«Las economías ilícitas están entrelazadas con el conflicto en Colombia. Resolver este problema es necesario para consolidar la paz», dijo la ONU.
NACIONES UNIDAS. La violencia vivida en Colombia en lo que va de año refleja las deficiencias en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 entre el gobierno y la que fue su principal guerrilla, afirmó el representante especial de las Naciones Unidas para ese país, Carlos Ruiz Massieu.
“Si el acuerdo se hubiera implementado de manera más profunda en los últimos ocho años, no tendríamos hoy situaciones como las que se viven en el Catatumbo o el Cauca”, dijo Ruiz Massieu al presentar el informe trimestral de su misión ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
El Acuerdo de Paz, entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) y la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), se planteó no solo como cese de hostilidades sino como instrumento para impulsar transformaciones estructurales en la sociedad colombiana, recordó Ruiz Massieu.
El grueso de las Farc -que llegó a tener más de 16 000 combatientes- se desmovilizó, pero persisten algunos grupos disidentes con acciones violentas en varias partes del país, así como otra formación guerrillera, el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
“Muchas disposiciones del Acuerdo aún no se han implementado plenamente. Es el caso de la reforma rural integral, que pretende abordar una larga historia de distribución desigual de la tierra y pobreza rural en las regiones afectadas por el conflicto”, expuso Ruiz Massieu.
Por otra parte, “las economías ilícitas están entrelazadas con el conflicto en Colombia. Resolver este problema es necesario para consolidar la paz. Las disposiciones del Acuerdo sobre el problema de las drogas ilícitas tienen el potencial de contribuir a estas soluciones”, expuso el jefe de la misión.
“Sin embargo, el éxito de instrumentos como la sustitución voluntaria de cultivos ha sido limitado, entre otras razones debido a la falta de cumplimiento por parte del Estado de la ayuda al desarrollo prometida a los campesinos que erradicaron voluntariamente la coca”, agregó.
En la región del río Catatumbo, noreste fronterizo con Venezuela, con miles de hectáreas sembradas de coca, el control del territorio y del tráfico de drogas marcaron en los últimos meses una dura lucha entre el ELN y disidencias de las FARC, con miles de familias entrampadas en medio de los enfrentamientos.
Esa lucha dejó más de 80 muertos y forzó el desplazamiento o inmovilizó en caseríos y poblados a unas 80 000 personas, de los que al menos la mitad eran niños.
Por otra parte, en las regiones de Chocó (occidente) y Cauca (suroeste), la actividad de disidencias guerrilleras y otros grupos armados siguen provocando muertes y desplazamientos entre comunidades indígenas y afrodescendientes.
Ruiz Massieu reconoció, sin embargo, que hay “avances políticos, institucionales y sociales significativos” y que los niveles de violencia son más bajos que los registrados durante los puntos álgidos del medio siglo de conflicto armado.
Citó la creación de un sistema de justicia transicional centrado en la verdad, la reparación y la reconciliación, recordando que la Jurisdicción Especial para la Paz, establecida en 2017, ha imputado a responsables de crímenes graves y ha escuchado a miles de víctimas de la violencia.
También destacó que unos 12 000 exmiembros de las Farc siguen comprometidos con la legalidad y participan activamente en proyectos productivos.
Ello a pesar de que 23 exguerrilleros firmantes del Acuerdo de 2016 han sido asesinados en lo que va de año, “lo que subraya la urgencia de fortalecer la protección de los excombatientes. No hacerlo pone en riesgo el proceso de reintegración” a la vida civil.
Ruiz Massieu resaltó finalmente la resiliencia “o casi testarudez” de Colombia en su búsqueda de la paz a través de soluciones negociadas, así como el respaldo internacional constante. “Demuestra lo que se puede lograr cuando se conjuga la voluntad de las partes con un amplio apoyo global”, concluyó.
En la sesión del Consejo la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Laura Sarabia, reconoció los desafíos pendientes, especialmente en materia de seguridad para los excombatientes y las comunidades más vulnerables.
“Los firmantes han quedado en medio de una violencia que amenaza con hundirnos en más años de desasosiego”, admitió.
Dijo que, sin embargo, “se han registrado avances en regiones clave como el Catatumbo, Nariño (suroeste) y el Cañón del Micay (zona cocalera en Cauca), donde la presencia institucional ha comenzado a desplazar a los actores armados”.
“A pesar de los errores del pasado y la herencia de décadas de conflicto, una nueva generación de colombianos sigue soñando con un país en paz”, remarcó la canciller.
Imagen superior: Un indígena del occidente colombiano que, con su comunidad, debió dejar sus tierras para escapar a la vorágine de la violencia. Regiones del occidente de Colombia, así como la región del río Catatumbo al noreste, han sido muy castigadas este año por la acción de grupos armados, agravando la lentitud e insuficiencia con la que se implementan las reformas sociales que contempla el Acuerdo de Paz de 2016, según resalta una misión de las Naciones Unidas. Imagen: NRC
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