13 septiembre, 2023
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Águila harpía, la reina del bosque tropical
RPVRPV Publicado el 13 septiembre, 2023


 

Esta rapaz, la más fuerte del mundo y la más grande del hemisferio occidental, está amenazada de extinción. La deforestación, la cacería no sostenible, el tráfico ilegal, la tala selectiva de árboles donde anidan, son algunas de las causas. En La Macarena, Meta existe el Santuario Mayor, una reserva donde se conserva el bosque y se protege el águila harpía. Comunidades y científicos trabajan para investigar, proteger al ave y realizar un proyecto de aviturismo.

Encuentra el reportaje completo aquí 

 

 


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Ambiente  / Impacto  / Reportaje
‘Macarena’, un milagro que crece en la selva
RPVRPV Publicado el 4 septiembre, 2023


– INFORME ESPECIAL –

 

  • Deforestación, tala selectiva de grandes árboles, caza no sostenible, minería y tráfico ilegal, acaban con las poblaciones de águila harpía. Es una especie emblemática y vulnerable a la extinción.

  • En Colombia se reportan cerca de 50 ataques directos de humanos a estas aves, muchos de los cuales mueren y otros quedan sin la posibilidad de retornar a su entorno natural.

  • La cacería furtiva, impulsada por el desconocimiento, el temor o la curiosidad, también ocasiona la pérdida de individuos en campo.

Santuario Mayor, La Macarena, Meta.  ©Camilo Yasnó/PSHA

 

Esta historia se produjo con el aporte de Earth Journalism Network

 

 

Acompañamos a una familia conservacionista en el monitoreo a un nido. Comunidades e investigadores del Proyecto Soy Harpía Amazonia, estudian y protegen a la ‘reina’ de las aves.

 

Olga Cecilia Guerrero / Red Prensa Verde

 

LA MACARENA. META, COLOMBIA. El ruido de las hojas trituradas devela el paso de los caminantes. Se escuchan silbidos, cantos de pájaros e insectos. De vez en cuando aparece un claro de luz a la orilla del angosto camino.

Es 12 de agosto de 2023, pronto serán las tres de la tarde. Afuera el día está fresco, dentro el bosque la humedad es penetrante. Ha llovido en las últimas horas, del dosel caen gotas de agua y en el suelo se ven algunos charcos.

Quince minutos después de haber iniciado el recorrido por la Reserva Natural Santuario Mayor, los caminantes se detienen. Los ojos del guía Adriano Ortiz Ramos -que segundos antes deambulaban de rama en rama- se fijan en un árbol de cedro achapo donde posa un copo emplumado. El guía elonga su cuello al máximo, centra toda su atención y expresa: ¡Ahí está ‘Macarena’!

Es el polluelo de águila harpía, motivo de la expedición. Tiene diez meses de vida, su cuerpo es blanco como la nieve y sus alas destilan tonos tierra. A esta especie se le conoce también como águila churuquera porque parte de su dieta son los monos churucos. Su nombre científico es (Harpia harpyja).

Adriano Ortíz, guía de la reserva Santuario mayora a su ingreso al bosque. Foto: OlgaCGuerrero

Adriano Ortíz, guía de la reserva Santuario mayora a su ingreso al bosque. Foto: OlgaCGuerrero

 

Macarena vuela a un árbol de vainillo, entonces los observadores esquivan enormes hojas de palma para relocalizarla tratando de no hacer ruido en la tupida hojarasca. Miguel Ángel, hijo del guía, la encuentra y todos corren a enfocarla. Entre tanto, Flor, esposa de Adriano, aparece con algo en las manos, señala una hoja y explica: este es excremento de ayer, aquí hay restos de comida y una pluma. Desde arriba, perchada en el mismo palo, Macarena tuerce su cuello y los mira con curiosidad.

Pluma de ‘Macarena’, polluelo de águila harpía. ©RPV

 

La harpía es un ave emblemática del bosque tropical, conocida como la ‘reina de las aves’, no solo por su porte y belleza sino porque es la más grande del hemisferio occidental y la rapaz más fuerte del mundo.

 

Su importancia también radica en que es depredador tope, se encuentra en la cúspide de la cadena alimenticia y su presencia indica la buena salud de los ecosistemas.

El águila ejerce control de poblaciones de mamíferos como monos, puerco espines, grandes roedores; reptiles como serpientes y otras aves de menor tamaño. Si no existiera podría generarse un desequilibrio por el aumento de esa fauna.

 

UNA REGIÓN ESTRATÉGICA

 

 

  • El Santuario Mayor es una reserva natural privada de 160 hectáreas que se encuentra en el municipio de La Macarena, Meta, a 233 metros de altura y 225 kilómetros de Villavicencio, capital del departamento.
  • Hace parte de la Serranía de La Macarena un área estratégica por su alta biodiversidad y por ser zona de transición entre los Andes, la Orinoquia y la Amazonia colombiana.
  • Es mundialmente conocida por tener el río más bello del mundo, Caño Cristales, que le ha dado un giro a su economía a través del ecoturismo.
  • También, porque en 1999 hizo parte de la llamada zona de despeje o distención en el fallido proceso de paz entre el gobierno de la época y las entonces Farc-Ep, junto con Mesetas, Vista Hermosa, La Uribe y San Vicente del Caguán en Caquetá.
  • Se accede por carretera, río y trocha y por aire desde Bogotá y Medellín en dos vuelos semanales.
  • La Macarena tiene 27 mil habitantes, de los cuales 4000 están en zona urbana. El área hace parte de la Sierra de la Macarena e integra el Área de Manejo Especial de la Macarena (AMEM) que integra los parques nacionales Macarena, Tinigua y parte de Sumapaz y Los Picachos, este último el más impactado por deforestación en el país.

 

 

El retorno de la fauna 

 

“Es un milagro de la naturaleza que el águila esté allí, es la única parte en toda la región donde se ha visto, esto hace parte del proceso de restauración natural que lleva 13 años en la zona”, explica el exdirector del Parque Nacional Natural La Macarena, Fernando Sacristán.

Aplaude el proceso de conservación comunitaria porque en algún momento puede ayudar a la subsistencia de varias familias y cree que esto aportará a que el pueblo se enfoque cada día más en ser un destino obligado para el avistamiento de aves. El municipio ganó dos recientes Global Big Day con más de 727 especies diferentes vistas en un mismo día.

Fernando Sacristán, ex director de PNN La Macarena. Foto: RPV

Fernando Sacristán, exdirector de PNN La Macarena. Foto: RPV

Fernando asegura que a la par con el águila, a Caño Cristales -zona vecina al Santuario- han retornado mamíferos como venados, osos palmeros mieleros, pumas o la poco vista pantera negra.

La presencia del águila se detectó después de que Adriano recordó que la había visto por última vez 12 años atrás en ese bosque.

Sin mucha esperanza y como para salir de dudas, en septiembre del año pasado organizaron una búsqueda con los dueños del predio, Mónica López y Juan José CasasFranco, dos convencidos de la conservación.

Ese día se llevaron una sorpresa cuando Miguel Ángel, hijo de Adriano, la encontró y no solo estaba con su pareja, sino que en el nido había una cría.

Las harpías son monógamas, pueden estar siempre con el mismo compañero. Su vida se puede extender hasta los 40 o 50 años.

Adriano Ortíz, guía y monitor local del Proyecto Soy Águila Harpía Amazonia.

Adriano Ortíz, guía y monitor local del Proyecto Soy Águila Harpía Amazonia.  ©RPV

Desde entonces las aves son monitoreadas y los propietarios de la reserva establecieron una serie de medidas de control para su cuidado, con ayuda de los vecinos de la vereda Santa Teresa. Juntos quieren demostrar las bondades de conservar la fauna y enseñar a la población macarenense que es necesario y posible convivir con la especie.

El guía, de 43 años, relata que cuando estaba pequeño y vivía con su familia en el campo, todo era bosque. «Las águilas se veían a la vera del camino. Hoy son praderas de pasto con ganadería y carreteras atiborradas de carros y motos. Había muchas águilas y teníamos la mentalidad de que ellas se comían las gallinas y tocaba matarlas. Eso no es así. Vemos que mientras ellas tengan un bosque y comida no buscan alimento en las fincas. Yo le agradezco a los vecinos que ayudan a cuidarlas porque comprendieron que el águila no es una amenaza, por el contrario, es una aliada de la comunidad”.

En este sentido piensa que los jóvenes del pueblo deben prepararse porque se necesitan ciudadanos que ayuden a conservar estas especies porque ese es el futuro de la región.

 

Monitorear un ave

 

Para Adriano, el águila representa la fuerza de la naturaleza:“Cuando llega a un árbol todos los animales, entre estos los micos, comienzan a aullar y los demás se ponen nerviosos. Le tienen miedo, así como el jaguar es el terror en el suelo, ella lo es en el aire”.

La familia custodia del ave ya conoce el monte a la perfección, ha aprendido a resistir los feroces mosquitos a punta de chimú, remedio tradicional elaborado con tabaco y alcohol. A imitar los murmullos del bosque, los sonidos de las aves, a reconocer los rastros de animales y a colectar muestras.

Chimú, preparado ancestral contra los insectos a partir del tabaco.

Chimú, preparado ancestral contra los insectos a partir del tabaco. ©RPV

Antes de salir de casa, en su mochila empacan la cámara, el insecticida natural, la ‘preparada’ que es la limonada casera con panela, los hules, algunas galguerías y el fiambre -almuerzo envuelto en hojas de plátano- soporte de la jornada.

Luego prenden las motocicletas y por carretera destapada se dirigen a ‘la montaña’, como denominan el bosque de 160 hectáreas en proceso de restauración, un relicto que se destaca en medio de la extensa sabana ganadera.

Adriano y su familia dicen que el ave les ha cambiado la vida. Ahora están en constante aprendizaje. Han conocido a muchas personas amantes de la naturaleza como los biólogos del ´’Proyecto Soy Harpía Amazonia’, quienes entre otras coasas les han enseñado cómo no

Fiambre

Fiambre. ©RPV

perturbar al animal. Por observación directa han comprendido cómo es que las aves construyen el nido, cómo cazan, en qué horarios la madre suministra comida al polluelo y muchos secretos más del águila y el bosque.

A contemplar a la rapaz han llevado a los niños del colegio, a los vecinos de la vereda, al grupo juvenil de estudiantes avistadores y guías de aves que prepara el profesor-pajarero Henry Abaunza en el colegio Nuestra Señora de La Macarena a varios extranjeros, a turistas extranjeros y a expertos como Fernando Ayerbe autor de guías de aves de La Macarena y de Colombia.

Este ejercicio único de conservación en el país está abierto al público especializado que conoce las normas para hacer aviturismo. El dueño de la reserva la cuida con recelo, aún así, hasta hoy no ha tenido la atención de ninguna autoridad ambiental de la región.

El impacto en el pueblo no solo ha sido ver a algunos niños llorando porque la lluvia no dejó ver al águila ‘in situ’, es decir en su hábitat, sino que comunidades de otra veredas y municipios han manifestado su interés por realizar el mismo proceso de conservación.

 

 

Familia Ortíz Chacón, monitores locales voluntarios del Proyecto Soy Aguila Harpía Amazonia.

Familia Ortíz Chacón, (Adriano, Floridary y Miguel Ángel) monitores locales voluntarios del Proyecto Soy Aguila Harpía Amazonia. ©RPV

 

Adriano y familia terminan sus registros, se aseguran de que todo esté bien, y retornan felices. No vieron a los padres de Macarena porque cada vez tardan más tiempo en llevarle comida para obligarla a salir del nido y aprender a defenderse sola, volando y cazando.

Flor, dice que Macarena pronto crecerá y se irá de ese bosque. Cuando alcance su desarrollo sexual, en cuatro años, formará una familia. Entre tanto los padres retornarán al nido para traer una nueva vida en dos años.

Ese es el tiempo que las referencias biológicas dan a la reproducción de esta rapaz. Estas aves solo ponen uno o dos huevos cada 2,5 a 3 años, de los cuales solo uno sale adelante. A veces, el exceso de lluvias, factores ambientales o humanos como cacería, ataques, tala de árboles donde anidan; hacen que no prospere. Por eso las poblaciones son escasas y los biólogos y ornitólogos (estudiosos de las aves) insisten en su urgente protección.

Mientras avanza el proyecto de turismo especializado en el Santuario Mayor que permita una sostenibilidad gracias a la conservación de este ecosistema, la familia Ortíz Chacón continuará como monitora voluntaria de ‘Macarena’.

Así, antes de partir por la vía destapada a la vereda a buscarla, seguirán alistando el chimú, la preparada, las galguerías y el fiambre para mantener la vigilia -mañana, tarde y noche- de sus entrañables amigas, las águilas churuqueras.

 

 

 

 

UNA ESPECIE VULNERABLE

  • El Libro Rojo de Aves de Colombia clasifica al águila harpía como una especie Casi Amenazada (NT). Sin embargo, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la categorizó a nivel mundial como Vulnerable (VU) a la extinción. Esto ante el avance de destrucción de los bosques donde habita.
  • El investigador Camilo Yasnó explicó a Red Prensa Verde que a pesar de que en el país no existe información científica sólida respecto al estado actual del águila harpía, de continuar la tendencia de deforestación y ataques hacia estos individuos, su densidad poblacional tenderá a disminuir, lo cual pondrá en grave riesgo la permanencia y conservación de esta águila no solo en la Amazonia sino en todo su rango de distribución nacional.
  • Para el experto, la falta de investigación científica puede representar otra seria amenaza para la especie, por lo cual se incurriría en un error al considerarla como una especie ‘Casi Amenazada’. “La realidad de la especie en el país no es ajena a la de todo su rango de distribución en el neotrópico donde las amenazas ya mencionadas han afectado considerablemente sus índices poblacionales en países pioneros como Brasil, Venezuela, Panamá y Ecuador”.

 

 

CAUSAS DEL DECLIVE

 

Hemos encontrado que las principales amenazas que ponen en riesgo la estabilidad de la especie en la Amazonia colombiana son, en primer lugar, la pérdida de hábitat.

Este factor a su vez es impulsado por acciones antrópicas como la deforestación, la ampliación de la frontera agrícola, la ganadería extensiva, la minería ilegal e incluso la tala selectiva de árboles maderables.

Así mismo, acciones como la cacería furtiva, impulsada mayormente por el desconocimiento, el temor, pero paradójicamente también por la curiosidad. En muchos casos estos son los argumentos que justifican la muerte de estos individuos en campo.

No obstante, también se presentan casos de retaliación, debido a la pérdida de animales de granja como gallinas, cerdos, o cabras, en muchos casos injustificada.

Actualmente, se tiene reporte de más 50 ataques directos, los cuales una buena parte ha terminado en muerte y en individuos heridos con cero posibilidades de retornar a su entorno natural.

Por último, el tráfico ilegal de fauna a partir de la comercialización de sus partes como plumas, picos, garras e incluso su carne, son otra de las amenazas locales que presenta la especie, teniendo en cuenta que pueden llegar a representar un alto valor económico dentro del mercado negro;  un par de garras de águila harpía pueden llegar a valer un millón de pesos (U$250 )”.

Camilo Yasnó / Proyecto Águila Harpía Amazonia

 

©PSHA

Ave herida en el Caquetá ©PSHA

 

Un caso de la cotidianidad colombiana, informado por PSHA, es el ocurrido con este ejemplar en el sur del departamento del Caquetá, en 2014.

El individuo adulto de águila harpía fue víctima de ataque con perdigón, debido al conflicto humano que se vive en el territorio.

Fue tratado por los locales de una finca a dónde llegó herido, sin embargo se desconoce si logró ser salvado o si falleció.

 

 

 

 

 

Águila Harpía. ©Camilo Vargas

Águila harpía. ©Camilo Vargas

 

En busca del águila harpía 

 

Desde Florencia, Caquetá, tres biólogos se desplazan por todo el occidente amazónico para investigar ‘eventos de anidación’. Este trabajo vincula a comunidades indígenas y campesinas de territorios marginales, que conviven con la especie.

 

Llegar a zonas distantes -cargados con pesados equipos- por carretera, trocha, río o caminando largas jornadas, con tal de encontrar un nido. Visitar territorios complejos como son los de la Amazonia, con altos costos de movilización, dificultades en la comunicación y orden público latente. Gestionar recursos y realziar actividades como la venta de camisetas, para poder cumplirle a las comunidades en las salidas de campo y las jornadas de monitoreo a las águilas, son algunos de los aspectos que sortea a diario el Proyecto Soy Harpía Amazonia (PSHA). Esta es una iniciativa de conservación científico-comunitaria creda en 2021 por los biólogos Camilo Yasnó y Dayana Ospina y Leidy Cardona, de la Universidad de la Amazonia.

Campaña de educación sobre harpía en zonas boscosas. ©PSHA

Campaña de educación sobre harpía en zonas boscosas. ©PSHA

La idea surgió desde la Asociación Ornitológica del Caquetá (AOC) y su meta es generar aportes en el estudio, conocimiento y conservación de esta especie en ese departamento, Meta y Putumayo, zona occidental de la Amazonia colombiana.

Su meta es generar aportes en el estudio, conocimiento y conservación de esta especie en los departamentos de Caquetá, Meta y Putumayo, zona occidental de la Amazonia colombiana.

Hasta el momento se han centrado en la búsqueda de nidos y registros de águila harpía de la mano de las comunidades locales, a través del monitoreo participativo, que consiste en generar redes de comunicación con indígenas y campesinos que conviven con el animal.

Para esto utilizan la educación ambiental con los vecinos de las águilas y la complementan con el pilar científico como denominan al monitoreo de nidos. Utilizan metodologías como la observación directa, la colecta de muestras y la instalación de cámaras trampa en el dosel.

“Algunos de los nidos monitoreados se encuentran en Puerto Leguizamo, Putumayo;  La Macarena, Meta y Bajo Caguán, Caquetá; estos dos últimos con polluelos de aproximadamente 10 meses. Estos nidos son custodiados por las propias comunidades, eje del proceso. Esto ha permitido que uno de los nidos (La Macarena) esté abierto al turismo”, relatan los investigadores.

Al preguntarle a Camilo sobre el origen de su organización, argumenta que es una respuesta a tres problemas históricos en la Amazonia colombiana:

  • Los altos índices de deforestación.
  • Los reportes constantes de ataques directos hacia estos individuos.
  • Los vacíos de información científica que presenta la especie tanto en la región amazónica como en todo su rango de distribución.
Camilo Yasnó, Leidy Cardona procesando la información de una de las jornadas de trabajo.

Camilo Yasnó procesando la información comunitaria durante una de las jornadas de trabajo. ©PSHA.

 

 

Camilo Yasnó y Dayana Ospina, durante el trabajo de campo. PSHA

Camilo Yasnó y Dayana Ospina, durante el trabajo de campo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIDO EN EL CAQUETÁ

Chairá, el primer polluelo monitoreado

 

Ocurrió en el Bajo Caguán, Caquetá, en 2019, gracias a la labor de Little Oiden y Fabian Suaza, quienes encontraron y reportaron para aquel momento el primer nido de águila harpía para la Amazonia colombiana.

Incendio en bosque de Cartagena del Chairá, Caquetá, donde se monitoreaba un nido de águila harpía. ©Proyecto Soy Harpía Amazonia

La deforestación y los incendios amenazan las áreas de anidación del águila harpía. ©PSHA

 

A partir de allí y con ayuda de la Asociación Ornitológica del Caquetá enlazaron esfuerzos para hacer el monitoreo de un nido desde el suelo, a través de visitas e información entregada por la comunidad local.

“Se logró recopilar información valiosa de ese evento de anidación, que duró aproximadamente dos años y medio. Obtuvimos datos respecto a la dieta, movimientos (dispersión) del polluelo y sus dos parentales (padres), aspectos como los cambios de plumaje en ‘Chaira’, el juvenil bautizado así por la comunidad de la vereda Lobitos en Cartagena del Chairá, Caquetá”.

Sin embargo, al terminar el evento completo, una de las ramas principales del árbol se cayó, junto a ella el nido —algo que suele ocurrir— y este no fue reconstruido en la siguiente anidación.

Igualmente, la fuerte deforestación e incluso los incendios del verano del 2022, afectaron notablemente ese bosque de menos de cinco hectáreas y los parches alternos de los cuales esta pareja se alimentaba. Ante esto el nido cambió, y hasta el momento no ha sido ubicado. La buena noticia, dicen los investigadores, es que los avistamientos ocasionales de estos adultos han continuado en el territorio y la comunidad es consciente de su importancia.

 

 

Reserva indígena en Cartagena del Chairá, Caquetá.

Los biólogos de Soy harpía llegaron hasta esta reserva indígena en Cartagena del Chairá, Caquetá. ©PSHA.

 

NIDO EN EL META

De 6 a 6 estudiando a Macarena

El nido en La Macarena se monitorea desde el suelo. Foto: PSHA

El nido en La Macarena se monitorea desde el suelo. ©PSHA.

En los primeros días de agosto, Adriano Ortíz y y familia acompañaron por tercera vez a los biólogos Camilo Yasnó y Dayana Ospina a monitorear el nido de ‘Macarena’, el polluelo de águila harpía que crece en la reserva Santuario Mayor del Meta.

Para realizar este trabajo de campo que buscaba analizar la evolución de la cría, viajaron desde Florencia, hasta San Vicente del Caguán, en Caquetá, durante cuatro horas. Desde allí, siguieron cinco horas más por la ruta 65 hasta La Macarena.

La primera tarea era llegar al bosque antes de las seis de la mañana para verificar si la cría había dormido en el nido o si ya está utilizando zonas alternas.

Posteriormente, instalaron equipos como cámaras fotográficas, celulares, distanciómetro, entre otros, y se ubicaron en la parte baja del nido a observar.

De esta forma, examinaron el patrón de actividad, comportamiento y dieta del polluelo, además de realizar una colecta de material orgánico.

Cada una de las visitas lleva métodos diferentes. Una de estas es la vía acústica a partir de micrófonos para caracterizar la actividad sonora de las aves.

El biólogo explica que se aprovecha toda la información hasta las 6 de la tarde y se archiva en formatos escritos y digitales. Las muestras de la dieta son entregadas a la Universidad de la Amazonia.

Laidy Cardona, Miguel Ángel Ortíz, Adriano ortíz, Camilo Yasnó y Juan José Casasfranco, en el Santuario Mayor. Foto: Flor Chacón.

Leidy Cardona, Miguel Ángel Ortíz, Adriano Ortíz, Camilo Yasnó y Juan José Casasfranco, en el Santuario Mayor. ©Flor Chacón.

 

Cuando llegaron por primera vez al Santuario, la tarea inicial consistió en caracterizar el árbol-nido, sus medidas, ecología, botánica y muestras de la dieta. Justamente en esa visita colectaron restos de un erizo consumido el día anterior.

La experiencia les dice que por lo general estas aves utilizan árboles como achapos y ceibas, pero pueden llegar a ocupar otras especies.

En otros nidos que estudia el proyecto, dependiendo del avance del evento de anidación, se determina el ascenso al árbol o al nido.

Para esto, es necesario que la actividad de los parentales haya disminuido notoriamente. En el caso de Macarena, la reserva decidió temporalmente no llevar a cabo el ascenso a los árboles, por eso todo el monitoreo se realiza desde el suelo

Proceso de caracterización del árbol-nido. ©PSHA.

 

NIDO EN PUTUMAYO

Travesía para llegar al águila

Para ir al Putumayo se necesita hacer todo un proceso logístico porque el viaje es más largo que a La Macarena o al Bajo Caguán.

Arranca a las 7 de la mañana desde Puerto Arango, en el río Orteguaza, para bajar al río Caquetá durante siete horas. Llegan a La Tagua y de allí toman un carro a Puerto Leguízamo por media hora más.

Una lancha los lleva hasta el Resguardo Indígena Lagartococha de la comunidad indígena Murui Muina y ahí se embarcan por 50 minutos al río Putumayo.

Al llegar al resguardo caminan por tres horas, selva adentro, hasta divisar el nido.

En este caso se realiza un estudio desde la parte alta del árbol, donde se instalaron cámaras trampa. También, se realizan ascensos al nido -con equipos especiales- para tomar las diferentes muestras.

“Son dos experiencias diferentes, muy contrastantes. Una en un contexto indígena, de saberes ancestrales como es el pueblo Murui Muina en límites con Perú y la otra en un contexto de comunidades campesinas que tienen un manejo y una perspectiva diferente de su territorio como es la del Meta. Sin embargo, coinciden en el deseo de trabajar por la conservación de la selva. Dos experiencias y esfuerzos diferentes que evidencian lo que es estudiar y seguir águilas harpías en la Amazonia colombiana”, comentan los biólogos de Soy Harpía Amazonia.

©PSHA.

Los investigadores realizan talleres sobre águila harpía en cartagena del Chairá.

Los investigadores realizan talleres sobre águila harpía con la comunidad Murui del Resguardo Indígena Lagartococha, que conviven con el ave. ©PSHA.

 

Se necesitan financiadores 

 

A pesar de los logros, el proyecto debe afrontar la falta de presupuesto, teniendo en cuenta que no cuentan con un músculo financiero permanente. El águila harpía y sus nidos suelen encontrarse en territorios bastante alejados y llegar hasta allí implica una logística grande y costosa porque los desplazamientos se dan por vías terciarias lejanas y grandes ríos.

Los investigadores afirman que, adicionalmente, “estos territorios convergen con contextos sociales muy diferentes al centro del país y en ocasiones esto puede convertirse en una barrera de acceso a estas zonas apartadas”.

“Es necesario cambiar la imagen del investigador e involucrar directamente y de manera honesta a miembros de las comunidades. Otro limitante, no menos importante, ha sido la falta de equipos como binoculares y cámaras trampa para los monitores locales, los cuales son costosos y necesarios para el desarrollo óptimo del monitoreo”.

 

 

¿A dónde quieren volar?

 

El reto de los investigadores es llegar a nuevos territorios, sumar otros nidos y más información científica para la especie en la región, y así mismo, poder involucrar a más comunidades en estos ejercicios científicos.

Camilo, Dayana y Leydy advierten que les queda mucho por hacer y esperan poder consolidar los esfuerzos de las comunidades que actualmente cuidan sus nidos, para lo cual será necesario no solo promover la investigación científica sino también estrategias productivas sostenibles a través de las cuales se involucren directamente las comunidades y sus frutos amazónicos, porque esto favorecerá la conservación del bosque tropical y el desarrollo social, económico y educativo de estos territorios.

Quieren aliarse con propuestas productivas basadas en el uso sostenible de los recursos no maderables que puedan brindar otras alternativas económicas a cambio de cuidar el bosque.

“Esperamos que el águila harpía se convierta en una embajadora de la conservación, al ser una especie sombrilla no solo la conservamos a ella, sino al bosque húmedo tropical amazónico y todas las especies de fauna y flora que allí habitan”.

 

HARPÍA EN LOS PAÍSES AMAZÓNICOS

 

Ecuador

Ecuador Map

Existe el Programa de conservación del Águila Harpía, creado por la bióloga española Ruth Muñiz, quien la estudia hace más de dos décadas.

Gracias a este han detectado 27 nidos activos en las provincias de Sucumbíos, Pastaza, Orellana y Morona Santiago, con avistamientos en Esmeraldas.

Con equipos de rastreo han mapeado las trayectorias del ave, incluso cerca a poblaciones humanas.

Cuando esto ocurre, el Ministerio de Ambiente y el equipo del Programa se desplazan a capacitar a las comunidades para que no la cacen.

Existen programas de investigación y rescatede harpías en varias universidades.

 

Perú

Map Maker Illustrated Map of Peru

Se destaca la Iniciativa HarpyCam del proyecto Wired Amazon que ha desplegado más de 100 cámaras trampa para registrarla desde el refugio Amazonas hasta el Tambopata Research Center, ellos estudian la vida el animal desde su nacimiento hasta que abandona el nido.

En este país el águila no es una especie en peligro, pero los investigadores están alerta por la tala ilegal de grandes árboles.

 

 

 

Brasil

Mapmaker Illustrated Brazil Map

La organización ‘Proyecto Harpía’ ha desarrollado estudios e investigaciones desde hace más de 20 años, con ayuda de comunidades locales. Se reconocen investigaciones de seguimiento satelital, programas ‘in situ’ y ‘ex situ’ en varias regiones de la Amazonia.

World Land Trust también ha desarrollado programas que se extienden a Belice y Ecuador.

 

 

 

Fuentes: Proyecto Harpía, HarpyCam.

 

 

 

 

 

 

Este reportaje fue producido con el apoyo de:

 

Earth Journalism Network

 

EDICIÓN

María Clara Valencia, editora Amazonia / Internews

Un proyecto de:

 

INVESTIGACIÓN, DIRECCIÓN GENERAL

Olga Cecilia Guerrero Rodríguez

Periodista ambiental

 

IMÁGENES

Adriano Ortíz, Camilo Yasnó, Proyecto Soy Harpía Amazonia, Camilo Vargas, Cesar Chillán.

 

Bogotá, Colombia, marzo-septiembre de 2023

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Este reportaje está publicado bajo licencia Creative Commons, puede ser reproducido total o parcialmente citando a su autor, medio y publicando el enlace

 

 

 


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Ambiente  / Mundo
Napo agoniza entre nuevos focos de minería y falta de control del Estado
RPVRPV Publicado el 28 julio, 2023


La minería ilegal que causó un desastre ambiental en el río Jatunyacu, provincia de Napo, se ha trasladado a Huambuno y Ahuano, con efectos de contaminación y deforestación. Hasta la minería legal ha operado sin todos los permisos ambientales, hoy está en funcionamiento una polémica concesión para extracción de material pétreo.

 

Redacción Montañas y Selva / Mongabay Latam

 

Por favor, no diga mi nombre ―esta frase se repite entre la gente de la zona que ha denunciado las operaciones de la minería ilegal y los incumplimientos de la legal en la provincia de Napo―.

Alberto* es oriundo de la zona del río Huambuno. Trabaja en el turismo ecológico y es parte de una comunidad ancestral que no está de acuerdo con la minería. Frente a su propiedad, al otro lado del río, desde hace varios años ha visto cómo se ha incrementado la presencia de retroexcavadoras que van desfondando el suelo más de 10 metros para extraer oro, destruyendo todo lo que está a su paso.

El hombre ha venido documentando con fotos y videos esta actividad hasta que, una tarde de 2022, fue encañonado en la sien.

―Vino un hombre, me apuntó y me dijo que si sigo denunciando me va a matar y me va a dejar botado como perro, en la calle o en el río. Yo, en ese momento, pensé que me disparó, pero no me disparó.

El caso es complicado y está siendo investigado por la Fiscalía. Alberto ha documentado la presencia de 18 frentes mineros con más de 80 retroexcavadoras en el trayecto Dorado-Huambuno-Cashayaco-San Pedro de Huambuno, Alto Huambuno y Río Blanco. Dice que las máquinas trabajan de día y de noche.

Maquinaria pesada de la Prefectura de Napo trabaja día y noche en la extracción de material pétreo en la zona de Balzachikta, a orillas del río Napo, aun cuando la concesión todavía no contaba con todos los permisos. Foto: Cortesía.
Maquinaria pesada de la Prefectura de Napo trabaja día y noche en la extracción de material pétreo en la zona de Balzachikta, a orillas del río Napo, aun cuando la concesión todavía no contaba con todos los permisos. Foto: Cortesía.

―Están destruyendo el río del que bebíamos y que usábamos para bañarnos. El agua comenzó a contaminarse. Se afectan las ranas, las aves, toda la biodiversidad. Nunca hubo socialización, ni capacitación, sino que de la noche a la mañana aparecieron las máquinas. Yo tengo puesta una denuncia y mis tíos también pusieron siete denuncias más pero nunca hicieron el peritaje y está todo en la Fiscalía de Quito― dice Alberto con voz nostálgica.

Un estudio de la Universidad Ikiam, además de demostrar que en Napo hay ríos muertos como el caso del Chumbiyaku, que tiene 500 veces más metales pesados de los límites permitidos, indica que en las áreas afectadas por la extracción aurífera, el suelo se erosiona, pierde materia orgánica y el drenaje gradual de los desechos contaminantes baja hacia capas inferiores del suelo, convirtiendo en tóxicas e inservibles las tierras.

Familias de la zona de Ahuano, cercanas a las poblaciones de Huambuno Alto y Río Blanco, han denunciado afectaciones en su piel por bañarse en el río Napo.

 

¿Quiénes manejan las concesiones?

 

La comunidad de Río Blanco está dividida. Cinco familias crearon una nueva llamada Ñucanchi Urku y dieron paso a la minería. Alberto nombra las concesiones Napu Kury, Huambuno 1, Huambuno 2,  Huambuno 3 y el Emprendimiento Minero Familia Romero.

Napu Kury no está en la lista de operadoras inscritas en el Ministerio de Energía y Minas y el Emprendimiento Minero Familia Romero está concesionado al señor Iván Romero.

Huambuno 1, Huambuno 2 y Huambuno 3 están concesionadas a la empresa Transconmi Construcciones Cía. Ltda. El actual representante legal es Nelson Ashanga. El fundador, gerente general y accionista de esta empresa de 2010 a 2021 fue Telmo Andrés Bonilla Abril, alcalde del cantón Archidona, en la provincia de Napo.

Maquinaria pesada se ve cerca de los ríos de Napo. Foto: Cortesía.
Maquinaria pesada se ve cerca de los ríos de Napo. Foto: Cortesía. 

De acuerdo con la Superintendencia de Compañías, la empresa Transconmi no tiene como fin la actividad minera sino la construcción de carreteras. Esta alianza periodística intentó comunicarse con el exalcalde Bonilla, pero no se obtuvo respuesta. Tampoco hubo respuesta por parte de la empresa a través de los teléfonos y correo que tienen registrados en la Superintendencia de Compañías y que, coincidencialmente, es el mismo correo de contacto de la empresa Terraearth Resources.

Terraearth Resources es una empresa minera de capital chino que tiene varias concesiones para la extracción de oro dentro de la provincia de Napo. Sin embargo, ha tenido varios llamados de atención y notificaciones por parte del Ministerio de Ambiente debido a incumplimientos ambientales. Aun así, sigue operando.

En el Sistema Único de Información Ambiental (SIUA) del Ministerio de Ambiente se registran tres pedidos de licencia ambiental para las tres concesiones Huambuno. La última es reciente, tiene fecha del 23 de abril de 2023. Todas fueron archivadas, lo que significa que no cumplieron los parámetros para obtener el permiso ambiental. Sin embargo, en el terreno hay máquinas operando.

De acuerdo con el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP por sus siglas en inglés), en enero de 2023 la expansión de la superficie minera en el sector Huambuno incrementó en un 86 % con respecto al mismo mes de 2022. Entre enero de 2022 y enero de 2023 se destruyeron 110 hectáreas de selva y zonas agrícolas, esto es el doble de lo que se registró en el emblemático caso de Yutzupino, donde la minería se expandió en 55 hectáreas entre enero y diciembre de 2022, según un nuevo cálculo de MAAP.

Mapa Monitoreo Caso Yutzupino. Datos: EcoCiencia; ARCERNNR; Planet.
Mapa Monitoreo Caso Yutzupino. Datos: EcoCiencia; ARCERNNR; Planet.

Para muchas personas en la región, si Yutzupino fue un biocidio, Huambuno es uno más grande. Por eso, Fiodor Mena, presidente del Colegio de Ingenieros Ambientales de Ecuador y miembro del Consejo de Defensa de los Derechos de la Naturaleza, cree que el Estado debe declarar la emergencia ambiental en la provincia de Napo.

Sin embargo, hasta el momento no hay importantes operativos en esa zona, y ya no llegan los ministros, ni los policías, ni los militares. Quienes denuncian viven entre amenazas.

La Agencia de Regulación Minera realizó 348 operativos contra la minería ilegal en todo el país en el 2022. De esos, sólo 20 fueron en Napo, a pesar del crecimiento desbordante de los frentes mineros en esta provincia. La cifra total de controles es 17 % menor que 2019, año en el que se realizaron 418 operativos a nivel nacional.

Dentro de las causas que Fiodor Mena nombra para el desastre de los ríos de Napo está la debilidad institucional. De acuerdo con el informe de la Comisión de Biodiversidad de la exAsamblea Nacional, hasta 2022 se contaba con sólo un especialista técnico minero que debía controlar 552 concesiones mineras inscritas y 171 en trámite distribuidas en tres provincias: Napo, Orellana y Pichincha. Además, este técnico tenía que realizar trámites administrativos e informes. Muchos informes.

El mismo documento de la Asamblea da cuenta de que existe una gran cantidad de trámites represados en la Agencia de Regulación Minera: 275 trámites pendientes en el sistema Quipux, 190 informaciones semestrales de producción, 165 informes anuales de explotación y producción, además de las denuncias ciudadanas y los acompañamientos a los operativos de control solicitados por el Ministerio de Ambiente, Fiscalía, municipios, entre otras instituciones.

Para Michelle Báez, ecóloga política y profesora en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador (PUCE), el Estado está en alianza con el sector minero. “El Estado defiende los intereses del capital minero y viceversa. De hecho, hay recompensas como cargos importantes en las empresas luego de salir del sector público. Es una práctica muy común que empleados de empresas extractivas vayan a cargos públicos y luego regresen a mejores posiciones en las privadas. Esto se llama dinámica de puertas giratorias. En estos intercambios, el Estado y la minería viven en constante contubernio”, asegura.

En Ecuador se propuso una Ley de control de las puertas giratorias. El debate sobre el proyecto de ley se dio en el Pleno de la Asamblea, duró menos de dos horas y se archivó por mayoría el 24 de marzo de 2022.

 

 

Nada de esto es nuevo

Esto ya sucedió.

Napo vive un indeseado dejavú.

En Ecuador, la noticia de la pérdida masiva y acelerada de bosque, así como la contaminación del río Jatunyaku, en la zona de Yutzupino, causó controversia nacional. Entre octubre de 2021 y enero de 2022, la minería ilegal en esa zona se expandió en 70 hectáreas, lo equivalente a 99 canchas de fútbol profesional.

A partir de la presión social de las comunidades y las organizaciones de defensa de los derechos de la naturaleza, el 13 de febrero de 2022 se llevó a cabo un gran operativo de control en lo que quedaba del río. Hasta el lugar llegaron la ministra del Interior, el ministro de Defensa y 1600 uniformados de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Entre los enormes cráteres de roca y las montañas de escombros, en lo que antes era un cristalino afluente del río Napo, esa madrugada se incautaron 148 retroexcavadoras; 97 motores de succión de agua; 16 bombas de agua; 80 máquinas de separación de minerales, llamadas “Zetas”; 41 tanques de plástico de 1000 litros con combustible, y otros bienes que se utilizaron para extraer oro.

En la mañana de ese día de febrero circularon fotos, videos y las imágenes aéreas del desastre ecológico, del biocidio. Hubo personas arrestadas que luego fueron dejadas en libertad.

En la comunidad de Yutzupino se pueden observar los efectos de la minería, la cual ha destruido y contaminado gravemente los ríos Jatunyacu y Yutzupino. 11 de febrero del 2022. Foto: Iván Castaneira.
En la comunidad de Yutzupino se pueden observar los efectos de la minería, la cual ha destruido y contaminado gravemente los ríos Jatunyacu y Yutzupino. 11 de febrero del 2022. Foto: Iván Castaneira. 

En mayo de 2023, a la entrada de Tena, la puerta a la selva amazónica de Ecuador, las retroexcavadoras incautadas y varadas seguían en pie, como dando la bienvenida a los visitantes.

Tena es la capital y ciudad más grande de la provincia de Napo, una región de rica biodiversidad, rodeada de exuberantes colinas tropicales y ríos que atraen a los turistas que buscan aventuras en kayak y caminatas por la selva.

Según el Ministerio de Turismo (MINTUR), en Napo existen 318 atractivos turísticos, la mayoría son sitios arqueológicos (81), seguido por 68 cascadas, 15 miradores y 14 cavernas como la conocida Jumandy. Esto hace que la actividad turística sea el segundo rubro de ingresos económicos de la provincia, luego de la agricultura. Una de las principales actividades es el canoping que se practicaba en ríos como el casi desaparecido Jatunyaku.

De acuerdo con las organizaciones sociales y defensores de la naturaleza, más de dos mil personas trabajaron, entre octubre de 2021 y febrero de 2022, en la extracción ilegal de oro. A pesar de que, en noviembre de 2021, la extraña aparición de las primeras cuatro retroexcavadoras en las orillas del Jatunyaku llamó la atención de activistas ambientales que denunciaron la situación en la Gobernación del Napo, y hasta por redes sociales, pero no tuvieron respuesta. Desde el mirador Los Ceibos se veía claramente el avance de las máquinas naranjas que de 4 pasaron a 10, a 50, a 100 a 148.

El mirador fue el primero en ser clausurado. Nadie alrededor sabe quién exactamente puso las cintas amarillas con la palabra peligro en letras negras a la entrada y, si lo saben, no lo dirán. Por ahí pasaron las retroexcavadoras para entrar de manera clandestina al río Jatunyaku. Actualmente, en la unión de la carretera Troncal Amazónica con la vía secundaria donde se encuentra el mirador hay un control policial, pero el miedo, la duda y la desconfianza se mantienen entre los pobladores.

Personas de la zona cuentan que les pagaron entre 2000 y 2500 dólares por el paso de cada una de las máquinas retroexcavadoras por sus terrenos. A cambio, debieron mantenerse en silencio.

Oliver* tenía 17 años cuando comenzó la destrucción del río Jatunyaku en el 2021.

―Si uno se ponía debajo de las “retros”, por donde caminaba encontraba oro ―cuenta como si fuese una de sus primeras hazañas de juventud―. A veces nos hacían pagar 1 dólar para entrar a minar, pero valía la pena. Eso fue al inicio, luego comenzó a llegar más y más gente, por ahí dicen que fueron miles. Yo vi mujeres embarazadas, niños, adultos. Nos empujábamos para coger el oro. Yo tuve suerte, me gané unos miles de dólares― dice Oliver con sonrisa todavía inocente.

En la comunidad de Yutzupino se pueden observar los efectos de la minería, la cual ha destruido y contaminado gravemente los ríos Jatunyacu y Yutzupino. 11 de febrero del 2022. Foto: Iván Castaneira.
En la comunidad de Yutzupino se pueden observar los efectos de la minería, la cual ha destruido y contaminado gravemente los ríos Jatunyacu y Yutzupino. 11 de febrero del 2022. Foto: Iván Castaneira. 

―¿Y cómo era el proceso? ¿Quién te compraba el oro?

―Un señor, un viejito que tenía un local en Tena. Solo a él le podías cambiar el oro y te daba dinero en efectivo.

―Eras joven. Tenías 17 años cuando se saqueó el Jatunyaku. ¿No tuviste miedo?

Con la picardía de la adolescencia, Oliver sonríe y acepta que tuvo miedo al inicio pero que después reflexionó para sí mismo: “Si todos lo hacen, ¿por qué me voy a quedar sin oro?”.

―Mi mamá me decía que no fuera. Pero nosotros éramos una familia pobre, y de un momento a otro teníamos mucho dinero bajo el colchón.

―¿Y qué hicieron con ese dinero?

―Mandamos a mis hermanas a otra ciudad para que se compren una casa y salgan de aquí. Yo no me voy porque no quiero dejar a mis padres solos. Aquí no podíamos tener mucho dinero porque solían venir a requisarnos cuando empezaron a hacer operativos.

―¿Tanto dinero hicieron?

―Uf, sí. Imagínese que en un buen día se sacaban varios gramos de oro. Teníamos que andar ‘pilas’ porque si no, te podían seguir para robarte. Hubo casos de que entre vecinos se estafaron.

―¿Te robaron alguna vez?

―No porque aprendí a ser precavido. Una noche encontré un pedazo de oro así de grande (con sus manos tersas por la edad y bronceadas del sol, separa el aire unos 10 centímetros). Y, ¿sabe qué hice? Me fui al bosque, alrededor de las 11 de la noche. Despacito para no hacer bulla. Mirando a todos lados. Me fui bien profundo y me quedé escondido entre un árbol haciendo silencio y con el oro en las manos. Me mantuve casi como una estatua. ¡Por tres horas! Hasta estar segurísimo que nadie me siguió. Ahí, como a las 2 de la mañana, con la luz de la luna, enterré mi oro. Sólo yo sé dónde está.

Mientras continúa la caminata y conversación con Oliver, intentando llegar al nuevo mirador que se construyó unos metros a la izquierda del antiguo, un hombre aparece. Oliver inmediatamente empieza a hablar de aves y de qué lugar turístico recomienda visitar en la zona.

El hombre se interna en el mirador. Cuando desaparece, el joven susurra que esa persona es del “grupo de inteligencia de los mineros”, que ellos andan en todos lados y le “avisan todo al patrón”. Que no les gusta que vengan personas o periodistas a preguntar mucho.

La inacción del Estado

 

En marzo de 2022, días después del operativo en Yutzupino, doce colectivos de Napo interpusieron una Acción de Protección al Estado ecuatoriano por falta de control a las concesiones mineras. Ganaron en primera y segunda instancia. El 13 de abril de 2022, el juez de la Corte Provincial de Napo obligó al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Minas y a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR) a presentar, en 180 días, un plan de reforestación de las zonas afectadas por la minería ilegal de toda la provincia, causada por la falta de control.

Las autoridades no han cumplido con la sentencia.

Los colectivos interpusieron, en enero de 2023, una nueva demanda por incumplimiento de la demanda anterior. Nuevamente, el juez de la Corte de Justicia de Napo les dio la razón y ordenó la destitución de los tres ministros, la reparación de las zonas afectadas y 48 horas para presentar el plan de reforestación.

Sigue sin haber respuestas estatales y nadie fue destituido.

Poco más de un año después, el 13 de abril de 2023, la Asamblea Nacional aprobó por mayoría (121 de 137 votos) el Informe de Fiscalización y Seguimiento de la minería ilegal en Napo, en la zona de Yutzupino y emitió una resolución. En el documento se reconoce la inoperancia del Estado y los grandes daños sociales y ambientales en un radio de 20 kilómetros alrededor del río Jatunyaku, llamado “Punto cero”. La resolución de la Asamblea Nacional es vinculante e incluye 36 obligaciones y acciones inmediatas que varios Ministerios debieron cumplir para parar el biocidio de Yutzupino.

Exigencias como que en 60 días el Presidente de Ecuador reforme los Decretos Ejecutivos 754 y 151 relacionados con la minería.

El 1 de marzo de 2023 el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica revocó el permiso de funcionamiento de las maquinarias de la Prefectura de Napo. Foto: Cortesía.
El 1 de marzo de 2023 el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica revocó el permiso de funcionamiento de las maquinarias de la Prefectura de Napo. Foto: Cortesía.

Al Ministerio de Minas le obligó a reestructurar la Agencia de Regulación en un máximo de 60 días. Esto no ocurrió. Solo cambiaron de director, quien dijo, a través de su dirección de Comunicación, que dará entrevistas cuando esté más empapado de los temas.

El Ministerio de Minas tenía 90 días para entregar a la Asamblea Nacional un informe geológico y una nueva normativa que mejore los procesos de control. Y, en ese mismo tiempo, debía solicitar los informes técnicos y legales a la Agencia de Regulación para la extinción de los derechos mineros.

A la Agencia de Regulación le obligó, en menos de 30 días, a contratar seis especialistas de seguimiento y control minero, solo para la provincia de Napo. Al Ministerio de Ambiente le dio 30 días para crear los procesos de determinación de daño ambiental. Al Ministerio de Salud le dio 30 días para lograr un estudio del nivel de afectación de la población derivado de la actividad minera. Al Ministerio de Transporte le dio 30 días para regularizar todas las maquinarias y  retroexcavadoras, y asegurarse que tengan su certificado de instalación de GPS.

“Nada se ha cumplido. Nada. A veces me decepciona tanto circo y novela que no termina en nada concreto, medible y tangible”, dijo por teléfono el Defensor del Pueblo de Napo, Andrés Rojas, el 18 de mayo de 2023, el día que se clausuró la Asamblea Nacional, luego de la muerte cruzada invocada por el presidente Lasso.

Rojas está haciendo el seguimiento del cumplimiento de la resolución de la Asamblea por la que tanto lucharon. Cuenta que, desde la Presidencia, lo último que le dijeron fue que no les llegaba todavía la notificación.

Imagen Skysat Caso Huambuno. Datos: Planet.
Imagen Skysat Caso Huambuno. Datos: Planet.

El Ministerio de Ambiente respondió para esta investigación que están analizando la situación y que es todo lo que pueden decir. La respuesta fue parecida en el Ministerio de Minas. La Agencia de Regulación alega que casi está naciendo de nuevo y no sabe de esta resolución y el Ministerio de Transporte no ha brindado respuesta hasta el momento.

El desorden estatal es tan grande que varios responsables de las instituciones públicas nombradas no conocían la resolución que surgió a partir del informe de Fiscalización de la Asamblea Nacional y pidieron copia del documento para saber de qué se trata.

Gustavo Redín, abogado experto en temas ambientales y parte de la organización CEDENMA ―que agrupa a varias organizaciones ambientalistas ecuatorianas― recordó que, no se puede esperar mucho si, para colmo, el ente de fiscalización que emitió esta resolución, la Asamblea Nacional, ya no existe luego de la Muerte Cruzada.

 

La minería de la prefectura de Napo

 

―Tengo miedo― dijo con la voz doblegada Gonzalo*, quien vivía en la comunidad de Balzachicta, 10 minutos río abajo de la comunidad de Alberto.

Gonzalo era operador turístico y comenzó a observar, en septiembre de 2022, entre las salidas y llegadas de los turistas en lanchas que, frente a su propiedad, maquinaria pesada desviaba abiertamente el río Napo en la desembocadura del río Arajuno. Los visitantes comenzaron a quejarse del estruendoso sonido de la maquinaria que no paraba las 24 horas. Algunos salieron molestos, otros, sorprendidos.

Gonzalo tomaba fotos y videos, y los subía a las redes sociales. La zona que estaba siendo removida era un banco de arena, que era parte de la comunidad de Balzachicta, en la que existe una concesión para la extracción de material pétreo que pertenece al Gobierno Autónomo Descentralizado de Napo y que utilizaba el material para una importante obra: “los 14 kilómetros de asfaltado de la vía Río Pusuno – Ahuano tercera etapa, anhelada por muchos moradores”.

Los lingotes de oro son la última etapa del refinamiento del oro. Para esto, debió pasar por el uso de mercurio que está prohibido en Ecuador su uso para minería desde 2013. Foto: Cortesía Pepe Moreno / Napo Ama la Vida.
Los lingotes de oro son la última etapa del refinamiento del oro. Para esto, debió pasar por el uso de mercurio que está prohibido en Ecuador su uso para minería desde 2013. Foto: Cortesía Pepe Moreno / Napo Ama la Vida. 

Esta concesión no tenía todavía los permisos ambientales para operar y el registro en el Ministerio de Energía y Minas aún estaba en trámite. Sin embargo, desde septiembre de 2022 las volquetas, retroexcavadoras, y clasificadoras de material llegaron con más frecuencia al lecho del río.

Gonzalo siguió día a día los avances de la extracción de material pétreo. Mandó cartas a los ministerios de Turismo, Ambiente, Minas, y a la Fiscalía, hasta que el 5 de diciembre de 2022, la Dirección Zonal del Ambiente suspendió las operaciones de la concesión debido a infracciones como no contar con Registro Generador de Desechos Peligrosos, la contaminación y desvió del cauce del río Napo y no contar con los permisos administrativos.

Fiódor Mena era el director regional del Ministerio de Ambiente en ese momento y confirma que estas concesiones no tenían todos los actos administrativos al día. Por eso dio la orden de suspensión.

Sin embargo, las máquinas siguieron en funcionamiento.

El 1 de marzo de 2023, con las insistentes denuncias en redes sociales de algunos pobladores como Gonzalo, el Estado hizo un gran operativo y clausuró las máquinas de la Prefectura por incumplimientos administrativos y ambientales. A pesar de esto, el 2 de marzo las máquinas siguieron funcionando.

―Nosotros no impedimos totalmente la extracción de material, pero que se haga una minería responsable, lo que estamos viendo es que minan como les da la gana. Hay gente que no quiere comprometerse [exigiendo minería responsable] porque tienen miedo. Mis dos vecinos no firmaron la denuncia, me dijeron que no querían tener problemas―, dice José Punzhi, habitante de la comunidad de Balzachicta.

A pesar de toda la controversia, en abril de 2023 finalmente se aprobaron los permisos de funcionamiento para la concesión de la Prefectura de Napo: “ya les dimos el permiso, habían cumplido con los papeles que debían presentar y era un pedido de algunos pobladores, dueños de hoteles y lodges que decían que se beneficiarían de la carretera”, comenta Mena con una sonrisa decepcionada. Luego, con los cambios de autoridades (el 2 de abril de 2023 el viceministro de Ambiente, José Antonio Dávalos pasó a liderar esta cartera), Mena fue removido de su cargo.

“Lo que no se toma en cuenta es que, a gran, mediana o pequeña escala, la minería siempre traerá conflictos porque es posesión forzosa de la tierra, del agua, de los recursos naturales. En nuestros estudios hemos podido ver que los mismos problemas de las pequeñas mineras, los hay en las megamineras. Hay derechos igual de vulnerados. Empezando con que ninguna empresa en el país ha cumplido con el mandato de la Consulta Ambiental ni la Consulta Previa, libre e informada”, concluye Báez.

A pesar de las resoluciones, de los operativos, de las noticias, de las demandas, de la fuga de oro y de la devastación ambiental, Napo está viviendo un segundo biocidio.

 

*Nombres cambiados por seguridad de las fuentes.

 

Imagen de apertura: A pesar de que el 1 de marzo de 2023 miembros de la Policía Nacional, el Ministerio de Ambiente y la Fiscalía paralizaron las actividades de la concesión de la Prefectura, al día siguiente, las máquinas volvieron a trabajar. Foto: Cortesía.

 

***Este proyecto de Montañas y Selva fue desarrollado en alianza periodística con InquireFirst y con el apoyo de la Gordon and Betty Moore Foundation.

 

ALIANZA INFORMATIVA

MONGABAY LATAM – RED PRENSA VERDE


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En Cámara
‘Un viaje épico’, la larga ruta de la dorada para llegar al mar
RPVRPV Publicado el 9 diciembre, 2022


The Natura Conservancy (TNC), organización mundial conservacionista, lanza hoy este documental en la COP 15 de biodiversidad, en Montreal, Canadá. 

 

«Soy ‘La Dorada’ y también me conocen como el gran bagre dorado. Nazco en ríos de la Amazonia Andina donde emprendo un largo camino hasta alcanzar el mar Atlántico, donde crezco y me fortalezco para retomar mi viaje de vuelta a donde nací».

Es uno de los textos del documental ‘Un viaje Épico’, un documental creado por TNC y producido en Ecuador, Brasil y Colombia,  que relata el recorrido de la dorada  o gran bagre dorado a lo largo de la cuenca amazónica.

Con la producción y guión de Ana León Guzmán y la participación de investigadores, comunidades y diferentes organizaciones conservacinistas que trabajan en estos países, fue dedicado al investigador Jonathan V. Higgins (1958 – 2022) científico y conservacionista del agua dulce en el mundo.

«Desde pequeños cauces con alto flujo y velocidad del agua, hasta que llega a un caudal más amplio gracias a los tributarios de la parte media, el río encuentra relaciones ecologicas y biodiversidad distinta en cada tramo, y una composicion química que se va transformando. Eso hace que atraviese diferentes ecosistemas acuáticos y terrerestres, explica Carlos Rodríguez, director de la Fundación Tropembos.

El documental relata como el bagre dorado conecta los ríos y la gente de la cuenca del Amazonas mientras viaja en la migración de agua dulce más larga del mundo: «Solo sobrevivirá si protegemos la interconexión de los ríos de flujo libre del gran bosquelas comunidades indígenas que viven a lo largo de los ríos son sus ‘guardianes’ también son fundamentales para proteger el Dorado, los ríos y el planeta que depende de este ecosistema vital».

 


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Ambiente  / Mundo  / Reportaje
El impacto medioambiental de la cocaína en el mundo
RPVRPV Publicado el 16 julio, 2022


La cocaína es una de las drogas ilícitas más utilizadas en el mundo: se estima que en 2019 unos 20 millones de personas la consumieron, principalmente en América del Norte y Europa. La producción, transporte y consumo le están pasando factura al  ambiente, ya que afectan las selvas tropicales, el agua dulce y los ecosistemas estuarinos. Efectos, como los que produce en las anguilas y otras especies acuáticas, se han documentado, pero muchos no se han investigado.

 

Sean Mowbray / Mongabay Latam / Traducido por Selene Follonier

 

El impacto medioambiental de la cocaína se conoce desde hace mucho tiempo. Ya en la década de los noventa algunos estudios llamaron la atención sobre la deforestación, la degradación del suelo y la contaminación en América Latina producidas por las drogas. Hoy en día, los efectos a lo largo de toda la cadena de producción de las drogas ilegales se entienden mejor y están más documentados, pero no se los reconoce ni se los denuncia como se debería.

Mientras tanto, continúa la lucha entre quienes intentan frenar el consumo de drogas ilegales y aquellos que se empeñan en producir, traficar y consumir la droga, a la par que se contribuye a la pérdida de biodiversidad, el cambio en el uso de la tierra, la contaminación de las aguas con productos químicos tóxicos y al impulso de otras actividades criminales como el tráfico de fauna y flora silvestre y la extracción de oro.

Tanto en los países productores como en los consumidores, el polvo blanco conocido como cocaína está dejando un rastro de destrucción medioambiental que contribuye a la desestabilización del “espacio operativo seguro” vital para que nuestro planeta siga siendo habitable.

An estimated 20 million people used cocaine in 2019. Image by Jernej Furman via Flickr (CC BY 2.0).

Se estima que unos 20 millones de personas consumieron cocaína en 2019. Foto de Jernej Furman a través de Flickr (CC BY 2.0).

 

La producción de coca en cifras

 

Se estima que en 2019 se cultivaron unas 234 200 hectáreas (578 720 acres) de coca en Bolivia, Perú y Colombia. Eso fue un 5 % menos que el año anterior, pero aun así ocasionó graves impactos medioambientales.

En el año 1985, Perú era el centro mundial de la producción de coca: ahí se cultivaba cerca del 65 % de la producción mundial de coca, mientras que en Bolivia se cultivaba el 25 % y en Colombia solo el 10 %. Con los años, el cultivo se concentró, sobre todo, en Colombia, una de las naciones más “megadiversas” del mundo, que alberga cerca del 10 % de la biodiversidad de la Tierra.

Las últimas cifras publicadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y el programa de control del gobierno colombiano señalan que 143 000 hectáreas (353 400 acres) de coca se registraron en Colombia en 2020, una disminución por tercer año consecutivo. A pesar de que allí se cultivó menos coca, se produjo un 8 % más de cocaína, que sumó aproximadamente 1228 toneladas. Se cree que detrás de este aumento hay un manejo más eficiente de los cultivos junto con laboratorios que producen enormes cantidades de pasta base de cocaína.

Las estadísticas de la Oficina de la Política Nacional de Control de Drogas de EE. UU. esbozó una imagen diferente y más preocupante de la situación: estimó unas 245 000 hectáreas (605 400 acres) de cultivo de coca el mismo año.

La producción de coca y cocaína son solo una parte de una compleja red de problemas que ponen a las riquezas biológicas de Colombia en riesgo. Entre las más graves se encuentra la deforestación: en 2020, se talaron cerca de 13 000 hectáreas (31 100 acres) de la selva colombiana para dar lugar al cultivo de coca. Esa cifra representa el 7.54 % de las 171 685 hectáreas (424 243 acres) totales de árboles que se perdieron en el país a causa de todas las actividades, entre ellas la expansión ganadera y agrícola, de acuerdo con un estudio realizado por el Instituto de Hidrología, Metereología y Estudios Ambientales (IDEAM), del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia.

El mismo estudio halló que hubo un 22.4 % adicional de deforestación (38 449 hectáreas o 95 010 acres) dentro de 1 kilómetro (0.6 millas) de las plantaciones de coca a causa de actividades relacionadas, como la construcción de pistas de aterrizaje clandestinas y actividades tangencialmente relacionadas, como la contribución de la producción de coca al avance de la frontera agrícola.

Two women harvesting coca in South America. Image by RioPatuca Images via Adobe Stock.
Dos mujeres cosechan coca en América del Sur. Foto de RioPatuca Images a través de Adobe Stock.
Personal colombiano de erradicación manual destruye campos de coca en 2018. Foto de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de los Estados Unidos a través de Wikimedia Commons (dominio público).

 

La coca como causa de la deforestación

 

Analizar cuál es la causa precisa de toda la deforestación adicional es complicado, dice Liliana Dávalos, de la Universidad Stony Brook, quien ha estudiado la relación entre la coca y la deforestación durante 20 años. “Quería descubrir si esto sucedía en lugares donde la deforestación no ocurriría de otra manera”, dice. “La respuesta es que depende”.

Dávalos explica que el grado en el que la producción de coca causa directamente la deforestación depende mucho del lugar. “En la región andina de Colombia, por ejemplo, que hemos estudiado de cerca, en lugares como San Lucas, vemos que la coca desempeña una función desproporcionada donde no se cultivan otras plantaciones o [donde no hay] tierras de pastoreo, o un nivel mucho más bajo de estas… Los efectos sobre la región andina de tierras altas son enormes, y el potencial de daño a la biodiversidad es muy, muy grande según la base de datos espacial con la que contamos”.

En los terrenos más bajos de la región amazónica el panorama es menos claro. “Nos encontramos con que, cuando tenemos en cuenta los factores sociales de la migración [humana], el crecimiento [y] la construcción… en realidad no encontramos una repercusión del cultivo de coca… En la Amazonía, la coca es más un pasajero que un conductor del proceso… se trata de un proceso de deforestación fronteriza que incorpora vastos tramos de terreno al sistema financiero”.

La producción de cocaína genera otros daños. Libera sustancias químicas tóxicas al medioambiente a través de los laboratorios de procesamiento. Entre las sustancias químicas que utilizan comúnmente los magalaboratorios se incluyen tolueno, ácido sulfúrico, acetona y gasolina. Se requieren 284 litros de gasolina para producir 1 kilogramo de cocaína y es probable que una parte significativa del suministro de gasolina de Colombia se desvíe para producir coca. Asimismo, solo se requiere una parte de petróleo vertido para contaminar 750 000 partes de agua subterránea.

Las estimaciones indican que, por año, se usan hasta 3.5 millones de toneladas de sustancias químicas por hectárea, lo que produce la degradación del suelo y más contaminación del agua. En un estudio del año 2014 se determinó que el 98.7 % de las plantaciones de coca también usa insecticidas o funguicidas, el 92.5 % aplica fertilizantes químicos y el 95.5 % usa herbicidas. Junto con el de la cocaína en sí —hallada en los cursos de agua de la cuenca amazónica— el posible efecto tóxico de la producción probablemente sea vasto, aunque se entiende y se controla poco.

Police officers burn a coca laboratory in Tumaco, Colombia, in 2008.

La policía quema un laboratorio de coca en Tumaco, Colombia, en 2008. Foto de la Policía Nacional de Colombia a través de Flickr (CC BY-SA 2.0).

 

La fumigación aérea sigue planteando interrogantes

 

La lucha contra los productores de cocaína también ha afectado al medioambiente. Los críticos de la fumigación aérea con el polémico herbicida glifosato, comúnmente conocido como Roundup, argumentan que esta ha dejado un legado de daños al ecosistema y a los seres humanos.

Fomentada y financiada durante mucho tiempo por las oficinas de lucha contra el narcotráfico de Estados Unidos, la práctica que comenzó en Colombia en 1994 se prohibió allí mismo en 2015 por la preocupación sobre su papel como carcinógeno. No obstante, el gobierno actual bajo la presidencia de Iván Duque está ejerciendo presión para reintroducir la fumigación para abordar el problema de las drogas. El pasado marzo, incluso, aprobó el uso de drones que sobrevuelan para ese propósito. Aunque se consideran posiblemente eficaces a corto plazo para reducir los cultivos de coca en zonas específicas, dicha reincorporación no solo contaminaría, sino que daría continuidad a otros problemas.

“La fumigación aérea elimina los cultivos de coca rápidamente”, explica Vanda Felbab-Brown, investigadora principal del Instituto Brookings. “Pero lo hace de maneras que resultan problemáticas desde [una] perspectiva medioambiental y de la salud pública humana”.

El año pasado, el gobierno de Estados Unidos y el de Colombia anunciaron una nueva estrategia antinarcóticos, que incluye un objetivo de protección medioambiental junto con la reducción del suministro de drogas, la seguridad rural y objetivos de desarrollo. “Estados Unidos ayudará al gobierno colombiano en sus esfuerzos para controlar y hacer frente a estos delitos medioambientales que sostienen e impulsan los grupos narcotraficantes que producen un profundo impacto negativo en el medioambiente de Colombia”, afirma un comunicado de presa.

Un proyecto de ley aprobado recientemente promete penas más duras para los involucrados en la producción de drogas, entre ellas penas de cárcel. Sin embargo, se teme que dichas medidas afecten sobre todo a los agricultores colombianos de pequeña escala.

Aerial spraying of pesticides. Aerial spraying with the controversial herbicide glyphosate, popularly known as Roundup, is argued by critics to have left a legacy of ecosystem and human harm. Image by amissphotos via Pixabay.

Fumigación aérea con pesticidas. Los críticos de la fumigación con el polémico herbicida glifosato, comúnmente conocido como Roundup, argumentan que esta ha dejado un legado de daños al ecosistema y a los seres humanos. Foto de amissphotos a través de Pixabay.

Una plaga que afecta a pueblos indígenas, flora y fauna

 

El cultivo de la coca afecta los parques nacionales de Colombia: se estima que 7214 hectáreas (17 826 acres) en 12 reservas federales fueron testigo de la producción ilegal en 2020, un incremento del 6 % respecto del 2019. Catatumbo-Barí es la más afectada; esta área natural sufre la deforestación, la anarquía y una gran variedad de problemas relacionados con el tráfico de cocaína. Entre otros parques y zonas protegidas afectados se incluyen Sierra de la Macarena, la Reserva Nukak y el Nudo de Paramillo.

 

“Con la coca en los parques nacionales, la producción no es tan grande”, explica Ana María Rueda, investigadora principal de la Fundación Ideas para la Paz. Sin embargo, “lo que [se está viendo] es el control territorial [por parte de delincuentes], por ejemplo, relacionado con las rutas de tráfico para sacar la cocaína de Colombia”.

 

Esta ampliación del cultivo de coca y el procesamiento de la cocaína en tierras protegidas representa un riesgo para la biodiversidad. Una actualización del Índice de la Lista Roja de Colombia en 2020 señaló que el cultivo de coca y su contribución a la pérdida forestal y a la fragmentación del hábitat aumentan el riesgo de extinción de especies de aves como el paujil de turbante (Crax daubentoni), el halcón montés plomizo (Micrastur plumbeus), el dacnis pechirrojo (Dacnis berlepschi) y el tucán andino piquilaminado (Andigena laminirostris). En el informe se observa que de las 13 especies cuyo estado de conservación se vio deteriorado, ocho resultaron afectadas por la expansión ilícita de la coca.

Drying of coca leaves in Cruz Loma village near Coroico, Bolivia. Image by Matyas Rehak via Adobe Stock.
Secado de hojas de coca en el pueblo de Cruz Loma cerca de Coroico, Bolivia. Foto de Matyas Rehak a través de Adobe Stock.

Paramillo National Park in Colombia. While coca grown in 12 protected areas in 2019 represents only a fraction of the nation’s total crop, penetration into national parks poses a biodiversity threat and opens up conserved areas to further exploitation.

Parque Nacional Paramillo en Colombia. Aunque el cultivo de coca en 12 zonas protegidas en 2019 representa solo una parte de los cultivos totales del país, la penetración en los parques nacionales amenaza la biodiversidad y expone zonas conservadas a una mayor explotación. Foto cortesía de la Agencia Prensa Rural a través de Flickr (CC BY-NC-ND 2.0).

Las tierras y los pueblos indígenas también se ven gravemente afectados. Cerca del 50 % de la coca de Colombia se cultiva en zonas de gestión especial, entre ellas tierras indígenas, comunidades afrocaribeñas tradicionales, parques nacionales y otras áreas de relevancia medioambiental.

Esa actividad delictiva ha convertido a Colombia en uno de los lugares más peligrosos de la Tierra para los defensores ambientales: en 2020, hubo 17 ataques mortales contra activistas que apoyaban los programas de sustitución de cultivos de coca.

En la Amazonía peruana, la producción de cocaína y su tráfico amenaza la vida y el sustento de los pueblos indígenas, como los de los asediados shipibo-conibo a lo largo del río Ucayali. “Realmente hemos visto un aumento de las amenazas y el asesinato de líderes de la comunidad en la Amazonía peruana en los últimos años. No voy a decir que todos ellos se relacionan directamente con las mafias de las drogas”, dice Andrew Miller, de la organización no gubernamental Amazon Watch. “Pero creo que varios parecen estar obviamente relacionados con esta lucha más generalizada por el control del territorio”.

Según el gobierno peruano, la región del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) representaba el 43 % de la coca cultivada en el país en 2020, de un total de cultivos ilegales de 61 777 hectáreas (152 654 acres). En otras regiones peruanas también se ha visto un aumento. “Estamos trabajando con las comunidades, en… Ucayali y Huanaco. Los grupos indígenas de allí dicen: ‘somos el nuevo VRAEM… donde la producción de coca está explotando’”, dice Miller. El año pasado, Mongabay Latam identificó 16 comunidades indígenas amenazadas por la deforestación causada por el tráfico de drogas solo en Ucayali.

The plate-billed mountain-toucan is native to Ecuador and a portion of Colombia’s Nariño department. Coca cultivation in the region is considered one of the threats to the species’ survival in Colombia.

El tucán andino piquilaminado es una especie nativa de Ecuador y de una parte del departamento de Nariño de Colombia. El cultivo de coca en la región se considera una de las amenazas a su supervivencia en Colombia. Foto de Ben Tavener a través de Flickr (CC BY 2.0).

 

El narcotráfico provoca deforestación y degradación

 

En la década de los ochenta y a comienzos de los años noventa, la cocaína circulaba desde América del Sur hasta los Estados Unidos a través del Caribe. A medida en que los esfuerzos de control cerraban las rutas de tráfico allí, la droga se hacía pasar por los países centroamericanos en tránsito hacia México.

En un estudio realizado en 2022 se halló que la Reserva de la Biósfera Maya perdió unas 234 612 hectáreas (579 739 acres) de selva entre 2000 y 2018. Es uno de los lugares biodiversos más importantes de Guatemala. La pérdida forestal fue particularmente grave en el lado occidental de la reserva, afirma el autor del estudio, Jonathan Vidal Solórzano, lo que podría tener consecuencias para las especies icónicas en peligro de extinción como el jaguar.

“El escenario ideal sería tener grandes áreas donde estos jaguares puedan vivir y también… corredores para que puedan desplazarse de Guatemala a México”, explica. Sin embargo, en la actualidad, “prácticamente no queda superficie forestal o bosques normales, antiguos [en el lado guatemalteco de la frontera]. Ya no hay tanta conexión como solía haber”.

“Cabe destacar que, en Guatemala, 27 de las 86 [zonas protegidas] perdieron más del 30 % de la superficie forestal durante el periodo analizado, y ocho perdieron más del 50 %”, señala el estudio, y el Parque Nacional Laguna del Tigre, por ejemplo, perdió 93 858 hectáreas (231 928 acres). “Algo tiene que cambiar, particularmente la manera en que se gestionan las zonas protegidas con tasas elevadas de deforestación”, afirma Solórzano.

The Maya Biosphere Reserve in Guatemala. Large-scale deforestation in the region has been linked, in part, to narco-trafficking, say experts.

La Reserva de la Biósfera Maya en Guatemala. La deforestación a gran escala en la región se ha vinculado, en parte, al narcotráfico, afirman los expertos. Foto cortesía de CIFOR a través de Flickr (CC BY-NC-ND 2.0).

Aunque los investigadores subrayan que relacionar el transporte de drogas directamente con el cambio de la superficie es complejo, y que no siempre es posible rastrear la repercusión directa e indirecta, con los estudios se están atando cabos. Investigaciones realizadas en 2017, por ejemplo, determinaron que entre el 15 y el 30 % de la deforestación en Nicaragua, Honduras y Guatemala se vinculaba con el narcotráfico. Esta cifra aumentaba al 30-60 % en las zonas protegidas. Estas incluían la Reserva de la Biósfera Maya de Guatemala y la Reserva de la Biósfera Río Plátano de Honduras. Estas estadísticas, afirma Kendra McSweeney, profesora de geografía en la Universidad Estatal de Ohio y parte del equipo de investigación, probablemente estén infravaloradas.

McSweeney y otros científicos observan dos vínculos entre el tráfico de cocaína y el cambio en el uso del terreno, que identifican como narcodeforestación y narcodegradación. En el primer caso, se talan los bosques para despejar el terreno para las pistas de aterrizaje clandestinas. Ese terreno posteriormente se convierte en tierras de pastura para el lavado de dinero y el reclamo permanente del territorio. A continuación, puede producirse una afluencia de efectivo desestabilizadora, que crea una sinergia para la aparición de otras industrias, tanto lícitas como ilícitas. Esto intensifica una mayor degradación y desarrollo.

En un estudio publicado el año pasado se halló que “las pérdidas forestales sostenidas a gran escala” de 713 244 hectáreas (1.76 millones de acres) en Guatemala y 417 329 hectáreas (1.03 millones de acres) en Honduras “se corresponden con zonas cuyo control está pasando a manos de grandes terratenientes, por lo general relacionados con el narcotráfico”.

“No creo que sea exagerado afirmar que el tráfico de drogas es una de las preocupaciones medioambientales de América Central”, comenta Jennifer Devine, de la Universidad Estatal de Texas, quien investiga los impactos medioambientales del narcotráfico en América Central. “No solo por la narcoganadería, sino porque el narcotráfico socava los sistemas de gobernanza en toda la región”.

El debilitamiento de la gobernanza local genera un sinnúmero de problemas de delincuencia, entre ellos “el acaparamiento de tierras en zonas protegidas, el relleno de zonas de humedales, incendios forestales [iniciados por quienes acaparan tierras], actividades madereras ilegales, degradación de los manglares, tala ilegal, tráfico de flora y fauna, extracción de oro y construcción de carreteras”, escribieron Devine y otros en un artículo publicado en 2020 que analiza los efectos generalizados del tráfico de drogas más allá de la deforestación.

Drug-trafficking organizations are implicated in the trafficking of other illicit goods, such as illegal timber.

Las organizaciones del tráfico de drogas están implicadas en el tráfico de otros bienes ilícitos, como los aserraderos ilegales. Foto de quapan a través de Flickr (CC BY 2.0).

“Lo que realmente preocupa es que el impacto medioambiental del tráfico de drogas está afectado a zonas protegidas”, afirma Devine, ya que el narcocapital blanqueado y la ganadería ilícita “se infiltran en bosques que deberían estar protegidos por ser ecológica y culturalmente vitales”.

Las investigadoras Devine y McSweeney hacen hincapié en que separar los efectos medioambientales y humanos de la “guerra contra las drogas” es sencillamente imposible. “Lo que impulsa el cambio en el uso de las tierras, lo que impulsa la deforestación, es el juego del gato y el ratón”, afirma Devine. “Resulta muy importante recordar que el enfoque de la intervención militar es en gran medida responsable de gran parte del impacto medioambiental que vemos, como el hecho de que se use glifosato en Colombia, [lo que] afecta los cursos de agua, hasta la narcoganadería en América Central”.

Hoy en día, Panamá y Costa Rica se están convirtiendo en importantes nodos del tráfico de cocaína, cuyo destino final es el lucrativo mercado europeo. Ambos países representaron el 80 % de las incautaciones de drogas en América Central de 2021.

Este cambio ocurrió durante la pasada década, dice Nicholas Magliocca, profesor asistente de geografía en la Universidad de Alabama. Los traficantes usan regularmente la península de Osa de Costa Rica, en la costa sudoeste del país, como punto de tránsito: una región conocida por la biodiversidad de su Parque Nacional Corcovado. Aunque se cree que la mayoría de las drogas se transportan por rutas marítimas, también se ha identificado transporte aéreo. “Estamos comenzando a ver que cada vez aparecen más de estas pistas de aterrizaje clandestinas”, dice Magliocca.

El atractivo que Costa Rica ofrece a los traficantes se basa, en parte, en su red marítima legal, que puede explotarse para trasladar el producto. El año pasado, por ejemplo, se incautaron 1.2 toneladas métricas de cocaína que se transportaban en un contenedor de bananas en el Reino Unido.

Illegal airstrips within the Rio Plátano Biosphere Reserve in eastern Honduras. Image courtesy of Planetscope/Google Earth.

Pistas de aterrizaje clandestinas en la Reserva de la Biósfera Río Plátano en el este de Honduras. Foto cortesía de Planetscope/Google Earth.

 

Una cuestión de carbono y equidad

 

La deforestación impulsada por el narcotráfico y las emisiones de carbono relacionadas son “enormes”, observa Magliocca. No obstante, para él, también es un problema de equidad, porque son los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales las que se ven más afectadas por el juego de la prohibición que se tiene entre los traficantes y las fuerzas del orden.

Un estudio reciente dirigido por Magliocca descubrió que, cuando los esfuerzos de control de las drogas ilícitas en América Central obligaban a los traficantes a cambiar de una ruta a otra, las tierras indígenas solían ser la primera opción. “Las zonas protegidas y los territorios indígenas ofrecen ese tipo de gobernanza de la tierra en disputa, poblaciones marginadas y lejanía que facilitan estas operaciones. Por eso, siempre van a resultar muy atractivas”.

“A menos que se aborden los problemas de equidad y se empodere a estas poblaciones, no se resolverán los problemas de sostenibilidad ambiental”, argumenta Magliocca.

Un escenario similar se observa en países productores como Perú, según Miller, con la incautación de tierras indígenas por parte de narcotraficantes, ganaderos y otros, a menudo ligada a una lucha más amplia por el reconocimiento de los derechos y títulos de propiedad de la tierra. “Los argumentos más inmediatos que [estos pueblos rurales] han esgrimido es que hay que respetar los derechos [de las tierras ancestrales] de… las comunidades locales”, afirma.

Esa falta de respeto también es evidente en los parques nacionales de Colombia, donde la lucha contra el narcotráfico a menudo implica la expulsión de los habitantes rurales establecidos desde hace mucho tiempo en las zonas protegidas, una práctica que no está funcionando, de acuerdo con Rueda. La investigadora sugiere que ahora existe una oportunidad de que el gobierno firme acuerdos con las comunidades ubicadas en los parques o cerca de estos para brindarles a los pueblos tradicionales un sustento sostenible alternativo vinculado a la conservación.

“Se trata de avanzar hacia la inclusión del enfoque medioambiental dentro del desarrollo alternativo”, afirma Rueda. “Este es un problema social y lo estamos abordando [erróneamente] como un problema de delincuencia”.

Coca plantation on a hillside near Caranavi, western Bolivia. Image by Neil Palmer/CIAT via Flickr (CC BY-SA 2.0).

Plantación de coca en una colina cerca de Caranavi, al oeste de Bolivia. Foto de Neil Palmer/CIAT a través de Flickr (CC BY-SA 2.0).

 

Diversificación de los delitos

 

En México, las organizaciones del narcotráfico se han visto implicadas en delitos medioambientales tales como la tala ilegal. Asimismo, se han involucrado en negocios legales para invertir y blanquear ganancias ilícitas —como en el lucrativo mercado del aguacate, por ejemplo—, lo que ha provocado una mayor pérdida forestal y presión sobre el agua dulce. Investigaciones recientes realizadas por Felbab-Brown ponen de relieve un vínculo cada vez mayor entre las organizaciones mexicanas del narcotráfico y el tráfico de flora y fauna silvestre a China.

“A menudo, se exagera la conexión entre los cárteles y el tráfico de flora y fauna silvestre”, afirma. Sin embargo, con base en la investigación de campo, ese no es el caso en México. Halló que ahora los narcotraficantes están involucrados en una variedad de negocios, que van desde la industria de la pesca comercial legal hasta el tráfico ilegal de totoabas en peligro de extinción, pepinos de mar y especies terrestres como los jaguares.

La penetración del narco en la industria pesquera es un fenómeno muy conocido, dado que los buques pesqueros a menudo se usan para transportar cargamentos de droga. Un informe de 2020 observó 292 casos de incautaciones en tales buques entre 2010 y 2017 a nivel mundial: un volumen total de 522.1 toneladas métricas por un valor de $16 500 millones. Si bien estas cifras incluyen diversas drogas ilegales como marihuana y metanfetaminas, la cocaína representó, grosso modo, la mitad de las incautaciones.

Además, “dados los grandes volúmenes [de drogas] que se intercambian… los cárteles están recurriendo al trueque con flora y fauna silvestre como transferencia de valor entre economías ilegales”, afirma Felbab-Brown. Explica que las organizaciones narcotraficantes ahora intercambian productos de la flora y fauna silvestre por las sustancias químicas precursoras que se usan para producir drogas sintéticas tales como las metanfetaminas. El problema de las drogas sintéticas sigue creciendo año tras año en la región. Los hallazgos completos se publicarán en una serie de informes en los próximos meses.

“Esto genera una gran amenaza para la biodiversidad en México”, dice Felbab-Brown, especialmente porque se ha hecho poco para frenar el tráfico de flora y fauna a China.

A fully operational submarine built for the primary purpose of transporting multiton shipments of cocaine found near a river tributary close to the Ecuador-Colombia border and seized by the Ecuador Anti-Narcotics Police Forces and Ecuador military with the assistance of the U.S. Drug Enforcement Administration.

Un submarino totalmente operativo construido con el propósito principal de transportar cargamentos de varias toneladas de cocaína, hallado cerca de un afluente de un río cercano a la frontera entre Ecuador y Colombia e incautado por las Fuerzas Policiales Antinarcóticos Ecuatorianas y el ejército con la ayuda de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos. Foto de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, a través de Wikimedia Commons (Public domain).

En los países productores, las organizaciones narcotraficantes también están vinculadas a negocios lícitos e ilícitos, entre ellos, tráfico de flora y fauna silvestre, tala ilegal y extracción de oro. Puede que los narcotraficantes no participen directamente en estas actividades, pero la infraestructura, las rutas y los métodos de transporte que crean se usan para facilitar estas otras formas de delito, afirma Daan van Uhm, profesor asistente de criminología en la Universidad de Utrecht, Países Bajos.

En la frontera entre Colombia y Panamá, en la región de Darién, los grupos involucrados en la producción de cocaína, tales como el Cártel del Golfo, han incorporado la extracción de oro a sus actividades en los últimos años. La extracción y contrabando de oro se ha catalogado como una de las herramientas más sencillas y lucrativas para lavar dinero en la historia del tráfico de drogas en Colombia. Esta actividad también ejerce presión sobre los bosques y la biodiversidad y contamina el agua con sustancias químicas como el mercurio.

El año pasado, el líder del Cártel del Golfo fue detenido y el gobierno colombiano declaró con optimismo el fin de la operación narco ilegal más grande del país. Sin embargo, “la mayoría de las redes allí operan como subestructuras”, explica van Uhm, quien realizó investigaciones de campo en la región de Darién entre 2017 y 2019. “Están conectadas entre sí, pero pueden operar de forma independiente. No me imagino que [la detención] haya afectado… a la organización del tráfico de cocaína o a los delitos relacionados con el medioambiente”.

Recovery of bales of cocaine jettisoned off the coast of Colombia in 2018. That year, more than 130,000 hectares (321,200 acres) of coca bush were sprayed aerially and 96,000 hectares (237,200 acres) manually eradicated, according to the Colombia Coca survey. Image courtesy of Coast Guard News via Flickr (CC BY-NC-ND 2.0).

Recuperación de fardos de cocaína arrojados a las costas de Colombia en 2018. Ese año se fumigaron más de 130 000 hectáreas (321 200 acres) de arbustos de coca y se erradicaron manualmente 96 000 hectáreas (237 200 acres), según el Colombia Coca survey. Foto cortesía de Coast Guard News a través de Flickr (CC BY-NC-ND 2.0).

 

La coca en el agua

 

El daño medioambiental de la cocaína es menos visible en los países consumidores donde no se talan bosques para producir y transportar la coca, pero aun así se producen daños. Cuando la coca se esnifa, fuma, inyecta o ingiere de otro modo, el organismo metaboliza la mayor parte de ella. Sin embargo, una parte se excreta por la orina, ingresa directamente a los cursos de agua o pasa a través de las plantas de tratamiento de aguas residuales que no necesariamente la eliminan por completo.

El estudio de cocaína y otras drogas ilícitas en aguas residuales no es nuevo. Durante años, una rama de la ciencia, conocida como “epidemiología de las aguas residuales”, se ha utilizado para investigar las tendencias en cuanto a drogas en las ciudades y en los países de todo el mundo.

El Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías viene realizando pruebas en toda la Unión Europea desde 2011, rastreando el metabolito principal de la cocaína, la benzoilecgonina. Los últimos resultados de 2020 muestran que algunos de los consumos más elevados se dan en zonas urbanas como Amberes (Bélgica), Ámsterdam (Países Bajos) y Zúrich (Suiza). Métodos similares han rastreado el consumo de drogas en eventos públicos como festivales de música e incluso partidos universitarios de baloncesto en Estados Unidos.

Aunque la detección de las tendencias del consumo de drogas a través de los datos de las aguas residuales está bien establecida, no se sabe a ciencia cierta qué significa este desagüe de coca para el medioambiente. No obstante, una creciente cantidad de estudios han arrojado luz sobre este interrogante y los hallazgos han sido preocupantes.

La anguila europea (Anguilla anguilla) está en peligro crítico, según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (International Union for Conservation of Nature, IUCN). Anna Capaldo, profesora de la Universidad de Nápoles Federico II, Italia, y sus colegas han estudiado el efecto de la cocaína sobre las especies. “Los daños inducidos por la cocaína indican que esta droga afecta la fisiología de las anguilas y, posiblemente, de todas las especies acuáticas expuestas a ella”, afirma.

Exposure to cocaine has been found to have damaging effects on the critically endangered European eel, with potential consequences for its survival in the wild. Image by Bernard Dupont via Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0).

Se ha descubierto que la exposición a la cocaína produce efectos nocivos en la anguila europea en peligro crítico, y posiblemente tenga consecuencias para su supervivencia en la naturaleza. Foto de Bernard Dupont a través de Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0).

Si bien esta investigación se realizó en laboratorios, se usaron niveles de exposición que se pueden encontrar en los ecosistemas acuáticos naturales, lo que muestra el posible daño. “Por ejemplo, cuando las branquias se dañan [por la exposición a la cocaína], la capacidad de la anguila de oxigenar la sangre empeora. Del mismo modo, un músculo esquelético dañado no soportaría el nado de las anguilas durante su migración reproductiva hacia el mar de los Sargazos [del océano Atlántico]”.

Actualmente, Capaldo y su equipo están estudiando cómo afecta la cocaína a la reproducción y la función cerebral de las anguilas. Otros estudios han demostrado que afecta a especies de mejillones, erizos de mar y peces cebra.

Se estima que unos 20 millones de personas consumieron cocaína en 2019, aproximadamente el 0.4 % de la población adulta del mundo. Se cree que, en América del Norte, 6.9 millones de personas y, en Europa, 5 millones de personas consumen cocaína anualmente. Si bien el consumo es mayor en estas dos regiones, los estudios están hallando rastros de cocaína en las aguas residuales de todo el mundo, desde Barbados hasta Brasil. Este último trata aproximadamente el 43 % de sus aguas residuales, aunque este porcentaje se desploma al 5 % en las zonas rurales. La cocaína y la benzoilecgonina se encuentran entre los contaminantes que se liberan regularmente al río Amazonas.

“La cocaína es extremadamente perjudicial, pero se degrada relativamente rápido en el medioambiente”, explica Dan Aberg del Wolfson Carbon Capture Lab en la Universidad de Bangor en Gales. No obstante, esa rápida degradación puede contrarrestarse con el flujo constante de residuos de cocaína al medioambiente a través del agua residual.

El año pasado, Aberg y su equipo investigaron la presencia de cocaína y de otros contaminantes liberados a los cursos de agua en el Glastonbury Festival, uno de los eventos musicales más grandes del Reino Unido. De acuerdo con Aberg, los niveles de cocaína liberados durante la descarga del festival fueron lo suficientemente altos para resultar potencialmente perjudiciales para la anguila europea. En este caso, la exposición se debió principalmente a las micciones en campo abierto y a la falta de tratamiento de aguas residuales.

Tracing cocaine use trends in wastewater is a common practice. But how this flow impacts the environment is a topic still being explored. Initial research, however, already indicates it can be harmful to aquatic species.

El rastreo de las tendencias del consumo de cocaína en el agua residual es una práctica frecuente. Sin embargo, todavía se está explorando cómo este flujo repercute en el medioambiente. No obstante, las investigaciones iniciales indican que puede ser perjudicial para las especies acuáticas. Foto de Ivan Radic a través de Flickr (CC BY 2.0).

 

Cambiar el planeta

 

La cocaína está lejos de ser el único contaminante que ingresa en los cursos de agua, estuarios y océanos. Forma parte de un cóctel tóxico de productos farmacéuticos, metales pesados, pesticidas, microplásticos y mucho más que integra las aguas residuales y cloacales. Hace poco, el Centro de Resiliencia de Estocolmo, un consorcio internacional de científicos, declaró que el límite planetario para “entidades noveles” —(contaminantes químicos introducidos por los seres humanos) ha sido trasgredido, lo que coloca a los sistemas que operan en la Tierra y a la civilización humana en riesgo. La cocaína excretada por la orina, junto con los precursores tóxicos utilizados en su producción, se encuentra entre las decenas de miles de entidades noveles de preocupación emergente.

Un estudio de 2020 llevado adelante por Pavel Horký, en la Universidad Checa de Ciencias Biológicas, acaparó los titulares. Su investigación demostró que la exposición a la metanfetamina —otra droga ilícita identificada en las muestras de aguas residuales— alteraba los patrones de comportamiento y provocaba signos de adicción en la trucha común (Salmo trutta). Hasta la fecha, se desconoce cómo las mezclas de drogas, tales como las metanfetaminas y la cocaína, podrían combinarse con otros contaminantes y afectar las especies acuáticas.

“Coincido totalmente con el Centro de Resiliencia de Estocolmo respecto de que la contaminación química es una de las mayores amenazas para la vida en general, [al traspasar] el límite de entidades noveles”, dice Horký. “Existen muchos contaminantes emergentes, no solo las drogas ilícitas, sino también los medicamentos estándares de venta con receta, como los antidepresivos y muchos otros que la sociedad humana consume en exceso. Sus riesgos pueden variar junto con sus efectos aditivos, sinérgicos o antagónicos”.

“Cocaine toothache drops,” an 1885 advertisement of cocaine for dental pain in children. The U.S. love affair with coke began in the 1800s, when it was commonly used in many “medicines” of dubious quality and efficacy and sold without prescription or regulation. While mostly illegal for cultivation, transport and sale around the globe today, some countries do allow cocaine possession for prescribed medical use, or have decriminalized possession of small amounts for private use. Image by KiloByte via Wikimedia Commons (Public domain).

“Gotas de cocaína para el dolor de muelas”, un anuncio de 1885 de cocaína para el dolor dental en niños. En el siglo XIX, a la coca se la usaba comúnmente en muchos “medicamentos” de calidad y eficacia dudosa y se vendía sin receta médica ni control en Estados Unidos. Si bien hoy en día se cultiva, transporta y vende principalmente de forma ilegal en todo el mundo, algunos países permiten la posesión de cocaína para uso médico recetado o han despenalizado la posesión de pequeñas cantidades para el consumo privado. Foto de KiloByte a través de Wikimedia Commons (dominio público).

“Si bien el conocimiento que tenemos se va incrementando, este aún es incipiente”, advierte.

Hay formas de protegerse de esta forma de daño medioambiental. Se pueden eliminar los residuos de cocaína del agua residual, aunque la eficacia de las plantas de tratamiento varía. Otras soluciones basadas en la naturaleza, como humedales artificiales, ofrecen alternativas de saneamiento.

Para Horký, hay una solución más sencilla y económica: “El mejor contaminante es el que no se libera al medioambiente”, afirma. “Todos deberían reflexionar sobre esto y usar medicamentos, drogas y otras sustancias químicas con responsabilidad [y ante] una necesidad real”.

 

 

Imagen superior: Plantación de coca en una colina cerca de Caranavi, al oeste de Bolivia. Foto de Neil Palmer/CIAT a través de Flickr (CC BY-SA 2.0).

 

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* Artículo original: https://news.mongabay.com/2022/04/all-coked-up-the-global-environmental-impacts-of-cocaine/

 

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Ambiente  / Impacto  / Región  / Reportaje
Amazonia: Poco tiempo para evitar «punto de inflexión catastrófico»
RPVRPV Publicado el 23 noviembre, 2021


La evidencia reciente, mostrada en el Informe de Evaluación de la Amazonía, considera que la deforestación en la región no puede sobrepasar rangos entre el 20 % y el 25 %. La preocupación es grande pues, en la actualidad, el 17 % de los bosques ya se ha perdido y al menos un 17 % adicional se ha degradado.

 

Antonio José Paz Cardona / Mongabay Latam

 

El último día de la COP 26 sobre cambio climático en Glasgow, Escocia, se hizo público el Informe de Evaluación de la Amazonía en el que participaron más de 200 científicos, de los cuales casi el 70 % son de la región . El documento, que es considerado uno de los reportes más completos que se ha hecho sobre la cuenca del Amazonas, también contó con la participación de líderes indígenas y de comunidades locales, cuyos conocimientos ancestrales ocupan un lugar importante dentro del informe.

Entre las principales conclusiones a las que llegó el Panel Científico para la Amazonía (SPA por sus siglas en inglés), que reúne al grupo de investigadores que ha elaborado el documento, está la necesidad de ejecutar acciones inmediatas para detener la deforestación en este bioma ya que, si no se hace, indica el informe, se podría cruzar un punto de inflexión irreversible que conduciría a un paisaje degradado y a la transformación de importantes zonas amazónicas en fuentes de emisión de carbono. Es decir, los bosques dejarían de absorber grandes cantidades de CO2 y se perdería así a un aliado importante en la lucha contra el cambio climático.

El SPA recomienda también que se prohiba de manera inmediata la tala de bosques en todo el sur de la Amazonía, que comprende 2 millones de km2 de selva tropical desde el sur de Perú, Bolivia, el norte de Mato Grosso y el sur de Pará, ambos estados de Brasil, hasta llegar al océano Atlántico. Además, pide cero deforestación y degradación de bosques en toda la región antes del 2030.

Para lograrlo, destacan los científicos, es fundamental la rápida implementación de las promesas de los sectores públicos y privados para detener la deforestación y aumentar la financiación para la Amazonía. También se necesitan soluciones para hacer frente a los incendios que han afectado a los bosques amazónicos en los últimos años, velar por la protección de las comunidades indígenas y el desarrollo de una economía sostenible, basada en la biodiversidad, a la cual han denominado bioeconomía.

“El modelo de desarrollo actual está impulsando la deforestación y pérdida de biodiversidad, lo que lleva a cambios devastadores e irreversibles. Si la Amazonía ha de sobrevivir, debemos mostrar cómo se puede transformar para generar beneficios económicos y ambientales como el resultado de colaboraciones entre científicos, poseedores de conocimientos indígenas y sus líderes, comunidades locales, sector privado y gobiernos”, comentó Carlos Nobre, científico brasileño y copresidente del SPA.

 

Una invaluable diversidad natural y cultural

 

El informe está dividido en 34 capítulos que se centran en cuatro temáticas principales: la Amazonía como una entidad regional del sistema terrestre, la presencia humana y la diversidad sociocultural en la Amazonía, las transformaciones socioecológicas de la región y, finalmente, la necesidad de encontrar caminos sostenibles para asegurar su conservación.

Los autores destacan que la Amazonía alberga una parte representativa de la biodiversidad mundial conocida, que incluye el 22 % de las especies de plantas vasculares, el 14 % de las aves, el 9 % de los mamíferos, el 8 % de los anfibios y el 18 % de los peces que habitan en los trópicos. “Aunque los científicos describen nuevas especies en la Amazonía a un ritmo extraordinario de una cada dos días, muchos grupos aún son poco conocidos. Además, nuestro conocimiento de la ecología y la distribución geográfica de la mayoría de las especies es todavía muy limitado”, destaca el reporte.

La publicación resalta que la cuenca del río Amazonas es uno de los elementos más críticos del sistema climático de la Tierra, debido a su ubicación tropical, delimitada al oeste por los Andes, y también por su inmensa extensión. Los autores indican que los bosques actúan como un “aire acondicionado” gigante que reduce la temperatura de la superficie terrestre y genera lluvias. “Hasta el 50 % de la precipitación que cae dentro de la cuenca se recicla regionalmente, lo que mantiene un alto flujo de humedad hacia el interior de los océanos y suministra la descarga fluvial más grande de la Tierra, entre el 16 % y el 22 % de la entrada total de agua dulce del mundo a los océanos”.

Territorios indígenas de conservación. La Chorrera es un lugar con grandes recursos hídricos. Foto: Luisa Fernanda Ortiz - WWF Colombia.
La Chorrera es un lugar con grandes recursos hídricos. Foto: Luisa Fernanda Ortiz – WWF Colombia.

Andrea Encalada, vicerrectora de la Universidad San Francisco de Quito y copresidenta del SPA, resalta no solo el riesgo al que se enfrentan los bosques amazónicos sino también los ecosistemas de agua dulce, donde hay muchos vacíos de información, problemas asociados a las pesquerías, falta de tratamiento de aguas residuales y un aumento en la construcción de hidroeléctricas que causan fragmentación en la conectividad de los ríos. “El ecosistema acuático amazónico está bajo amenaza y eso está llevando a la degradación. Podríamos llegar al punto de tener ríos intermitentes, una condición que hasta ahora no se conoce en la Amazonía. Proponemos la creación de reservas fluviales, así como existen las áreas protegidas terrestres”, comenta.

El bioma amazónico tiene una importancia indiscutible a la hora de hablar del clima y ese es otro de los mensajes cruciales del informe. En sus suelos y vegetación hay almacenadas entre 150 y 200 mil millones de toneladas de carbono.

Pero la Amazonía no es solo un lugar de importante riqueza natural sino también cultural. Allí habitan alrededor de 47 millones de personas, incluidos casi 2,2 millones de pobladores indígenas, distribuidos entre más de 400 grupos que hablan más de 300 idiomas. Los territorios indígenas y las áreas protegidas cubren alrededor del 50 % de la cuenca del Amazonas e, históricamente, han jugado un papel fundamental para la conservación de los ecosistemas.

Por ejemplo, el informe destaca que entre 2000 y 2018, solo el 13 % del área total deforestada en la cuenca ocurrió dentro de estas tierras. Sin embargo, se estima que aproximadamente la mitad de todos los territorios indígenas y áreas protegidas enfrentan la presión de la deforestación ilegal, la minería y el acaparamiento de tierras, lo que agrava las amenazas para la Amazonía y sus pueblos.

“Entramos al Panel Científico por la Amazonía porque la Amazonía es nuestra casa. Hemos vivido miles de años allí. La Amazonía es un ser vivo, tiene espíritu, está presente en nueve países y para salvarla necesitamos que los nueve trabajen, sin importar la extensión de selva que tengan. Todo se afecta si uno de ellos no funciona”, asegura Gregorio Díaz Mirabal, coordinador de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).

Territorios indígenas Colombia. Mujeres indígenas recogen alimentos en sus chagras. Foto: Stefan Ruiz, Fundación Gaia Amazonas.
Mujeres indígenas recogen alimentos en sus chagras. Foto: Stefan Ruiz, Fundación Gaia Amazonas.

 

La Amazonía arrinconada

 

¿Cómo fue que la Amazonía llegó a este punto crítico? El Informe de Evaluación de la Amazonía también hace un detallado análisis histórico de las presiones y amenazas que ha enfrentado la región. Destaca, por ejemplo, que durante los últimos dos siglos, recursos como petróleo, minerales y, en general, la biodiversidad, se han extraído y utilizado de manera intensiva debido al proceso de colonización y la expansión agrícola masiva, producto de demandas económicas tanto nacionales como internacionales.

“El desarrollo basado en recursos significó que los países amazónicos pasaran a los niveles más altos en las exportaciones globales de carne de res, hierro, oro, madera, cacao y soya. Estas transformaciones ocurrieron en el contexto de sociedades altamente desiguales, con partes sustanciales de la población indígena que ni siquiera tienen ciudadanía, o la exclusión de los derechos a la tierra de las comunidades locales, inequidades que influyen en la dinámica socioeconómica de la región hasta el día de hoy”, destaca el reporte.

Díaz Mirabal dice que los pueblos indígenas no quieren que se siga deforestando para producir carne o por agronegocios como la palma aceitera. “Eso no puede ser en el siglo XXI. Queremos que la humanidad oiga que la selva Amazónica grita por una nueva oportunidad para seguir respirando, para seguir viviendo. Eso significa una transformación espiritual, mental y una nueva visión de la economía”, resalta el coordinador de la COICA.

Este gran informe, presentado el último día de la COP 26, advierte que la Amazonía se acerca a un potencial punto de inflexión catastrófico debido a la deforestación, la degradación, los incendios forestales y el cambio climático. La evidencia reciente, que considera los efectos de todos estos fenómenos, sugiere que este umbral podría alcanzarse cuando la deforestación llegue a porcentajes entre el 20 % y el 25 %. La preocupación es grande pues, según la información de los científicos, en la actualidad, el 17 % de los bosques amazónicos ya se ha perdido y al menos un 17 % adicional se ha degradado.

A pesar de que hay 563 áreas protegidas que cubren el 25 % de toda la cuenca amazónica, en el informe se estima que el 51 % de ellas se encuentra bajo algún tipo de presión, ya sea baja o moderada. Entre 2001 y 2018, las nuevas áreas agrícolas dentro de las áreas protegidas aumentaron en más del 220 %.

Incendios en la Amazonía. Novo Progresso, Para, Brasil. Incendio en Jamanxim APA. Foto: Victor Moriyama / Greenpeace.
Novo Progresso, Para, Brasil. Incendio en Jamanxim APA. Foto: Victor Moriyama / Greenpeace.

 

Otro dato revelador de esta publicación es que la población de la Amazonía es urbana en más del 60 % y destaca que los medios de vida amazónicos son cada vez más una mezcla compleja de actividades rurales y urbanas. Además, las políticas nacionales y regionales orientadas al desarrollo, el apoyo financiero y la infraestructura favorecen la agroindustria a gran escala, generando cambios estructurales significativos entre los pequeños productores amazónicos y aumentando la migración urbana. “Esta realidad contradice las imágenes de la Amazonía como predominantemente rural y se refleja en la atención limitada que se presta a la urbanización explosiva de la región”, se lee en el informe.

Mercedes Bustamante, profesora de la Universidad de Brasilia y una de las científicas que participó en este extenso estudio, asegura que con los recientes aumentos en deforestación que están devastando el bosque tropical más extenso de la Tierra, “también debemos anunciar un código rojo para la Amazonía. Salvar los bosques existentes de la deforestación continua y la degradación, así como trabajar en la restauración de los ecosistemas es una de las tareas más urgentes de nuestro tiempo”.

 

Propuestas de los expertos

 

Bustamante reconoce que los ecosistemas amazónicos y la gente están enfrentando riesgos catastróficos y potencialmente irreversibles pero considera que aún hay oportunidad de actuar. “Es factible buscar oportunidades para cambiar, de manera escalable, las economías de la Amazonía”.

El Panel Científico para la Amazonía, en la parte final de su informe, plantea un concepto importante en el cual los gobiernos y la sociedad en general deben trabajar: la visión de la Amazonía Viviente. Esta se fundamenta en tres pilares: el primero considera medidas para conservar, restaurar y remediar los sistemas terrestres y acuáticos. El segundo busca promover el desarrollo de políticas de bioeconomía innovadoras, lo que incluye inversiones en investigación, mercadeo y una producción asociada a la biodiversidad amazónica, además de considerar las inversiones en educación, tecnología e innovación. Finalmente, el tercer pilar plantea el fortalecimiento de la ciudadanía y gobernanza amazónica para promover un mejor manejo de los recursos naturales y fortalecer los derechos humanos y territoriales.

Zona deforestada en la Amazonía de Colombia. Foto: FZS.
Zona deforestada en la Amazonía de Colombia. Foto: FZS.

 

Gregorio Díaz Mirabal señala que los científicos han entendido el mensaje de que se necesita trabajar juntos, con las comunidades y con los gobiernos, en temas como los derechos de los pueblos y de la naturaleza. “Que se respete la selva amazónica, los árboles, las frutas y el espíritu de los pueblos. Se puede disfrutar de los servicios de la Amazonía sin deforestar, sin destruir la selva”, dice.

 

Los expertos destacan la urgencia de llegar a cero deforestación para 2030, así como trabajar en medidas para conservar, restaurar y remediar los sistemas terrestres y acuáticos. También proponen el impulso de la bioeconomía, el aumento de la inversión en ciencia, educación, tecnología e innovación, y el fortalecimiento de la ciudadanía y gobernanza amazónica.

 

 

El Panel Científico de la Amazonía insiste en la necesidad de la restauración y rehabilitación de la cobertura forestal y los ecosistemas acuáticos; conservar la biodiversidad, la agrobiodiversidad y la diversidad cultural, así como el seguimiento de la degradación, la deforestación y el establecimiento de sistemas de alerta temprana de incendios. Además, los expertos destacan que si bien el cambio de uso de la tierra es la amenaza más visible para los ecosistemas de la Amazonía, el cambio climático está emergiendo como una de las principales amenazas para el futuro de la región.

Para Marielos Peña Claros, profesora de Ecología y Manejo Forestal de la Universidad Wageningen en los Países Bajos, no hay una única solución ni soluciones simples para este problema medioambiental, y se necesita un gran conjunto de iniciativas que sean adoptadas, ajustadas, replicadas y escalables a las condiciones locales.

Peña Claros destaca una de las conclusiones del informe y es que se necesita llegar a una deforestación cero en el 2030 para no sobrepasar el punto de inflexión. “Necesitamos definir hitos anuales para que la deforestación empiece a bajar el próximo año. Necesitamos moratorias de deforestación para áreas muy frágiles o muy cerca de puntos de quiebre, sobre todo ubicadas en la Amazonía brasileña”.

Mineria ilegal pariamanu
Las operaciones de los mineros ilegales habían dejado en esta zona del Pariamanu una deforestación de aproximadamente 30 hectáreas. Foto: FEMA Madre de Dios.

 

La investigadora también resalta la necesidad de que la Amazonía se mueva hacia una transformación justa. “Alrededor de 800 mil km2 de la Amazonía ya han sido deforestados. Sin embargo, hay oportunidades de implementar la restauración de la productividad de tierras agrícolas abandonadas sin necesidad de convertir más áreas boscosas en tierra agrícola”, destaca.

Por su parte, la investigadora Mercedes Bustamante destaca el gran potencial que hay en la bioeconomía para generar mercados sostenibles con productos del bosque, pero que es importante que los gobiernos se comprometan a impulsarlos como ha sucedido, por ejemplo, con el asaí, hoy conocido en las cocinas de diferentes países del mundo.

Uno de los mensajes finales del informe indica que alcanzar estas metas antes de 2030 depende de los esfuerzos conjuntos de los formuladores de políticas amazónicas a nivel local, nacional y regional, así como de los sectores financiero y privado, la sociedad y la comunidad internacional. El reporte destaca que el apoyo financiero debe iniciarse desde economías avanzadas para asegurar que se consuman productos de áreas con cero deforestación y que se preserve el papel de los bosques como un importante sumidero de carbono natural.

Gregorio Díaz Mirabal resume el sentimiento y la petición de los pueblos amazónicos: “oigan a la ciencia y a los pueblos, implementen acciones respetando el trabajo que se ha hecho en este informe. No tenemos tiempo. Lo único que falta es el apoyo de los gobiernos, bancos, empresas y toda la humanidad”.

 

Imagen superior: Minería ilegal de oro en el río Caquetá, Amazonas – Colombia. Foto: Informe Un Clima Peligroso.

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Entrevista  / Mundo
“Las serpientes no quieren tener contacto con los humanos”
RPVRPV Publicado el 16 julio, 2021


La destrucción de su hábitat, pero también el consumo de su carne y de su piel son las principales amenazas para estos animales. Conservarlos es importante porque son pieza clave en los ecosistemas: permiten controlar y reducir plagas.

 

Michelle Carrere / Mongabay Latam

 

Unas 4000 especies de serpientes existen en todo el mundo y el 12% de ellas está amenazada de extinción, asegura el herpetólogo alemán, Edgar Lehr. Para crear conciencia en la población sobre la importancia de conservar a estos animales, todos los 16 de julio se celebra a nivel mundial el Día de la Serpiente.

Desde 1997, Lehr recorre el Perú en busca de estos tan temidos como venerados animales, considerados por diferentes civilizaciones como símbolos de sabiduría, riqueza, fuerza, salud, inmortalidad y también muerte.

Fue el primer biólogo en entrar en 2002 al bosque de protección Pui Pui, en Junín, para conocer a las especies de ese ecosistema; ha descubierto dos especies nuevas de serpiente para la ciencia y ha reunido, durante sus expediciones por la Amazonía, la puna y la sierra peruana, experiencias extraordinarias.

Mongabay Latam conversó con él acerca de su trabajo, de sus aventuras buscando serpientes en medio de la selva y debajo de las rocas, y sobre la importancia de proteger a estos reptiles, piezas clave en el equilibrio de los ecosistemas.

 

Juan Carlos Cusi y Edgar Lehr analizando una serpiente. Foto: Edgar Lehr

 

¿Cuál es el rol que cumplen las serpientes en los ecosistemas?

 

Son muy importantes para balancear las poblaciones de otros animales. Permiten controlar y reducir plagas como ratones, pero el problema es que los campesinos las matan porque creen que todas son peligrosas, venenosas y que pueden matar a una persona. No hacen distinción entre aquellas que son inofensivas y las que no, y sin serpientes en estas zonas hay más ratones. El problema es que cuando las personas tienen una idea acerca de algo es muy difícil que cambien de opinión.

 

¿Esa situación ha puesto en riesgo a las serpientes?

 

A las serpientes que están en los campos y en las ciudades, sí, porque las personas cuando encuentran una la matan. Muchas veces mientras estoy trabajando en el campo encuentro serpientes que las personas han matado y yo las recolecto para estudiarlas.

Edgar Lehr, herpetólogo

Edgar Lehr, herpetólogo

 

¿Qué otras amenazas enfrentan estos animales?

 

Principalmente la destrucción de su hábitat, pero también las serpientes son capturadas para el consumo de su carne y su piel. La piel de las anacondas, de las boas y hasta de las pitón es utilizada para la fabricación de objetos como carteras, billeteras, cinturones o incluso instrumentos musicales. Es un problema, pero faltan explicaciones. No sabemos mucho sobre las serpientes, no sabemos cómo viven.

 

¿El hecho de que sean animales poco carismáticos los pone en mayor peligro que otras especies?

 

En la sierra se escuchan historias como que existe una serpiente muy grande que se come a los bebés. Es una leyenda, no es verdad. Las serpientes no quieren tener contacto con los humanos. Son rápidas y quieren escapar de las zonas urbanas. El problema se da únicamente cuando estamos muy cerca de ellas o cuando están atrapadas.

Al mismo tiempo en la sierra también usan las serpientes para hacer medicinas. Ponen el cuerpo dentro de una botella con alcohol y eso lo usan para controlar infecciones y también usan la piel como una venda para curar fracturas. Es muy común en la Amazonía, en la puna y en la sierra de Perú. Por algo las serpientes son el símbolo de la medicina.

 

¿Ha estado en problemas alguna vez por estar muy cerca de una serpiente?

 

Sí, una vez en la Amazonía, en un camino encharcado, me puse a buscar ranas. De pronto vi que mi colega rápidamente cogió el machete y golpeó con él donde estaba mi mano. “¡Qué estás haciendo, no ves que ahí está mi mano!”, le dije. Pasó que había una serpiente peligrosa y él impidió que me mordiera. Es peligroso sobre todo cuando estás lejos de un pueblo. Por eso siempre cuando trabajo estoy muy atento, observando la zona, el camino por donde ando y también arriba mío, porque puede ser muy peligroso si te muerden en la cabeza.

 

¿Recuerda alguna experiencia en particular que lo haya sorprendido?

 

Algunas serpientes son muy agresivas. Una vez en la Amazonía estaba caminando por una carretera de tierra en la noche, buscando animales, y cruzó una serpiente grande, de un poco más de dos metros. No era venenosa, pero era muy agresiva, levantaba la cabeza como una cobra. Entonces buscan serpientes en la noche. Depende de la zona. En la Amazonía las serpientes son muy activas en la noche.

 

¿Eso dificulta la búsqueda?

 

Necesitas lámparas. Pero cuando las serpientes están activas no es tan difícil encontrarlas. De todos modos es cosa de suerte. No es que vayamos al campo y digamos hoy vamos a buscar a esta especie en particular. Eso no es posible. En la puna es diferente porque hay menos vegetación, tienes que buscarlas debajo de las piedras.

 

¿Viene constantemente a Perú?

 

Normalmente viajo a Perú todos los años, pero el problema ahora es el COVID. La última vez fui en 2019 y este año quería regresar en julio para hacer trabajo de campo. El problema es que aunque tengo los permisos del Ministerio, no tengo acceso a esa zona porque en mayo hubo una masacre, mataron a unas personas y la policía tiene prohibido ingresar a esa zona.

La combinación de COVID e inseguridad es mucho. Decidí posponerlo para el próximo año. Por el momento estoy terminando una publicación sobre un sapo nuevo con colegas de Perú.

 

¿Cómo impacta en su trabajo el problema de la inseguridad que existe en los territorios?

 

Una vez me fui a Ayacucho. Yo sabía sobre la situación de pobreza, sobre Sendero Luminoso, pero quería conocer la zona.

Normalmente la gente siempre quiere ayudarnos a buscar animales, pero ahí las personas tenían miedo de trabajar en la noche porque pensaban que podían venir terroristas y matarlos. Querían regresar a su casa a las cinco de la tarde, entonces solo nos fuimos con una persona. Estuvimos entre 9 y 11 de la noche buscando con linternas en una quebrada pequeña y cuando regresamos al pueblo estaba esperándonos un grupo de cinco policías armados.

Habían visto luces en el bosque y pensaron que podíamos ser narcotraficantes o terroristas. Nos dijeron que habíamos tenido suerte porque ellos eran policías y preguntaban. “Otros no preguntan y usan sus armas directamente”, nos dijeron. Al día siguiente nos fuimos porque para mí fue suficiente, no quería arriesgar mi vida.

 

¿Volvió alguna vez?

A Ayacucho nunca más.

 

¿Generalmente se apoya con gente local para hacer sus expediciones?

 

Siempre. Tengo bastantes buenas experiencias con amigos que me ayudan y siempre preguntan cuándo voy a regresar. Me ayudan a buscar, conocen la zona y les interesa saber más sobre los animales. Además, cuando trabajamos con gente local tenemos la protección de la comunidad. Por eso siempre vamos al lugar una o dos semanas antes de empezar el trabajo de campo, para armar el plan, organizar todo. Es importante porque ellos hablan sobre nosotros. Saben que va un extranjero y personas de Lima para buscar animales y también es importante para que los narcotraficantes tengan la información. No queremos que ellos piensen que los estamos buscando.

 

¿Alguna vez ha estado en peligro?

 

Una vez dormimos muy cerca de una trocha por donde transportan cocaína durante la noche. Mis colegas tenían bastante miedo. Yo estaba muy cansado así es que me dormí. Estaba tranquilo porque sabía que los narcotraficantes estaban informados de que nosotros no éramos un peligro para ellos.

 

¿Cómo descubrió a las dos especies?

 

Una de las serpientes la encontré sobre una piedra en la sierra de Ancash. Era muy pequeña, delgada y muy bonita, con colores rojo y amarillo. Nunca la había visto y resultó que era nueva.

El otro descubrimiento fue mientras trabajé en la colección del Museo de Historia Natural en Lima con la doctora Nelly Carrillo. Ella tenía en un frasco una serpiente que no sabía a qué especie correspondía y yo le propuse hacer una colaboración. Los datos decían que la habían recolectado en Apurímac y entonces me fui a una expedición para buscar más. Estando allá le pedí a un campesino que me ayudara a recolectar serpientes y cuando volví un mes después, él me entregó dos más. Con ese material pudimos describir a la especie.

Luego me fui a Brasil, donde se encontraba la colección más grande de serpientes del mundo, en el instituto de Butantan, para comparar esa especie con otras y entonces confirmé que se trataba de una nueva.

Años después, en 2010, el Butantan se incendió y se destruyó todo. Es una pena para el mundo

 

¿Por qué le gustan las serpientes?

 

El diseño de su cuerpo, que tengan una vida sin piernas, pero que a la vez sean muy rápidas, me parece fantástico. Además, siempre me ha fascinado la variación de colores que tienen. Algunas son fantásticas con colores negro, rojo y blanco. Otras son naranjas y verdes. Es muy bonito.

 

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Parque Nacional da Serra do Divisor amenazado por nueva carretera hacia Perú
RPVRPV Publicado el 30 abril, 2021


Dos proyectos prevén la construcción de una vía que partiría en dos el parque Nacional da Serra do Divisor y promovería su privatización, abriendo el camino a la deforestación, la ganadería y la minería. Los proponen dos parlamentarios bolsonaristas del Estado del Acre y el presidente Jair Bolsonaro.

 

Mongabay Latam – Folha

 

En todo el mundo, el choca-do-acre solo ha sido observado en una cumbre, al interior del Parque Nacional (Parna) da Serra do Divisor. El hábitat de esta ave arisca y de plumaje oscuro se limita a un bosque de vegetación baja, uno de los diez tipos de selva existentes en esta unidad de conservación, ubicada en la frontera de Brasil y Perú.

Hábitat de otros animales endémicos y de al menos 1163 especies de plantas, la Serra do Divisor es una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo. A pesar de ello, dos proyectos en paralelo prevén la construcción de una carretera que dividiría el parque en dos y promovería la privatización del territorio de Parna, abriendo el camino para la deforestación, el ganado y la extracción de mineral.

Las propuestas son impulsadas por dos parlamentarios bolsonaristas del Estado del Acre. La idea de la carretera fue asumida por el gobierno de Jair Bolsonaro (sin partido), que ya dio los primeros pasos para la construcción del lado brasileño, pero aún no se ha pronunciado sobre el proyecto de ley en trámite en el Congreso que revoca el Parna da Serra do Divisor.

La prolongación de la BR-364, que hoy termina en Mâncio Lima (a 670 km de Rio Branco), empezó a ser discutida en la década de 1970, durante la dictadura militar, y está prevista en el decreto de la creación del Parna, en 1989, durante el gobierno de José Sarney (PMDB). Pero el proyecto parecía haber quedado en el olvido con la inauguración, en 2010, de la Carretera Interoceánica (Autopista del Pacífico) que une el estado de Acre en Brasil con la costa peruana.

La llegada de Bolsonaro al poder reactivó la propuesta. En 2020, tres ministros de su gobierno estuvieron en Acre para abordar el tema. En junio, Ricardo Salles (Medio Ambiente) visitó el área donde tendría inicio la obra. En septiembre, Ernesto Araújo (Relaciones Exteriores) y Rogério Marinho (Desarrollo Regional) visitaron Cruzeiro do Sul, la ciudad más grande de la región del Valle del Juruá, por donde cruzaría la vía. Ellos se reunieron con políticos locales y peruanos.

Casas flotantes en el río Juruá en la ciudad de Cruzeiro do Sul, en Acre. Foto: ©Lalo de Almeida / Folhapress.

También en septiembre, el propio Bolsonaro defendió el proyecto en un live en Facebook, afirmando que abriría una vía desde Brasil al Pacífico, haciendo eco al discurso del entonces presidente Lula (PT, izquierda) de los años 2000, cuando hizo la primera carretera junto con su colega peruano Alejandro Toledo, hoy fugitivo de la justicia.

El Departamento Nacional de Infraestructura de Transporte (DNIT) estima lanzar en junio la Norma de Referencia para la contratación del proyecto presupuestado en al menos R$ 500 millones (unos 92 millones de dólares estadunidenses), según estimación oficial. La autoridad informó que todavía no hay una extensión o ruta detallada de la carretera federal, pero que el lado brasileño tendrá unos 120 km, de los cuales 20 km (17 %) se extienden al interior del parque da Serra do Divisor.

En la región, el proyecto divide opiniones

 

Líderes indígenas y ribereños afirman que hasta el momento no han sido consultados sobre la carretera —como lo determina la legislación— y prevén impactos socioambientales negativos. “Al día de hoy, usted es la primera persona que me ha preguntado sobre la carretera”, dice a Folha el cacique Joel Puyanawa, mientras descansa cómodamente en su hamaca en el centro cultural de su pueblo.

Separada del casco urbano de Mâncio Lima (AC) por un camino de tierra de 10 km, la Tierra Indígena Poyanawa, con aproximadamente 680 habitantes, se encuentra en el área de influencia directa de la carretera. Salles estuvo allí el 27 de junio, pero Puyanawa no se reunió con él. Ante los líderes indígenas, el ministro de medio ambiente defendió el proyecto vial y dijo que “el tiempo es de integración”.

Los barcos se detuvieron a orillas del río Japiim en Mâncio Lima, Acre, cerca del Parque Nacional Serra do Divisor. Foto: ©Lalo de Almeida / Folhapress.

 

“Todo el entorno de nuestra tierra ya está comprometido. Ya conocemos el daño que provocan las invasiones. Los blancos viven cazando en nuestra tierra, y las instituciones ambientales no tienen una política para impedirlo. Imagínese una carretera. ¿Cuántos millones de personas van a transitar? ¿El agronegocio va aumentar? Sí. Pero nuestra supervivencia no está en el agronegocio”, dice el cacique, recién elegido concejal por el Partido de los Trabajadores (PT).

Puyanawa teme también que la carretera pase por encima de una zona sagrada, ubicada fuera de la tierra indígena demarcada. Fue en esta región donde, hacia 1910, su gente fue capturada para ser esclavizada por el coronel cauchero Mâncio Lima (1875-1950). A pesar de esto, él es retratado como un héroe por la historia oficial, al grado de estar homenajeado con el nombre de la ciudad.

“Esta carretera amenaza el 100 % de nuestra tierra, destruye nuestro sitio sagrado. Basta el perjuicio que tuvimos con el coronel. Si la carretera se construye, extermina la historia de nuestro pueblo”, afirma.

Por otra parte, alcaldes y empresarios apuestan por la vía para acabar con el aislamiento geográfico de la región más occidental del país. A pesar de pertenecer al mismo Partido de los Trabajadores, el alcalde reelecto de Mâncio Lima, Isaac Lima ( quien no es pariente del coronel), es un entusiasta de la carretera —al punto de abrir, por su cuenta, unos 40 km de senda en el trazo probable de la carretera.

Para el ganadero y alcalde del PT, la conexión con Pucallpa, a 740 km de la autopista de Lima (capital de Perú), la carretera beneficiaría a una ciudad de 19 mil habitantes, que vive principalmente de la ganadería y la agricultura familiar. “La autopista conectaría el mundo entero y traería a nuestra región, seguramente, el desarrollo, el crecimiento y Mâncio Lima sería la puerta de acceso”.

El principal responsable de retomar la idea es el senador Márcio Bittar (del partido MDB, de derecha). Aliado incondicional de Bolsonaro, como él mismo se define, ocupa la estratégica función de encargado del Presupuesto de 2021, lo que le concede poder para destinar fondos para la carretera, entre otras funciones.

Embarcación que transporta ganado en el río Moa, dentro del Parque Nacional Serra do Divisor, en Acre. Foto: ©Lalo de Almeida / Folhapress.

 

En paralelo, la diputada federal Bolsonarista Mara Rocha (PSDB, de derecha) presentó, en noviembre de 2019, el proyecto de ley (PL) 6.024, que transforma el Parque Nacional en APA (Área de Protección Ambiental), el grado de protección más bajo en Brasil. El cambio abriría el camino para la privatización de la tierra, la deforestación, la extracción de madera, la ganadería, la minería y la explotación de gas de esquisto o gas shale.

Como reacción a la forma en que la carretera está siendo planeada por el gobierno federal y los parlamentarios, el Ministerio Público Federal (MPF) inició una investigación con el fin de averiguar las irregularidades en la implementación del proyecto.

Según el procurador de la República Lucas Costa Almeida Dias, el objetivo es asegurar que “las comunidades indígenas sean consultadas de manera previa, libre e informada”, conforme el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la cual Brasil es signatario.

El procurador Dias defendió que el trayecto de la carretera considere la posible presencia de indígenas aislados y que el licenciamiento sea hecho por la agencia ambiental del Brasil, Ibama (Instituto Brasilero de Medio Ambiente), con la participación de la agencia de asuntos indígenas del país, Funai (Fundación Nacional del Indigena), y no por el órgano ambiental estatal, susceptible a presiones políticas.

A través de la oficina de prensa, el DNIT informó que aún no se ha definido si la licencia ambiental estará a cargo del Ibama o del Imac (Instituto del Medio Ambiente de Acre).

 

Ribereños e indígenas

 

Un equipo de Folha visitó la región norte del Parna da Serra do Divisor entre finales de octubre y principios de noviembre pasados. Fueron 9 horas en barco por el río Moa desde Mâncio Lima hasta la comunidad Pé da Serra, la población más occidental de Brasil.

Tres albergues turísticos administrados por lugareños acogen a los visitantes que llegan en busca de cascadas, vistas panorámicas y senderos por la selva. Uno de los sitios más bellos e impresionantes es el cañón del río Moa. Para llegar a él hacen falta 40 minutos en barco entre montañas verdes, un escenario más asociado a la Amazonía peruana, cerca de los Andes.

La canoa navega por las aguas del río Moa en el Parque Nacional Serra do Divisor, en Acre, una de las áreas con mayor biodiversidad de la Amazonía. Foto: ©Lalo de Almeida / Folhapress.

 

A pesar de estar prohibido por la legislación, unas 350 familias ribereñas viven dentro del parque a lo largo de los ríos Moa y Juruá-Mirim. La mayoría de ellas ya estaban allí cuando se creó el parque y tres décadas después, el gobierno federal no ha concluido con su reubicación. En el Pé da Serra, ellas viven del turismo, la agricultura no mecanizada, la caza y la pesca.

La electricidad proviene de generadores y paneles solares. Las casas ribereñas se ubican cerca de las primeras montañas que amanecen cubiertas por la niebla. El transporte es en canoas impulsadas por motores de pequeña potencia piloteados por adultos y niños. Sin Internet, un solo teléfono público representa la comunicación con el mundo.

Nacida y criada a la orilla del río Moa, la agricultora Eva Maria Lima da Silva, de 41 años, dice que se opone tanto a la extinción del parque como a la apertura de la carretera. Cocinera de la pionera Pousada do Miro, dice que el parque impidió el avance del ganado y que el turismo es la mejor alternativa económica.

La agricultora Eva Maria Lima, residente de la comunidad Pé da Serra, dentro del Parque Nacional Serra do Divisor, lava las macetas en el río Moa. Foto: ©Lalo de Almeida / Folhapress.

 

“Si se construye la carretera, nuestro parque será perjudicado. Sería bueno por la velocidad, pero, viajando por el río, que es nuestra carretera de hecho, ¿cuántas bellezas no veo?”, afirma.

Otro antiguo habitante, el agricultor y artesano João Silva, de 51 años, dice que la carretera sería beneficiosa para reducir el aislamiento de la comunidad: “De repente, si necesitamos ir a la calle, tomaríamos la carretera, es más rápido”.

Pero aclara que no está de acuerdo con la propuesta de extinguir el parque —proyecto que los habitantes desconocían hasta que fueron entrevistados para este reportaje. “En cierto sentido, pensaba que era bueno, porque se podría encontrar un empleo. Pero dejarlo sin explotar sería mejor. Nos quedamos tranquilos, nadie se va a meter con nosotros. Si viene esta gente, va a sacar mucha gente de aquí. Los ganaderos van a entrar, comprar, y muchos van a tener que salir”.

La orilla del río João Silva dos Santos en la ventana de su casa en la comunidad Pé da Serra, en el Parque Nacional Serra do Divisor. Foto: ©alo de Almeida / Folhapress.

 

Vecinos del parque y habitantes históricos del río Moa y de la Serra do Divisor, los indígenas nukinis rechazan tanto el plan de la carretera como la transformación del proyecto en APA, según el cacique Paulo Nukini, de 39 años. Él no fue consultado sobre el proyecto. Su pueblo demanda  que parte del parque sea anexado al territorio indígena, que ha sido homologado en 1991.

“Estamos en contra porque sabemos que va a traer un fuerte impacto, mucha deforestación. Puede aumentar el acceso al contrabando [tráfico de cocaína]. Y dejará nuestra sierra con mucho riesgo de contaminación. Para nosotros, nukinis, la sierra es un rincón sagrado”, afirma el líder frente a su aldea, a la orilla del río. “Brasil vivió hasta hoy sin necesitar esa travesía ahí”.

Las rutas señaladas no están totalmente definidas en el proyecto y han sufrido varios cambios y adecuaciones en ambos países. Aún está en discusión el trazo final. Infografía: Fermín García-Fabila.

 

El paraíso de los investigadores

 

La alta biodiversidad y el endemismo de la Serra do Divisor se deben principalmente a la altitud variada, entre 200 y 650 metros. Además, tiene los tres tipos de río existentes en el Amazonas: agua blanca (fangosa), agua negra (color del té negro) y agua clara (transparente). Finalmente, es la única zona de protección integral de Brasil que contiene una ramificación de la Cordillera de los Andes, incluyendo parte de su flora y fauna.

“Desde 1901, se han realizado unas 3.500 recolecciones botánicas en la Serra do Divisor, con el registro de 1.163 especies”, dice el biólogo de la Universidad Federal de Acre (Ufac), Marcos Silveira, que lleva 24 años investigando en el lugar. “El número de especies de plantas vasculares [con vasos conductores de savia] representa el 8,3% de la diversidad conocida en la Amazonía”.

Vista aérea del bosque en el Parque Nacional Serra do Divisor, en Acre. Foto: ©Lalo de Almeida / Folhapress.

El catálogo sigue creciendo. Junto con otros investigadores, el biólogo prepara un artículo en el que muestra que la lista de especies registradas en el parque aumentó un 63 % desde 1997, cuando había 720 plantas identificadas. En promedio, tres especies son encontradas en la Serra do Divisor cada dos meses, es decir, son nuevas especies para la unidad de conservación, desconocidas en Acre o inéditas para la ciencia.

La fauna no se queda atrás. “Cuando hacemos inventarios, siempre tenemos una gran oportunidad de recolectar especies nuevas. Es impresionante”, afirma el biólogo Elder Morato, de la Ufac.

Dos especies de abejas descubiertas en el Divisor fueron nombradas en su honor: Euglossa moratoi, una de las cerca de 30 especies de abejas de las orquídeas encontradas en el parque, y la Dolichotrigona moratoi, una de las aproximadamente 60 abejas nativas sin aguijón y melífera.

Otra abeja sin aguijón descubierta en el parque es la Celetrigona euclydiana, un homenaje al escritor brasileño Euclides da Cunha, quien, a principios del siglo 20, estuvo en Acre para dirigir los trabajos de delimitación de la frontera entre Brasil y Perú.

“Para nosotros, los biólogos, la Serra do Divisor es emblemática. No es exagerado decir que todos sueñan con visitarla algún día”, dice un comentario firmado por los investigadores Leandro Moraes (Universidad de São Paulo), Tomaz Melo (Universidad Federal de Amazonas) y Raíssa Rainha. Todos están también vinculados al Inpa (Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonia), con sede en Manaos.

Lagartija descansa sobre una roca a orillas del río Moa en el Parque Nacional Serra do Divisor, en Acre. Foto: ©Lalo de Almeida / Folhapress.

 

En noviembre de 2019, los tres participaron en una expedición de investigación para un censo de vertebrados para conmemorar los 30 años del parque. Encontraron cerca de 80 especies de anfibios y 40 especies de lagartos y serpientes.

También fueron identificadas 326 especies de aves, de las cuales al menos 5 son nuevos registros para el parque, que ya supera las 500 especies catalogadas de aves. Una de ellas se ha convertido en el símbolo de la región: el choca-do-acre (Thamnophilus divisorius). Residente de las zonas más altas, solo existe en ese rincón del planeta.

“Esta diversidad expresiva solo se documenta en otras regiones de la Amazonía, luego de décadas de estudios en el mismo lugar. En la Serra do Divisor, la registramos en menos de 15 días de muestreo. Muchas de estas especies están bastante restringidas a esta región y ya no se encuentran al este de Acre”, dicen los investigadores.

Tal diversidad llevó al Ministerio de Medio Ambiente a oficializar la solicitud, en 2017, para que el  Parque Nacional da Serra do Divisor sea reconocido como Patrimonio Natural de la Humanidad ante la Unesco (ONU). Esta distinción solo se ha concedido a otras dos regiones de la Amazonía: el Parque Nacional Manú, en Perú, y la Amazonía Central, un conjunto de cuatro unidades de conservación en el Estado de Amazonas (Jaú, Anavilhanas, Mamirauá y Amanã).

Señalización de los límites del Parque Nacional Serra do Divisor, en Acre. Foto: ©Lalo de Almeida / Folhapress.

 

La propuesta, sin embargo, terminó siendo retirada días después a causa de presiones del Consejo de Defensa Nacional, órgano vinculado al Palacio del Planalto, en ese momento ocupado por Michel Temer (MDB). El alegato fue que era una amenaza para la seguridad nacional.

 

Una cantera en el parque

 

 

En su proyecto presentado al Congreso Nacional, la diputada Mara Rocha —hermana del vicegobernador, el mayor de la Policia Militar Wherles da Rocha— utilizó 213 palabras para justificar el fin del parque nacional.No se cita ningún estudio ambiental o económico que justifique la eliminación de la única unidad de conservación brasileña de protección integral, ubicada dentro de una zona preandina, donde hay una transición entre la fauna y flora andina, y la baja Amazonía.

Para la diputada, la extinción del parque de 837 mil hectáreas, el noveno más grande del país,  “responde a los intereses y necesidades de la gente de Acre” porque es la “única región del Estado que tiene rocas que pueden ser extraídas y utilizadas en la construcción civil, con el fin de  fomentar el desarrollo económico del Estado”.

En un video difundido en enero de 2020, ella afirma que el objetivo es que el parque permita la ocupación humana y que el “proyecto es de autoría del senador Márcio Bittar”.

Por teléfono, Bittar intentó desvincularse de la iniciativa de la aliada. Dijo que no es un “idiota” para presentar un proyecto de ley para extinguir el parque, pero defendió su contenido. “Alemania, que financia ONG vinculada a los medios de comunicación nacionales, hizo lo equivalente a una hidroeléctrica Itaipu [la planta más grande de Brasil], pero en su caso fue una termoeléctrica, cavó un agujero en la tierra para [extraer] el carbón. Ahora, nosotros, en el pobre Acre, miserables, en la miserable Amazonía, no tenemos [derecho] de extraer ni piedras”.

“Si dentro de la reserva hay un yacimiento de piedra de un kilómetro cuadrado, no puedes sacarlo, porque la ley dice que no puedes sacarlo. Si hay petróleo ahí, ¿puedes sacarlo? No se puede. Y seguirá así, porque no soy idiota y sé que, si presento tal proyecto de ley, no se aprobará”, añadió.

Antigua caldera utilizada en una perforación para la perforación del suelo realizada por Petrobrás a orillas del río Moa dentro del Parque Nacional Serra do Divisor. Foto: ©Lalo de Almeida / Folhapress.

Intentamos hablar con Mara Rocha, pero la diputada federal no contestó a la solicitud de entrevista.

 

Primera interoceánica

 

El hecho es que, desde 2010, Acre ya tiene una conexión con el Pacífico peruano, a través de Assis Brasil (AC). Sin embargo, la obra, ejecutada casi en su totalidad en el país vecino, no cumplió la promesa de transformar el Estado amazónico en un polo  de exportación o en un corredor hacia Asia. En Perú, la carretera provocó la explosión de la deforestación y la madera ilegal, y está en el centro del “Lava Jato peruano”, un escándalo de corrupción que sacudió la política del país vecino.

En el año en que se inauguró la obra, las exportaciones de Acre representaron el 0,4 % del PIB estatal. En 2018, último dato disponible, este porcentaje se elevó a solo el 0,7 %. Los datos son del Ministerio de Economía y del IBGE, el instituto de geografía y estadística de Brasil.

Este aumento en la participación de las exportaciones en el PIB de Acre se produjo a un ritmo más lento en comparación al resto de estados de la región Norte. En 2010, las ventas al exterior de los siete Estados totalizaron el 14 %. Ocho años después, ese porcentaje había aumentado al 17,4 %.

Acre es el Estado menos exportador del Norte. En 2019, las ventas al exterior totalizaron US$ 31,5 millones —solo el 0,2 % de las exportaciones de la región.

“La carretera no ha cambiado la realidad económica de Acre, excepto para ir en automóvil hasta Lima, Cuzco”, dice el presidente de la Confederación de las Asociaciones Comerciales y Empresariales de Brasil (CACB), el empresario de Acre George Pinheiro.

“La expectativa era que gran parte de las empresas de transporte hicieran una ruta más barata y fueran a China, a Japón. Nada de esto sucedió”, dice Pinheiro.

Al ser preguntado sobre el bajo impacto económico de la carretera que opera desde hace diez años, el senador Bittar dijo que la carretera es “inviable” por el exceso de curvas y de la gran altitud de la ruta por los Andes.

“La carretera que pasa por Assis Brasil (AC) tiene un problema grave, atraviesa la parte más alta de la cordillera y llega a casi 5000 metros de altura, no hay camión que pase allí, tiene tantas curvas que es inviable”, dijo. “La salida más importante es por Juruá, porque la cordillera alcanza los 2000 metros de altura”.

Casas flotantes en el río Jurua en la ciudad de Cruzeiro do Sul, en Acre. Foto: ©Lalo de Almeida / Folhapress.

 

Este argumento, también utilizado por Bolsonaro en septiembre, es erróneo. Entre Pucallpa y Lima, donde se encuentra el principal puerto del país (Callao), la carretera pasa por Cerro de Pasco, una de las ciudades más altas del mundo, a 4338 metros de altitud.

Bittar admitió que no hay ningún estudio oficial terminado del impacto económico de la carretera, pero propuso la creación de un comité binacional para “levantar toda la documentación de ambos lados: lo que tienen que nos interesa y lo que nosotros tenemos y que le interesa a ellos”.

Aunque defienda la nueva carretera, Pinheiro dice que la conexión entre Cruzeiro do Sul y Pucallpa, una ciudad con cerca de 380 mil habitantes, es una necesidad especialmente local. “En términos de distancias amazónicas, es muy pequeña [210 km en línea recta]. Y sería una conexión con una ciudad peruana con un gran movimiento comercial e industrial”.

Para el líder empresarial, la reanudación del proyecto se debe especialmente a la “nueva perspectiva política”: “Hay nuevos actores que quieren construir la carretera. Todo el mundo quiere tener el sello: ‘He sido yo el que hice la carretera’. Esto le da apoyo político, y creo que es legal, normal”.

Imagen superior: La canoa navega por las aguas del río Moa en el Parque Nacional Serra do Divisor, en Acre, una de las áreas con mayor biodiversidad de la Amazonía. Foto: ©Lalo de Almeida / Folhapress.

Proyecto con el apoyo de InquireFirst y del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes (HHMI).

ALIANZA INFORMATIVA 

MONGABAY LATAM – RED PRENSA VERDE


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Ambiente  / Mundo
La carretera de Bolsonaro para conectar a Perú y Brasil
RPVRPV Publicado el 30 abril, 2021


Un nuevo proyecto de carretera en la Amazonía podría atravesar el corazón de uno de los parques más biodiversos de Brasil, cortar por la mitad los territorios de 10 comunidades indígenas de Perú y convertirse en un puente para las actividades ilegales de taladores y narcotraficantes.
La carretera que pretende unir Cruzeiro Do Sul (Brasil) con Pucallpa (Perú) —promovida por el gobierno de Jair Bolsonaro y el Gobierno Regional de Ucayali— evoca inevitablemente al fantasma de la Interoceánica, una costosa  obra vial construida por la empresa brasileña Odebrecht, que debía impulsar el comercio entre los dos países, y que terminó siendo investigada por malos manejos en su ejecución, sin contar que solo promovió la pérdida de 177 mil hectáreas de bosques primarios.

Para contar la historia completa detrás de este nuevo intento de conexión, dos equipos periodísticos recorrieron parte del trazo planteado para la vía de ambos lados de la frontera.

En Brasil, navegamos más de 16 horas a través del río Moa para llegar al Parque Nacional Serra do Divisor y conversamos con las poblaciones indígenas y tradicionales que viven dentro y en su entorno. Del lado peruano, recorrimos el río Abujao para visitar cuatro comunidades indígenas que viven atemorizadas por la presencia de narcotraficantes que aseguran han tomado el control del territorio.

En medio de este paisaje, una obra vial se impone bajo la excusa del desarrollo económico ¿Por qué construir una carretera en medio de la Amazonía si todo indica que solo traerá deforestación, narcotráfico, pérdida de biodiversidad y minería ilegal?

Pucallpa-Cruzeiro do Sul: la carretera que podría disparar la violencia en Ucayali

Alexa Vélez Zuazo, Vanessa Rommo /Mongabay Latam y Folha 

 

El sol caía sobre el río Abujao, cerca de la frontera de Perú con Brasil, cuando el bote del líder indígena *Jorge Pérez se quedó sin combustible. Eran las 5 de la tarde, de noviembre pasado, y solo le quedaba remar hasta el poblado más cercano para continuar al día siguiente con su recorrido a Pucallpa, capital de la región amazónica de Ucayali en Perú. Cuando la punta de su embarcación tocó la orilla, cuatro personas, entre jóvenes y adultos, salieron de los matorrales.—¿Quién eres? Yo nunca te he visto antes, le dijo uno de los más jóvenes.—Yo vivo aquí. Creo que te has equivocado. Es la primera vez que te veo yo, más bien, le respondió el líder indígena con la firmeza de quien lleva más de 20 años recorriendo el río Abujao.Pérez narra que fue consciente del peligro que enfrentaba, cuando se dio cuenta de que los cuatro llevaban armas de fuego de largo alcance. Alzó la mirada y vio que en el monte había 20 personas más. “No soy el único poblador al que le ha pasado algo así, pero como toda esta gente es de afuera, siempre están averiguando si eres policía”, cuenta el líder indígena que por seguridad nos pide proteger su nombre.En los últimos cinco años, aseguran varios de los pobladores de la zona entrevistados, ha aumentado la presencia de migrantes de Ayacucho y Apurímac a lo largo del río Abujao, en el distrito de Callería, y también ha crecido la invasión dentro de tierras indígenas asháninkas y shipibas.

Uno de los problemas que más preocupan a los pobladores del Abujao es la desaparición de la fauna. Al contrario de otros años, la pesca ya no es la misma. Foto: Sebastián Castañeda/Mongabay Latam.

 

¿Por qué Jorge Pérez fue intervenido por este grupo armado? En un primer momento no estaba seguro de con quiénes estaba lidiando, pero sus sospechas se confirmaron al día siguiente cuando, a las 5 de la mañana, escuchó el sonido constante de avionetas en la zona. Aunque la presencia de cultivos ilícitos de coca en el Abujao se remonta a unos 20 años atrás, los pobladores entrevistados para este reportaje confirman que es en el último quinquenio que el área se ha convertido en “zona roja”, como llaman al lugar donde operan grupos ligados al narcotráfico, específicamente a los ligados a la producción de pasta básica de cocaína. Sus testimonios son confirmados por los reportes de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA).

A esta región de la Amazonía peruana, sin embargo, hay que sumarle un riesgo que podría empeorar esta situación: la construcción de lacarretera Pucallpa-Cruzeiro Do Sul, un proyecto vial que busca conectar comercialmente a Perú y Brasil. Esta interconexión evoca inevitablemente al fantasma de la carretera Interoceánica, una de las infraestructuras viales más costosas del Perú —construida por la empresa brasileña Odebrecht, implicada en una investigación por el pago de sobornos a funcionarios del Estado peruano— que tenía como objetivo conectar a ambos países y que ha significado por lo menos la pérdida de 177 mil hectáreas de bosques primarios, según el reporte del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP por sus siglas en inglés).

La propuesta de la carretera Pucallpa-Cruzeiro Do Sul —que vio la luz en el 2003— ha sido ya sometida a estudios, análisis y críticas por científicos, organizaciones indígenas y ambientales. El último trazo propuesto para esta vía recorre en paralelo la cuenca del río Abujao y cruza al menos diez comunidades shipibas y asháninkas como Bethel, Betania, Santa Rosita de Abujao y San Mateo, la última ubicada en la frontera con Brasil. Asimismo, según expertos consultados por Mongabay Latam, este tramo vial cortaría un corredor de biodiversidad que se inicia en el Parque Nacional Sierra del Divisor y la Reserva Indígena Isconahua, y termina al otro lado de lo que sería esta carretera, en la zona de influencia de la propuesta de Área de Conservación Regional (ACR) Alto Tamaya – Abujao. Además, un estudio de 2020 de la organización Conservation Strategy Fund estima que la nueva vía provocaría la deforestación de alrededor de24 mil hectáreas de bosque del lado peruano, además de la pérdida económica de 17 millones de dólares, considerando que el costo de la construcción de la carretera es mucho mayor que el retorno económico que traería.

En esta figura podemos ver tres variables importantes: la ubicación de las comunidades indígenas, todas ribereñas; el trazo propuesto para la carretera Pucallpa – Cruzeiro Do Sul; y los parches de deforestación por coca. El temor es que estos parches crezcan cada vez más con la presencia de una vía de gran magnitud. Crédito: Mapa elaborado por la Universidad de Richmond y el Instituto del Bien Común.

Todas estas razones no han impedido que el proyecto se mantenga activo. Esta vez los intereses señalan al gobernador de Ucayali Francisco Pezo Torres, y al de Acre, en Brasil. Desde el Congreso legislativo peruano, un parlamentario de Ucayali ha presentado un proyecto de ley para declarar de interés nacional la carretera. Del lado de Brasil, el interés por esta vía ha crecido con la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia en el 2019.

El gobernador regional de Ucayali ha asegurado a Mongabay Latam que la idea de construir una carretera proviene de las autoridades brasileñas, ya que él lo que busca es una conexión aérea o ferroviaria como primeras opciones. Sin embargo, la idea de la carretera aún no ha sido descartada oficialmente. ¿Por qué impulsar una vía a pesar del riesgo ambiental y de la presencia significativa del narcotráfico?

 

La conexión brasileña

 

La primera vez que se habló de la vía fue en el 2003, cuando se diseñaba la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). Por esos días, en Cruzeiro Do Sul, autoridades regionales de Perú y Brasil firmaron un acta de compromiso para  impulsar una conexión entre ambos países. Un año después seguían firmando acuerdos, incluyendo uno que promovería la exportación brasileña de carnes y la exportación peruana de vegetales. A medida que los planes iban creciendo, la propuesta de la carretera ganaba terreno.

La naturaleza se sigue abriendo paso en medio de la fuerte deforestación que ha vivido la zona en la última década. Foto: Sebastián Castañeda/Mongabay Latam.

Existía la intención pero aún no era clara la ruta. Del lado peruano se llegaron a desarrollar hasta tres tramos distintos, algunos de ellos contemplaban atravesar el Parque Nacional Sierra del Divisor o la Reserva Territorial Isconahua —hogar de indígenas en aislamiento voluntario. El Gobierno Regional de Ucayali decidió esperar los estudios técnicos para evaluar la mejor opción. En el 2013, siete años más tarde, Provias Nacional lanzó una convocatoria para el estudio de preinversión a nivel de perfil y se aprobó el tramo que corre paralelo al río Abujao. Administrativamente, ese fue el último capítulo de la carretera.

Durante esos años, las federaciones y comunidades indígenas recuerdan los rumores que corrían sobre la probable construcción de una vía. Edgar, habitante de la Comunidad Nativa de Santa Rosa —que por seguridad pide la protección de su nombre—, asegura que no dejaban de pensar en cómo esa carretera afectaría sus vidas.

 

 “La contaminación va a llegar, ya no van a haber animales ni peces y nosotros vivimos de eso”, cuenta el líder de la comunidad shipiba de Santa Rosa que era lo que pensaban por esos días; mientras esperaban en vano, además, la llegada de las autoridades para informarles del proyecto. Unos meses más tarde, el fantasma de la carretera se esfumó. Pero no por mucho tiempo. “Nos habíamos olvidado de la carretera y hace poco hemos vuelto a escuchar sobre ella nuevamente”, dice.

Luis Dávalos, especialista de The Nature Conservancy, organización ambiental que ha analizado con otras instituciones los posibles impactos de esta vía, explica que el proyecto “no ha avanzado en términos técnicos, pero sí hay avances en términos políticos, principalmente promovidos por Brasil”.

A lo largo del río Abujao, a cinco horas de Pucallpa, han aparecido grupos de colonos en los últimos diez años que han ampliado la frontera agrícola. Gran parte de esta agricultura está destinada al narcotráfico. Foto: Sebastián Castañeda/Mongabay Latam.

Desde la llegada de Bolsonaro a la presidencia, el avance de proyectos de infraestructura en la Amazonía se ha acelerado. “Vamos a tener un pasaje al Pacífico, a donde llegaremos vía terrestre”, dijo el presidente en octubre pasado, dándole luz verde a la carretera desde el lado brasileño. Ante esas declaraciones, el vicegobernadorregional de Ucayali, Ángel Gutiérrez, respondió diciéndole a los medios locales que “este era el momento de la integración”.  Para Gutiérrez, los retrasos existentes obedecen más a la desidia de las autoridades nacionales frente a la que considera una obra de importancia para la economía nacional. “Pero nosotros —señaló— estamos comprometidos a presionar, porque si no seguiremos 20 a 30 años en lo mismo”.

El gobernador regional de Ucayali, Francisco Pezo Torres, ha aplicado esta presión desde el 2019. Solo ese año firmó, junto con su par del estado brasileño de Acre, dos declaraciones de interés para la Interconexión Multimodal de Pucallpa con Cruzeiro Do Sul.Además también emitió una ordenanza para declarar de interés regional la conexión aérea entre ambas ciudades y creó una secretaría técnica para esta integración fronteriza. El interés en este proyecto es tal que en septiembre del año pasado, en medio de la pandemia, Pezo Torres viajó hasta Cruzeiro Do Sul —junto con el gobernador regional de Madre de Dios, Luis Hidalgo Okimura— para reunirse con ministros brasileños y el vicegobernador del estado de Acre.

Este anhelo de las autoridades regionales llegó también hasta el Congreso de la República. El 19 de octubre, tres semanas después de la mencionada reunión en Cruzeiro Do Sul, el parlamentario por Ucayali, César Gonzáles Tuanama, presentó una propuesta de ley que busca declarar de necesidad pública e interés nacional “la integración sostenible multimodal entre Pucallpa y Cruzeiro do Sul”.

La mayoría de comunidades ribereñas a lo largo del Abujao son indígenas, tanto shipibas como asháninkas. Ellas han sido testigo de cómo han cambiado el río y el bosque y temen que esto se intensifique con la llegada de la carretera. Foto: Sebastián Castañeda/Mongabay Latam.

Mongabay Latam consultó a los gobernadores regionales y al congresista sobre este proyecto. El gobernador de Madre de Dios fue el único que no ofreció respuesta. En el caso de Pezo Torres, este precisó que en su proyecto de integración multimodal del Perú con Brasil, una carretera es su tercera opción de conexión. “Mi prioridad es la vía aérea y la vía férrea”, dijo. Sin embargo, ante la pregunta sobre de quién nace la iniciativa de una carretera, Pezo señaló que era “un interés de los brasileños”. “Por una cuestión de rapidez, ellos quieren que sea una carretera, pero nosotros vemos que es una amenaza”, dijo Pezo. Cuando se le preguntó si ya se había socializado este proyecto con los pueblos indígenas que serían afectados —ya sea con una carretera o una vía férrea—, el gobernador confirmó que aún no se habían contactado con ellos. “Queremos esperar que el tratado llegue a nivel nacional”, añadió.

Esta es la misma respuesta que dio el congresista César Gonzáles. “(La consulta a los pueblos indígenas) es un tema técnico. Por cuestión de tiempo estamos lanzando este proyecto de ley porque a nivel general es importante para el desarrollo de la nación”, señaló el legislador. ¿Qué hay detrás de todos estos intereses?

 

Una carretera en el nuevo emporio de la coca

 

El trazo de la nueva carretera atravesaría un territorio que hoy ha sido invadido por el narcotráfico. “¿Por qué están aquí? Aquí nadie habla de la coca, es muy peligroso”. Esta frase se repetía, con distintas palabras, en cada comunidad del río Abujao visitada para este reportaje. El recorrido por el área, que debió durar cuatro días, tuvo que reducirse a la mitad por la llegada a las comunidades de personas ajenas que hacían preguntas y pedían explicaciones sobre nuestra presencia en la zona.

“Es mejor que se vayan porque pueden salir sin vida”, dijo uno de los líderes shipibo de una de las comunidades, quien pidió omitir su nombre. Temía, además, que las represalias pudieran afectar más tarde a quienes viven en la zona.

La tensión es una constante a lo largo del Abujao. Es por ello que, aunque muchos pobladores quieren denunciar lo que ocurre en esa cuenca, nadie puede hacerlo públicamente por temor a cómo podrían reaccionar los narcotraficantes.

“Si no los incomodas, estarás a salvo”, dice Edgar, un indígena shipibo que lleva más de 50 años viviendo en la zona. El cambio ha sido abrupto, asegura, pues han pasado de sentirse libres a vivir en una suerte de prisión y bajo vigilancia constante. Nada de lo que sucede en el Abujao pasa desapercibido para los colonos que se han instalado en los últimos años en el área. “Ellos son los que han llegado a talar bosque y sembrar coca. Y no siembran una hectárea, sino 20 a 50 de ellas”, cuenta Ernesto, otro poblador indígena que vive en la zona.

Es por ello que repiten que ahora viven en el “Nuevo Vraem”. El Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) es la zona de mayor producción de cultivos ilegales de coca en el Perú, donde el narcotráfico opera y se ha aliado con remanentes terroristas de Sendero Luminoso. Es también considerada una zona liberada, donde pese a las operaciones militares y policiales, no se ha podido hacer una erradicación completa de los cultivos ilícitos.

Este es uno de los puntos del Abujao con mayor cantidad de hectáreas deforestadas por coca, según información de DEVIDA al 2019. Imagen: Captura de mapa satelital/SISCOD DEVIDA.
Según información de Devida, en el distrito de Callería se alcanzó cerca de 900 hectáreas de deforestación por cultivos ilegales de hoja de coca en el 2019. 30 % de este espacio deforestado por coca pertenece a la cuenca del río Abujao. Imagen: Captura de mapa satelital/SISCOD DEVIDA.

Para el líder asháninka Reyder Sebastián, la construcción de la carretera traería aún más caos a la zona, sobre todo porque, hasta el momento, los indígenas no han sido consultados sobre este proyecto. “Nosotros queremos trabajar con el Estado para ver de qué forma podemos encontrar una mejor solución para conectar a nuestros pueblos sin perjudicarlos”, dice el pinkatsari Reyder Sebastián. El pinkatsari, como se conoce a los grandes jefes de su etnia, está preocupado. A diferencia de los comuneros shipibos en el río Abujao, él puede hablar con más tranquilidad, pues vive en la ciudad. Sebastián señala que han denunciado más de una vez la inseguridad que se vive en el río Abujao, pero las autoridades no hacen nada. Incluso ahora, con la posibilidad de una carretera en esa zona, también son ignorados. “No nos miran como sujetos con derechos, sino como objetos”, dice el pinkatsari.

Las cifras confirman lo que señala Reyder Sebastián. Según la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), en el distrito de Callería, donde se encuentra el río Abujao, se registraron 847 hectáreas de cultivos ilegales de hoja de coca en el 2019, ligeramente menor a las 991 hectáreas del 2018, pero aún significativamente alto frente a las 271 que existían en el 2016.

El Instituto del Bien Común (IBC) ha estimado queun 30 % de este total se concentraría en la cuenca del Abujao. “Los hallazgos reportados ilustran que el sembrío ilegal de hoja de coca continúa siendo un motor importante de la deforestación en esta área”, precisa Pedro Tipula del IBC. El especialista en sistemas de Información geográfica indica que este porcentaje podría fácilmente haberse elevado a un 35 % en el 2020. En el mapa construido por IBC para este reportaje se puede observar la presencia de cultivos ilegales en ambos lados de la ruta por donde pasaría la carretera. Estos parches de deforestación tenderían a crecer con el paso de este tramo, según refieren tanto Tipula como Dávalos.

En esta figura se han aumentado más capas que nos permiten conocer las presiones que ya vive la zona por donde pasaría la carretera: concesiones forestales, deforestación agrícola y parches de coca. Alrededor de ella, hay áreas protegidas. Crédito: mapa fue elaborado por la Universidad de Richmond y el Instituto del Bien Común a pedido de Mongabay Latam.

La ruta del narcotráfico Perú-Brasil

 

De acuerdo con los testimonios recogidos, la mayor parte de la siembra y procesamiento de la droga o pasta básica de cocaína la realizan los colonos. Sin embargo, hay indígenas asháninkas y shipibos que tienen parcelas con cultivos de coca y que venden sus cosechas a estas terceras personas, también conocidas como ‘foráneos’. “Se hace por necesidad. Por ejemplo, en la pandemia del año pasado no podíamos comer solo con el maíz y el plátano que sembrábamos. A muchos hermanos les ayudó a sobrevivir”, señala Eduardo, indígena asháninka.

En el último informe completo de monitoreo de Devida, publicado en el 2018, ya se hablaba de la cuenca del Abujao como un nuevo espacio de expansión cocalera. Incluso, el río era considerado una de las principales rutas que tenían los narcotraficantes para llevar la droga a Cruzeiro Do Sul. Estos derivados de coca provenían de espacios cercanos en Callería e incluso de Aguaytía. Según fuentes de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (Dirandro), la ruta Abujao – Cruzeiro Do Sul es usada al menos desde inicios del 2010 para este fin.

Cuanto más te acercas a la frontera de Brasil, el peligro crece. Sin embargo, en toda la cuenca del Abujao se sienten los efectos del narcotráfico y de la minería de oro que aún existe en la zona. “Todos los días vemos pasar a los narcos por la comunidad”, dice Juan, un indígena shipibo que vive cerca de la entrada del río Abujao. “A veces atracan sus botes para pedirnos pescado o comprar comida y nos pagan en dólares. Tenemos que aceptar. Pero la situación está empeorando”, cuenta.

Este es el segundo punto más grande deforestación por cultivos ilegales de coca en el río Abujao. Imagen: Captura de mapa satelital/SISCOD DEVIDA.

“A veces nos topamos con ‘mochileros’ —cargadores— que llevan la droga hacia Brasil o salimos a cazar y encontramos una pista [clandestina de aterrizaje para las avionetas]. Si escuchamos el sonido de la avioneta, es mejor salir de ahí. Incluso tenemos miedo de encontrar una poza de maceración porque pensamos que nos pueden hacer daño”, señala Edmundo, un indígena shipibo. La existencia de laboratorios de procesamiento de cocaína también es un hecho confirmado oficialmente. Existen evidencias: en el 2010, la policía encontró seis de ellos procesando pasta básica de cocaína.

 

Bernabé, un motorista que ha recorrido el Abujao recientemente junto a un equipo de la Dirección Regional de Salud, comenta que en el camino eran detenidos constantemente para que se identifiquen. “Solo nos dejaban pasar porque éramos brigada de salud”, cuenta. La sensación es la misma: los indígenas son tratados ahora como extraños dentro de su propio territorio.

Por eso nadie quiere hablar en voz alta. “Meterse con ellos es complicado, sino mira lo que pasó con [el líder indígena Edwin] Chota. Reclamaba mucho a los madereros ilegales y se lo bajaron. ¿Qué garantías tenemos?”, dice Edmundo.

“¿Tú crees que con la carretera esta situación va a mejorar?”, nos pregunta Jorge Pérez. “Por ejemplo, en Satipo, donde llega la carretera, esta ha servido para que llegue el agua y la luz, lo cual es bueno. ¿Pero el resto? Yo no he visto más que pobreza”, agrega. Para Pérez, la carretera fue utilizada para retirar con más rapidez los recursos naturales y para promover la migración de personas atraídas por el cultivo de hoja de coca. “No tienen ni árboles para hacer sus casas”.

Muchos indígenas shipibos y asháninkas han tenido que soportar la enfermedad de la covid -19 con medicina natural. La falta de atención médica desde la capital de la región es difícil tanto por la lejanía como por el peligro de ingresar a la zona. Foto: Sebastián Castañeda/Mongabay Latam.

Una obra demasiado costosa para la biodiversidad

 

Las proyecciones que se han realizado desde el 2010 sobre los efectos que causaría la potencial carretera no dibujan un panorama alentador. El estudio más reciente, como mencionamos al inicio de este reportaje, fue publicado el año pasado por Conservation Strategy Fund (CSF), quienes desarrollaron un análisis de 75 tramos viales que se encuentran en proyecto de construcción en cinco países de la Amazonía. En el caso peruano se analizaron doce, entre las cuales se encuentra la vía Pucallpa-Cruzeiro Do Sul. Luego de evaluar variables económicas, sociales y ambientales, solo seis de esas doce resultaron rentables. La carretera Pucallpa-Cruzeiro Do Sul no es una de ellas.

“La pérdida que generaría el proyecto sería de US$17 millones. Además generaría una deforestación de más de 24 mil hectáreas”, precisa Alfonso Malky, director técnico para Latinoamérica de CSF.

El estudio ha recomendado que para el caso de estos proyectos de vías que son económicamente inviables, lo mejor sería cancelarlos. “Generar impacto al ambiente y perder dinero al mismo tiempo no es lo más recomendable”, señala el informe. Para Malky de CSF, “estos estudios sirven como herramienta para medir eficiencia de los proyectos y, aunque no es una receta, es un ejercicio que demuestra la necesidad de hacer análisis más integrales. Esto debe ayudar a los gobiernos a mejorar su eficiencia en términos de inversión vial”.

El investigador de The Nature Conservancy, Luis Dávalos, señala queel impacto de una vía de 140 kilómetros tendrá un efecto similar al que ha tenido la carretera Interoceánica en Madre de Dios. “Estos efectos pueden ser brutales. No solo porque a diferencia de la Interoceánica aquí no existe ni siquiera una trocha abierta, sino porque el ingreso de una vía en este bosque ocasionaría una transformación de las actividades productivas”, explica Dávalos. Ese cambio en el territorio ya esta ahora mismo en marcha, considerando la presencia del narcotráfico y la minería ilegal, y la carretera simplemente podría convertirse en el motor de estas actividades. El impacto es peor si se toma en cuenta que se trata de un territorio ya invadido por el narcotráfico.

La pandemia paralizó brevemente la salida y entrada de barcos con cargamento. Sin embargo, el trabajo tiene que continuar. Se comercian frutas como plátanos, aunque se conoce que por estos ríos también se trasladan bienes ilegales como droga. Foto: Sebastián Castañeda/Mongabay Latam.

“El impacto se va a ver en el desbosque. Cuando aparece una carretera, así se tenga a las comunidades tituladas en el área, la migración ocurre. Se abren caseríos y campamentos”, comenta Víctor Manuel Hidalgo de la ONG Naturaleza y Cultura Internacional (NCI). Hidalgo ha recorrido desde hace una década la zona por otra razón: la creación de un área de conservación regional (ACR) denominada Alto Tamaya-Abujao. Esta se encuentra ubicada en la margen izquierda del río Abujao, y aunque la traza de la carretera corre del lado derecho, el efecto sobre toda la biodiversidad es innegable, explica el especialista de NCI.

Para Hidalgo, de concretarse la construcción de la nueva carretera, “se estarían cortando los procesos migratorios de la fauna, sobre todo de trepadores como los monos que se exponen al tener que bajar a la carretera para seguir su camino por el bosque”. Según el especialista de NCI, en la zona se ha identificado también una presencia importante de fauna e incluso el felino más grande de la Amazonía, el jaguar, recorre los bosques. “Toda esa zona es un corredor natural para el otorongo”, agrega.

Hidalgo destaca además la riqueza de árboles que actualmente se encuentran en peligro de extinción como el tahuari (Tabebuia serratifolia), el cedro (Cedrela odorata), la caoba (Swietenia macrophylla) y el shihuahuaco (Dipteryx sp.), especies que son duramente explotadas en la selva. Esta abundancia de recursos es confirmada también por el profesor Jorge Vela, investigador de la Universidad Nacional de Ucayali, y por el director de Conservación y Diversidad Biológica del Gobierno Regional de Ucayali, Nelson Seijas.

El líder asháninka (pinkatsari) Reyder Sebastián es uno de los pocos que puede dar la cara para denunciar lo que se vive en el Abujao. La mayoría prefiere hablar de forma anónima. Foto: Sebastián Castañeda/Mongabay Latam.

“Es una zona con biodiversidad bastante alta”, comenta Seijas a Mongabay Latam. Sin embargo, prefirió no opinar acerca de la propuesta de la carretera que el mismo gobierno regional está impulsando. “Es una propuesta que tiene muchos años y aún no se sabe si será una carretera o una vía férrea. Los impactos tendrán que determinarse a través de estudios”, añadió el funcionario.

Otro estudio realizado por David Salisbury de la Universidad de Richmond señala que la vía proyectada cruzaría hasta 17 veces ríos y quebradas del lado peruano. “Sabemos del impacto de este tipo de construcciones por lo que ha sucedido en otras zonas amazónicas rurales y fronterizas, donde se ha aumentado la deforestación, el tráfico de tierras, el saqueo ilegal de madera y la caza ilegal de fauna”, comenta Salisbury. “Tenemos que ver a la zona como un ecosistema continuo. Las áreas naturales ya no pueden ser vistas como islas”, agrega Tipula de IBC.

A esto se suma que las comunidades indígenas shipibas y asháninkas que se verían afectadas a lo largo de la vía hasta la fecha no han sido consideradas dentro de las conversaciones, según confirma Berlín Diques, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU). “Si conocemos algo es a través de los medios de comunicación. Sabemos que este gobierno regional ha iniciado una coordinación con autoridades de Brasil, que hasta se ha presentado el caso en el Congreso, pero a los pueblos indígenas aún no nos han consultado nada”, asegura el líder.

El mismo problema se presenta en el tramo brasileño de la carretera. El Ministerio Público Federal de Brasil ha iniciado una investigación civil por las irregularidades detectadas en el plan de construcción de la vía, entre ellas, la falta de una consulta previa, libre e informada.

Al estar frente al río, los habitantes indígenas del Abujao han observado cómo se han ido llegando nuevas personas, a veces armadas. Prefieren mantenerse en silencio por temor a represalias. Foto: Sebastián Castañeda/Mongabay Latam.

Lissette Vásquez, jefa del área de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, comenta que han enviado en varias oportunidades al Poder Legislativo documentos resaltando el peligro que significa promover carreteras sin una adecuada socialización y consulta previa. “Se puede poner en riesgo los derechos de las personas. Además, el hecho de declararlo un proyecto de necesidad pública no puede significar la exoneración de una evaluación integral”, concluye la funcionaria.

Tras la entrevista con la Defensoría, esta entidad confirmó el envío de un oficio al presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso para “alertar con preocupación” lo que podría provocar este proyecto de ley.

Jorge Pérez precisa que la mayoría de la población asháninka y shipiba no está de acuerdo con la carretera, por ello demanda la inmediata presencia del Estado en el Abujao. “Esta zona era tranquila, pero siempre hemos vivido con una presión sobre el cuello. Hace veinte años eran los madereros, luego llegaron los mineros ilegales y ahora los narcotraficantes”, enumera Jorge, haciendo un recuento de lo vivido. “Ahora pronto será la carretera. ¿Y qué pasa con la población?”.

 

*Este texto ha sido trabajado con el apoyo en campo del periodista Italo García, comunicador indígena shipibo desde 1999 en Ucayali. 

Imagen superior: La naturaleza se sigue abriendo paso en medio de la fuerte deforestación que ha vivido la zona en la última década. Foto: Sebastián Castañeda/Mongabay Latam.

 

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Comunidad  / Fauna  / Región
El comercio de carne de monte en Inírida, ¿problemática u oportunidad?
RPVRPV Publicado el 2 marzo, 2021


El posible origen de la pandemia del COVID-19 puso en el radar los mercados de animales salvajes para consumo en el mundo. En Inírida (Guainía) existe una plaza de mercado donde abunda el comercio de carne de monte. ¿Cómo funciona? ¿Quién lo controla? Son algunas de las preguntas que nos llevaron hasta ese lugar.

 

Edwin Suárez

 

Son los últimos días de noviembre de 2020. Ha llovido sin parar en Inírida, la capital del departamento del Guainía, lo que dificulta la cacería en esta zona de la Amazonia, donde el consumo y comercialización de carne de monte hace parte de la tradición de sus habitantes.

Y es que una de las maneras más tradicionales de matar una lapa (Cuniculus paca) es sorprenderla en la noche cuando baja a la quebrada a tomar agua, “el cazador se acerca, la alumbra con una linterna y le dispara”, explica Edgar Guajo, un comunicador indígena de la etnia baniva. Sin embargo, con el clima lluvioso, el agua se empoza con facilidad y los animales no tienen la necesidad de ir hasta los arroyos.

Esa es quizá la razón por la que solo llegó un ejemplar de esta especie (familia de los roedores) a la plaza de mercado El Paujil, ubicada en la zona indígena de la ciudad de Inírida, y se vendió como ‘pan caliente’. Su carne es una de las más apetecidas y el kilo cuesta, aproximadamente, 14 mil pesos. Se consume asada, frita o cocinada. En los restaurantes del resguardo El Paujil se ofrece como plato especial, con precios de entre 12 mil y 15 mil pesos.

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Pisillo de babilla ofrecido en uno de los restaurantes del resguardo. Foto: Edwin Suárez.

 

Junto a la lapa, también se comercializó una babilla (Caiman cocodrilus). “Los animales han escaseado mucho, ya no es como antes”, dice José León, un indígena desano que ayudó a fundar la plaza de mercado hace por lo menos una década. Asegura que hay especies que han sido consumidas indiscriminadamente y cada vez son más difíciles de conseguir. Incluso, precisa que la situación empeoró luego de la inundación que azotó la región en 2018 (la más grande en los últimos 50 años).

Pero, no siempre fue así. Desde que se creó la plaza hace por lo menos diez años, primero en el puerto indígena y en la calle de la entrada al resguardo, y desde hace tres años que se formalizó en un punto central, cientos de animales salvajes han sido comercializados. Según un artículo publicado por Semana Sostenible, en ese lugar se pueden llegar a vender hasta mil babillas en un año. Sin embargo, oficialmente no existen datos de la cantidad de animales por especie que son cazados para el comercio en Inírida.

El consumo de carne de monte representa una oportunidad para las comunidades locales que la comercializan, pero configura problemáticas como la extinción de las especies, la pérdida del equilibrio de los ecosistemas y por tanto una mayor probabilidad de enfermedades zoonóticas similares al COVID-19. Un documento publicado por la Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES, por su nombre en inglés) concluyó que el aumento exponencial del consumo y el comercio de animales silvestres es una de las causas de la aparición de una variedad de enfermedades, particularmente donde el comercio —de mamíferos y aves— está mal regulado.

“En la Amazonía, las comunidades rurales venden casi la mitad de lo que cazan”, para comprar productos básicos, de cacería y alimentos que no se producen en la región, explica un ‘Diagnóstico sobre el comercio de carne de monte en las ciudades de Colombia’, realizado en 2015 por el Centro para la Investigación Forestal Internacional. Justamente, el mercado indígena nació de la necesidad que tenían los nativos y colonos asentados en la zona urbana y periurbana de la capital del departamento por mantener sus costumbres alimenticias, y también como una manera de generar una dinámica económica que le permitiera a las familias indígenas obtener ingresos para su sustento.

Según un estudio realizado por el Instituto Humboldt, en 2012, llamado ‘Carne de monte y seguridad alimentaria, bases para una gestión integral en Colombia’, la carne de monte es considerada “como un recurso determinante de las condiciones de seguridad alimentaria en la región”, y explica que, “por lo menos 80% de la proteína consumida en comunidades locales vecinas a áreas de interés para la conservación son de carne de monte”.

Guajo afirma que “esa carne la gente la prefiere por encima de la de res o la de pollo. Cuando no llega como que se desesperan. Se aburren de comer pescado”. A eso se suma que termina siendo más asequible pues su precio oscila entre los 10 mil y los 15 mil pesos por kilo, mientras que la carne de res, por ejemplo, tiene un costo promedio de entre 18 mil y 20 mil pesos, en las carnicerías de la ciudad.

En la actualidad, en la plaza existen cerca de 20 casetas, de las cuales la mitad se dedican a la venta de productos tradicionales como ají, yuca, plátano, mañoco y casabe (elaborados a base de harina de yuca), o frutos del bosque como manaca o ceje. En las otras casetas se comercializa pescado y carne de monte. En total, son cerca de 100 familias las que exponen diversos productos en el lugar.

 

Especies de mayor consumo en Inírida

 

“No hay un estudio detallado de la Plaza de Mercado del municipio de Inírida, hasta donde yo tengo conocimiento. Hay que hacer un seguimiento a todas las ventas, a las especies y cantidades de ejemplares que se venden”, dice Carlos Andrés Lasso, investigador senior del Instituto Humboldt, líder de la línea de Recursos Hidrobiológicos, Pesqueros y de Fauna Silvestre. Lasso explica que en 2021 el Humboldt trabajará en la producción de un libro sobre la caza y pesca de subsistencia en el norte de Suramérica (Colombia y Venezuela) que permita proyectar cuáles son las especies de mayor consumo y su importancia en la región.

En ese mismo sentido, al ser consultado para este reportaje, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI) precisó que desde hace un año acompaña técnicamente un monitoreo de fauna de consumo adelantado por el Ministerio de Ambiente y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA) para “evaluar la magnitud del uso de la fauna, la oferta poblacional y estimar a partir de esto la sostenibilidad del aprovechamiento de las distintas poblaciones silvestres”, en la Estrella Fluvial de Inírida. A esa investigación le falta por lo menos un año debido a que “debe contar con registros y seguimiento durante ciclos completos que abarquen distintas épocas climáticas, ambientes y datos comparables entre ciclos”, explicó el SINCHI.

Los animales de monte se cazan de acuerdo a la temporada. Los micos, los picures (Dasyprocta fuliginosa) y las lapas son comunes durante todo el año, pero al igual que las dantas (Tapirus pinchaque), se consiguen con mayor facilidad durante los meses de junio y julio cuando los ríos y caños se crecen; mientras que las babillas, las tortugas de río y sus huevos, abundan en verano.

Según el estudio del Humboldt, las especies que están en los primeros reglones de caza con fines alimenticios son la lapa, el picure, el cafuche (Tayassu pecari), el cachicamo (Dasypus novemcinctus), entre otros. Son estos mismos animales, más la babilla y la tortuga de río, los que mayor presencia tienen en la plaza de mercado de Inírida.

De acuerdo con el Plan de Vida del Resguardo El Paujil que se elaboró en el año 2009, en ese territorio indígena el araguato (mono aullador o alouatta), el oso hormiguero (vermilingua), el puercoespín (Hystrix cristata), la ardilla (Sciurus vulgaris), la babilla y el cabezón (tortuga Caretta caretta) se consideran animales extintos. La lapa, el venado y el cachicamo empezaban a escasear, producto de la caza indiscriminada.

Infografia

 

¿No existen los controles?

 

Aunque en Colombia la cacería de animales de monte está regulada, algunos vacíos permiten que se realice de manera indiscriminada. Además, según el Humboldt, no se ha avanzado lo suficiente en la generación de alternativas que garanticen la seguridad alimentaria de las poblaciones, así como evitar la sobreexplotación.

La caza de subsistencia (la que se desarrolla en Guainía), si bien no requiere de la obtención de un permiso previo, explica el Humboldt, “no puede realizarse con individuos de las especies sobre las cuales las autoridades ambientales hayan determinado que exista prohibición, aspecto que no se ha cumplido”, porque la CDA no publica trimestralmente en cinco diarios de amplia circulación nacional la lista de especies sujetas a limitación, como lo establece la ley.

Además, como los resguardos son entidades territoriales que tienen sus propias medidas, los controles relacionados están a cargo de cada territorio indígena. La mayoría de los productos que se comercializan en El Paujil provienen de las comunidades vecinas y llegan por río. Como el resguardo tiene su propio puerto, ubicado a menos de 500 metros de la Plaza, los controles de la CDA y la Policía son inexistentes.

“Debido a la legislación indígena, la Policía Nacional no ha encontrado forma posible de poder frenar este flagelo que tanto nos afecta”, explicó el intendente Samuel Quiñonez, jefe del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de la Policía de Guainía. Sus esfuerzos se enfocan en realizar campañas pedagógicas al respecto con las autoridades indígenas.

Pero en el resto del municipio, donde la Policía sí es autoridad, intentan a toda costa evitar que la carne de monte se comercialice o se venda en los restaurantes. Aun así, en 2019 no se realizó ninguna incautación y en 2020 (con corte al 26 de noviembre) solo en tres oportunidades impidieron su comercio, con un resultado de apenas 20.5 kilogramos (el peso de dos lapas). Sin embargo, en enero del año pasado las autoridades rescataron 65 tortugas terecay vivas que tendrían como destino los mercados de la ciudad.

7. Tortugas incautadas en enero de 2020
Tortugas incautadas en enero de 2020. Foto: Cortesía Policía Nacional.

 

José Antonio López, indígena de la etnia puinave y coordinador de Justicia del Resguardo, asegura que la Guardia Indígena hace un estricto control frente a la carne que ingresa por el puerto. Pero, Miriam Cipriano, coordinadora de la plaza, explica que todas las personas pueden vender cualquier producto en ese mercado, siempre y cuando aporte los cinco mil pesos de cuota que exige la administración. En ese mismo sentido, un vendedor que prefiere no exponer su nombre por seguridad precisó que cuando arriban a El Paujil, no les “ponen ningún problema”.

Para Lasso, quien hasta hace poco más de un año perteneció a la junta directiva de la CDA, en casos particulares como Guainía, este comercio debería regularse de una manera bastante flexible. “Tú no puedes prohibir todo de manera tajante porque es peor”. Pero para tomar una decisión de esas, explica, “debes tener datos, sin datos tú no puedes decir nada”.

 

 

Un asunto cultural

 

En abril de 2020 una publicación realizada en Facebook por Jimmy Sáenz, gobernador del Resguardo La Ceiba (Guainía), en donde se aprecian al menos unas 40 tortugas en un costal, que fueron destinadas al consumo, generó una gran controversia en las redes sociales sobre la preservación de la fauna y la cosmovisión de los pueblos originarios.

“Nosotros tenemos esa gran variedad de animales en nuestro territorio y nuestros indígenas se rebuscan su alimentación, el sustento de ellos es la caza que se hace por temporadas. No es una matanza”, le dijo Sáenz al Periódico El Morichal, un medio de comunicación del departamento, en su momento.

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Jimmy Sáenz junto al costalado de tortugas. Foto: Periódico El Morichal.

 

Según el antropólogo Pedro Juan Moreno, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la cacería es vital para los pueblos indígenas y está asociada al juego de roles, a los rituales de iniciación y al conocimiento del territorio.

“Hay unos rituales de iniciación que están marcados (cuando un indígena pasa de la niñez a la adolescencia), dependiendo el animal (cazado) y su tamaño, por ejemplo, esa persona puede ya tener su propio linaje, su propia familia”, explica Moreno.

José Antonio López recuerda que empezó en las artes de la cacería a muy temprana edad y toda su vida se ha alimentado con carne de monte. Dice que es como un regalo de la naturaleza. “Los abuelos mayores nos hacían alimentar con determinado animal para poder asumir un cargo tan importante entre nuestra sociedad indígena”.

Con el tiempo, el comercio de carne también alcanzó una connotación cultural para las comunidades, asegura el antropólogo de la ONIC. “La comercialización está ligada a la gobernanza y a la administración de su territorio. Ellos entienden muy bien el tema de la conservación y que la caza a gran escala destruye la simbología propia de sus elementos originarios, destruye al animal que representa sus orígenes”.

Además, la comercialización permite a centenares de indígenas que se han instalado en la ciudad o porque la frontera de caza se aleja cada vez más de sus territorios, conservar la práctica ancestral del consumo de carne de monte.

 

¿Existe riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas?

 

La pandemia del nuevo coronavirus evidenció las consecuencias que trae para el hombre la relación con los animales salvajes, sea para la domesticación o como alimento. Según el IPBES la agricultura, el comercio y el consumo de vida silvestre y sus productos derivados (para alimentos, medicamentos, pieles y otros productos) han provocado la pérdida de biodiversidad y enfermedades emergentes, incluidos el COVID-19.

 

El profesor Luis Polo, médico veterinario con un magíster en salud pública de la Universidad Nacional de Colombia y profesor asociado al departamento de Salud Animal de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de esta misma institución, explica que los animales silvestres tienen una serie de microrganismos propios que pueden ser trasmitidos al hombre a través del contacto, pero en nuestro país, principalmente a través del consumo.

“El riesgo que pueden tener esas comunidades es por el mal consumo de la carne, cuando no hay una apropiada cocción. Tenemos un riesgo de transmisión de parásitos, bacterias y muchos microorganismos”, asegura.

En Guainía las comunidades no reconocen alguna enfermedad que esté directamente asociada a la ingesta de carne de monte y no les preocupa el eventual desencadenamiento de un virus mortal debido al comercio de fauna silvestre muerta. “Nosotros no hemos tenido ningún problema con eso. Nos preocupan más los índices de mercurio que pueda tener el pescado o los animales de río por la contaminación provocada por la minería”, dice López.

A diferencia de muchos mercados de fauna silvestre del mundo, en Inírida, la mayor parte de los animales se comercializan muertos y vienen directamente de su hábitat natural, es decir, del monte a la olla. Para el profesor Polo esto ha controlado el brote de alguna enfermedad, contrario a lo que ocurre en África o Asia, donde los ejemplares pasan días en cautiverio en estrecho contacto con los humanos u otras especies antes de ser sacrificados.

Por ahora, en la plaza de El Paujil todo seguirá con la normalidad de siempre, hasta cuando el estudio que está en curso o las investigaciones que se realicen próximamente arrojen resultados que le permitan a las autoridades ambientales y de gobierno saber si el comercio de carne de monte en Inírida representa un problema o una oportunidad.

 

Esta investigación hace parte del especial periodístico ‘Historias en clave verde’, realizado bajo el proyecto de formación y producción ‘CdR/Lab Periodismo en clave verde’ de Consejo de Redacción (CdR), con el apoyo de la Deutsche Welle Akademie (DW) y la Agencia de Cooperación Alemana.

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Mundo
Descubren modificaciones muy tempranas realizadas por humanos en la selva amazónica
RPVRPV Publicado el 9 diciembre, 2020


Grupos humanos utilizaron fuego regularmente para limpiar pequeñas áreas abiertas en la selva. No obstante, el trabajo confirma que la deforestación es un fenómeno actual.

 

DICYT

 

En 2002, el profesor Alceu Ranzi  de la Universidad Federal de Acre y el profesor Martti Parssinen  de la Universidad de Helsinki, formaron un equipo de investigación internacional para estudiar geoglifos en el estado brasileño de Acre, en el suroeste de la Amazonia. Pronto descubrieron una civilización precolonial desconocida que construyó allí centros ceremoniales geométricos y sistemas de carreteras sofisticados. Una civilización que floreció en la selva hace 2000 años y que apoya la teoría del profesor William Balee  de la Universidad de Tulane, sobre un impacto humano temprano que alteró radicalmente esa selva amazónica prístina.

El equipo ha publicado ahora un nuevo estudio en la revista Antiquity en el que demuestra que esa civilización constructora de geoglifos tiene una historia mucho más larga de lo que se esperaba. Los miembros del equipo confirman que utilizaron fuego regularmente para limpiar pequeñas áreas abiertas en la selva tropical. Estas actividades comenzaron poco después de que terminara la última Edad de Hielo, miles de años antes de que se construyeran los primeros geoglifos.

Gracias al carbón que estos humanos dejaron en el suelo amazónico durante los últimos 10.000 años, ha sido posible medir sistemáticamente los valores de isótopos de carbono 13 de muchas muestras. A partir de estos valores, fue posible estimar la vegetación pasada y la precipitación. Los resultados indican que la vegetación principal del bosque y las precipitaciones se han mantenido sin apenas cambios durante los últimos 10.000 años hasta el siglo XX.

No se observaron evidencias de períodos más secos o formaciones de sabanas naturales o artificiales antes de que la colonización actual comenzara a penetrar en el suroeste de la Amazonia desde finales del siglo XIX y XX. Así, los autores argumentan que las teorías existentes sobre la formación de extensas sabanas en el suroeste de la Amazonia durante el período actual del Holoceno se basan en una interpretación errónea de la conexión entre la acumulación de carbón y los incendios naturales debido a períodos climáticos más secos. Estas interpretaciones no han tenido en cuenta la presencia humana milenaria en la Amazonía.

Alceu Ranzi asegura que «es posible que esas áreas abiertas tuvieran como objetivo atraer a grandes mamíferos, como perezosos gigantes y mastodontes, hasta que la megafauna desapareció para siempre”, según la información de la Universidad de Helsinki recogida por DiCYT.

Además, “las cenizas y el carbón fertilizaron el suelo y se prepararon zonas para el cultivo de palmeras, hortalizas y raíces útiles para la subsistencia humana». Martti Parssinen agrega que «probablemente no sea una coincidencia que hoy en día el suroeste de la Amazonia sea considerado uno de los centros de domesticación más importantes. La yuca/mandioca, la calabaza, el ají y el melocotonero parecen haber sido domesticados allí hace casi 10.000 años».

En todos los casos, los procesos de domesticación dejaron huellas importantes en la composición de la selva amazónica. El estudio muestra que los pueblos indígenas de la Amazonía han podido utilizar su medio ambiente de manera sostenible. «No hay indicios de que grandes áreas de bosque hayan sido deforestadas antes de la segunda mitad del siglo 20. La deforestación es un fenómeno actual», confirma Parssinen.

Imagen superior: Vista aérea del área Severino Calazans, una de las zonas investigadas/Martti Pärssinen

 

COLABORACIÓN PERIODÍSTICA

DICYT – RED PRENSA VERDE


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Pandemia
Madereros ilegales arrasan la Amazonia ecuatoriana en medio de la pandemia
RPVRPV Publicado el 14 septiembre, 2020


Por algunos ríos de las provincias de Orellana, Napo y Pastaza descienden miles de troncos que son talados por madereros furtivos que han encontrado la gallina de los huevos de oro en los territorios comunitarios de algunas nacionalidades indígenas y áreas naturales protegidas.

 

Daniela Aguilar / Mongabay Latam

 

“No recuerdo un periodo en el que se haya talado tanto”. “Es como el principio del fin”. “Una terrible conjunción de condiciones”. Así, algunos expertos consultados por Mongabay Latam expresan su preocupación por la tala desaforada que se viene dando en la Amazonía del Ecuador en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19. Entre las principales causas, mencionan la falta de control de la autoridad ambiental y el creciente interés de los madereros ilegales que se aprovechan de las circunstancias.

“La pandemia lo que ha hecho es exacerbar la tala”, sostiene en diálogo con Mongabay Latam, Xavier Solís, asesor jurídico de la Fundación Alejandro Labaka con sede en la ciudad de El Coca, provincia de Orellana, que trabaja con comunidades indígenas de la zona e intenta crear una cultura de paz en torno a los pueblos aislados. Para Solís “hay una falta de sensibilización en el tema de en qué lugares se puede talar, y sobre todo, en el cuidado de los Pueblos Indígenas en Aislamiento”.

Algunas comunidades indígenas se han convertido, además, en blanco de los madereros ilegales. Estos han llegado hasta sus territorios para convencerlos de que vendan la madera balsa de sus bosques. El que hayan accedido en algunos casos, explica Solís, es consecuencia de la ausencia del Estado durante la emergencia y la falta de asesoría técnica para aprovechar legalmente sus recursos sin convertirse en víctimas de los intermediarios.

Solís comenta que es un secreto a voces que el río Shiripuno, en Orellana, se ha convertido en vehículo para la movilización de los troncos que se talan en territorios de las comunidades ribereñas, principalmente waorani. La intersección del afluente con la vía Auca —a la altura de la Estación de Monitoreo de la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane (ZITT), establecida por el Estado para la preservación de los pueblos indígenas en aislamiento— se ha convertido en sitio de acopio de madera obtenida ilegalmente. Y no solo pasa allí. “En el caso de los kichwas, hay varias comunas en los márgenes del río Napo que están en esa situación y que son las más afectadas. El transporte se hace a través del río y la madera llega hasta Puerto Providencia [provincia de Sucumbíos], que conecta con Shushufindi, luego con Lago Agrio y por allí salen los camiones”, señala el abogado.

Tala ilegal en Ecuador. En un operativo en el que participaron Guardaparques del Yasuní, Fuerzas Armadas y Policía Ambiental, fue retenido un camión con 25 metros cúbicos de balsa en la parroquia Pompeya a mediados de junio 2020. Foto: MAE Orellana
En un operativo en el que participaron Guardaparques del Yasuní, Fuerzas Armadas y Policía Ambiental, fue retenido un camión con 25 metros cúbicos de balsa en la parroquia Pompeya a mediados de junio 2020. Foto: MAE Orellana

La incursión desmesurada de los madereros ilegales tuvo su punto más álgido durante los primeros meses de la pandemia, cuando “frente al puesto de control del Ministerio de Ambiente (MAE), que es la entidad que debería controlar la tala ilegal, se ubicó un aserradero”, indica Solís en referencia a la Estación de Monitoreo de la ZITT. “El Ejército hizo un operativo en el lugar y lo retiró, pero son aserraderos móviles que se pueden reubicar luego”, dice y agrega que a lo largo de la vía Auca, que es la entrada al Parque Nacional Yasuní, existen varios de esos aserraderos.

Aunque los expertos consultados señalan la falta de fiscalización del Estado, el Ministerio de Ambiente asegura que ha mantenido los puestos fijos de control forestal en carreteras desde el inicio de la emergencia sanitaria en Ecuador, el 11 de marzo, y que desde julio ha retomado las acciones de vigilancia que se hacen a las industrias forestales, que incluyen operativos de control en aserraderos y depósitos de madera. El resultado, señala el Ministerio en respuesta a un pedido de información hecho por Mongabay Latam, es de 181 retenciones de madera a nivel nacional, entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2020, que representan 3176 metros cúbicos. Solo entre julio y agosto ocurrieron 84 retenciones (46,4 %).

Fuentes:Policía, Ministerio de Ambiente y Fuerzas Armadas.

*En algunas retenciones no se informó el volumen de madera decomisado o el tipo de madera encontrado.

Fue en julio cuando se dispararon los reportes de la Policía y las oficinas provinciales de Ambiente sobre retenciones de madera ilegal. Se registraron 51 retenciones solo en ese mes y varias de ellas fueron realizadas en el puesto de control fijo ubicado a la altura del puente sobre el río Coca, en la ciudad de El Coca, capital de la provincia de Orellana. Pero ese punto de inspección se evade fácilmente, comenta Xavier Solís. “Hay varias rutas alternativas como una que se llama la vía Zorros, que conecta con Tena [provincia de Napo] a través de un camino de segundo nivel, una parte asfaltada y la otra de tierra. Por allí también transitan los camiones”, indica.

 

Extrayendo balsa sin control

 

“De verdad no hay mucho empleo, no hay empresa, no hay lugar que dé trabajo”, sostiene el presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE), Gilberto Nenquimo, para explicar por qué varias comunidades han sido sorprendidas por madereros que han llegado hasta sus territorios para ofrecerles dinero a cambio de sus árboles de balsa. Según señala, son once las comunas de su nacionalidad que han sido visitadas por los ilegales: tres en la provincia de Orellana, tres en Napo y cinco en Pastaza. Además, menciona los puertos fluviales por donde sacan los troncos extraídos del territorio waorani: Puerto Pitacocha en Pastaza, Puerto Coninpare en Napo y Shiripuno en Orellana.

Tala ilegal en Ecuador. Troncos de balsa extraídos ilegalmente fueron retenidos por la Dirección zonal de Sucumbíos del Ministerio de Ambiente y las Fuerzas Armadas en en el interior de la Reserva Biológica Limoncocha a mediados de julio 2020. Foto: MAE Sucumbíos.
Troncos de balsa extraídos ilegalmente fueron retenidos por la Dirección zonal de Sucumbíos del Ministerio de Ambiente y las Fuerzas Armadas en en el interior de la Reserva Biológica Limoncocha a mediados de julio 2020. Foto: MAE Sucumbíos.

No es una actividad colectiva, señala Gilberto Nenquimo, sino decisiones individuales que han generado conflictos al interior de las comunidades. Nenquimo reconoce que esta dinámica ha sido impulsada por los madereros, y que lo que ha hecho falta es la orientación del Estado en la extracción de balsa, un maderable que es permitido bajo regulación. “Antes era así: llegaban los balseros, conversaban con los waorani y comenzaban a talar. Por árbol pagaban entre tres y ocho dólares. Ahorita me están diciendo que ya bajó la balsa y que solo van a pagar dos dólares. Eso se llama aprovecharse”, sostiene. “Otro problema se crea porque ellos [los madereros] llevan licor a las comunidades, un licor que llamamos puro, y negocian: tanto de dinero [por la madera] y dos galones de puro”, agrega Nenquimo.

No solo los pueblos waorani y kichwa han sido enredados por los ilegales que han llegado a arrasar con todo. También ha sido el caso de la nacionalidad achuar, cuyo territorio abarca 800 000 hectáreas comprendidas entre las provincias amazónicas de Pastaza y Morona Santiago. “Hay apenas dos licencias [forestales] para las miles de balsas que se han talado en los últimos seis meses. Estoy hablando de 20 000 [árboles] que es el dato que tenemos, aunque algunos dicen que son más de 35 000 solo en territorio achuar. Es un volumen importante”, sostiene Belén Páez, directora ejecutiva de la Fundación Pachamama, quien conoce de cerca el caso de este pueblo indígena.

Tala ilegal en Ecuador. Madereros usan el río Shiripuno para movilizar balsa que talan ilegalmente de territorios de comunidades waorani que viven en el margen del afluente. Los troncos llegan hasta el puente en la vía Auca, donde son represados a la espera de ser cargados para su comercialización. Foto: Amazon Frontlines.
Madereros usan el río Shiripuno para movilizar balsa que talan ilegalmente de territorios de comunidades waorani que viven en el margen del afluente. Los troncos llegan hasta el puente en la vía Auca, donde son represados a la espera de ser cargados para su comercialización. Foto: Amazon Frontlines.

“El precio de venta de un tablar [de balsa] de exportación que pasa por varias fases de corte está en 0,85 dólares, pero se están vendiendo árboles de balsa de dimensiones gigantescas en cinco dólares. Entonces, no sabemos exactamente cuál es la pérdida a largo plazo para las familias que están dentro de este juego de especulación”, asegura Páez.

Hace un año, con la construcción de la vía a Copataza, que conecta al puerto fluvial de igual nombre con Puyo, la capital de la provincia de Pastaza, el pueblo achuar comenzó a afrontar la problemática de la tala. Según la Fundación Pachamama, esta situación se ha agravado durante estos últimos meses de pandemia. En este caso, los madereros se han servido de los ríos Copataza, Pastaza y sus afluentes para transportar la madera. Su blanco principal ha sido una serie de islas de balsa ubicadas en esa zona.

“Esta entrada desde Copataza hasta el bajo Pastaza es un recorrido donde hay más de 21 comunidades. Frente a estas comunidades hay islas de balsa y han entrado ya sea por necesidad, negligencia o falta de acuerdos de la nacionalidad. Según dice, el problema no acaba ahí pues una situación similar viven los indígenas shuar de Morona Santiago, al lado del río Upano.

Más pérdidas que beneficios para los indígenas

 

Gilberto Nenquimo, presidente de la nacionalidad waorani, dice que es consciente de las cuantiosas pérdidas que ha significado para su pueblo la participación de intermediarios en la venta de la madera. Por eso, asegura que solicitó por escrito la presencia del Ministerio del Ambiente (MAE) en territorio, para que les ayuden a establecer directrices en el aprovechamiento de balsa. Incluso, se ofreció a pagar los vuelos para movilizar a los delegados de la entidad. Pero nada se ha podido concretar. “Imagínate lo que hacen, cuando uno ofrece todo, pagado el vuelo, todo coordinado y que digan que han cambiado la agenda”, se queja Nenquimo y agrega que están luchando contra reloj para regular la situación.

Tala ilegal en Ecuador. Inspecciones en la Reserva Ecológica Mache Chindul, en la provincia de Esmeraldas, llevaron al decomiso de madera talada ilegalmente en el área protegida el 5 de junio 2020. Foto: Policía Ecuador.
Inspecciones en la Reserva Ecológica Mache Chindul, en la provincia de Esmeraldas, llevaron al decomiso de madera talada ilegalmente en el área protegida el 5 de junio 2020. Foto: Policía Ecuador.
Tala ilegal en Ecuador. Tres aserraderos clandestinos ubicados en el cantón Arajuno, provincia de Pastaza, fueron desarticulados en operativo realizados por el Ejército y la Unidad de Protección Ambiental de la Policía el pasado 23 de julio de 2020. Se retuvo madera de balsa. Foto: Google Earth
Tres aserraderos clandestinos ubicados en el cantón Arajuno, provincia de Pastaza, fueron desarticulados en operativo realizados por el Ejército y la Unidad de Protección Ambiental de la Policía el pasado 23 de julio de 2020. Se retuvo madera de balsa. Foto: Google Earth.

El MAE afirma que conoce de la existencia de “una gran demanda para el aprovechamiento de balsa en el país, presumiblemente debido a su valor comercial”. A pesar de lo que afirma Nenquimo, esa cartera de Estado asegura que, a través de sus Direcciones Zonales y Oficinas Técnicas distribuidas a lo largo del país, “generan procesos constantes de capacitación a comunidades indígenas, con la finalidad de dar a conocer los requisitos que establece la normativa forestal para que se haga un correcto aprovechamiento y movilización del recurso y de esta manera reducir el aprovechamiento ilegal de la balsa”. Sin embargo, el MAE no le especificó a Mongabay Latam cuáles comunidades han sido atendidas.

Por su parte, la directora de la Fundación Pachamama, Belén Páez, comenta que a través de la Defensoría del Pueblo están emprendiendo acciones encaminadas “a generar medidas de protección administrativas frente a la ilegalidad que ocurre en el aprovechamiento-deforestación de balsa en la provincia de Pastaza”. Según dice, se trata de acciones que cuestionan a los ministerios de Ambiente y Agricultura y a programas de políticas públicas que, incluso, tienen financiamiento internacional para trabajar esos temas, como es el caso de Proamazonia. Básicamente quieren saber qué es lo que están haciendo las entidades frente a esta situación.

Así mismo, Páez explica que la forma legal y técnica de talar la balsa incluye el establecimiento de un plan de manejo, la obtención de las debidas licencias ambientales y la incorporación de un plan de monitoreo para la debida restauración y reforestación, la cual debe ser inmediata. “Si es que no hay un manejo adecuado, ese pueblo o comunidad puede perder la oportunidad de volver a incursionar en esta actividad”, Recal.

 

Degradación: un fenómeno del que no se habla

 

Aunque la balsa no es una especie en peligro y, por sus características, crece en zonas secundarias en donde ha habido inundaciones de ríos o deslaves de tierra, su función no es menos importante para los bosques amazónicos. Así lo indica la directora ejecutiva de la Fundación Ecociencia, Carmen Josse, quien además menciona que “se están perdiendo estos rodales [conjunto grande de árboles] de balsa que son muy importantes para mitigar el tema de las inundaciones cuando hay crecidas”, indica.

Tala ilegal en Ecuador. En el sector Shiripuno de la parroquia Inés Arango, cantón Francisco de Orellana (Orellana), el Batallón de Operaciones Especiales Selva N° 54 desmanteló un aserradero ilegal a inicios de julio 2020. Foto: Cortesía.
En el sector Shiripuno de la parroquia Inés Arango, cantón Francisco de Orellana (Orellana), el Batallón de Operaciones Especiales Selva N° 54 desmanteló un aserradero ilegal a inicios de julio 2020. Foto: Cortesía.

En esa misma línea, Belén Páez agrega que “hay un balance perfecto en ese ecosistema amazónico, una red de conexiones que al momento de romperse genera varios tipos de eventos. En este caso, estamos viendo las inundaciones que se dieron hace pocos meses en la zona del [río] Bobonaza que afectaron a varias comunidades y que tienen que ver con esta pérdida de islas de balsa que son como barreras naturales”.

Páez destaca que la balsa no crece como mala hierba, como se dice popularmente. “Algunas pueden ser centenarias, van formando islas y meandros en los cauces de los ríos por cuestiones específicas de equilibrio”, comenta. Según dice, la tala de balsas provoca una inevitable pérdida de aves como el águila arpía y los papagayos, mamíferos como las nutrias de río, y una gran afectación de sitios de anidación de tortugas y caimanes.

Si bien es cierto que las islas de balsa del territorio achuar vienen siendo deforestadas durante la pandemia, en otros puntos de la Amazonía se está realizando su extracción selectiva, lo que lleva a un fenómeno de degradación. Según explica Josse, “la forma más común de medir las emisiones y pérdidas de áreas boscosas es la deforestación. Pero hay todo un tema de degradación que es distinto. En ese caso, la tecnología de medición y monitoreo no está enfocada en identificar la pérdida de un área determinada de bosque sino la disminución de su biomasa, de su densidad”, explica y añade que la selva amazónica “está perdiendo su calidad, su integridad y sus árboles semilleros porque estamos sacando todo lo que podemos sacar: madera vendible, comerciable”.

Para Josse es preocupante que las mediciones ambientales que realiza el Estado no tengan en consideración el fenómeno de degradación. “Todos nuestros esfuerzos, toda la cooperación que recibe el país por los temas de cambio climático, todo está enfocado en detener la deforestación pero no estamos haciendo lo suficiente por entender, monitorear y enfrentar la degradación, que es mucho más importante en términos de emisiones forestales”.

Tala ilegal en Ecuador. Troncos de balsa extraídos ilegalmente fueron retenidos por la Dirección zonal de Sucumbíos del Ministerio de Ambiente y las Fuerzas Armadas en en el interior de la Reserva Biológica Limoncocha a mediados de julio 2020. Foto: MAE Sucumbíos.
Troncos de balsa extraídos ilegalmente fueron retenidos por la Dirección zonal de Sucumbíos del Ministerio de Ambiente y las Fuerzas Armadas en en el interior de la Reserva Biológica Limoncocha a mediados de julio 2020. Foto: MAE Sucumbíos.
Tala ilegal en Ecuador. En un operativo en el que participaron Guardaparques del Yasuní, Fuerzas Armadas y Policía Ambiental, fue retenido un camión con 25 metros cúbicos de balsa en la parroquia Pompeya a mediados de junio 2020. Foto: MAE Orellana
En un operativo en el que participaron Guardaparques del Yasuní, Fuerzas Armadas y Policía Ambiental, fue retenido un camión con 25 metros cúbicos de balsa en la parroquia Pompeya a mediados de junio 2020. Foto: MAE Orellana

La directora ejecutiva de Ecociencia explica que del total de biomasa forestal que ha perdido el Ecuador en un periodo de 14 años (2003 – 2016), el 78% se debe a degradación y el 22% restante a deforestación. Esto en referencia al estudio regional en el que participó Ecociencia junto a la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG). “En términos porcentuales, Ecuador es uno de los países con el índice más alto de degradación”, agrega

Otro punto importante que destaca Josse, y con el que coinciden algunos de los expertos consultados, es que la política forestal ecuatoriana no considera las complejidades del país, que tiene su mayor patrimonio forestal en la Amazonía en manos de los pueblos y comunidades indígenas. “¿Cómo debemos manejar ese patrimonio? No es lógico que se trate a esos bosques con esa riqueza como se trata a cualquier plantación forestal de eucalipto, pino o teca […] debe dimensionarse el problema y debe hacerse un proceso adecuado que incluya una política coherente y consciente. No se puede simplemente cerrar los ojos”, sostiene.

Por ejemplo, en el caso de la balsa en territorio achuar, “no está dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) pero cabe la casualidad de que son territorios en mejor estado de conservación porque no ha habido carreteras que expandan la frontera petrolera y minera”, comenta Belén Páez, pero enfatiza en que eso está cambiando con la vía a Copataza, promovida por el gobierno local de Pastaza dentro de su plan de conectividad.

El peligro ronda las áreas protegidas y los pueblos aislados

 

Algunos expertos piensan que las áreas protegidas están en riesgo debido al acelerado aumento de la tala en medio de la pandemia, la osadía de los madereros y el debilitamiento institucional del Ministerio de Ambiente; como consecuencia de la disminución presupuestaria que mantiene en incertidumbre a cerca de 200 guardaparques cuyos contratos ocasionales vencen a finales del 2020.

Tala ilegal en Ecuador. Signos de tala el Parque Nacional Cotacachi Cayapas. Foto: Cortesía.
Signos de tala el Parque Nacional Cotacachi Cayapas. Foto: Cortesía.

El pasado 5 de junio se retuvieron 18,65 m3 de madera que había sido talada de la Reserva Ecológica Mache – Chindul de Quinindé, provincia de Esmeraldas. El 17 de julio se registró la retención de 13,5 m3 de madera de balsa, cortada y apilada, al interior de la Reserva Biológica de Limoncocha en Shushufindi, provincia de Sucumbíos. Pocos días después, el 23 de julio, una inspección en el Parque Nacional Cotacachi Cayapas, en Esmeraldas, detectó zonas de tala, aunque no se registró ninguna incautación.

“Hay un fenómeno que no es oculto y es que la madera, como la balsa, se está terminando en los territorios comunitarios. Si no existe en territorios comunitarios, van a entrar en los parques nacionales, en las zonas intangibles”, señala Xavier Solís, asesor jurídico de la Fundación Alejandro Labaka y agrega que en El Coca, provincia de Orellana, los madereros  lograron talar en terrenos que pertenenecen a las Fuerzas Armadas. “Si es que pueden entrar a estos lugares de los militares, entran en cualquier lugar”, dice. Mongabay Latam consultó con los militares para confirmar si interpusieron una denuncia por este hecho, pero hasta el momento no se ha obtenido una respuesta.

Con Solís coincide un guardaparque del Yasuní que accedió a hablar con Mongabay Latam bajo la premisa de ocultar su identidad, por temor a represalias en época de recortes. “Cuando encuentran el mercado para el aprovechamiento de madera, [los taladores] no ven límites y se dan los modos para llegar hasta los puntos donde existe el recurso”, comenta. En el Yasuní existen 45 guardaparques que tienen a su cargo la protección de un millón de hectáreas, con la complejidad que implica la coexistencia de varias nacionalidades indígenas, actividades petroleras y la presencia de pueblos en aislamiento voluntario.

Tala ilegal en Ecuador. Seis camiones que transportaban 203 metros cúbicos de madera de balsa ilegal fueron retenidos el 18 de julio de 2020 en el sector de Puerto Providencia, Shushufindi (Sucumbíos). Justo a un extremo del río Napo, por donde es transportada madera talada de comunidades kichwa. Foto: MAE Sucumbíos.
Seis camiones que transportaban 203 metros cúbicos de madera de balsa ilegal fueron retenidos el 18 de julio de 2020 en el sector de Puerto Providencia, Shushufindi (Sucumbíos). Justo a un extremo del río Napo, por donde es transportada madera talada de comunidades kichwa. Foto: MAE Sucumbíos.

Aunque los guardaparques del Yasuní no han registrado retenciones de madera ilegal durante la emergencia sanitaria, el funcionario entrevistado reconoce que “por esta cuestión de la pandemia no se ha podido movilizar mucho el personal”.

En este contexto de tala en medio de la pandemia, hay especial preocupación por los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, que podrían ser afectados por las actividades madereras en los territorios waorani de las riberas del río Shiripuno, en la franja de amortiguamiento de la Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT). “A lo largo de la historia están registrados los enfrentamientos que han existido entre madereros y pueblos aislados, incluso algunos madereros han sido lanceados, pero no sabemos cuántos de los aislados han muerto a manos de madereros que entran armados a la selva”, sostiene Xavier Solís. Y a eso se suma la construcción de una vía petrolera en el corazón del Parque Nacional Yasuní y al borde de la ZITT. “No es un sendero ecológico, sino una carretera de 4,4 kilómetros que está llegando al lugar donde transitan y viven los pueblos en aislamiento voluntario. Es clarísimo el impacto de la deforestación”, asegura la integrante del Colectivo Geografía Crítica, Amanda Yépez.

Imagen superior: Tres aserraderos clandestinos ubicados en el cantón Arajuno, provincia de Pastaza, fueron desarticulados en operativo realizado por el Ejército y la Unidad de Protección Ambiental de la Policía el pasado 23 de julio de 2020. Se retuvo madera de balsa. Foto: Policía Ecuador.

 


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Impacto  / Paz
PNN Chiribiquete perdió 2.200 hectáreas en menos de un año
RPVRPV Publicado el 14 junio, 2019


Desde julio de 2018, cuando se amplió el Parque Nacional, reportan pérdidas  de 1.650 hectáreas en su zona norte y 555 en el área occidental.

 

ANTONIO PAZ CARDONA / MONGABAY LATAM

 

La deforestación en la Amazonía norte de Colombia no deja de ser una preocupación. El último boletín de alertas tempranas de deforestación del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) dejó claro que el principal núcleo se encuentra en el occidente del departamento de Caquetá, en inmediaciones de los ríos Yarí, Caguán y Quemaní afectando, incluso, al Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete.

La preocupación es tal que en abril de este año el Gobierno adelantó un operativo donde se recuperaron 120 hectáreas de esta área protegida y se capturaron a 10 personas —aunque posteriormente fueron dejadas en libertad—. Días después, el presidente Iván Duque anunció el lanzamiento de la Operación Artemisa para frenar lo que definió como “la hemorragia deforestadora de los últimos años”, recuperar la selva húmeda tropical y judicializar a quienes están detrás de la cultura deforestadora. Artemisa se concentraría inicialmente en el Parque Chiribiquete y el Área de Manejo Especial de la Macarena (AMEM), donde se encuentran otros tres parques afectados por la deforestación: Picachos, Macarena y Tinigua.

A esta gran preocupación se suma el último reporte del Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP), una iniciativa de la organización Conservación Amazónica (ACCA), que acaba de publicar el análisis La deforestación continúa en la Amazonía Colombiana (2019). En este nuevo reporte se indica una pérdida de bosque en la región amazónica colombiana de 56 300 hectáreas en los primeros cinco meses de este año y, además, se revela una pérdida de 2200 hectáreas al interior del Chiribiquete desde su ampliación en julio de 2018.

 

 

Poco a poco van entrando al Chiribiquete

 

Una de las cifras más alarmantes del reporte es que el parque Chiribiquete ha perdido más de 2000 hectáreas en menos de un año, desde que el expresidente Juan Manuel Santos anunciara su ampliación en 1,4 millones de hectáreas. Para hacer este cálculo MAAP utilizó las alertas tempranas GLAD, basadas en imágenes Landsat de 30 m de resolución, que son producidas por la Universidad de Maryland y presentadas por Global Forest Watch.

El reporte muestra que los puntos calientes de deforestación están concentrados en el noroeste de la Amazonía colombiana, alrededor de los Parques Nacionales Chiribiquete, Tinigua y Macarena, y la Reserva Nacional Nukak. Las principales causas de esta pérdida de bosque son “la conversión a pastos para el acaparamiento de tierras y la ganadería”, según indica el informe.

Puntos calientes de deforestación en la Amazonía colombiana, 2019. Datos: UMD/GLAD, RUNAP, RAISG.

Puntos calientes de deforestación en la Amazonía colombiana, 2019. Datos: UMD/GLAD, RUNAP, RAISG.

La situación es más preocupante para el país cuando se comparan los datos de deforestación de Colombia con los de otros países que también comparten el bioma amazónico. “La mayor concentración de pérdida de bosque del 2018 de toda la región amazónica occidental se encuentra ubicada en el noroeste de la Amazonía colombiana”, le dice Matt Finer, director de MAAP, a Mongabay Latam. Su afirmación se sustenta en otro reporte previo donde muestran el panorama de deforestación de la Amazonía occidental desde una perspectiva regional.

Los análisis del nuevo reporte para Colombia se concentran en dos puntos críticos. El primero se ubica en los llanos del Yarí, en el Chiribiquete occidental. Imágenes satelitales que comparan la zona en febrero de 2018 con mayo de 2019 muestran cómo han aumentado los parches de selva talada. Solo en esta zona se estima una pérdida de bosque de 555 hectáreas, entre julio del año pasado y mayo de este año.

Zoom A. Chiribiquete Occidental (Llanos de Yarí). Datos: Planet.

Zoom A. Chiribiquete Occidental (Llanos de Yarí). Datos: Planet.

El IDEAM en su reporte 17 de alertas de deforestación asegura que “en esta zona, el proceso de colonización es acelerado, ocasionando una demanda creciente de recursos y nuevas tierras que es incentivada por la reconfiguración de grupos armados organizados y por la ausencia de control estatal a escala local”.

El instituto de investigación ambiental asegura que los pastizales constituyen la principal cobertura a la cual se transforma el bosque, destinados a la actividad ganadera o a la usurpación de tierras, y añade que “esta transformación se ve potenciada a través de la red vial terciaria de la zona, que permite el acceso a nuevas áreas de bosque y a las quemas como método de remoción rápida de la cobertura. El núcleo cuenta también con cultivos de uso ilícito”.

La segunda zona sobre la que MAAP hace énfasis es la parte norte del parque Chiribiquete, en el área de su más reciente ampliación. Esta vez la comparación satelital muestra dos imágenes, una de febrero de 2018 y otra de abril de 2019, las cuales se acompañan por fotografías de sobrevuelos realizadas por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS). En este punto crítico se habrían perdido 1650 hectáreas desde que el Parque se amplió en julio del año pasado.

Cuadro A1. Sobrevuelo en el Parque Nacional Chiribiquete. Foto: Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

Cuadro A1 del Zoom A. Sobrevuelo en el Parque Nacional Chiribiquete. Foto: Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

 

Cuadro A2. Sobrevuelo en el Parque Nacional Chiribiquete. Foto: Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).
Cuadro A2 del Zoom A. Sobrevuelo en el Parque Nacional Chiribiquete. Foto: Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

Al igual que en la región de los Llanos del Yarí, la principal estrategia aquí, según el IDEAM, es crear pastizales con fines de usurpación de tierras o para actividades ganaderas.

Como ha sido reconocido por diferentes autoridades colombianas y por el mismo presidente Iván Duque, esta transformación generalmente es financiada por actores externos, cuya principal motivación es la expectativa de valorización de tierras para generar ganancias futuras. Además, los actores armados presentes en la zona promueven el desarrollo de actividades agrícolas de uso ilícito, así como la expansión de infraestructura vial informal que afecta a los bosques al facilitar el acceso para su intervención.

 

Una deforestación que no parece detenerse

 

La tecnología satelital ha permitido a diversas instituciones conocer con precisión las zonas de la Amazonía más afectadas por la deforestación. “Muchos hablan en términos generales de la grave situación en Chiribiquete, pero gracias a los satélites ya sabemos con más exactitud lo que está pasando y dónde. Las fotos de sobrevuelo de la FCDS también nos dan hoy un contexto importante”, afirma Matt Finer, director de MAAP.

Zoom B. Zona Norte del Parque Nacional Chiribiquete. Datos: Planet.

Zoom B. Zona Norte del Parque Chiribiquete. Datos: Planet.

Cuadro B1. Sobrevuelo en el Parque Nacional Chiribiquete. Foto: Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

Cuadro B1 del Zoom B. Sobrevuelo en el Parque Nacional Chiribiquete. Foto: Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

Finer comenta que el avance acelerado de la deforestación no solo se da en este Parque —el más grande de la zona continental colombiana—, sino que pronto publicarán un nuevo reporte sobre las presiones que enfrentan los Parques Nacionales Tinigua y Macarena, y la Reserva Nacional Nukak.

La salida de la guerrilla de las Farc de estas áreas, que antes eran sus resguardos de guerra, significó un vacío de poder que poco a poco fueron llenando otros grupos ilegales que se han aprovechado de la acción tardía del Estado. El aumento de la deforestación en Colombia es una tendencia evidente desde 2016, cuando la pérdida de bosque fue de 178 597 hectáreas, pasando a 219 973 hectáreas en 2017. Las proyecciones del IDEAM podrían ubicar la de 2018 entre 280 000 y 300 000 hectáreas y solo la región amazónica concentra más del 60 % de la deforestación.

Rodrigo Botero, director de la FCDS, destaca el aumento de cultivos de coca en Parques como Macarena y Tinigua, y cómo esto también es visible en Chiribiquete y Nukak. Por ejemplo, la tendencia histórica que tenía Tinigua, de más ganadería que coca, parece estar invirtiéndose.

Al director de la FCDS le preocupa, al igual que a MAAP, lo que sucede en Chiribiquete. “Hay un proceso bien importante de deforestación a gran escala de la región entre Meta y Caquetá, y las cabeceras del río Yarí. Esto es tremendamente delicado porque además de estar entrando en Chiribiquete, se está entrando en territorio donde se tienen los registros de movilidad de pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Coincide también con la presencia de grupos armados”.

Cuadro B2. Sobrevuelo en el Parque Nacional Chiribiquete. Foto: Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

Cuadro B2 del Zoom B. Sobrevuelo en el Parque Chiribiquete. Foto: Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

 

Varios de los núcleos más grandes de deforestación están concentrados en el noroeste de la Amazonía colombiana, alrededor de los Parques Nacionales Chiribiquete, Tinigua y Macarena, y la Reserva Nacional Nukak.

 

Cuadro B3. Sobrevuelo en el Parque Nacional Chiribiquete. Foto: Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

Cuadro B3 del Zoom B. Sobrevuelo en el Parque Chiribiquete. Foto: Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

Botero llama la atención sobre el tamaño y la dimensión de la inversión deforestadora que se está haciendo, la cual, dice, “no es de pequeños campesinos, es de grandes inversiones con casas enormes y corrales enormes. Una dimensión muy poderosa”.

La bióloga colombiana Dolors Armenteras, experta en transformaciones del paisaje, también le dijo recientemente a Mongabay Latam que a toda esta problemática se suma que “dentro de Parques como Macarena, Picachos y Tinigua hay propiedad privada a la que nunca se le solucionó su titulación. La gente no puede vender y se genera un mercado negro, que no se sabe cómo opera, pero donde existe la expectativa de que eso algún día valdrá mucho”.

Armenteras cree que durante 2019 la deforestación seguirá aumentando porque la frontera de colonización en la Amazonía no tiene límites y los especuladores van a seguir así, trabajando sobre los valores de la tierra en el futuro y con proyectos agropecuarios de gran escala.



*Sobrevuelo en el Parque Nacional Chiribiquete. Foto: Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

 

 

ALIANZA INFORMATIVA 
MONGABAY LATAM – RED PRENSA VERDE 


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Impacto
La peor devastación en la historia de la Amazonía
RPVRPV Publicado el 23 enero, 2019


Un mapa con más de 2000 puntos identifica el avance de la minería ilegal en 96 áreas naturales protegidas de la cuenca amazónica.

 

Ivette Sierra / Mongabay Latam

 

La Amazonía está siendo arrasada por el oro. Un metal que era sagrado para muchos pueblos indígenas porque representaba al sol en la tierra, ahora se ha convertido en una amenaza para sus territorios y para la vida misma de la selva tropical de Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, seis de los países amazónicos de América del Sur.

El especial Amazonía saqueada reporta 2312 sitios con actividad minera ilegal y 245 áreas de extracción no autorizadas en las que se explota oro, diamantes y coltán. La información ha sido puesta en un mapa interactivo en el que se puede explorar cada uno de los lugares que han sido identificados gracias a la recopilación de imágenes satelitales, reportes de comunidades indígenas de la zona, informes de organizaciones que monitorean los bosques y noticias publicadas en la prensa.

Imágenes de la minería ilegal en el Parque Nacional Canaima, en Venezuela. Foto: Charles Brewer Carias

Imágenes de la minería ilegal en el Parque Nacional Canaima, en Venezuela. Foto: Charles Brewer Carias

De todos los puntos mapeados, la mayoría se encuentra en Venezuela (1899), seguido por Brasil (321), Ecuador (68) y Perú (24), precisa el estudio elaborado por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) e InfoAmazonía, en coordinación con otras ocho instituciones latinoamericanas.

En cuanto a las áreas, Brasil está en el primer lugar con 132 seguido por Perú con 110, todas ubicadas en Madre de Dios, la región de la Amazonía que tiene la mayor degradación causada por la extracción de oro.

La diferencia entre puntos y áreas consiste en que los primeros no tienen límites precisos en las imágenes satelitales, pero se identifica la actividad ilegal. En cambio las áreas si tienen contornos definidos de tal manera que se puede ver su extensión desde el aire, explica Julia Jacomini, investigadora de la RAISG. “Estas precisiones han sido importantes para el mapa, pero en el campo, todas son zonas de minería ilegal”.

 

El mapa de la devastación

 

Por primera vez, Latinoamérica cuenta con una plataforma regional sobre este problema. El mapa interactivo permite conocer la ubicación exacta de cada uno de los más de 2000 puntos identificados y saber qué tipo de mineral se extrae de este lugar, si ya ha sido cerrado, si aún está activo y qué maquinarias o insumos se utilizan, entre otros datos.

Mapa muestra más de dos mil puntos identificados con presencia de minería ilegal en la Amazonía. Fuente: RAISG / InfoAmazonía.

Mapa muestra más de dos mil puntos identificados con presencia de minería ilegal en la Amazonía. Fuente: RAISG / InfoAmazonía.

“Tener un mapa con todos los lugares identificados de minería ilegal en la Amazonia es una gran conquista. Por primera vez tenemos una visión panamazónica de este problema y entendemos que la minería ilegal es un problema transfronterizo”, agrega Jacomni.

Para Francisco Román, director científico del Centro de Innovación Científica Amazónica (Cincia), institución que realiza investigaciones en Madre de Dios, también “es relevante que se plantee el problema de la minería ilegal como un tema regional, una amenaza al bosque amazónico al que se debe poner mucha atención porque está creciendo muy rápido”. El investigador agrega que el avance de esta actividad ilegal va por delante de la capacidad de los Estados para reaccionar. “El estudio deja ver, entre líneas, que los reflejos de los Estados no están siendo efectivos ni certeros”, dice.

Madre de Dios es la región de la Amazonía más devastada por efecto de la minería ilegal. Foto: CEVAN / FAP

Madre de Dios, en Perú, es la región de la Amazonía más devastada por efecto de la minería ilegal. Foto: CEVAN / FAP

La minería ilegal está causando efectos devastadores en la Amazonía por la presencia de dragas, barcas y otros equipos utilizados para la extracción de oro que acaban con los bosques, así como por el uso indiscriminado de mercurio que genera daños a la salud de las poblaciones locales ─principalmente indígenas─ y afecta a ríos y peces.

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) no están libres de las actividades ilegales, pues según el informe, de las 649 ANP identificadas, 55 tienen puntos de minería ilegal activos o balsas dentro de sus límites y 41 sufren daños indirectos, ya sea en áreas de amortiguamiento o en sus fronteras.

Lo que está ocurriendo en la Amazonía se asemeja a una epidemia pues la avidez por minerales valiosos está por todas partes, dice el estudio. “El problema nunca ha sido peor en la historia”, comentó Alicia Rolla, una de las coordinadoras de RAISG.

Un sobrevuelo sobre la Reserva Nacional Tambopata demostró la presencia de minería ilegal dentro de la zona protegida. Foto: Yvette Sierra Praeli.

Un sobrevuelo sobre la Reserva Nacional Tambopata demostró la presencia de minería ilegal dentro de la zona protegida. Foto: Yvette Sierra Praeli.

Según la publicación La realidad de la minería ilegal en países amazónicos, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, para el 2014 ya había cerca de 600 000 personal dedicadas a esta actividad. Se presume que ahora esta cifra ha aumentado exponencialmente debido al alza del precio del mineral.

 

Extracción ilegal en la región

 

En Brasil, la presión de la minería ilegal es intensa sobre la región del río Tapajós donde, además, las comunidades indígenas son amenazadas cuando intentan oponerse a esta actividad no autorizada, según informa un artículo de la Deutsche Welle.

Las ANP ubicadas a lo largo de esta cuenca también están siendo impactadas. Según una investigación del Instituto Socioambiental (ISA) —citado en el estudio—, la Floresta Nacional de Altamira, una zona protegida situada al noroeste del estado de Pará, ha tenido una rápida transformación en los sectores de los ríos Novo, Branco y Jamanxim, donde se ha instalado un campamento minero de 6.5 kilómetros de extensión.

 

Vista aérea de zonas de extracción ilegal de oro en el territorio indígena Yanomami, cerca de la comunidad Ye’kwana, en Waikás, Brasil. Foto: Rogério Assis/ISA

Perú enfrenta la misma devastación. “La minería ilegal en Madre de Dios ha contribuido a que la deforestación en ese país alcance niveles jamás registrados”, se indica en Amazonía saqueada. Y en esta región, la destrucción también se ha internado en una de sus áreas protegidas: la Reserva Nacional Tambopata.

Informes del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) utilizados en este estudio dan cuenta de cómo esta actividad ilegal ingresó a la reserva a partir del año 2015. A través de imágenes satelitales se observa cómo en setiembre de ese año el territorio no había sido afectado y solo dos meses después ya mostraba zonas deforestadas dentro de la reserva causadas por minería ilegal. Otro análisis de MAAP presentado en abril del año pasado indica que la deforestación causada por la minería entre enero de 2017 y febrero de 2018 fue de 1320 hectáreas, en las áreas de La Pampa (sector Balata), Alto Malinowski y en la Reserva Nacional Tambopata.

Un análisis de imágenes satelitales en el año 2015 mostró cómo ingresó la minería ilegal a la Reserva Nacional de Tambopata. Fuente: MAAP.

Un análisis de imágenes satelitales en el año 2015 mostró cómo ingresó la minería ilegal a la Reserva Nacional de Tambopata. Fuente: MAAP.

Francisco Román, de Cincia, señala que, otros países como Ecuador, Colombia y Venezuela, donde no se están haciendo investigaciones, están poniendo “mucha atención a la información que se está generando en Madre de Dios porque lo ven como un referente de lo que podría suceder en sus territorios”. Según una investigación de este centro, en apenas cinco años hubo una pérdida forestal de 170 mil hectáreas, una cifra 30 % mayor que la anunciada previamente por otros monitoreos.

Venezuela también es un país fuertemente impactado por la minería ilegal con más de 1800 lugares donde se visualiza la actividad. Uno de los casos más significativos corresponde a la presencia de la minería aurífera desde la década de 1980 en el Parque Nacional de Yapacana, entre los ríos Orinoco y Ventuari, una actividad cuya ilegalidad se hizo visible con las alianzas entre los mineros y los miembros disidentes de guerrillas colombianas. Un informe reciente de académicos, periodistas y autoridades del Estado de Amazonas ha denunciado que los disidentes de las guerrillas administran todas las minas.

Por su parte, en Colombia,  la extracción ilegal de oro y coltán de la región amazónica se desarrolla en las cuencas de los ríos Putumayo, Caquetá, Apaporis, Guainía e Inírida, entre otros. Esta actividad afecta áreas de manejo especial (territorios indígenas, parques nacionales, sitios Ramsar, reservas forestales y zonas fronterizas).

La minería ilegal avanza rapidamente en todos los países de la región. Foto: André Bärtschi / WWF Regional.

La minería ilegal avanza rapidamente en todos los países de la región. Foto: André Bärtschi / WWF Regional.

En Bolivia se presenta un problema para definir la ilegalidad de esta actividad, comenta Marco Gandarillas, director del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB). El investigador dice que “en todos los países no se identifica de la misma forma la actividad ilegal” y menciona que en su país existe una situación compleja con las autorizaciones a las cooperativas mineras.

En el área del Parque Nacional Madidi y la Reserva de la Biósfera Pilón Lajas, por ejemplo, existen 41 operaciones de minería y a pesar de la evidente amenaza causada por la explotación dentro del área protegida, el estudio indica que esta actividad fue legalizada por el gobierno.

Gandarillas recuerda que la minería ilegal está ligada a la criminalidad y a problemas de derechos humanos muy fuertes como la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, un tema que ya ha sido recogido en un estudio de Unicef. “Que se haya centrado la atención en la minería ilegal a nivel regional ayuda a tener claridad sobre un fenómeno complejo. Es importante la dimensión geográfica del problema que ahora es visible en el mapa”, dice. Sin embargo, considera que, en conjunto, el saldo regional es negativo. “Los mapas muestran que se ha desbordado, que el control de los Estados es insuficiente y que está aumentando a niveles muy acelerados”, añade.

 

La presencia del mercurio

 

Un tema importante, sobre el que hace énfasis el estudio, es el uso del mercurio en la actividad ilegal y cómo este elemento está causando efectos severos en la salud de las personas y en el medio ambiente, principalmente a las comunidades indígenas.

El Centro de Innovación Científica Amazónica realiza investigaciones sobre la presencia de mercurio en peces Foto: Cortesía CINCIA.

El Centro de Innovación Científica Amazónica realiza investigaciones sobre la presencia de mercurio en peces Foto: Cortesía CINCIA.

Los peces, principal alimento de los pueblos nativos y ribereños, son también un problema de salud pública, pues estudios han revelado la acumulación de mercurio por encima de los niveles recomendados de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Un estudio hecho por Cincia en Perú, publicado en el 2018, revela que los niveles de mercurio en peces son 43 % mayores en pozos abandonados por la minería de oro que en áreas donde no existen campamentos mineros. En Venezuela se hizo un estudio en el año 2010 en los peces consumidos por las comunidades de la cuenca del río Caura y todas las muestras arrojaron valores medios más altos que el permitido por la OMS.

Una de las regiones más afectadas por el mercurio en la Amazonía es el territorio Yanomami, que se extiende entre Brasil y Venezuela. En esa zona se tomaron más de 200 muestras de cabello a la población indígena y el resultado más alarmante fue el caso de la comunidad Yanomami de Aracaçá, en la región de Waikás, en Brasil donde el 92 % del total de las muestras presentaron alto índice de contaminación.

En Colombia la zona más afectada por el mercurio es la cuenca del río Caquetá. Foto: Radiomacondo.fm

Las cuenca del río Caquetá es la zona más afectada por el mercurio en Colombia. Foto: Radiomacondo.fm

 

En Colombia la zona más afectada por este mineral es la cuenca del río Caquetá. En este país, un estudio del Instituto Nacional de Salud de Colombia en el río Apaporis reveló que hasta el 80 % de las poblaciones indígenas en esta región están contaminadas por mercurio.

Para el 2015 Bolivia registraba 20 veces más mercurio utilizado en el país, en comparación con el  2010, según cifras del CEDIB citadas en este informe. Una publicación del gobierno boliviano en 2016 da cuenta que, con 133 toneladas de mercurio liberadas al año, Bolivia es el tercer país de América en emisiones del mineral.

Debido a la grave situación de contaminación por mercurio en varios países, la Organización de las Naciones Unidas adoptó, en el año 2013, el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, un tratado mundial para proteger la salud humana y el medio ambiente de sus efectos adversos. El acuerdo firmado hasta ahora por 101 países prevé un mayor control de la importación, comercialización y descarte de mercurio. Salvo Colombia y Venezuela, todos los otros países amazónicos han suscrito y ratificado este convenio.

Lagunas de mercurio y gasolina destruyen los bosques. Foto: Ana Gisela Pérez.

Lagunas de mercurio y gasolina destruyen los bosques. Foto: Ana Gisela Pérez.

 

Mariano Castro, exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente del Perú, recuerda que los países firmantes están comprometidos a elaborar sus planes de acción para reducir o eliminar el uso del mercurio en las actividades mineras. Castro considera que el problema exige una respuesta regional y debe incluir tanto a los países productores como a los compradores del oro. “Se requieren estrategias convergentes y acuerdos internacionales que incluya corresponsabilidad de todas las partes”.

 

El problema en territorio indígena

 

Las comunidades indígenas también padecen la amenaza de la minería ilegal. Según el estudio de RAISG, de los 6207 territorios indígenas identificados 180 tienen actividad minera ilegal dentro de su territorio o en los límites de estos. De ellos, 64 están ubicados en Perú.

Se calcula que que cinco mil mineros operan ilegalmente en la Tierra Indígena Yanomami. Foto: Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba.

Se calcula que que cinco mil mineros operan ilegalmente en la Tierra Indígena Yanomami. Foto: Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba.

 

Un caso preocupante es el de Puerto Luz, una de las diez comunidades de la Reserva Comunal Amarakaeri, en la Amazonía peruana, que enfrenta la extracción indiscriminada de oro. Walter Qertehuari, presidente de la Reserva Comunal Amarakaeri, dice que su comunidad no solo enfrenta una situación crítica por la presencia de la minería ilegal. “Nuestros territorios corren peligro por las actividades extractivistas como la minería y la tala ilegal”, comenta.

En Brasil y Venezuela se estima que 5000 mineros operan ilegalmente en la Tierra Indígena Yanomami. Entre 1987 y 1989 los Yanomami llegaron a contar 2003 balsas con dragas trabajando cerca de la comunidad de Waikas, para 1991 estas fueron cerradas. Sin embargo, en el 2010 los ilegales regresaron y para finales de 2013 las balsas ya eran 42. En el 2016, un sobrevuelo identificó 49.

Bosques arrasados por la minería ilegal en el Parque Nacional Canaima, en Venezuela. Foto: Javier Mesa.

Bosques arrasados por la minería ilegal en el Parque Nacional Canaima, en Venezuela. Foto: Javier Mesa.

En la provincia de Zamora Chinchipe, en Ecuador, el megaproyecto minero Mirador ya ha deforestado 1307 hectáreas entre el 2009 y el 2017. Se trata de una concesión minera otorgada por el gobierno, pero que en mayo de 2018 tuvo que suspender el 40 % de sus obras por incumplimientos ambientales.

Los impactos de la minería ilegal son graves violaciones a los derechos humanos. La contaminación del agua y la expulsión de pueblos indígenas en aislamiento voluntario son algunos indicios de los daños al bien común. Además del impacto ambiental, existe un impacto cultural y económico en la perpetuación de la minería, se indica el estudio.

“Ahora tenemos una visión mayor de lo que sucede con la minería ilegal en la Amazonía y esperamos que exista coordinación entre los gobiernos para enfrentar este problema transfronterizo y lograr que el delito pueda combatirse”, precisa Jacomini de la RAISG.

Imagen : Tierra indígena Yanomami, Roraima, Brasil. Rogério Assis – Instituto Socioambiental.

ALIANZA PERIODÍSTICA 

MONGABAY LATAM – REDPRENSAVERDE


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Comunidad  / Región
Piden retirar proyecto que reglamentaría la consulta previa
RPVRPV Publicado el 31 octubre, 2018


Este mecanismo es una de las salvaguardas más importantes para la protección de los derechos humanos de más de 102 pueblos indígenas de Colombia, dice la OPIAC.

 

“Pensar en un país desde la plurietnicidad y multiculturalidad, sin lugar a dudas ha sido un reto complejo para el Estado Colombiano y los gobiernos que a partir de la Constitución de 1991, han ejercido sus mandatos.

Es precisamente en reconocimiento de las realidades humanas y territoriales de lo que desde occidente se denomina Estado Nación y desde nuestras cosmovisiones se revisa desde la ancestralidad y el territorio como sujeto mismo; que resulta importante garantizar la construcción de la política pública de planeación y delimitación de las prioridades de país concentradas en el Plan Nacional de Desarrollo, derechos de carácter fundamental como la Consulta Previa y el Consentimiento Previo, Libre e Informado…»

En este contexto se expresó la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (Opiac), en representación de cinco organizaciones indígenas de carácter nacional, al indicar  que “más allá de comprenderlo como una mera formalidad, el derecho fundamental a la consulta previa, a pesar de su satanización, es sin lugar a dudas una de las salvaguardas más importantes para la protección de los derechos humanos de los más de 102 pueblos indígenas de Colombia”.

A partir de esto, explica la OPIAC, que la Amazonía colombiana, reconocida como el ‘pulmón del mundo’ —alberga 64 pueblos indígenas con igual número de lenguas maternas en 6 departamentos del país, con 48 millones de hectáreas, 3 figuras de ordenamiento territorial, 6,4% del total del bioma y 178 resguardos indígenas— «es determinante no solo para nuestros pueblos sino para el futuro de la especie, en la Amazonia y en nuestros saberes ancestrales, se encuentran el núcleo de la pervivencia de la humanidad».

Los líderes indígenas afirmaron que existe una amenaza latente al derecho fundamental a la consulta previa,  que “implica en la práctica su regresividad y desconocimiento, y que pretender su estandarización es negar que los pueblos indígenas tienen tantas prácticas como cosmovisiones, razón por la cual no están dispuestos a renunciar a sus derechos”.

 

Solicitudes al gobierno

 

En consecuencia, las comunidades indicaron que están abiertas al diálogo e hicieron cuatro requerimientos al Gobierno Nacional:

1. Generar los mecanismos necesarios para garantizar la consulta previa, promoviendo la participación efectiva de las comunidades, autoridades y líderes; para la construcción de aportes e insumos tenidos en cuenta para la consolidación del documento final del Plan Nacional de Desarrollo.

2. Propender por una capacidad de diálogo técnico y político que reconozca la diversidad cultural, la diferencia de pensamiento y las realidades locales y territoriales.

3. Propiciar un diálogo de alto nivel, de gobierno a gobierno, entre las autoridades indígenas y la Directora del Departamento Nacional de Planeación y la Ministra del Interior, donde participe la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos – OACNUDH en Colombia.

4. Solicitar el retiro del proyecto de ley a través del cual se pretende reglamentar la Consulta Previa y dar continuidad a la hoja de ruta que se ha trazado sobre la materia desde 2017.

 

¿QUÉ ES LA CONSULTA PREVIA?

 

La Facultad de Jurisprudencia de la Universidad El Rosario define la Consulta Previa como «el derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas y los demás grupos étnicos cuando se toman medidas (legislativas y administrativas) o cuando se vayan a realizar proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios, buscando de esta manera proteger su integridad cultural, social y económica y garantizar el derecho a la participación».
Se fundamenta  en el derecho que tienen los pueblos de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural.  

 

 

 

Información actualizada


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SERIES
Acaparamiento de tierras: la herencia que recibe el nuevo gobierno de Colombia III
RPVRPV Publicado el 11 agosto, 2018


SERIE
POSCONFLICTO: GUERRA A MUERTE POR LA TIERRA EN COLOMBIA III

 

 

Autoridades locales ya no confían en las acciones planteadas por el Gobierno Nacional. Humberto Sánchez, alcalde de San Vicente del Caguán, el municipio más deforestado de Colombia, ha dicho que las reuniones para atacar el problema son completamente inútiles.

 

Natalia Arenas / Mongabay Latam

 

MongabayLatam Hay un bolero que dice que lo mejor para el olvido es la distancia y ese es uno de los argumentos que repiten los expertos consultados para este especial para explicar por qué la deforestación en Colombia sigue creciendo a pesar de que las alertas son cada vez más frecuentes y especializadas. Sobre todo en la Amazonía, uno de los lugares más biodiversos del planeta pero también más apartados y olvidados por el Estado colombiano.

Esta región concentró el 65,5% de la deforestación en el 2017, es decir, se perdieron unas 144 147 hectáreas de bosques, el doble de la cifra de 2016.  La principal causa ha sido el acaparamiento de tierras, o la acción sistemática de deforestadores en zonas de reserva forestal o protegidas por la Nación que están siendo usurpadas ilegalmente por actores armados y por personas ajenas a los territorios.

Hasta ahora la acción del Gobierno para controlar este fenómeno estaría siendo insuficiente, como afirmó la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que reconoció a la Amazonía como sujeto de derechos. Aún así, esta orden judicial es una oportunidad histórica para voltear el tablero a favor del medio ambiente: la Corte le dio al Gobierno un plazo de cuatro meses para plantear soluciones concretas para frenar la deforestación. La aplicación de estas medidas, sin embargo, quedará en manos del Gobierno del presidente Iván Duque.

El último reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudio Ambientales (IDEAM) no es alentador. La entidad detectó que en los primeros tres meses del 2018 la deforestación aumentó más que lo que se había registrado en años anteriores y se mantienen activos ocho núcleos de deforestación, de los cuales seis están en la Amazonía.

La situación es particularmente crítica en los parques nacionales que conectan la Amazonía con la cordillera de Los Andes y la Orinoquía, que son un corredor clave para el tránsito de especies entre estas regiones. Como se mencionó en las entregas anteriores de este especial, solo uno de esos parques, el Tinigua, con una extensión de 280 000 hectáreas que se localizan entre los departamentos de Meta y Caquetá, perdió 5620 hectáreas de bosque en el primer trimestre del 2018, –el equivalente a unas 7800 canchas de fútbol– y que hoy son praderas para cultivos y ganadería extensiva.  

“Sabemos que los campesinos no lo hacen porque no tienen los recursos para pagar la mano de obra que eso implica”, le dijo a Mongabay Latam Mayra Manchola, experta ambiental del municipio de San Vicente del Caguán, en el Caquetá, el municipio más deforestado del país. “Están pagando entre 500.000 y un millón de pesos (entre 175 y 350 dólares) por hectárea. Las disidencias de las Farc dieron luz verde para deforestar y los terratenientes están aprovechando”.

Algo similar asegura el científico Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y quien dirigió la oficina territorial de Parques Nacionales en la Amazonía durante diez años. Él afirma que, hace un mes, las disidencias de la guerrilla de las Farc que no se desmovilizaron tras la firma del acuerdo de paz le dijeron que ellos van a seguir parcelando y entregando el área de los parques Tinigua y La Macarena. “Otra vez un actor armado ilegal es el que está repartiendo las tierras, esa es la inoperancia de este Estado. No hay catastro, no hay registro y nadie recupera nada” .

 

¿Qué se ha hecho?

 

Aunque este fenómeno era previsible desde antes de que se firmara la paz con las Farc, que dominó por décadas esa región e impuso normas que hicieron más costosa la explotación de los recursos ambientales en la Amazonía, las fuentes consultadas aseguran que el Gobierno no se preparó lo suficiente para enfrentarla. Además, el Acuerdo de Paz incluyó medidas como la formalización de 7 millones de hectáreas de tierras, lo que incrementó la expectativa de titulación incluso en áreas protegidas de bosques y se ha convertido en un incentivo para acaparar tierras sobre todo en la Amazonía.

Aún así, hoy no hay una estrategia puntual contra esta problemática en particular sino contra la deforestación en su conjunto, explica Valentina Rozo, investigadora de la ONG Dejusticia y una de las accionantes de la tutela que garantiza los derechos de la Amazonía. Algo similar dice Botero: “una cosa es la deforestación y otra cosa es el acaparamiento. El acaparamiento es una cosa muy complicada porque significa recuperación de tierras”.

 

“Sabemos que los campesinos no lo hacen (talar el bosque) porque no tienen los recursos para pagar la mano de obra que eso implica” Mayra Manchola, experta ambiental en San Vicente del Caguán.

 

La acción del Gobierno ha estado enfocada más bien en promover la articulación y la coordinación de las entidades que tienen responsabilidad en controlar la deforestación. Para eso, hace menos de un año crearon la Comisión Intersectorial contra la Deforestación, donde tienen asiento los ministros de Ambiente, Defensa, Minas, Transporte, Agricultura y la Alta Consejería para el Posconflicto. Allí, los funcionarios comparten información y diseñan estrategias para combatir este fenómeno.

Así, el Ministerio de Agricultura y el de Ambiente se pusieron de acuerdo para definir la línea de la frontera agrícola ─el límite del suelo rural que separa las áreas donde las actividades agropecuarias están permitidas, de las áreas protegidas, las de especial importancia ecológica, y las demás áreas en las que las actividades agropecuarias están excluidas por mandato de la ley─. Este documento es clave porque permitirá hacer un manejo adecuado del uso del suelo para definir los planes de ordenamiento territorial. La norma fue anunciada en medios de comunicación en octubre del 2017 y finalmente el 21 de junio de este año el Gobierno nacional dejó en firme la Frontera, indicando que su tamaño es de 40 075 960 hectáreas, de las cuales solo son cultivables 7,6 millones.

“Uno esperaría que de esa línea para adentro, los propietarios tengan estímulos como la formalización y que los que están por fuera comiencen a ser fiscalizados. ¿O vamos a esperar que sea el patrón de allá el que defina esas normas?”, dice Botero, refiriéndose a los terratenientes y grupos armados que están promoviendo el acaparamiento.

Aunque el Gobierno lleva trabajando un año y medio en definir las estrategias de articulación, las entidades siguen trabajando separadas, como reconoció Wendy Arenas, la encargada del medio ambiente de la Alta Consejería para el Posconflicto el pasado 15 de mayo, durante el primer taller entre el Gobierno, la sociedad civil y la ONG Dejusticia para atender las órdenes del fallo de la Corte Suprema sobre la Amazonía

Arenas advirtió que “el problema es que el sector ambiental ha trabajado aislado y aunque se ha hablado mucho de tener una visión integral se sigue trabajando sectorialmente”.

 

De lo nacional a lo local

 

Según las entidades que participaron en este taller, que pretendía identificar los “cuellos de botella” para enfrentar la deforestación en la Amazonía, la descoordinación se ha evidenciado en las estrategias que tienen que ver con el control y el monitoreo a la deforestación, donde juegan un papel clave el Ministerio de Defensa ─que lidera a la Fuerza Pública─ y la Fiscalía que es la encargada de judicializar e investigar las conductas criminales asociadas a la deforestación, como el acaparamiento de tierras.

El Gobierno creó una subcomisión de seguridad donde estas entidades coordinan acciones para combatir a las redes criminales que están fomentando la tala y la quema de bosques para acaparar tierras. Sin embargo, sus resultados han sido modestos. La Fiscalía creó un eje temático para delitos ambientales que incluye la deforestación pero hasta ahora sólo tiene cinco fiscales disponibles en todo el país para atender estos casos.

En el nivel local, la gente se queja de que esa falta de personal repercute en el poco éxito de los operativos que se llevan a cabo bajo el esquema de ‘burbujas ambientales’, la estrategia más visible contra la deforestación en el país, que tuvo su primer piloto en el departamento del Caquetá. Son reuniones semanales donde funcionarios del sector Defensa y Ambiente (liderados por las corporaciones autónomas regionales (CAR) y Parques Nacionales) y las autoridades locales (alcaldes y gobernador) se sientan a compartir y analizar información para luego planear operativos de reacción inmediata contra los deforestadores.

Desde que se implementó la burbuja, en diciembre de 2016, el Ejército ha capturado a 110 personas, pero debido a la falta de personal de la Fiscalía ninguna de ellas, a pesar de haber sido capturadas en flagrancia, están presas. “La autoridad ambiental queda en ridículo. Cómo va a exigir que se cumplan las normas si las sanciones no se cumplen. Es una pérdida de esfuerzos”, afirma la experta ambiental Mayra Manchola.

Además, alcaldes como Humberto Sánchez de San Vicente del Caguán, el municipio más deforestado de Colombia, aseguran que la estrategia de las burbujas ha sido inútil. Incluso, el mandatario afirma que dejó de asistir a estas reuniones porque “parecen un club de amigos que se sientan a tomar café para hablar de la problemática que ya conocemos, como si se hicieran solo porque hay que hacerlas”.

Esas dificultades, en opinión de Ederson Cabrera, que lidera el equipo de monitoreo a la deforestación en el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), muestran que ha sido difícil generar impactos en el nivel local. “El proceso de hacer presencia institucional en el territorio es lento. Donde hay conflictos armados o sociales es donde está el bosque y durante largos años estas zonas han estado aisladas, sin presencia del Estado”, explica.

Luego de talar el bosque, los grupos criminales convencen a pobladores para que se asienten en el lugar y tomen posesión del territorio. Foto: Cormacarena.

Luego de talar el bosque, los grupos criminales convencen a pobladores para que se asienten en el lugar y tomen posesión del territorio. Foto: Cormacarena.

 

A esto se suma que la responsabilidad del control y el monitoreo sigue recayendo en las autoridades ambientales, como las corporaciones autónomas regionales (CAR) y Parques Nacionales Naturales de Colombia, que son las que tienen menos capacidad operativa, técnica y de presupuesto para enfrentar a los actores que promueven la deforestación para acaparar tierras.

Por ejemplo, la Corporación Autónoma del Guaviare que cubre un área de 53 000 kilómetros cuadrados de territorio ─un poco más que el tamaño de Costa Rica─ estaba operando hasta diciembre del año pasado con solo 11 funcionarios. Aunque durante 2018, gracias a recursos del programa Visión Amazonía ─que con financiación de los gobiernos de Alemania, Noruega y Reino Unido tiene el reto de reducir la deforestación a cero en esta región para el 2020─ pudo contratar a 21 funcionarios más, el equipo de trabajo ha sufrido amenazas contra sus vidas por parte de las disidencias de la guerrilla de las Farc, lo que les ha impedido tomar acciones si no están acompañados del Ejército.

Incluso, a finales del 2017, un equipo de 11 personas de la Corporación que estaban haciendo una capacitación en la vereda Caño Flor del municipio de Miraflores  fue retenido durante una noche por hombres del frente de alias ‘Gentil Duarte’. Aunque al otro día los dejaron ir, gracias a la intermediación de la población local, los disidentes de las Farc han dicho que el director de la seccional Guaviare tiene que ir a hablar con ellos y han dado los nombres de dos funcionarios para que la población los retenga y se los entregue. Este año, además, circuló un panfleto entre el norte de Guaviare y el sur del Meta donde declaran a las autoridades ambientales como objetivo militar.

“Después de la sentencia que salió en la Corte hemos tenido más atención de la Fuerza Pública pero antes de eso duramos mucho tiempo pidiendo acompañamiento. Yo no puedo mandar sin acompañamiento a mi gente para que vaya a hacer operativos o conceptos técnicos porque me los matan”, dice el director de esa regional, César Meléndez.

El Ministerio de Defensa asegura que, en coordinación con el Ministerio de Ambiente, son los sectores que más han impulsado la estrategia contra la deforestación, pero tienen que priorizar acciones y están atendiendo otros desafíos como el combate a las disidencias de las Farc, a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la situación en las fronteras que “eventualmente redundará en impactos para el medio ambiente”, como le dijo a Mongabay Latam el viceministro de esa cartera, Aníbal Fernández de Soto. “Hay que entender que arrancamos de cero, y ahora tenemos un mecanismo de seguimiento (la comisión intersectorial contra la Deforestación y las Burbujas), estamos persiguiendo casos concretos y el problema está más mapeado. Hay más claridad y más conciencia. Hay resultados pero esto es un proceso”, agregó.

 

Acciones tardías

 

A pesar de todos estos obstáculos, corporaciones autónomas regionales (CAR) como la del Guaviare (CDA) están tomando acciones para sancionar a los deforestadores. Ya han impuesto multas por el orden de los 400 y 500 millones de pesos (140 000 a 175 000 dólares), dependiendo del número de hectáreas deforestadas. Pero Meléndez, su director, reconoce que el cobro va a ser complicado porque “la gente no va a querer pagar voluntariamente sino que vamos a tener que hacer cobros coactivos”. Es decir, hacer seguimiento sobre las propiedades de los deforestadores para embargarlas, rematarlas y venderlas y así poder cobrar esas multas. Un proceso legal que es tedioso, lento y que en todo caso, no ataca el acaparamiento de tierras.

“No deberíamos endosarle el problema de la acumulación de tierras al sector más débil del Estado, el ambiental, cuando no fuimos capaces de resolverlo ni con un Acuerdo de Paz. Arranquemos por quién administra las tierras y los baldíos de la nación. Nadie se pone en la piel de lo que es el patrimonio colectivo”, dice Rodrigo Botero de la FCDS.

Se refiere a la Agencia Nacional de Tierras que es la máxima autoridad en el país en este tema y que ejecuta la política de ordenamiento social de la propiedad rural, gestiona el acceso a la tierra y administra y dispone de los predios rurales como los baldíos, que son propiedad de la nación. Esta Agencia está a cargo, además, del Fondo Nacional de Tierras que se creó tras la firma del Acuerdo de Paz con las Farc y que busca tener tres millones de hectáreas para darle predios a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente y que el Estado ha reconocido que están deforestando como un mecanismo de subsistencia.

 

“Estamos trabajando con Juntas de Acción Comunal y con el Ministerio de Ambiente para enviar un mensaje muy contundente: aquel que atente contra el medio ambiente no va a acceder a un solo centímetro de tierra”: Miguel Samper, director de la Agencia Nacional de Tierras.

 

Aunque una de las maneras de adquirir tierras para el Fondo es aprovechar los baldíos de la nación que son, además, los que más están siendo acaparados en la Amazonía, muchos de estos no se pueden adjudicar porque son territorios protegidos por la ley forestal. Aún así, el director de la Agencia, Miguel Samper, le dijo a Mongabay Latam que adoptaron dos medidas para tomar acciones sobre ellos y así responder a la creciente demanda de tierras en la región.

La primera es un mecanismo “inédito e innovador”, en palabras de Samper, que busca entregar derechos de uso sobre esos baldíos a personas que se comprometan a hacer un uso sostenible de esos territorios. Eso quiere decir que esas personas podrían usar los territorios de reservas forestales para desarrollar proyectos productivos y acceder a créditos y subsidios a través de contratos de uso. “Ya estamos trabajando en la configuración e identificación de los potenciales acreedores de esos contratos. Nunca, desde 1959, cuando se aprobó la ley de zonas de reserva forestal, se había pensado una alternativa para los campesinos que están en esas áreas de inseguridad jurídica”, dice.

La segunda medida sí está dirigida a atacar el acaparamiento y busca que quienes hayan accedido a esos baldíos cometiendo delitos contra el medio ambiente queden vetados de todos los programas que la Agencia está llevando a cabo en materia de acceso, derechos de uso o formalización de la propiedad rural. Además, contra los acaparadores de tierra ya se están realizando investigaciones con las autoridades ambientales para interponer denuncias penales.

“Estamos trabajando con juntas de acción comunal y con el Ministerio de Ambiente para enviar un mensaje muy contundente: aquel que atente contra el medio ambiente no va a acceder a un solo centímetro de tierra”, dice Samper.

Sin embargo, ambas medidas fueron aprobadas por el consejo directivo de la entidad hace solo dos meses y medio. Por eso, que se puedan implementar y tener éxito para combatir el acaparamiento de tierras terminará siendo responsabilidad del próximo Gobierno. Lo mismo ocurrirá con las medidas que se definan para responder a la sentencia que le garantiza derechos a la Amazonía. de talar el bosque, los grupos criminales

©Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

 

El pasado 17 de junio, el candidato Iván Duque, del partido de derecha Centro Democrático, fue elegido como presidente de los colombianos. Aunque su programa de gobierno no menciona la palabra deforestación ni a la Amazonía, propone el desarrollo de actividades productivas y de conservación para reducir el impacto del cambio climático.

En cuanto a su propuesta sobre tierras, que tiene que ver con el fenómeno del acaparamiento, ha dicho que va garantizar que la política de acceso sea equitativa pero “partiendo siempre del respeto a la propiedad privada y la tenencia de la buena fe”. Es decir, en su gobierno se respetarán los derechos de propiedad a los actuales dueños de los predios que podrían haberlos adquirido por acaparamiento.

Aún así, Duque ha dicho que va a quitarle a las mafias y a los grupos armados ilegales “todos los recursos que tienen para sus actividades ilegales”, lo que significaría un ataque frontal a los grupos armados que están acaparando tierras en la Amazonía.

En pocos días se sabrá exactamente qué herramientas le deja este Gobierno al próximo en materia de lucha contra la deforestación y los motores que la generan, como el acaparamiento. En  pocos días se sabrá cuánta voluntad política hay desde el nuevo Gobierno para enfrentarla, es decir, si se seguirá el ejemplo de Brasil, que enfrentó la deforestación como una política nacional, o si se seguirán “apagando incendios a medida que el problema avanza”, tal como lo manifiestan muchos expertos en materia ambiental en Colombia.

*Foto de portada:  Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

 

SERIE MONGABAY LATAM:

 

Así se roban la tierra en Colombia I

Mafias criminales se adueñan de los bosques en Colombia II

 

 

 

 

 

ALIANZA INFORMATIVA 

MONGABAY LATAM – RED PRENSA VERDE 


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