Tota

Diego Fernando Trujillo, procurador ambiental, reveló detalles del trabajo que realiza la entidad en la cuenca y criticó el ejercicio de algunas instituciones que tienen injerencia en la conservación del recurso.

 

Olga Cecilia Guerrero R. / Red Prensa Verde

 

Una investigación de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales sobre la construcción de un hotel en zona aledaña a la ribera del Lago de Tota, abrió la puerta para que esta entidad de control hallara una serie de irregularidades en el manejo del ecosistema.

Para apoyar su labor, la Procuraduría convocó a la Fiscalía General de la Nación, siendo esta última la que en una reciente pesquisa evidenció la presencia de plomo en el espejo lagunar. Como lo conoció el país, la muestra —tomada frente a la sede de una empresa cultivadora de trucha en la vereda de Susacá— superó 95 veces los límites de tolerancia de la norma para aguas superficiales (Resolución 3382 de 2015 de Corpoboyacá), poniendo en riesgo la salud y vida de quienes reciben el servicio de acueducto.

A partir de estas pruebas y con una serie de pretensiones como la de hallar la fuente contaminante, aplicar las sanciones correspondientes y si es el caso suspender el servicio para los siete municipios que consumen el agua; la Procuraduría y su delegada en Boyacá, interpusieron el 6 de noviembre una acción de tutela contra 13 entidades del Estado.

Los accionados son los ministerios de Ambiente, Agricultura y Salud, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Gobernación de Boyacá, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá) y los municipios de Aquitania, Tota, Cuítiva, Firavitoba, Iza, Nobsa y Sogamoso.

Red Prensa Verde conversó con uno de los accionantes, el procurador Delegado para Asuntos Ambientales,  Diego Fernando Trujillo Marín, con el fin de auscultar las actividades previas a la tutela y la forma en que se está dando la intervención de los procuradores judiciales en la cuenca del lago de Tota.

Trujillo Marín es abogado, por mucho tiempo se dedicó al derecho privado y desde hace cuatro años trabaja con el procurador general, Fernando Carrillo. Primero ejerció en el Eje Cafetero y desde junio de 2019 asumió la Delegada Ambiental en Bogotá.

 

¿Cuáles son los antecedentes de la tutela que busca proteger los derechos fundamentales a la vida, salud, ambiente sano y agua potable, de los habitantes de siete municipios que se abastecen del lago de Tota?

 

La Procuraduría tiene en las regiones procuradores de intervención judicial, lo que hicimos con el Dr. Fernando Carrillo fue quitarles esa limitante que ellos tenían porque solamente podían actuar en audiencias a donde eran convocados por algunos procesos. Cambiamos esa estructura mental y orgánica del procurador judicial y unimos la Procuraduría para Asuntos Ambientales con la de Asuntos Agrarios, porque son dos temas que no se pueden separar. El ambiente sano y el derecho a la alimentación por utilizar agua, tierra y aire tienen el mismo objeto a proteger o el mismo objeto a controlar. Estaban limitados a un expediente, a una denuncia o a un trámite administrativo o judicial. Es decir, a ver en papeles y expendientes inermes, una realidad territorial que nunca el papel o el computador nos podrán mostrar.

 

Hablemos de la Procuraduría y su intervención en la cuenca del lago de Tota 

 

En el lago de Tota empezamos a gestionar lo siguiente: hay un espejo de agua que es el lago, pero no es solamente agua, o lago, sino una estructura de suelo que lo rodea. Empezamos a determinar que todos los litorales y ríos se los estaban robando con desecamiento de las cuencas y los espejos de agua. ¿Cómo hacen el desecamiento? Utilizándolo mal y degradándolo. Los dueños particulares que tienen tierra alrededor hacen que el agua se vaya corriendo y vaya despejando propiedad para ellos. Es la usurpación de tierras vía degradación de los ecosistemas.

En Tota, sin ser geólogo o ingeniero hidráulico se ve que el borde del lago era mucho más arriba de lo que se encuentra ahora y ese borde hoy en día se transformó en grandes extensiones de cultivos de cebolla, pastizales para llenar, o trucheras, son esos tres grandes usos. Pero también son barrios y poblaciones enteras que han ido robándole territorio al lago, vía degradación ambiental.

 

¿Qué detonó la primera investigación?

 

Salen los procuradores a vigilar el lago de Tota, inicialmente por el tema de uso de suelo y licenciamiento para construcción de cosas indebidas como los hoteles, por ejemplo, el de ocho pisos que se construye al borde del lago, en área de Cuítiva.

Empezamos a ver la invasión de territorios para actividades turísticas, construcción de hoteles sin ningún licenciamiento, contaminación con vertimientos de pueblos y de infraestructura ecoturística al lago. También a observar cómo los cultivos estaban llegando al borde del agua e invadiendo terreno de la zona lacustre. Al explorar cómo realizaban la labor, encontramos venenos y gallinaza (abono de estiércol de gallina y otros compuestos) que contaminaban los suelos. Nadie piensa en los suelos y no hay una buena reglamentación.

Meses atrás, cuando estaba arrancando mi gestión, convoco -porque siempre voy a lo preventivo- al director de la Corporación, al gobernador y a los alcaldes, en mi oficina en Bogotá y les digo qué vamos a hacer, pero viene la bendita pandemia, corta hilos, conexión y la gente encerrada… afortunadamente cuento con un muy buen equipo de judiciales y seguimos investigando. Llega entonces la noticia de una Fiscalía que hemos logrado meter en el cuento.

 

Justamente, ¿Cómo es que entra la Fiscalía al proceso?

 

Si bien la Procuraduría tiene dientes disciplinarios a lo que le tiene miedo la gente es a los dientes penales. Infortunadamente la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez cierra la unidad de Investigación de Delitos Ambientales, porque él es un abogado corporativo que defiende intereses corporativos y las corporaciones se están tomando el territorio: energía infraestructura, hidrocarburos, agroindustria. ¿Qué iban a querer tener una Unidad de Delitos Ambientales? Entonces la anulan y la mandan a los anaqueles de Derechos Humanos que es lo más gaseoso, donde todo el mundo denuncia e investiga pero nunca resulta nada.

Nosotros estuvimos presionando para que se reactivara -somos sujetos funcionales y podemos entrar a procesos penales, civiles y administrativos- y empezamos a oficiar para que los fiscales actuaran. Y empezaron actuar, es cuando una Fiscalía ordena una prueba de laboratorio del agua y la toma en una truchera. La Procuraduría no tiene laboratorios, pero la Fiscalía tiene un monstruo de presupuesto, nosotros tenemos 4.000 funcionarios y ellos 30.000. Empiezan a utilizar su presupuesto de manera correcta en la auditoría ambiental, hacen la evaluación del agua y yo tomo el dictamen. Le digo a mi Procuradora Judicial de Boyacá, Alicia López Alfonso, metamos la tutela. Se volvió algo mediático y ahí la gente se entera de lo que está pasando con Tota.

¿Por qué una tutela y no otro tipo de acción?

 

Tutela porque si me meto con otro tipo de acción me demoro años, mientras el Consejo de Estado dirime algo, pasan 15 años. Porque la estructura legal en Colombia es eso, cuando viene las decisiones ya está completamente degradado el sistema o los edificios montados, eso no sirve, porque la justicia rural en el país no existe…no hay justicia agraria, ambiental o rural…  Yo dije no voy a caer en ese juego, salgo y utilizo acciones constitucionales que me puedan dar resultados inmediatos como la tutela, la acción popular o la acción de cumplimiento y así me salto instancias y pongo la noticia para que un juez tome decisiones inmediatas. No lo dejo solo, le aporto estudios o pongo a las entidades para que cumplan rindiendo los estudios.

 

Una tutela con efectos inmediatos…

 

Ya comenzaron a tomar muestras que debían haberlas tomado hace un año y es con amenazas penales y disciplinarias que la gente funciona, mientras tanto no, están en otro paseo. Es muy triste porque las corporaciones son las administradoras y vigilantes de los recursos y los territorios, y no lo hacen.

 

A propósito de corporaciones, Herman Amaya, director de Corpoboyacá manifestó que por dos puntos de muestreo con presencia de plomo no se puede inferir que todo el lago este contaminado. ¿En total la Fiscalía cuántas muestras tomó?

 

Claro, son dos muestras que arrojaron plomo, es claro que no se puede analizar toda el agua del lago, pero con dos puntos es suficiente para saber que hay contaminación. Mira la gravedad de la afirmación del Director de Corpoboyacá: si hay un punto de contaminación que está al lado de una truchera que produce peces que se tienen que vender, significa que la contaminación está en un lugar donde se produce un alimento que seguramente trae en su carne el plomo que hay en el agua.

No se puede demeritar que es un punto porque está en un lugar donde se producen alimentos. También de allí toman agua para el riego de la cebolla que igualmente puede absorber plomo. La gente no ha entendido que no se trata solo del punto de la toma donde sale el agua de los municipios. Hay muchos alimentos que dependen del riego, es que el lago es una fuente de alimentos de carne, leche, cebolla y otros productos. Con un punto de contaminación que haya, se debe castigar.

 

Inicia la jornada con las tomas de dos muestras por parte del @IDEAMColombia en el #LagoDeTota, luego vendrá la caracterización de los resultados de carácter técnico – científico para identificar las causas de la contaminación y poder determinar las medidas que se tomarán. pic.twitter.com/AhVVi5smDw

— Corpoboyacá (@Corpoboyaca) November 14, 2020

 

El anuncio de la acción de la tutela ha generado toda clase de reacciones y decisiones. Una de tantas es que Corpoboyacá ya cerró un vertimiento al lago de la empresa Acuatrucha, en el área donde hallaron plomo. 

 

Es en cadena. Porque la toma y la inicia quien puede sancionar. Si esta acción de tutela la pusiera la Defensoría del Pueblo no tendría el mismo efecto. Nosotros por esas omisiones podríamos suspender a los funcionarios por seis meses en periodos de tres y tres meses, y podría destituirlos e inhabilitarlos hasta por 20 años porque esta una falta gravísima que afecta a la vida y la salud humana.

A eso tenemos que llegar, a que la persuasión, la coacción o el control que hace la Procuraduría produzca efectos como este. Y por eso hay que hablarles con autoridad, no amenazando sino sancionando a quien haya incumplido. Ahí es bien importante el papel de la Fiscalía porque en Colombia se registran 14 delitos ambientales y vaya uno a averiguar cuántas sanciones hay en el país, no existen sanciones.

 

#NoticiasCorpoboyacá | @Corpoboyaca suspende vertimiento en piscícola en el Lago de Tota.

En la actualidad la Corporación adelanta 32 procesos Sancionatorios Ambientales donde se investigan conductas que constituyen posibles infracciones ambientales. pic.twitter.com/CX6CuRwFEc

— Corpoboyacá (@Corpoboyaca) November 13, 2020

 

¿No amenazando sino sancionando?

 

Hay un artículo del Código Penal que agrava las sanciones penales y las lleva de un tercio hasta la mitad y ya convertiría penas de 8 y 15 años de prisión a los funcionarios públicos que por omisión y teniendo la obligación de controlar y vigilar los recursos naturales, no lo hacen. Y eso es lo que confesaron (viernes 13 de noviembre) todos los funcionarios públicos que participaron en las entrevistas de Noticias Caracol, sin ser convocados por algún funcionario judicial.

Cuando un periodista le dice al entrevistado ¿usted está examinando el agua, tiene un laboratorio para hacerlo? Y el otro responde, no, apenas lo vamos a construir. Son omisiones que tiene él y los 10 anteriores funcionarios que nunca hicieron nada. Son omisiones, es que delinquir no es solamente actuar o hacer, es no hacer en materia ambiental y hacerse el pendejo. También hacer que las cosas pasen en este país donde se impone el interés de trucheros, cebolleros y ganaderos por encima del bienestar común, acabando con estos ecosistemas.

 

¿Qué pasará entonces con el suministro de los acueductos?

 

Está claro, tendrán que darse cuenta cuando el agua llegue a las plantas de tratamiento si el procedimiento de purificación logra bajar los niveles de plomo, si es así, sigan consumiendo el líquido. Si se llega a probar que el envenenamiento de plomo pasa la planta de tratamiento y el agua de mala calidad sigue llegando a consumo humano, se tendrá que interrumpir el consumo o que la Superservicios intervenga frente a la mala calidad que están prestando las plantas purificadoras de tratamiento, todo tiene un procedimiento. Pero, el gran meollo del asunto es que hay fuentes de contaminación, uno 10 o 20 puntos, no importa el número, con uno que haya hay que castigar. Cada Secretario de Salud municipal deberá tomar a diario las muestras de agua, es que en este país donde hay paisajes bonitos creen que estamos en Disneylandia, con lo que veo es suficiente y el veneno está debajo del agua.

 

¿En qué quedan los proyectos ecoturísticos?

 

Todo el mundo puede producir, pero metan plantas de tratamiento, plantas purificadoras, no utilicen pesticidas y herbicidas que están prohibidos en todo el mundo. Aquí se mercadean y venden en todas partes. Aquí también hay un interés de desplazar a la gente, de sacarla de estos ecosistemas y volverlos en otro objetivo.

Un hotel produce más dinero que tantas hectáreas de cebolla. Quieren cambiar el uso de suelo, degradar el sistema de protección del lago, hacer condominios y hoteles con el número de pisos que quieran. Eso no puede pasar.

 

 

¿Cómo analiza la labor de los ministerios de Ambiente y Agricultura en este caso?

 

Si se analiza la relación de los dos grandes ministerios que tocan este tema, o tres porque hay que meter salud con el problema que resultó del agua, no hay ninguna articulación, no se reúnen en ningún escenario, son islas independientes que persiguen objetivos propios. Solo con intervención de la Procuraduría como ente vigilante y disciplinante, es que logramos lo que se logró esta semana, que por lo menos se pusiera el tema en conocimiento del público y la gente se enterará que cada vez que come cebolla que viene de Aquitania y Tota está fomentando la degradación ambiental.

Debemos llegar a la calificación y colocación de un sello verde para que esos productos sigan teniendo fuerza en el mercado o si no, que los bloqueemos para que la gente se vea obligada a cambiar el sistema productivo y de explotación del territorio y los recursos. Y esto es grave porque lo único que nos demuestra es que no hay ordenamiento ni gobernanza del suelo rural y lo que ocurre en la zona y alrededores de nuestros municipios es un caos en donde se impone el más fuerte, el que más dinero tenga. Y los alcaldes, para el caso de Tota, muchos de ellos son cebolleros porque por ser la fuerza económica de la región, son los que manejan empresas electorales que montan concejales y alcaldes que constitucionalmente son los que dirimen, vía acuerdos municipales, el uso de los suelos y determinan si pueden invadirlos o utilizarlos.

 

¿En cuanto al ICA y Corpoboyacá?

 

Ya es hora de que el ICA deje de pensar en tercerizar sus funciones y asuma la verdadera responsabilidad que tiene y es controlar la cadena de importación y comercialización de productos que le sirven a la agricultura pero que van en contra, muchas veces, de los intereses ambientales. Colombia se ha convertido en el mercado perfecto de productos que están prohibidos en el mundo por su toxicidad.

Al no haber control de la autoridad nacional como el ICA, las corporaciones autónomas, el Ministerio de Ambiente e institutos —que debían estar controlando el territorio y no sentados en unos los escritorios de Bogotá— es que se hace desgobierno en zonas como Boyacá. No estamos hablando de Vichada o Amazonas, sino de poblaciones que quedan a dos horas de Bogotá. Es tanto el descontrol, el caos en el manejo de los recursos y el desgobierno, que estamos llegando a la degradación.

 

Algunos sectores han expresado molestia…

 

Van a aparecer gremios a decir que lo importante es la seguridad alimentaria y que lo ambiental no importa y debe ceder a la necesidad de la gente. Pero, cuando el agua de ese lago ya no sirva para nada, ya no va a servir para turismo ecológico o agricultura. Serán municipios inviables porque van a tener agua completamente envenenada y llena de gente con afecciones renales, neuronales y de todo tipo… por el daño a los recursos tan vitales como el agua, que debe llegar a un acueducto y tiene que ser para consumo humano.

Y la platica que se esté recogiendo en el territorio por cualquier tipo de impuesto, nunca va a alcanzar para pagar las afectaciones en salud a la que estamos llevando a sufrir a tanta gente, lo que estamos haciendo es como escupir para arriba y la saliva nos va a caer en la cara.

 

Siguiendo con las entidades, según la tutela, el Invima dijo que no era su función analizar el agua del lago, ni los cultivos de cebolla. Sin embargo, entregó un dato correspondiente al análisis de una central de abastos que arrojó positivo para plomo en tres muestras de cebolla tomadas en 2015. ¿Qué opina de esto?

 

Cada entidad se limita a lo que dice su manual de funciones y no asume su responsabilidad, como funcionarios públicos tienen que tener una visión integral. Si yo soy el Instituto que vigila la calidad de los alimentos y el agua es el principal, puedo por lo menos ir a hacer que las entidades cumplan, no es que vaya a Tota a tomar la muestra porque eso no me corresponde, pero si con esa agua están produciendo la trucha que se procesa, por lo menos deberían ir a revisar la truchera, pero hágalo y no digan que esa no es mi función. Si no, séllenlo y quítenle el registro para que no pueda comercializar. Todo el mundo quiere salirse con el inciso y el parágrafo.

 

¿Dentro del proceso que lleva la Procuraduría se ha contemplado hacer un estudio para conocer si hay algún impacto de metales pesados en la población?

 

Claro que sí, más cuando la minería ya está invadiendo los páramos que rodean al lago. Cuanto de ese plomo no vendrá de actividades mineras, no del lago, sino de más arribita, del páramo.

 

A la fecha el lago de Tota no tiene ninguna figura de conservación dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), como por ejemplo un Distrito de Manejo. ¿En las actuales circunstancias, como ha ocurrido con otros ecosistemas del país, se terminará acudiendo a la vía legal para ordenar y proteger el recurso?

 

Las normas de ordenamiento existen, pero no hay voluntad política y hay mucha omisión estatal. La Agencia Nacional de Tierras está en mora de hacer esa delimitación y demostrarle a la gente con estudios científicos que el nivel del agua que ocupaba el lago estaba mucho más alto de lo que se encuentra ahora y que los bienes públicos son inembargables inalienables e imprescriptibles. Al ser imprescriptibles nadie podrá negar que con el uso y el tiempo se apropiaron de muchos terrenos junto al lago. Son muchos los kilómetros que van a tener que delimitar los alcaldes y la Corporación para poner los linderos, los mojones, los avisos que demuestran que es propiedad pública, un territorio estratégico de conservación. Hay que arrancar esa cebolla y reforestar. Es muy importante hacer esa labor que cuesta dinero y tendrá que sacar la Corporación, la Agencia Nacional de Tierras, los municipios y demás, mientras llegan las figuras de protección.

Llama la atención que en la tutela no se ve el aporte de instituciones científicas, laboratorios especializados o de tantas universidades que hacen estudios en Tota ¿Cómo es esa relación de la Procuraduría con la ciencia?

 

Lo que estamos destapando en la Procuraduría es que en el manejo ambiental sobran políticos y corruptos y falta ciencia y técnica. En los consejos directivos de las CAR y sus miembros la ciencia no existe. ¿Qué proponíamos en la reforma de las corporaciones? Que dejara de haber alcaldes que muchas veces son sinvergüenzas con intereses, cuando deberían estar científicos del Ideam, del Humboldt, del SINA (Sistema Nacional Ambiental) vigilando en primera mano qué pasa en las corporaciones, y no persiguiendo que les den puestos y contratos.

Necesitamos a los decanos y grandes científicos sentados en las directivas de las autoridades ambientales. Aquí lo que se requiere es investigación ambiental, peritajes serios y dictámenes para valorar pasivos ambientales por la mala administración de los recursos. Es lo que requerimos, que las entidades actúen frente a quienes están acabando con los ecosistemas.

 

Envíele un mensaje a los ciudadanos de Aquitania, Cuítiva y Tota, aquellos que viven del cultivo cebolla, del ecoturismo, a los que apenas estaban empezando a recuperarse económicamente del impacto de la pandemia cuando ahora deben enfrentar esta situación.

 

No se dejen desinformar. La Procuraduría no es su enemigo, es su apoyo y quien los representa ante el gobierno. Si les están desinformando que les queremos quitar el agua, es mentira. No les queremos quitar el agua, lo que queremos es que les den verdadera agua potable y ustedes tienen una gran responsabilidad por ser quienes viven en el territorio. Con buena educación, asistencia técnica, créditos y apoyo del gobierno, pueden explotar el territorio que les pertenece. Deben tener en cuenta que si hacen una explotación sostenible podrán vivir de ingresos de agroturismo, ecoturismo, producir su comida, tener el mejor paisaje con buena valorización y así tener la calidad de vida y la dignidad que merecen.

Si se conserva el lago de Tota serán los más afortunados de habitar ese paisaje tan hermoso y tener cómo vivir de él de manera sostenible. Vamos a llevar el Ministerio de Ambiente y Agricultura para que les dé el apoyo necesario, para que ustedes no sean los que vayan a salir sino que encuentren toda la viabilidad para sostenerlo.

 

Contexto:

Lago de Tota: pretensiones de la tutela que instauró la Procuraduría

 

Procuraduría instaura tutela y denuncia presencia de plomo en el lago de Tota

 

Minambiente asegura que en en primeras muestras no se halló plomo en el lago de Tota

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