sociales: desprotección y muerte en la Amazonia colombiana
RPVRPV Publicado el 18 noviembre, 2022


Este reportaje ahonda en las causas y efectos de la violencia contra líderes sociales, ambientales, campesinos, comunales e indígenas de la región Amazónica, al sur de Colombia.

 

 

Entérate Caquetá

Además, dedica un importante espacio para comprender las posibles soluciones y retos necesarios para cambiar las realidades de quienes históricamente han sido víctimas del conflicto.

También visibiliza la problemática de los líderes desde un enfoque territorial, plantea el diálogo con las comunidades, sus liderazgos y fortalece el debate público sobre las garantías de protección a líderes y defensores de DD.HH., la implementación integral de los Acuerdos de Paz, la Reforma Rural Integral, la regulación de los mercados de coca y cocaína y la importancia de la asociatividad para el desarrollo rural y sostenible.

Su autora, María Camila Cano, es periodista independiente y comunicadora social en formación. Desde 2021 es directora de directora de Entérate Caquetá,  medio de comunicación digital independiente. Con este trabajo ganó el Premio sobre Cambio Climático Ángela Restrepo Moreno en la categoría de ‘Medios comunitarios’ y el Premio de Periodismo Porvenir a la Sostenibilidad, como Aporte a la Sociedad 2022.

 


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Comunidad  / En Cámara
Apoyo internacional contra la violencia piden indígenas de Colombia
RPVRPV Publicado el 27 octubre, 2021


 

Expresan que en el último año la violencia en sus territorios se ha agravado al punto de contabilizar más de 15 mil hechos victimizantes en 19 comunidades étnicas de nueve departementos del país.

El Comité de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia hace un llamado a organismos internacionales para que realaicen una visita a los lugares donde el conflicto ha cobrado víctimas a traves de homicidios, retenciones, desplazamiento forzado, confinamiento, ataques, entre otras conplejas circunstancias.

 

 

 

 


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Impacto
Aumentó la violencia en territorios indígenas
RPVRPV Publicado el 25 octubre, 2021


Comunidades denuncian más de 12 mil hechos victimizantes este año y se declaran en alerta máxima y asamblea permanente. Además piden fin al que consideran ‘exterminio físico y cultural’. Solicitan visita técnica de Naciones Unidas y comisiones de desminado en Chocó y otros territorios.

 

La denuncia pública internacional se basó en un informe de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas realizada entre el 19 y 21 de octubre de 2021, que presentó con cifras la agudización del conflicto armado en diferentes zonas rurales de Colombia.

El informe refiere la violación a los estándares internacionales del Derecho Internacional Humanitario en territorios ancestrales, por parte de grupos armados legales, fuerza pública e ilegales, grupos paramilitares, disidencias de las Farc y grupos de narcotráfico.

«Esto incluye la falta de implementación del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de la paz estable y duradera, en la que se incluye el capítulo étnico».

Delegados de las comunidades expresaron ‘extrema preocupación’ porque entre enero y octubre de 2021 se generaron 12 251 hechos victimizantes, especialmente en nueve departamentos y 19 comunidades aborígenes.

De los 12 251 acciones, 9 341 son confinamientos; 2 444 personas desplazadas; 177 homicidios. Además, se han presentado 159 casos de amenazas individuales y colectivas; 11 atentados; 4 secuestros; 3 masacres; y 3 muertes y 2 heridos por minas antipersonas; 72 hostigamientos y combates, 3 retenciones ilegales; 2 casos de tortura; 2 desaparecidos; 41 reclutamientos forzados, entre otras afectaciones.

Los departamentos con mayor número de vulneraciones son: Chocó, Cauca, Putumayo, La Guajira, Cesar, Boyacá, Norte de Santander, Vichada y Arauca.

Los pueblos afectados: Wounaan, Embera Dobida, Katio y Chamí; Zenú, Nasa, Sikuani; Wayuu, Wiwa, Yanacona, Awá, Bari, Kametsa; Eperara Siapidara; Pastos; Yukpa; Arhuaco e Inga.

Mencionan también el desplazamiento de 1000 indígenas de Chocó y Risaralda que corresponde a familias asentadas actualmente en el Parque Nacional de Bogotá, debido al conflicto. Y a un grupo de jóvenes wayuu que hasta hace dos días hacían huelga de hambre en la Plaza de Bolívar para pedir mejoras en el plan de alimentación de su departamento.

Los representantes de los pueblos hablaron del asesinato de dos jóvenes wayuu en Tibú, Norte de Santander; del incremento de acciones violentas en Guainía, Putumayo y Caquetá; de cómo grupos armados ilegales han copado las cabeceras de municipios en el Amazonas y ocupado áreas de comunidades; del confinamiento y desplazamiento forzado y nueve homicidios en Chocó y 14 en Nariño.

Informaron que en el departamento de Cauca suman 85 homicidios de comuneros, de los cuales, cuatro corresponden a autoridades indígenas. También se han presentado 24 incursiones armadas, varias de ellas eran atentados contra líderes, comuneros y guardias indígenas, 92 amenazas individuales (líderes, guardias, autoridades, 43 amenazas colectivas y 40 reclutamientos a niños indígenas por grupos armados ilegales.

«Muchos de estos casos corresponden a retaliación por control territorial que, como parte de la autonomía territorial, las comunidades realizamos».

También denunciaron que en Guainía la minería legal ilegal ha obligado a los pueblos Nukak y Jiw a asentarse en San José del Guaviare con graves consecuencias para la población y para algunos de los jóvenes afectados por el consumo de sustancias psicoactivas y explotación sexual.

Las anteriores, solo son algunas de las complejidades que afrontan muchos pueblos aborígenes, por eso solicitan una visita del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU; una misión de observación sobre la situación de emergencia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la búsqueda de soluciones por una mesa de coordinación de organismos internacionales y una comisión de desminado humanitario y la instalación de una mesa entre autoridades indígenas, la CIDH, ACNUR y ONU, para hacer seguimiento a la situación descrita.

 

Otros impactos como la minería

 

 

Tanto la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia como las comunidades afectadas por la violencia se declararon en alerta máxima y asamblea permanente hasta tanto se de una salida por parte del Estado y sean escuchados y ayudados por los organismos internacionales mencionados.

 


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Mundo
“Los gobiernos no están haciendo lo suficiente para proteger a los defensores de derechos humanos»
RPVRPV Publicado el 25 octubre, 2020


Lawlor habló de la situación de los defensores en América Latina, pero también del rol que cumplen los gobiernos y las empresas en las amenazas y agresiones a quienes defienden sus derechos.

 

Yvette Sierra Praeli / Mongabay Latam 

 

En mayo de este año, Mary Lawlor asumió la Relatoría Especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU). Lo hizo en medio de una pandemia que le ha impedido llegar a aquellos lugares donde se registran amenazas y crímenes a defensores ambientales y de derechos humanos.

Tiene pendiente viajar en los próximos meses a los pueblos y las zonas rurales alejadas donde “los riesgos son mayores”, confiesa a Mongabay Latam en esta entrevista concedida en exclusiva a un día de presentar su reporte Advertencias finales: amenazas de muerte para defensores de derechos humanos, ante la Asamblea de las Naciones Unidas.

Lawlor es firme en sus cuestionamientos, sobre todo cuando se refiere a los gobiernos y a la participación de algunas empresas en las amenazas y asesinatos de líderes ambientales y sociales, y a la impunidad a la que están expuestos.

 

Latinoamérica es considerada la región más peligrosa para los defensores de los derechos humanos y ambientales, ¿qué está pasando?

 

La situación en América Latina es muy grave. Vemos muchos casos de defensores que trabajan por sus tierras, por los derechos de los pueblos indígenas y por el medio ambiente que se convierten en un objetivo debido a su trabajo en derechos humanos. Al parecer, lo que sucede y ha estado sucediendo por muchos años, en particular con aquellos defensores del medio ambiente y de los derechos de los pueblos indígenas, es que están en un mayor riesgo y, por supuesto, sucede lo mismo con las mujeres y los pueblos indígenas (…) Sabemos que este tipo de defensores son los más asesinados.

 

Es una situación muy grave…

 

Tenemos reportes de muchos defensores de derechos humanos, por lo menos 304 fueron documentados el año pasado por Front Line Defenders, y el 40 % de ellos corresponde a líderes que trabajan en los derechos de los territorios indígenas y del medio ambiente. Colombia ha sido el país con el mayor número de defensores asesinados. Y es que a menudo estas muertes ocurren en el contexto de las grandes empresas, minería extractiva y proyectos de negocios que también pueden estar involucrados en deforestación y actividades ilegales.

Se pueden encontrar líderes y comunidades que se enfrentan al impacto de los negocios, que luchan por su derecho a la consulta previa, libre e informada (…) pero en ese proceso de trabajo muchos de ellos son asesinados. Y esto es una tragedia no solo para su familia y amigos, sino también para la comunidad. No se puede separar la forma de vida y de subsistencia de la comunidad, porque ellos viven y se alimentan de lo que crece en sus tierras, y si la deforestación ocurre en sus bosques, si se contaminan sus ríos y si una hidroeléctrica afecta el agua que consumen, o lo que fuera, ellos no se pueden ir a otro lugar.

 

¿Considera entonces que el acceso a los recursos naturales se ha convertido en la causa de los asesinatos?

 

Creo que el patrón es claro. Hay una conexión entre los intereses económicos y las amenazas que socavan el medio ambiente. No se puede separar lo que sucede a los defensores ambientales del impacto en la forma de vida de las comunidades y, luego, por supuesto, los impulsores de la corrupción que socavan la protección que se puede dar a los defensores. Puedo hablar de lo que sucede en Guatemala, porque estuve en una misión en ese país y viajé especialmente para ver la situación de los defensores de los derechos ambientales. Fui testigo, por ejemplo, de un grupo de mujeres que, cada día, durante seis meses, estuvo protestando. En varios lugares del país hubo protestas y las autoridades no sabían qué hacer. Recientemente tuve una reunión con compañías involucradas en hostigamientos en Colombia, de una gran mina de carbón, y desde mi punto de vista, habiendo hablado con ellos, no hay respeto a los defensores de los derechos humanos.

Mary Lawlor

Samir Flores, defensor ambiental asesinado en Morelos, México. Foto: archivo Facebook.

Usted ha dicho que las empresas, algunas veces, son cómplices de lo que sucede con los defensores ambientales. ¿Cuál es el rol de estas compañías en las amenazas y asesinatos de los defensores?

 

Creo que el caso mejor documentado es el de Bertha Cáceres en Honduras, en el que la compañía DESA estuvo implicada en su asesinato y personal de esa empresa ha estado involucrado. Bertha era una mujer que defendía al pueblo lenca en contra de la instalación de una hidroeléctrica que amenazaba con afectar el agua, y fue asesinada. Como resultado, el gobierno de Honduras fue forzado a establecer una investigación y se encontró evidencia muy bien documentada de que el asesinato fue ordenado por DESA. También dos bancos que financiaban el proyecto estuvieron involucrados. Y se estableció una sentencia para los asesinos que fueron contratados por la compañía. Ese es un ejemplo claro de cómo las compañías están detrás de las amenazas y asesinatos de los defensores ambientales. Como sabemos esta compañía no realizó la consulta con la gente, y lo que sucede, por lo general, es que las empresas consiguen las licencias de los gobiernos, que se supone deben proteger los derechos de las personas, así como se supone que las empresas deben respetar los derechos humanos de la gente.

 

¿Algún país en Latinoamérica le causa mayor preocupación?

 

Como relatora de los derechos humanos mi labor es alertar sobre lo que está pasando con los defensores y buscar la mejor forma para protegerlos. El centro de mi trabajo son las personas, no los países. Pero en general, en todo Latinoamérica hay ejemplos de violaciones de derechos humanos y no todo tiene que ver con medio ambiente, territorio o pueblos indígenas. En las sociedades patriarcales o religiosas, por ejemplo, hay casos terribles de mutilación de los derechos de reproducción de las mujeres, y también se vulneran los derechos de las personas LGTBI. Se presentan ataques y asesinatos terribles. En realidad, no hay país libre de violaciones a los derechos humanos. Incluido el mío.

Mary Lawlor

El asesinato de Berta Cáceres en Honduras es un ejemplo de la relación de las empresas con las amenazas y crímenes de ambientalistas. Foto: Cortesía de Goldman Environmental Prize.

¿Entonces considera que las mujeres enfrentan mayores riesgos y amenazas?

 

Las mujeres defensoras de los derechos humanos tienen un doble riesgo. Tanto por lo que son mujeres, así como por el trabajo que realizan (…) Ellas pueden estar en riesgo dentro de su propia familia y de su comunidad o pueden estar en riesgo por los gobiernos o las compañías. Y sin son mujeres indígenas y pelean por sus tierras, como Bertha [Cáceres] que peleó 20 años por los derechos del pueblo lenca, están expuestas a una doble discriminación, y eso sucede alrededor del mundo. Y esto pasa porque las mujeres no son vistas como iguales con los hombres. Y están los casos de las sociedades patriarcales o religiosas que solo permiten el matrimonio entre hombres y mujeres, y no aceptan que se casen dos hombres o dos mujeres. Y si alguien es transgénero y trabaja por las personas trans, está en doble riesgo. Todos son ejemplos de riesgo extra, exagerado para las mujeres que defienden los derechos humanos.

 

Desde que empezó su mandato ha enviado cartas pidiendo explicaciones a más de 30 países en el mundo y 9 de ellos en Latinoamérica ¿Qué ha pasado con estas comunicaciones?

 

Algunas veces responden y otras no. En algunos casos, cuando responden no lo hacen substancialmente o sobre lo que preguntamos, más bien envían una suerte de respuestas preestablecidas. Al Perú, por ejemplo, preguntamos por el caso de Arbildo Meléndez, el líder indígena asesinado en abril de este año, que lideraba a su comunidad para lograr la titulación de su territorio y se oponía a la deforestación y al narcotráfico, y el gobierno peruano respondió a nuestra demanda. En su respuesta explicó que ha pedido al fiscal provincial y otras autoridades que se encuentre a los responsables. Pero también hay que recordar que Arbildo había solicitado medidas de protección y esa petición fue rechazada, aunque luego de su asesinato han ofrecido medidas de protección para su familia y el sospechoso ha sido arrestado. Los esfuerzos están dados, no siempre, pero en este caso fue una respuesta adecuada del gobierno peruano.

 

Le pareció adecuada la reacción del gobierno peruano…

 

En el caso de Perú existe un plan nacional en derechos humanos y tienen un protocolo para proteger a los defensores de derechos humanos que fue aprobado en abril del 2019 y activar esta intervención es posible cuando los defensores están en peligro. Pero antes de ello no había leyes ni políticas. Eso es un avance y es algo específico que puede hacer. Pero también debe ratificar el Acuerdo de Escazú, porque es una herramienta de acceso a la información pública para los defensores ambientales y para la participación en las decisiones, así como el acceso a la justicia. Realmente Perú lo debe hacer porque ha estado involucrado en la negociación y necesitamos la ratificación de dos países más para que entre en vigencia. Sería un gran gesto hacerlo por parte de la clase política peruana.

 

Muchos líderes indígenas han sido asesinados por defender su territorio…

 

Es muy triste ver que los líderes indígenas son asesinados cuando buscan la titulación de su territorio. Normalmente, tratan de llevar adelante todo el proceso de titulación, pero pasan años y años sin que se concrete. Sin embargo, luego esas tierras son invadidas por personas individuales o asociaciones que consiguen sus títulos de propiedad y después las venden a los grandes negocios. Entonces puedes ver que hay una forma de tratar a los pueblos indígenas que intentan conseguir los títulos de sus tierras y otra distinta para los traficantes de tierras que es más rápida. Recuerdo que estuve en Brasil varios años atrás y supe que falsificaban títulos. Quienes se dedican a esto se instalan en tierras que no son utilizadas y luego reciben sus títulos.

 

Las actividades ilegales están relacionadas con los asesinatos de líderes ambientales y defensores de los derechos humanos ¿Esta situación es más crítica en la Amazonia o en lugares de difícil acceso?

 

Una de mis prioridades durante mi mandato será tratar de conectar a los defensores de derechos humanos que están en las zonas rurales y que no tienen acceso a las Naciones Unidas, al sistema internacional o a las organizaciones no gubernamentales que pueden protegerlos. Cuando se normalicen los viajes planeo tener las reuniones en las áreas rurales, porque normalmente estas sesiones tienen lugar en las ciudades a las que no es fácil desplazarse y eso significa que muchas personas, muchos defensores y líderes son excluidos. Claro que toma más tiempo ir a las áreas rurales, pero también debido a ese aislamiento, quienes viven allí enfrentan más riegos. Particularmente, cuando ponen esas restricciones a los viajes muchos defensores de los derechos humanos se convierten en un blanco, les es difícil movilizarse a un lugar seguro donde puedan quedarse, por lo tanto, están en mayor riesgo.

 

¿Considera que los gobiernos están haciendo lo suficiente para proteger a los defensores?

 

Definitivamente no. Yo que estoy a cargo de la Relatoría Especial para la situación de los derechos humanos en todo el mundo, puedo decir que en todas las regiones los gobiernos no están haciendo lo suficiente para proteger a los defensores de derechos humanos. Tiene que haber un compromiso claro, leyes y políticas para protegerlos y un reconocimiento público sobre su trabajo. Ellos tienen razones para hacer ese trabajo y tienen derecho a ser protegidos y a contribuir con la sociedad de la forma en que lo hacen. Por lo tanto, se tiene que ser claro en valorar a las personas que trabajan legítimamente en la defensa de los derechos humanos.

A Irma Lemus (centro) intentaron secuestrarla en su viaje al exilio. Foto: Radio Progreso.

A Irma Lemus (centro) intentaron secuestrarla en su viaje al exilio. Foto: Radio Progreso.

 

¿Las leyes que existen no son suficiente?

 

Creo que la voluntad política no es suficiente. Si miras alrededor del mundo, ves que los gobiernos se manejan por intereses políticos y estratégicos que socavan los ideales de los defensores de derechos humanos. Puede ser por corrupción o para conseguir ingresos para el país, hay muchos factores en juego, pero cuales sean los intereses políticos y económicos, deberían respetar lo que dice la declaración de los derechos humanos sobre los defensores ambientales, que establece que deben ser protegidos por la labor que realizan. Pero tiene que ser un reconocimiento público, seguido de leyes y políticas adecuadas que tienen que ser implementadas.

Los derechos humanos en tiempo de pandemia

 

Durante este tiempo de pandemia varios defensores ambientales han sido asesinados. En Perú, Colombia, México han ocurrido crímenes. Parece que los ataques a los defensores ambientales no se han detenido pese a la inmovilización…

Creo que todo lo que han hecho los defensores de derechos humanos en este tiempo ha sido más difícil porque han debido hacerlo a distancia, y también ha sido más peligroso porque no era posible movilizarse. Los gobiernos alrededor del mundo han convertido en blanco a los defensores de los derechos humanos incluidos médicos y periodistas que están tratando de decir la verdad durante la pandemia. Es realmente triste.

 

Usted ha mencionado cifras de casos de amenazas y asesinatos reportados, ¿existen cifras reales sobre lo que está sucediendo con los defensores de derechos humanos y defensores ambientales?

 

Global Witness tiene reportes anuales de los defensores ambientales, pero no hay suficiente información o documentación sobre lo que está pasando con todas las personas que defienden los derechos humanos y el medio ambiente o en el caso de los pueblos indígenas y de quienes defienden sus derechos. Además, otras tácticas de los gobiernos es presentar cargos legales e iniciar procesos en las cortes con cargos que nunca se detienen, juicios injustos, y cosas como esa. Es una terrible táctica que permite a los gobiernos neutralizar a los defensores de los derechos humanos.

Mary Lawlor

La Relatora Especial Mary Lawlor envió una carta al gobierno peruano para preguntar sobre el caso de Arbildo Meléndez y otros líderes indígenas amenazados y asesinados. Foto: Aidesep.

 

¿Usted considera que hay impunidad?

 

Sí, hay impunidad. Si el gobierno es corrupto, la impunidad usualmente está ligada a la corrupción. Y también, en algunos casos, los gobiernos no tienen los medios o no son capaces de rastrear esa impunidad.

Imagen superior: Relatora Especial de las Naciones Unidas Mary Lawlor. Foto: Front Line Defenders.

ALIANZA INFORMATIVA

MONGABAY LATAM – RED PRENSA VERDE

 


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Comunidad  / Pandemia
Grupos armados aprovechan cuarentena para asesinar a indígenas y defensores
RPVRPV Publicado el 14 abril, 2020


Indígenas y líderes sociales han sido asesinados durante el aislamiento preventivo obligatorio en el país para enfrentar el COVID-19. Los agresores saben donde viven sus víctimas y estas no se pueden mover de sus casas por la medida adoptada por el gobierno.

 

ANTONIO PAZ CARDONA / MONGABAY LATAM

 

“La violencia no se fue de cuarentena”, es una de las frases que repiten líderes sociales, ambientales y de derechos humanos en Colombia. Y así lo confirman también diferentes ONG y autoridades indígenas.

Desde el 25 de marzo todo el país se encuentra en aislamiento preventivo obligatorio y los pueblos indígenas ya enfrentan cuatro casos de contagio por COVID-19 en dos comunidades. Dos de ellos en el pueblo binacional Yukpa, en el departamento de Norte de Santander en frontera con Venezuela y dos más en el pueblo Pastos, en el departamento de Nariño en frontera con Ecuador.

Pero este no es el único peligro con el que tienen que lidiar hoy. El 23 de marzo, dos indígenas embera fueron asesinados en el norte del departamento del Valle del Cauca y otros dos resultaron heridos mientras cumplían con el aislamiento ordenado en esta región, previo al que regiría en todo Colombia. El 26 de marzo, grupos armados atentaron contra cuatro estaciones de Policía y la carretera Panamericana en el departamento del Cauca, donde habitan varias comunidades indígenas colombianas y desde el viernes 3 de abril en la noche los indígenas embera del resguardo Pichicora Chicué Punto Alegre-Rio Chicué en Bojayá, Chocó, están atrapados en medio de las balas de dos grupos armados.

El gobierno nacional ha anunciado que atenderá a los más vulnerables, entre los que se encuentran las comunidades indígenas, pero a muchos de esos territorios aún no ha llegado nada y no hay certeza de que los recursos alcancen para atender a todos los que necesitan apoyo durante la pandemia del COVID-19. ¿Cómo los indígenas y líderes sociales están enfrentando la crisis sanitaria en medio de la constante violencia que se vive en muchos territorios del país?

 

Indígenas asesinados y amenazados durante la pandemia

 

Al reto que supone atender la emergencia sanitaria, los indígenas le agregan sobrevivir en medio de la violencia que hoy está más vigente que nunca. En la noche del 23 de marzo Omar y Ernesto Guasiruma Nacabera, de la comunidad Buenavista de la nación embera, fueron asesinados luego de que desconocidos llegaran a su casa y los invitaran a una supuesta reunión urgente. Les dispararon a 20 metros de su vivienda en la zona rural del municipio de Bolívar en el departamento de Valle del Cauca y otros dos indígenas de la misma familia fueron heridos de gravedad.

Tres días después del asesinato de los indígenas embera, disidencias de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) perpetraron varios atentados en los municipios de Toribío, Corinto, Caldono y Totoró en el departamento del Cauca. “Fue presuntamente por la conmemoración de la muerte de Manuel Marulanda Vélez, alias ‘Tirofijo’. No tiene ninguna lógica que estos grupos ilegales, que ya no están en el marco de un conflicto armado sino de otras dinámicas delictivas, ataquen poblaciones vulnerables en la ruralidad”, le dice a Mongabay Latam Jhoe Sauca, coordinador de Defensa a la Vida y Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

Días después, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció un cese de actividades militares entre el 1 y el 30 de abril. “El problema ahorita son las disidencias de las FARC que no muestran ninguna capacidad política y estructural para frenar estas situaciones”, dice Sauca.

Sin embargo, desde el viernes 3 de abril a las 22:30, el ELN se está enfrentando a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en el municipio de Bojayá (Chocó), en territorio de la comunidad embera Pichicora Chicué Punto Alegre-Rio Chicué. Los indígenas han reportado la explosión de al menos 10 granadas, algunos lograron huir caminando hasta la comunidad de Peñita pero la mayoría siguen atrapados en medio del fuego pues los grupos armados los tienen confinados, prohibiéndoles resguardarse en otras poblaciones.

Chocó y Cauca son dos de los departamentos más violentos para los indígenas, y en general para todo tipo de liderazgo. Desde el CRIC aseguran que tienen temor pues para frenar la expansión del COVID-19 en sus territorios han establecido puntos de control donde la guardia indígena —que se encarga de proteger a las comunidades— restringe el paso de todo aquel que no sea del territorio o que no preste servicio de actividades esenciales como el transporte de alimentos. Esto también termina por perjudicar a los actores ilegales que pueden tomar represalias contra ellos.

Los indígenas del Cauca saben que están asumiendo un riesgo pues, al cerrar sus territorios, evitan que los ilegales movilicen libremente la coca y la marihuana. De hecho, hace pocos días hubo un atentado contra uno de los coordinadores de guardia regional que “afortunadamente salió ileso y pudo refugiarse”, dice Sauca. Al dirigente le preocupa lo que sigue pasando con las amenazas en contra de indígenas en el norte del departamento, en especial en la región de Tierradentro que comprende los municipios de Belalcázar e Inzá.

“El norte del Cauca es uno de los territorios más complejos, está en disputa, es vía para el tránsito de armas y narcóticos en medio de territorios indígenas. Esto pone en riesgo a las comunidades que debido al coronavirus han cerrado fronteras”, asegura Leonardo González, director de investigaciones de Indepaz. (Aquí puede ver el listado completo de Indepaz sobre líderes asesinados en el primer trimestre de este año).

 

Los grupos armados, en lugar del Estado, son los que “a sangre y fuego” hacen cumplir la cuarentena en muchas regiones de Colombia para expandir su control territorial y actividades delictivas. En medio de ese panorama los indígenas cierran sus territorios mientras ya reportan cuatro contagiados en las fronteras con Ecuador y Venezuela.

 

La preocupación por lo que sucede con los indígenas es compartida por Sirley Muñoz, coordinadora del Sistema de Información de la organización Somos Defensores. “En este trimestre [enero a marzo de 2020] han asesinado siete indígenas en los departamentos de Cauca, Chocó, Cundinamarca, Caquetá y Nariño”, asegura. En ese listado aún falta agregar a los dos indígenas embera asesinados en el Valle del Cauca.

“Ellos [los indígenas], junto con los campesinos, son uno de los liderazgos más perseguidos en el país. Sus luchas tienen mucho que ver con territorio y medio ambiente. Están en un riesgo muy grande en este momento”, dice Muñoz.

Por su parte, Aida Quilcue, consejera de Derechos Humanos y Paz de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), comenta que han implementado un sistema de monitoreo interno “para revisar cómo están nuestras comunidades, no solo para revisar si llegó la pandemia sino la situación de emergencia que se viene dando en el territorio, que no es solo sanitaria sino humanitaria, relacionada con los asesinatos de los indígenas en el Valle o el desplazamiento forzado en Chocó”.

Quilcue dice que ONIC está fortaleciendo el contacto que tiene con sus autoridades en cada una de las regiones y estas, a su vez, con cada una de las autoridades locales. Solo en el Cauca hay 137 puntos de control con guardia indígena pero también los hay en el departamento del Huila y en el Caribe colombiano.

 

 

El COVID-19 ya entró a algunas comunidades indígenas

 

La pandemia del COVID-19 ya tocó a las comunidades indígenas. La ONIC está entregando informes diarios de lo que ocurre en sus comunidades. El pueblo yukpa colombo-venezolano fue el primer afectado, pues en Cúcuta se registraron dos indígenas con COVID-19 el 26 de marzo. El 1 de abril una comunidad embera katío del Alto Andágueda en el Chocó, que vivía de alquiler en Bogotá, fue desalojada y a pesar de que la alcaldesa de la capital, Claudia López, dijo que era ilegal hacer desalojos durante la contingencia, esta es una situación que preocupa a muchos indígenas desplazados de sus territorios. Finalmente, el 3 de abril la ONIC anunció el contagio de otros dos indígenas de la etnia Pastos, que habita entre el departamento colombiano de Nariño y la provincia ecuatoriana de Carchi.

Además de esto, diversas organizaciones han denunciado la vulnerabilidad de pueblos como los wayúu, que viven en el departamento de La Guajira, en el Caribe colombiano. Arrastran consigo décadas de abandono, viven en condiciones precarias, miles de sus niños han muerto por desnutrición y no tienen acceso a buena alimentación ni a agua potable. En una campaña por redes sociales, impulsada por la ONIC, los indígenas wayúu aseguran que no tienen acceso a información y a capacitación sobre cómo enfrentar esta situación de salud, no tienen hospitales cerca y no tienen cómo cumplir con una de las medidas más promocionadas para enfrentar el COVID-19: no pueden lavarse las manos frecuentemente porque no tienen agua.

El gobierno nacional divulgó el 25 de marzo una circular para “dar recomendaciones para la prevención, contención y mitigación del coronavirus (COVID-19) en grupos étnicos”. Estas recomendaciones son básicas y buscan implementar acciones para evitar la salida de sus territorios, limitar el ingreso de personas ajenas a las comunidades, limitar el desarrollo de actividades comunitarias o de asistencia masiva, establecer acciones para detectar casos sospechosos y desarrollar acciones comunicativas con mensajes claros y sencillos según las necesidades de cada grupo étnico.

“El gobierno ha tomado decisiones muy generalizadas. En la ruralidad la gente está muy amenazada, enfrentando la pandemia y con los grupos armados al lado. Son los mismos grupos armados los que están controlando y regulando las cosas en el territorio mientras se lucha contra el coronavirus. El gobierno no está haciendo mucho”, dice Sirley Muñoz de Somos Defensores.

Muñoz dice que la directriz del gobierno plantea que cada pueblo defina cómo manejará las cosas en su territorio pero ella no ha visto nada que hable de la protección de líderes durante la cuarentena.

Jhoe Sauca de la CRIC también habla de la ausencia del Estado. “Al momento no hay razón del gobierno, las medidas son mínimas tanto a nivel nacional como en los planes de contingencia departamentales, no tienen en cuenta nuestro sistema de salud propio”, precisa.

Sauca asegura que las comunidades indígenas del Cauca en este momento elaboran su propio plan de contingencia para presentarlo al gobierno nacional pues tienen ese derecho. “La iniciativa ha sido nuestra, demostrando que tenemos un gobierno propio y un sistema que en medio de esta crisis funciona organizadamente”, indica. Incluso, asesoran a otras comunidades indígenas del país en cómo prepararse para enfrentar la pandemia.

Lo primero que hicieron los indígenas del Cauca fue establecer unos puntos de control con las guardias y autoridades indígenas para regular la entrada y salida de personas. La segunda medida fue fortalecer el sistema indígena intercultural de salud propia. Están preparando a sus instituciones prestadoras de salud (IPS) indígenas para una contingencia y, finalmente, trabajan en educación con todas las recomendaciones dadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Comunidad indígena Yukpa. Foto: Esteban Vega La-Rotta / Semana Sostenible.

Comunidad indígena Yukpa. Foto: Esteban Vega La-Rotta / Semana Sostenible.

En este momento no hay un plan de acción robusto de atención para los indígenas y otras comunidades étnicas en Colombia. Por ahora, lo único nuevo ha sido el anuncio de la ministra del Interior, Alicia Arango, quien ha dicho que el gobierno ya puso en marcha la campaña #ColombiaEstáContigo #UnMillónDeFamilias donde se van a entregar un millón de mercados (canastas familiares), de los cuales 480 600 serán para comunidades indígenas, que forman parte de las poblaciones vulnerables priorizadas. “La logística para llegar a territorio está en desarrollo”, dijo, pero no se sabe aún cuándo recibirán esta ayuda.

Actualmente los territorios indígenas del Cauca no tienen ningún caso de contagio. “Hasta el momento tenemos unos resultados muy positivos pero tenemos un poco de temor porque en algunas regiones se ha perdido el rastro del virus y el Cauca no es una excepción”, sostiene Sauca. Su temor tiene un fundamento y es que Juan Carlos López, alcalde de Popayán, la capital caucana, dio positivo para COVID-19 el pasado 20 de marzo. El funcionario estuvo de viaje en Marruecos e hizo escala en el aeropuerto de Madrid y no informó de su viaje cuando regresó a Colombia. Incluso, días después tuvo una reunión en Casa de Nariño con el presidente Iván Duque para hablar de cómo enfrentar la pandemia.

López habría mentido cuando en Presidencia le preguntaron si había estado en el exterior en los últimos 14 días. Por eso, la Fiscalía General de la Nación anunció que le imputará cargos por el delito de falsedad ideológica en documento público, que contempla una pena de 64 a 144 meses de cárcel.

 

 

Otros líderes en peligro

 

Jhoe Sauca, coordinador de Defensa a la vida y Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), asegura que en algunos puntos de control ya trabajan de la mano con grupos campesinos, pues “hay muchas luchas que nos identifican y en las cuales también estamos involucrados. Eso genera un buen ambiente para esta situación que vivimos”, dice.

Hugo Albeiro George líder asesinado en el norte de Antioquia en 2018. Foto: Movimiento Ríos Vivos.

Hugo Albeiro George líder asesinado en el norte de Antioquia en 2018. Foto: Movimiento Ríos Vivos.

Los líderes campesinos también están en la primera línea de batalla en Colombia. Sirley Muñoz de Somos Defensores indica que entre enero y marzo de 2020 se dispararon los homicidios. Por ahora llevan un registro de 55 asesinatos y afirma que este ha sido el peor trimestre desde 2009, cuando se creó el sistema de información de la organización. “El año pasado tuvimos 25 asesinatos en el mismo periodo. Esto nos muestra una actividad de los grupos armados muy alta en las regiones”, explica.

Muñoz asegura que el año pasado bajaron mucho los asesinatos con relación a años anteriores pero subieron las amenazas. Esa era una señal de que en periodos posteriores aumentarían los asesinatos, en otras palabras, “las amenazas se están concretando”. También le preocupa que la ministra del Interior, Alicia Arango, ha dicho que este año solo hay ocho casos confirmados de asesinatos de líderes. “Eso por cualquier lado que lo mires no puede ser cierto”, enfatiza Muñoz.

En este momento los departamentos más peligrosos para los líderes en Colombia son Cauca, Antioquia, Chocó, Córdoba y Norte de Santander. Isabel Cristina Zuleta, integrante del Movimiento Ríos Vivos, conoce de cerca la situación que se vive en el norte de Antioquia, una de las zonas del país más azotadas por la violencia. “Los enfrentamientos entre grupos al margen de la ley continuaron, eso no ha entrado en cuarentena ni se ha suspendido”, dice.

El territorio se lo disputan las disidencias de los frentes 36 y 18 de las FARC, el ELN y varias bandas criminales como los Caparrapos. Esa lucha ha desplazado a cientos de campesinos y excombatientes de las FARC que se acogieron al Acuerdo de Paz. Zuleta asegura que estos grupos armados publican comunicados diciendo que la cuarentena en las casas es dada por ellos y que la harán cumplir “a sangre y fuego”. Tener a la gente encerrada en sus casas les permite tener mayor control sobre la población y menos obstáculos para sus actividades delictivas en la zona. El aislamiento preventivo obligatorio en el país se convirtió en «un aliado» para extender su control territorial.

A inicios de año Hidroituango impidió el paso de agua del río Cauca por más de una semana. Foto: EPM.

A inicios de 2019 Hidroituango impidió el paso de agua del río Cauca por más de una semana. Foto: EPM.

En esta región también se vive un conflicto socioambiental con el polémico proyecto Hidroituango. “Mucha gente no tiene casa porque fueron desplazados o perdieron su vivienda con la inundación de Hidroituango. El puesto de salud fue arrasado por la avalancha, tampoco lo han reconstruido”, señala Zuleta.

Las medidas restrictivas que se han tomado en los municipios del norte antioqueño para contener la pandemia son muy estrictas, precisamente porque no hay una buena red hospitalaria, “solo lo básico y está adecuada para la guerra y no para este tipo de enfermedades”, dice Zuleta. En caso de que el COVID-19 llegué a esta zona no habría capacidad para atender los casos y el traslado de los pacientes a ciudades como Medellín sería muy complicado.

De acuerdo con Zuleta, la población no tiene fuente de sustento para estas épocas porque se ganan la vida en el diario, “salen a pescar y no hay pescado, no hay barequeo y los que lo logran no tienen a quién venderle”. Además, muchos pescadores y barequeros son adultos mayores, hipertensos y con otras enfermedades. “No han podido salir de la casa y no tienen quien les ayude”, agrega Zuleta.

Sirley Muñoz de Somos Defensores asegura que los líderes en las diferentes regiones del país los llaman y les dicen que tienen miedo. “Hay gente en cuarentena que está amenazada, encerrada en la casa y los que amenazaron saben dónde viven. También nos han contado que a muchos les están quitando los esquemas de seguridad durante la cuarentena”, dice.

El asesinato del líder social Hámilton Gasca Ortega en el municipio de Piamonte, Cauca, es un fiel reflejo de lo anterior. En la noche del viernes 3 de abril, en plena cuarentena, Gasca fue asesinado en su casa cuando hombres fuertemente armados llegaron disparando contra toda su familia. El hombre y dos de sus hijos murieron, mientras que su esposa y su hijo menor lograron huir.

Las organizaciones de derechos humanos y de las comunidades temen que si el aislamiento preventivo obligatorio se extiende, se podrían incrementar las agresiones contra los líderes. “El COVID-19 es una sombra muy buena para la violencia. La gente tiene la mirada puesta solo en el virus”, concluye Muñoz.

 

ALIANZA INFORMATIVA

MONGABAY LATAM – RED PRENSA VERDE


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Impacto
Ya firmado, piden acelerar ratificación del Acuerdo de Escazú
RPVRPV Publicado el 12 diciembre, 2019


La Alianza por el Acuerdo pide activar la Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental (MIDA), para su seguimiento.

 

El Acuerdo de Escazú sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe ya fue firmado por Colombia.

Con fecha del 11 de noviembre de 2019, un día antes de lo anunciado por el presidente Iván Duque, el embajador Guillermo Fernández de Soto, representante permanente de Colombia ante Naciones Unidas, lo suscribió en Nueva York.

Así, después de ser adoptado en Costa Rica el 4 de marzo de 2018, el Acuerdo de Escazú ha sido firmado por 22 de los 33 países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil Costa Rica, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Haiti, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,  San Vicente y las Granadinas,  Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, Uruguay y Colombia.

Entrará en vigencia cuando sea ratificado por 11 países, proceso que hasta el momento han cumplido cinco naciones: Uruguay, Bolivia,  Guyana, Saint Kitts y Nevis y San Vicente y las Granadinas.

 

El camino de la ratificación

 

La Alianza por el Acuerdo de Escazú en Colombia expresó que recibe con agrado el anuncio del presidente Iván Duque sobre la firma del Acuerdo, pero pide avanzar con su ratificación.

Para cumplir con este proceso, a partir de la firma, se deben cumplir cinco etapas:

  • La Cancillería debe presentar un proyecto de ley ante el Congreso de la República.
  • El Congreso deberá debatirlo y aprobarlo.
  • La Corte Constitucional dará el visto bueno al determinar la constitucionalidad del mismo a través de una sentencia.
  • La Ley aprobatoria debe ser sancionada por el Presidente.
  • La Cancillería deberá elaborar el instrumento de ratificación que se deposita ante la Secretaría General de la ONU, en su oficina de Estados Unidos.

“Con fundamento en nuestra intención de diálogo constante con el Gobierno, las organizaciones que hicimos seguimiento a la negociación del Acuerdo de Escazú y que participamos activamente en su aprobación, solicitamos la inmediata puesta en marcha y fortalecimiento de la Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental (MIDA)”.

Este espacio de gobernanza fue promovido conjuntamente por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la sociedad civil y, finalmente, formalizado mediante la Resolución 1496 de 2018.
Entre sus funciones, la MIDA  es una plataforma para promover y hacer seguimiento a la ratificación del Acuerdo de Escazú.

“El Acuerdo es una herramienta para el fortalecimiento de la participación ciudadana, por esta razón consideramos que el anuncio de su firma, constituye un reconocimiento al valor de las demandas expuestas por la sociedad civil y manifestantes en el marco del paro nacional y a las discusiones de la mesa ambiental. Por lo que, recordamos que la democracia ambiental se fortalece con el diálogo honesto sobre las diversas exigencias y preocupaciones de los manifestantes que aún no han sido resueltas o tenidas en cuenta”, expresaron.

La Alianza por el Acuerdo de Escazú  está integrada por 11 entidades y organizaciones: WWF, Asociación Ambiente y Sociedad y la Universidad del Rosario con el apoyo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, la Clínica Jurídica de la Universidad de Medellín, Justicia Ambiental, la Red por los Derechos de la Información Ambiental, Aida, entre otras.

 

Una herramienta para la ciudadanía

 

Este mecanismo de carácter regional fue creado para garantizar los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación.

Firma del Acuerdo de Escazú. Foto Cancillería de Colombia

Firma del Acuerdo de Escazú en Nueva York, 11 de diciembre de 2019. Foto Cancillería de Colombia

Es el único acuerdo vinculante emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20), el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe, y el primero en el mundo para la protección de defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

La Alianza indicó que el Acuerdo busca disminuir y prevenir los conflictos ambientales garantizando a la ciudadanía tres derechos imprescindibles:
– Acceso a la información, oportuna, comprensible y culturalmente apropiada, en igualdad de condiciones para los grupos más vulnerables.
– Participación ciudadana, que debe ser abierta, inclusiva desde etapas iniciales en procesos de toma de decisiones que puedan afectar el medio ambiente o la salud.
– Acceso a la justicia en materia ambiental frente a hechos que afecten al medio ambiente y los derechos humanos.
– Incluye por primera vez medidas concretas para la protección y defensa de los defensores y las defensoras ambientales.

 

¿Quieres conocer más sobre este Acuerdo?
Descarga el texto original de las Naciones Unidas,  en inglés y en español.

⇓

ACUERDO DE ESCAZÚ

 

 

 

Imagen superior: Cancillería de Colombia ante la ONU. Firma del Acuerdo de Escazú

 

MÁS SOBRE ESTE TEMA EN:

Colombia firmará el Acuerdo de Escazú

 

Cepal insta a países de América Latina y el Caribe a firmar el Acuerdo de Escazú

 

Colombia se da un tiempo para analizar el Acuerdo de Escazú

 


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Comunidad  / Región
Colombia firmará el Acuerdo de Escazú
RPVRPV Publicado el 9 diciembre, 2019


Es resultado del diálogo generado en desarrollo del Paro Nacional. El Acuerdo busca la protección de defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. 

El Gobierno de Colombia anunció la firma del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú.

Se trata del primer tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe y único derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible ‘Río+20’,  y también, primero en el mundo en establecer disposiciones específicas para la promoción, protección y defensa de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

Se abrió a la firma de los 33 países, el 27 de septiembre de 2018, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, realizada en Nueva York.

En noviembre de 2018, la Cancillería colombiana, al ser consultada por este medio, dijo que el gobierno se tomaría su tiempo mientras analizaba con todos los sectores e instancias gubernamentales, la conveniencia de adherirse o no.

En los últimos meses, la firma de este Acuerdo fue solicitada de manera insistente por diferentes organizaciones ambientales y sociales, dados los asesinatos registrados, ataques y vulnerabilidad que presentan líderes en diferentes regiones de Colombia.

 

A esto se sumó la exigencia del Acuerdo como uno de los puntos fundamentales del Paro Nacional #21N y en los recientes acercamientos entre líderes, ambientalistas y comunidades con el presidente Duque y el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano.

 

«Como resultado de los intercambios realizados en la Mesa Ambiental que se desarrolla en el marco de la Gran Conversación Nacional, se suscribirá el Acuerdo de Escazú, el primer tratado en el mundo que incluye disposiciones sobre la protección de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Se conversa y se actúa, expresó el presidente Duque al anunciar la noticia.

El ministro de Ambiente, Ricardo Lozano Picón, lo ratificó: «es una muestra del compromiso y la voluntad del gobierno nacional de escuchar el sentir de todos los actores del sector ambiental y construir entre todos, soluciones que garanticen la sostenibilidad del país”.

Tan pronto se conoció la decisión, muchas de las organizaciones se expresaron:

 

Es un acuerdo ciudadano: Cepal

 

“Es un acuerdo entre Estados, pero sobre todo, un pacto de cada Estado con sus sociedades. Es un acuerdo ciudadano, hecho por y para las personas de nuestra región. Recoge nuestras prioridades regionales, reconoce y desarrolla derechos democráticos fundamentales y pone la igualdad al centro del desarrollo, buscando incorporar a todos los sectores de la sociedad para afrontar desafíos ambientales de tal magnitud como el cambio climático, los desastres naturales, la desertificación o la pérdida de biodiversidad”.

Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), definió de esta forma el Acuerdo de Escazú, que lleva el nombre de un poblado de Costa Rica.

Algunos de los países que ya hacen parte del Acuerdo son: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Uruguay.

Consulta aquí el texto completo del Acuerdo de Escazú

 

Video: Presidencia de la República 

 


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Comunidad  / Conservación  / Mundo  / Planeta
Biólogos declaran su angustia por impactos en el Arco Minero
RPVRPV Publicado el 9 agosto, 2018


«Los venezolanos no pueden beneficiarse de su riqueza natural, por tanto sufren de ‘la maldición de los recursos’ o ‘la paradoja de la abundancia'».

 

Es una de las frases finales de la declaración emitida por la sección para Latinoamérica y el Caribe de la Sociedad para la Biología de la Conservación (SCB siglas en inglés), sobre la crítica situación socioambiental en el llamado Arco Minero del Orinoco.

Una franja de 111.843 kilómetros cuadrados, creada mediante decreto por el gobierno venezolano, para la extracción de minerales como oro, coltán, diamantes, hierro, bauxita, dolomita, entre otros. El Arco está dividido en cuatro áreas, donde avanza la exploración y explotación ante la apertura inversionista a unas 150 empresas internacionales.

«La prisa por extraer los minerales de Venezuela ha provocado asesinatos, masacres, explotación y esclavitud, desplazamiento forzado, abuso sexual, enriquecimiento de grupos armados ilegales y financiamiento de actores internacionalmente reconocidos como grupos terroristas», consigna el mensaje al mundo.

Los académicos advirtieron tener “evidencia reciente del uso sin control de químicos y metales nocivos, como el cianuro y mercurio, encontrándose elevados niveles de mercurio en la sangre de personas de al menos dos comunidades indígenas«. Indican que existe bioacumulación de estas toxinas en pescados y moluscos muestreados a kilómetros de distancia de la mina más cercana, en el área de influencia del río Orinoco.

También se refirieron a la aparición de enfermedades como el sarampión y la malaria y a «la grave violación a los derechos humanos, ausencia de control y falta de planes de manejo ambiental en el proyecto minero».

La declaración surgió al finalizar el simposio Una mirada al Arco minero del Orinoco y sus implicaciones para Venezuela y el Caribe Oriental, organizado por la Sociedad Venezolana de Ecología en el Primer Congreso sobre Biología de la Conservación de la sección (LACCA 2018) del 25 al 27 de julio, en Trinidad y Tobago. Fue preparada por los asistentes al evento y aprobada por votación durante la reunión de los miembros de la Sociedad, sección Latinoamérica y Caribe (LACA).

Con la declaración esta organización científica busca llamar la atención de la comunidad académica internacional, los países de la región y las organizaciones internacionales para los derechos humanos y el ambiente.

RPV publica el texto completo:

Foto: Prensa Indígena

 

Declaración sobre el Arco Minero del Orinoco

Hay innumerables ejemplos de actividades mineras informales y a diferentes escalas de mecanización e industrialización que han tenido significativas consecuencias socioambientales cuando no son manejadas apropiadamente.

Alguna de estas son la deforestación, degradación y erosión del suelo, así como la contaminación las cuales impactan directa e indirectamente la biodiversidad y los servicios ecosistémicos asociados.

Dichos efectos afectan la seguridad alimentaria, salud y bienestar de las poblaciones humanas actuales y las generaciones futuras. En el Escudo Guayanés y Amazonía Venezolana, al sur del río Orinoco y en su delta existen áreas críticas para la conservación de la diversidad biocultural a escala regional.

En esta área la deforestación se ha incrementado exponencialmente en el periodo 2000-2015, en parte por la intensificación de las actividades humanas al norte del estado Bolívar, un foco de minería de oro, diamantes, hierro y coltán, entre otros metales y minerales. Una gran parte de estas actividades están relacionadas de forma directa o indirecta con el aumento de las prácticas de minería de oro informal, las cuales afectan áreas protegidas y territorios indígenas.

La magnitud del impacto de la minería es difícil de evaluar sin un minucioso y adecuado monitoreo. Cerca de las minas al sur del Orinoco hay evidencia reciente del uso sin control de químicos y metales nocivos, como el cianuro y mercurio, encontrándose elevados niveles de mercurio en la sangre de personas de al menos dos comunidades indígenas. Incluso, hay evidencia de bioacumulación de estas toxinas en pescados y moluscos muestreados a kilómetros de distancia de la mina más cercana, en el área de influencia de la pluma del río Orinoco. Adicionalmente, se han identificados varias áreas de concentración de casos de enfermedades transmitidas por vectores y enfermedades infecciosas como malaria y sarampión dentro de áreas mineras, las cuales han contribuido a incrementar la incidencia y prevalencia de dichas enfermedades en el país, e incluso en los países vecinos.

La mayoría de los minerales explotados en Venezuela deben considerarse minerales de conflicto pues su explotación está directa o indirectamente relacionada con graves violaciones de los derechos humanos. La premura en la extracción de los minerales contribuye a todos estos hechos. En 2016, el Gobierno Venezolano declaró una zona de desarrollo económica especial denominada Arco Minero del Orinoco (ZDEN-AMO), facilitando un marco legal para el incremento de la minería (artesanal o industrial) a pequeña, mediana y gran escala y exponiendo aún más a las áreas protegidas a estas actividades.

Hay suficiente evidencia para asumir que los problemas previamente mencionados se magnificarán si el decreto sigue siendo implementado sin un riguroso control y manejo. Además, estos impactos pueden trascender las fronteras de Venezuela mucho más allá del área de influencia del río Orinoco, afectando al suroeste caribeño, convirtiéndose así en una amenaza de alcance regional.

Planes de desarrollo de esta magnitud necesitan ser compartidos y discutidos públicamente con todos los actores relevantes en función de mejorar su planificación y en caso de acordarse su ejecución, mejorar las prácticas en su implementación.

Los estudios de impacto ambiental y social deben ser realizados y estar disponibles al público general. Las decisiones deben ser tomadas con base a la mejor información científica disponible haciendo énfasis en la inclusión de alternativas con base al desarrollo sostenible y las mejores prácticas.

Los miembros de LACA creemos que los biólogos de la conservación juegan un papel fundamental en este tipo de procesos al proveer la mejor evidencia científica y capacidad para monitorear los cambios en las variables biológicas de mayor importancia.

La sociedad civil venezolana, representada por la Academia Nacional de Ciencias Matemáticas, Físicas y Naturales; la Universidad de Los Andes; y la Sociedad Venezolana de Ecología, entre muchas otras organizaciones, han publicado sus preocupaciones relacionadas al proyecto, especialmente en lo referente a la falta de transparencia, ausencia de control y falta de planes de manejo que han caracterizado el proyecto del Arco Minero del Orinoco.

Nosotros creemos que cualquier planificador, desarrollador o actor nacional o internacional, relacionado directa o indirectamente con el Arco Minero del Orinoco, actúe para reducir de forma efectiva los impactos nocivos de las actividades mineras, por ello proponemos:

• Reconocer e integrar apropiadamente las consideraciones de los descubrimientos académicos y científicos con respecto a los impactos ambientales de las actividades mineras en Venezuela.

• Implementar los reglamentos de ley reconocidos por los diferentes países para proteger el ambiente, a través de la mitigación y remediación de los impactos

• Fortalecimiento de las políticas públicas y requerimientos legales para proteger el ambiente y asegurar el respeto a los derechos humanos a nivel nacional e internacional.

• Desarrollar y mejorar la implementación de los requerimientos no legales para proteger el ambiente.

Hacemos un llamado de atención a la comunidad global con respecto a la urgente necesidad de reconocer los paralelismos observados entre el caso de Venezuela y otras comunidades mineras a lo largo del mundo, para actuar de forma inmediata y apropiada a las consideraciones del caso.

 

Nota adicional sobre derechos humanos:

El área de desarrollo minero decretada en 2016 y titulada como «Arco Minero del Orinoco», no ha generado las oportunidades económicas que podrían surgir a partir de una variedad de inversiones mineras extranjeras, pero, si creó un «marco legal» alrededor de los proyectos
mineros que en la práctica son manejados por grupos armados y las fuerzas militares corruptas del Estado.

La zona al sur del río Orinoco no solo es biodiversa sino también, rica en oro, diamantes y coltán. La mayoría de los minerales extraídos se abren camino hacia los mercados internacionales a través de rutas de contrabando.
Los venezolanos quienes enfrentan una grave crisis ven una mayor profundización del modelo rentista en el país mientras no pueden beneficiarse de su riqueza natural. Por lo tanto, sufren de lo que a menudo se llama «la maldición de los recursos» o «la paradoja de la
abundancia».

La prisa por extraer los minerales de Venezuela ha provocado asesinatos, masacres, explotación y esclavitud, desplazamiento forzado, abuso sexual, enriquecimiento de grupos armados ilegales y financiamiento de actores internacionalmente reconocidos como grupos
terroristas.

Texto original

 

Fuente mapa:

http://virginiabehmdev.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=1caf35c6c7d34945888b13ca07bd95

Foto superior: Prensa Indígena

 


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