desastres

PARTE 2

En Colombia las víctimas por desplazamiento ambiental y climático no están reconocidas oficialmente. Pese a las evidencias, no aparecen en las estadísticas ni en el radar de las autoridades.

Por: Olga Cecilia Guerrero R/ periodista ambiental

Colombia es el primer país del mundo en desplazamiento interno debido al conflicto armado, con un acumulado de 8,1 millones de desplazados, desde 1985 a diciembre de 2020. Y en las últimas décadas también ha sido un permanente generador de un fenómeno que ha tenido baja visibilidad: el desplazamiento ambiental y climático.
Algunas de las causas de esta migración interna son los efectos ya visibles del cambio climático en zonas costeras y marinas; fenómenos naturales que se presentan a lo largo del año, emergencias y desastres; y el modelo de desarrollo a partir de megaobras como centrales hidroeléctricas, minería o agroindustria. En algunos de estos casos, ese desarraigo va ligado a la violencia.
Para atender a la población en casos de amenaza y vulnerabilidad, el país cuenta desde 2012 con el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo, que nació luego de dos años (2020-2011) de afectaciones sin precedentes por el Fenómeno de La Niña.
Sin embargo, el Sistema hasta el momento no contempla como figura jurídica a los desplazados ambientales y climáticos. Las víctimas que abandonan su tierra por factores de clima o por desastres, se denominan “damnificados”. Si es por la inundación de predios para represas, se les califica como ‘afectados por el proyecto’, no como desplazados.
Investigadores, universidades e instituciones coinciden en que existe un vacío legal y se necesita una política específica para atender este fenómeno que tiende a acrecentarse con el tiempo.
“…se trata de un país con un volumen de víctimas de la violencia y el desplazamiento forzado por causa de la guerra, que hasta ahora, ha invisibilizado, y algunas veces, subsumido a los refugiados medioambientales”, afirma Juan Pablo Sarmiento Erazo en Migración por cambio climático en Colombia.
Para Tatiana Roa Avendaño, investigadora de la organización Censat Agua Viva, el concepto de desplazamiento ambiental, reconocido por Naciones Unidas, incluye no solo los problemas de desertificación y eventos climáticos o situaciones de deterioro ambiental; sino la construcción de proyectos de infraestructura, desarrollo o extractivos.

El desarrollo que expulsa

En 2015 Colombia fue señalado como el segundo país del mundo (primero en América Latina) con mayor índice de conflictos socio ambientales: 72 de 100 casos analizados, según el inventario del Instituto Cinara de la Universidad del Valle y el Atlas Global de Justicia Ambiental (por sus siglas en inglés, EJOLT), un proyecto de la Unión Europea.
El mayor número de conflictos se concentra en las zonas más pobladas: la Andina y el Caribe, y en áreas de conservación. La producción de petróleo, la construcción de represas hidroeléctricas y la agroindustria son las actividades que más generan tensiones y que han afectado, o podrían hacerlo, a 7,9 millones de personas, siendo los campesinos, la población urbana y los indígenas los más impactados.
La investigadora de Censat en política ambiental, Tatiana Roa, recalca que hay desplazamiento ambiental por causa de estos proyectos, por extractivismo y por causas ambientales, donde se han registrado procesos de deterioro y las personas han sido expulsadas hacia las ciudades porque la producción agropecuaria no les da para vivir.

La represa de Urrá, construida en la parte alta del río Sinú, en el departamento de Córdoba, en el Caribe colombiano, ha dejado gran desplazamiento de indígenas y campesinos que vivían en las áreas ahora ocupadas por la hidroeléctrica. Créditos: Agencia de Noticias Universidad Nacional de Colombia

“En Colombia hemos visto el desplazamiento en zonas donde se han construido represas. Cientos o miles de familias, de acuerdo al proyecto, se han desplazado por la inundación, por la obra en sí misma o por el manejo de las represas. En zonas de construcción de estas obras no solo está el área del embalse que se inunda, sino que se desplazan las personas que quedan dentro de lo que se llama el área protegida de la hidroeléctrica, en miles de hectáreas”.
Un ejemplo es el proyecto Urrá, que desplazó poblaciones en la parte alta y baja. En la primera, comunidades indígenas y campesinas ubicadas en la zona alta, tuvieron que salir para dar espacio al embalse, y en la baja, hubo una expulsión de pescadores de la ciénaga del bajo Sinú que vivían del bocachico y otras especies que con la represa se perdieron.
“Llama la atención que no se habla de desplazados sino de ‘afectados por el proyecto’, según definición de la empresa y hay una falla más: es que queda población no incluida. Pero además no hay autoridad en el país que haga cumplir las normativas a las empresas”.
Otro aspecto de los procesos de desplazamiento es el de las amenazas a defensores ambientales, dado que el país es uno de los más peligrosos para ejercer el activismo en defensa de la naturaleza. En lo que va del 2021 ya han sido asesinados 69 defensores.

Pese a esto, no ha sido ratificado en el Congreso de la República el Acuerdo de Escazú que promueve la protección de los líderes, la transparencia en la información y la justicia ambiental.

Efectos del cambio climático

La Segunda Comunicación sobre Cambio Climático publicada en 2010 alertó que, aunque el país contribuye con el 0,37% de emisiones globales, cifra relativamente baja, es altamente vulnerable a los impactos de este fenómeno en el ámbito social, económico y ambiental: “A 2030, el 51% de las áreas urbanas de la región Caribe sufrirían inundaciones por aumento del nivel del mar y en el Pacífico esta cifra ascendería a 63%, con pérdidas en infraestructura principalmente”.
En términos de población costera se proyectan 9.000.000 de habitantes para 2030, de los cuales 4% se afectaría por la misma amenaza: 80% en el Caribe y 20% en el Pacífico.

En San Bernardo del Viento, en el departamento de Córdoba, el mar ha venido socavando la zona de playa y áreas habitadas. Algunas familias debieron reubicarse. Créditos: Olga Cecilia Guerrero / Red Prensa Verde

La Tercera Comunicación sobre Cambio Climático (2017) reveló cómo a 2040 la temperatura media anual del país podría aumentar gradualmente en 0,9°C y se produciría un aumento promedio de la temperatura marina en 0,5°C en el Caribe y 0,7°C en el Pacífico.
“Esto supone que las regiones con mayor número de municipios en riesgo alto y muy alto por cambio climático son la Andina con 36, Amazonia con 31 y Pacífica con 25. El 25% de los municipios del país (119) estaría en riesgo alto y muy alto de sufrir fuertes impactos, a los cuales se debe orientar la atención prioritaria para la gestión adaptativa”, dice el reporte. Los veinte departamentos con mayor riesgo representan el 57% de la población colombiana.

La Tercera Comunicación incluye también el estudio del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar) sobre Cambio climático y los impactos socioeconómicos sobre la zona costera e insular colombiana que identificó las debilidades y posibilidades de los municipios en materia de adaptación al cambio climático.
Allí se expresa que la zona costera colombiana, compuesta por 12 departamentos que integran 60 municipios, hacia 2100, cerca de 5% de la población y 4,3% de las viviendas se afectarían por aumento del nivel del mar, especialmente en los municipios de Guapi y Mosquera (Cauca) y La Tola (Nariño) en la región pacífica.

Igualmente para Remolino, Sitio Nuevo y Pueblo Viejo (Magdalena), en el Caribe. Además, las áreas turísticas podrían perder 13% a causa de la erosión costera y 5,9% de la infraestructura portuaria y 12% de las vías podrían inundarse por aumento en el nivel del mar.

Impactos actuales

Aunque se anuncian en algunos casos con modelos basados a 2030, los impactos por aumento del nivel del mar (ANM) y erosión costera ya son notorios en las dos costas.
La geógrafa Karen Acero explica que el ascenso del nivel medio del mar es un fenómeno natural acelerado por el calentamiento global, causado principalmente por acciones antrópicas. Entre sus efectos están la pérdida de playas, la salinización de acuíferos y suelos para la agricultura, la pérdida de hábitat para especies, la erosión costera y la agudización de eventos extremos como las marejadas y las mareas ciclónicas.

Un ejemplo de esta amenaza es la que enfrentan los habitantes de la zona insular de Cartagena de Indias, agrupada en el archipiélago San Bernardo, debido al aumento del nivel del mar que a su vez genera erosión costera, afectaciones en los cultivos, salinización de suelos, deterioro de viviendas e infraestructura turística, entre otros.

Isla Maravilla, en el archipiélago de San Bernardo, comparación de nivel del mar años 70 y 2018.
Créditos: Fabio Flórez / Karem Acero

El estudio Lineamientos de Adaptación al cambio Climático del área insular del Distrito de Cartagena de Indias explica que: “la proyección del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) del ANM para el 2100 será mayor a 60 cm. De esta manera, se esperaría que para el año 2040 el ANM fuera de 16 cm en promedio para las islas. Se prevé un mayor riesgo por inundación de las áreas bajas insulares, con riesgo de pérdida de playas, y aumento del retroceso costero. Todo esto con implicaciones hacia las actividades como la pesca, el turismo, el transporte o las prácticas agrícolas”.
En esta zona insular se encuentra una de las primeras islas sumergidas del país debido al aumento del nivel del mar. Se trata de Maravilla, un islote que hasta los años 70 estaba descubierto y hoy aparece como una plataforma rocosa bajo el mar.
Otro caso es Isla Múcura, de 30 hectáreas y habitada por unos 200 pobladores, que viven de la pesca y del turismo. Según el estudio, presenta una vulnerabilidad muy alta en su centro poblado Puerto Caracol, ubicado al suroeste, y alta hacia la cabaña de Parques Nacionales y el predio vecino Maquetabla.
La geógrafa Karen Acero de la Universidad Nacional de Colombia, investigó el fenómeno junto a Guido López, funcionario actual del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo en Múcura y Luis Pérez, ex funcionario de Invemar.
“Analizando imágenes satelitales, se planteó el escenario con cincuenta centímetros de incremento del nivel del mar, afirmando que se inundaría el 10% de la Isla, pero quedaría inundado todo el caserío, y la laguna interior ya estaría conectada con el mar. También se perdería el muelle del Club Múcura y la playa artificial del Hotel Punta Faro. En el escenario con un metro se percibe que se inundaría el 30% de la Isla y el sector menos afectado sería el nororiente donde se ubica el predio del Hotel”. Así, Isla Múcura es un escenario que ya proyecta un posible desplazamiento poblacional.
“Es necesario actuar desde ya de manera ordenada para que las islas del distrito de Cartagena se adapten al cambio climático. Será un motor para convertir a Cartagena como modelo de ciudad compatible con el clima”, recomienda el estudio.

Impacto por erosión

Según el Plan Maestro contra la Erosión Costera, existen 86 puntos críticos en todo el territorio nacional: 56 en la costa Caribe, 20 en el Pacífico y 10 en islas. Se priorizaron los 20 lugares más críticos en 8 departamentos que requieren una atención urgente.
El fenómeno de la erosión costera pone en peligro los recursos naturales de las zonas litorales, tiene un impacto socioeconómico en el 1,7% de la población costera y afecta en 1,5 puntos el Producto Interno Bruto (PIB), cifras que podrían superar los dos puntos para el 2030 según proyecciones de Invemar.

A lo largo de las dos costas colombianas se realizan obras de ingeniería y rellenos de roca y materiales para contrarrestar la fuerza del oleaje y la erosión costera. Créditos: Olga Cecilia Guerrero / Red Prensa Verde

Para contrarrestarlo, el Plan proyecta realizar pilotos en los departamentos de Córdoba y Antioquia por medio de obras blandas, restauración y recuperación de ecosistemas y obras duras como espigones y otras infraestructuras.
Moñitos, en Córdoba, es una de las poblaciones afectadas. “Hace unos 20 años era una zona turística con playa hasta San Bernardo del Viento. Hoy ya no hay playas, y sin estas no hay visitantes ni economía”, comenta un hombre de Paso Nuevo al lamentar cómo la erosión ha cambiado la vida de su comunidad.

Emergencias y desastres

“Las ciudades colombianas enfrentan importantes riesgos de desastres y eventos meteorológicos extremos que aumentarían su intensidad con el cambio climático”. La experta Helena García Romero lo expresa así en la Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático y afirma que estas áreas urbanas están expuestas no solo a terremotos y actividad volcánica, sino a una intensa actividad meteorológica e hidrológica: “El 85 % de los desastres son de origen climático”.
El Informe Global 2021 del Centro Internacional de Monitoreo de desplazamiento (IDMC), reporta que Colombia, junto con otros países centroamericanos, aparece como una de las cuatro regiones del mundo más afectadas en 2020 por anomalías climáticas. Es el caso de los huracanes, en especial Iota, que causó daños nunca antes vistos en la isla de Providencia.

Vista del municipio de la comunidad de Nechi (Antioquia), en Colombia, afectada por la inundaciones producidas por el desbordamiento del Río Cauca. Cerca de mil 700 familias han sido afectadas. Créditos: NOTIMEX/FOTO/MIGUEL ANGEL SOLANO-SP

Asimismo, el Departamento de Planeación Nacional indica que Colombia es el país con mayor tasa de emergencias naturales en América Latina. Hasta marzo de 2021, debido al fenómeno de La Niña, se registraron 236 eventos por lluvias, 35 inundaciones y 31 vendavales en 152 municipios de 23 de los 32 departamentos.

Los “otros desplazados”

Tatiana Roa advierte sobre las falsas soluciones a la crisis climática:“En procesos de adaptación al cambio climático, hay muchos documentos y proyectos de infraestructura manejados por consultores de otros países que poco conocen la dinámica de nuestros territorios y terminan siendo un fracaso. Es necesario construir una política sobre desplazamiento y reconocimiento a estos desplazados y que se haga realidad, que no se quede en discursos. Esto es consecuencia del modelo de desarrollo, la crisis climática y la deforestación en la Amazonía”, explica Roa.
El investigador Manuel Guzmán Hennessey manifiesta que el Instituto de Hidrometeorología y Estudios Ambientales (IDEAM) cuenta con información de alta calidad sobre el fenómeno climático. “Ahora, si esta información científica está siendo incorporada a la planeación de los municipios y a la gestión del riesgo o los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), no estaría seguro”.

Recomienda al gobierno la incorporación de la figura de desplazamiento ambiental y climático. “Cruzando esos dos factores con los desplazamientos por el conflicto interno, ya que en muchos casos son factores coincidentes. En estos momentos siguen los desplazamientos por guerra interna y el Estado debe atender a esa población”, afirma.