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POSCONFLICTO: GUERRA A MUERTE POR LA TIERRA II

 

En un año la Amazonía colombiana perdió 160 000 hectáreas de bosque. De estas, 90 000 fueron en el corredor ambiental que conecta los Parques Nacionales Naturales de La Macarena y Serranía del Chiribiquete.

 

María Fernanda Lizcano / Mongabay Latam

 

 Todo se une en la Amazonía. La región que está al sur de Colombia y que hasta hace menos de dos años era el fortín de la guerrilla de las FARC, ahora parece ser el albergue de una estructura criminal que une a las disidencias del extinto grupo armado, a las bandas criminales y a actores políticos y económicos que buscan adueñarse de esas tierras.

Tras la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, el grupo guerrillero salió de los territorios que gobernó con armas durante medio siglo. El objetivo era que el Estado hiciera presencia en esos lugares históricamente afectados por el conflicto armado. Pero eso no pasó. En esta región está ocurriendo de manera acelerada todo lo que muchos temían: deforestación, acaparamiento de tierras, extensión de la frontera agropecuaria y un aumento de los cultivos ilícitos y la minería ilegal.

“Hay grupos que están trayendo gente al territorio y les están otorgando la tierra ilegalmente. Entonces los mandan a comprar vacas, les dicen: ‘tumben aquí’, ‘métalas acá’, ‘meta un poquito de coca’. (…) Hay ganaderos que están comprando hasta donde les alcanza el dinero y lo hacen porque el Estado tiene nula gobernabilidad sobre los baldíos (los predios de la Nación). Veredas enteras de algunos municipios han desaparecido porque han sido compradas por una sola persona”, cuenta a Mongabay Latam un habitante de la región que ha sido testigo de lo que está ocurriendo y que prefiere no decir su nombre por miedo a represalias en su contra.

Su afirmación la confirma el general César Parra, comandante de la Sexta División del Ejército Nacional, que abarca parte de la Amazonía colombiana. El oficial asegura que, desde que el gobierno anunció que se legalizarían siete millones de hectáreas y se redistribuirían tres más tras el Acuerdo de Paz, muchas personas buscan quedarse con un “pedazo de la tajada”. Tiene claro que, pese a que el Ejército puede llegar a cualquier rincón del país, es necesario que el Estado haga presencia en estos territorios.

“Hay una falta de alternativas para las comunidades, por eso es tan difícil que encuentren otras formas de vivir y que no deforesten, o que no trabajen en minería o en cultivos ilícitos. (…) Se necesita una institucionalidad. El Estado debe intentar disminuir los índices de pobreza multidimensional. La gente desea vivir de otras cosas, pero no hay comunicación, no hay cobertura, no hay vías, eso dificulta todo. El Ejército no puede solo”, enfatiza.

De acuerdo con el más reciente informe del IDEAM, el año pasado la Amazonía concentró el 65,5 % de las áreas deforestadas del país. Y este 2018 la cosa parece no mejorar. Solamente el Parque Nacional Natural Tinigua, una de las zonas que debería estar protegida por el Estado, perdió más de 5600 hectáreas de bosque en los primeros tres meses de este año. Una cifra que muestra la realidad de toda la región y que es confirmada también por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), que asegura, además, que entre enero de 2017 y febrero de 2018 se perdieron en total 160 000 hectáreas en la Amazonía colombiana. De estas, 90 000 hectáreas fueron en el corredor que conecta los Parques Nacionales Naturales de La Macarena y Serranía del Chiribiquete, conocido como el cinturón verde que une a la Amazonía y a la Orinoquía.

Pero el resto del país no se queda atrás. Según el Ideam, el año pasado se deforestaron 219 973 hectáreas, un 23 % más que en 2016. En esos dos años, el total superó las 398 570 hectáreas, lo que equivale a más de dos veces el departamento del Quindío ─uno de los territorios que conforman el popular eje cafetero de Colombia─.

De acuerdo con el capitán Édgar Obando, jefe de control ambiental rural de la Policía de Carabineros, son seis los motores de la deforestación: el acaparamiento de tierras (45 %), los cultivos ilícitos (22 %), la infraestructura y las vías (10 %), los incendios forestales (8 %), la ganadería extensiva (8 %) y la explotación ilícita de yacimientos petroleros y mineros (7 %).

En esto, el conflicto ha jugado un papel trascendental. Actualmente los grupos al margen de la ley, que se quedaron con las zonas que dejó las FARC, se pelean a muerte los territorios y, poco a poco, se han ido fortaleciendo. Un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) registra que, mientras en 2016 se hablaba de un solo grupo disidente de la extinta guerrilla y que operaba principalmente en Guaviare, en marzo de este año ya se hacía referencia a 20 estructuras (conformadas por unos 1200 o 1500 integrantes) con algún tipo de presencia en más o menos 13 departamentos, donde preocupan sobre todo Guaviare, Nariño, Cauca, Caquetá y Meta.

Nada es casualidad. Los territorios en los que se fortalecieron estos grupos residuales son los mismos que están en alerta por la deforestación y donde los cultivos ilícitos han aumentado considerablemente. De acuerdo con el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), los cultivos de coca en Colombia sufrieron un fuerte incremento al pasar de 96 000 hectáreas en 2015 a 146 000 en 2016. Y lo más probable es que siga en aumento, tal como lo advirtió la DEA a finales del año pasado.

 

La pelea por la Amazonía

 

La Amazonía reúne todo lo que debió preverse antes de la firma de la paz con las FARC. Para empezar, el sur de Meta y Caquetá están llenos de disidencias del extinto grupo armado integradas ─dice la FIP─ por excombatientes de los frentes 7, 14, 15, 27, 40 ,48 y 62, comandados por los jefes insurgentes conocidos como ‘Gentil Duarte’ y ‘Euclides Mora’, quienes estarían generando alianzas con bandas criminales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y los Puntilleros, que son grupos narcotraficantes considerados remanentes del paramilitarismo.

Por otro lado, en los departamentos de Guaviare, Guainía, el sur del Vichada y Vaupés, las disidencias tienen un perfil más criminal y están integradas por los antiguos frentes 1, 16 y Acacio Medina, que tienen como jefes a ‘Iván Mordisco’, ‘Giovanni Chuspas’ y ‘John 40’. Por su parte, en el departamento de Putumayo hay estructuras conformadas por miembros de los frentes 48 y 32 de las FARC y la actual guerrilla del ELN, que busca fortalecerse hacia Vichada y Guainía.

Cabe resaltar que la Amazonía es vital para los negocios de los grupos al margen de la ley, especialmente por el gran número de fuentes hídricas con los que cuenta, entre las cuales están los ríos Guaviare, Inírida, Vaupés, Apaporis y Caquetá. De acuerdo con el informe de la FIP, son estos afluentes los que permiten acceder a zonas de resguardo, movilizar cocaína, armas y aprestos militares. Además, son una salida natural a Venezuela y a Brasil.

“Los Grupos Armados Organizados Residuales ─como llaman a las disidencias de las FARC─ se han intentado estructurar, pero no les ha sido fácil. Hemos dado de baja a 22 de ellos en este año y se han capturado un poco más de 40”, dice el general César Parra, de la Sexta División, y agrega que en la Amazonía también se están enfrentando a la banda criminal ‘La Constru’, dedicada al narcotráfico, y a la organización de los Caqueteños (opera entre Caquetá y Putumayo), que delinque en la frontera con Ecuador y Perú y se encarga de sacar la cocaína a otros países.

La presencia de estas bandas criminales también se está tornando muy preocupante para los resguardos indígenas. Ginni Alba, secretaria técnica de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, dice que estas estructuras tienen en confinamiento a las comunidades nativas de Putumayo y Guaviare. “Las FARC dejaron un vacío y comenzaron a involucrarse paramilitares en esta zona, donde se supone que no debía entrar nadie. Ahora se están disputando el control sobre los cultivos de uso ilícito y la minería ilegal”, afirmó Alba a Mongabay Latam.

Su advertencia está consignada en el informe 2017 – 2018 de la Comisión: “La banda criminal ‘La Constru’ está presente desde hace más de tres años en el territorio como productora de cocaína, pero también como sujeto agente de otras actividades delictivas, tales como homicidios, secuestros, extorsiones, etc., sobre todo en el caso de Puerto Asís (Putumayo)”. Y se agrega que esta situación ha traído consigo más de 16 000 vulneraciones a las comunidades indígenas, entre casos de despojo, desaparición forzada, secuestros, asesinatos, amenazas y desplazamientos.

“Veredas enteras de algunos municipios han desaparecido porque han sido compradas por un solo dueño”: Habitante de la Amazonia colombiana que pidió reserva de su identidad.

De acuerdo con la UNODC, hasta el 2016 eran más de 40 000 las hectáreas sembradas con coca en la Amazonía. Alba resalta que el municipio de Miraflores, Guaviare, está en un punto en el que la coca se ha convertido en el dinero y es más importante que los billetes tradicionales. “Todo se compra con gramos de coca, esa es la forma de vivir”, cuenta.

 

También hay minería 

 

Pero no es el único dolor de cabeza para las comunidades. La minería es el otro negocio que manejan los grupos armados, pero del que también viven indígenas y campesinos de la Amazonía. En Guainía, en límites con Venezuela, más exactamente en el sector del río Atabapo, se estima que unas 1000 personas estarían viviendo de la minería artesanal, pues es la única salida económica. El general Parra cuenta que, en los primeros cinco meses de este año, la Sexta División del Ejército hizo 26 operaciones contra la extracción ilegal de minerales y capturó a 46 personas vinculadas con este negocio.

Sin embargo, Ginni Alba asegura que el problema no es solo la minería ilegal, sino también la legal, pues hay comunidades que estarían siendo desplazadas por los grandes proyectos extractivos, principalmente en Putumayo. Mongabay Latam consultó las cifras de la Agencia Nacional de Minería, donde aparecen registrados hasta el año pasado más de 150 títulos mineros otorgados en toda la Amazonía para la extracción de materiales de construcción, oro, coltán y otros metales preciosos. Están distribuidos así:

Putumayo: 47 títulos mineros vigentes en un área de 15 262 hectáreas.
Guainía: 34 títulos mineros en un área de 72 672 hectáreas.
Caquetá: 58 títulos mineros vigentes en 3963 hectáreas.
Guaviare: 10 títulos mineros vigentes en 612 hectáreas.
Vaupés: cinco títulos mineros en 14 407 hectáreas.
Amazonas: en el caso de este departamento la cifra más reciente es de 2015 del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi), que registra cuatro títulos mineros.

Títulos mineros en la región amazónica de Colombia a 2015. Fuente: Instituto SINCHI.

 

Una mafia que crece

 

Para Brigitte Baptiste, directora del Instituto Humboldt, en el territorio amazónico hay una gran mafia estructurada que no solo cuenta con grupos armados, sino también con “cómplices corruptos” dentro del Estado.

“Cuando aparecen 40 000 hectáreas deforestadas en dos meses, inmediatamente toca imaginarse camiones llenos de operarios con motosierras contratados durante días en la frontera de la selva. ¿Quién está pagando eso? ¿Quién está asegurando el paso de cientos de aserradores ilegales? ¿Qué autoridades están mirando para el otro lado para no verlos? Hay toda una razón para pensar que se trata de un sistema  que está deliberadamente deforestando como empresa y personas que están invirtiendo buenos capitales, que uno podría presumir que son del narcotráfico o de orígenes sospechosos”, dice.

Otros habitantes de esta región le cuentan a Mongabay Latam que han escuchado a las mismas autoridades municipales diciéndoles a las personas que “cojan tierra” y “que no sean bobos”, sobre todo en Meta, Guaviare y Caquetá. Y las disidencias de las FARC no se quedan atrás, según ellos, también reparten tierras como si fueran los dueños y señores de la Amazonía. Una “oportunidad” difícil de desaprovechar si se tiene en cuenta que durante años la estrategia de algunos terratenientes para adueñarse de la tierra ha sido comprarles a los colonos los predios a precios muy bajos,  para luego formalizarlos ante los jueces con los famosos juicios de pertenencia. Así se han legalizado, según la Superintendencia de Notariado y Registro, más de 672 000 hectáreas en el país.

Por esta razón es que no suena raro lo que ocurre en la Amazonía. La cosa parece ser tan grave, que algunas veredas, a las que muchos no se atreven a ir por miedo a que los maten, estarían desapareciendo. Según cuentan distintos habitantes de la región, especialmente de San José del Guaviare, estarían llegando grandes inversionistas a comprar las tierras para que los campesinos colonicen más adentro y expandan la frontera agrícola. “Hay veredas completas, de 15 000 hectáreas o más, que han sido compradas por una sola persona. Algunas, como la San Lucas, tienen las escuelas y los puestos de salud vacíos, no hay gente para que vaya porque todo quedó dentro de una finca”, cuentan.

Las tierras en esta región se estarían acaparando por varias razones. Una de estas es que los grandes terratenientes saben que esos predios se podrían valorizar si el Gobierno lleva a cabo vías como La Marginal de la Selva ─que estaría entre los tramos de la Macarena (Meta) y San José (Guaviare)─ y la vía Calamar-Miraflores (también Guaviare). Y se suma otro atractivo más si se desarrollan las denominadas Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social, más conocidas como las Zidres, una iniciativa del Gobierno que busca promover el desarrollo en el campo. Son territorios aptos para la agricultura, la ganadería, la pesca o los desarrollos forestales, pero que están alejados de los centros urbanos, con baja densidad de población y limitada infraestructura.

Para Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), la posibilidad de hacer Zidres, construir carreteras y “agarrar tierras baratas”, son políticas que están estimulando una intervención desenfrenada en el territorio. “Si el precio de la tierra es cero, hasta la ganadería, que es el sistema menos productivo de todos, es rentable”, añade. Un estudio de la FCDS resalta que la deforestación por ganadería ha afectado principalmente los municipios de San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá, en Caquetá. Pero no es solo allí. En todo el suelo amazónico estaría ocurriendo lo mismo, tanto así que se calcula que hay más de dos millones de cabezas de ganado en esta región.

Pero, aparte de los que ven la oportunidad de comprar tierras y pensar en negocios futuros, están los que aprovechan la actual situación de la región para beneficiarse de la ilegalidad. “En un mercado ilegal no tienes restricción en las áreas acumuladas. Cosa que sí sucede con la legalidad. Tampoco hay restricciones en el uso. Y lo mejor es que no pagas impuestos al Estado, sino a un grupo armado irregular, que sale más barato”, explica Botero.

Otro claro ejemplo que muestra la pelea por las tierras ocurrió en Villagarzón, Putumayo, donde a finales del año pasado los colonos se enfrentaron con los indígenas, que se encontraban en un proceso con la Agencia Nacional de Tierras para la conformación de un resguardo del pueblo Inga. Ginni Alba asegura que el objetivo de crear un resguardo era salvaguardar el territorio para evitar que algunos megaproyectos se hicieran realidad. “Así se dificultaría más la presencia de proyectos petroleros. Pero es difícil lograrlo, porque hay muchos intereses detrás”, manifiesta.

 

Catatumbo: históricamente peleado

 

Y aunque la Amazonía es el caso más alarmante de deforestación, el capitán Obando manifiesta que el departamento de Norte de Santander en el nororiente de Colombia, específicamente las veredas La India, Alto San Miguel, Barrancas, Chiquinquirá, El Retiro, Mineritos, Alto río Chiquito y El Progreso, todas en el municipio de Tibú, están fuertemente golpeadas por la problemática. Ese departamento, dice el IDEAM, concentra el 14 % de las alertas de deforestación que van en el 2018. Allá las principales causas también están relacionadas con los cultivos ilícitos, la expansión de la frontera agropecuaria, la extracción de madera y la minería de socavón.

“La presencia de cultivos de uso ilícito es una causa de deforestación creciente y recurrente en esta zona del país”, explica el instituto en un informe. Y es que en Norte de Santander las plantaciones de coca pasaron de 11 527 hectáreas en 2015 a 24 831 hectáreas en 2016. Un incremento del 115 % en un año, según UNODC. En el Catatumbo, una subregión ubicada al noreste de ese departamento y que abarca 11 municipios, este negocio está al mando de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el grupo residual de otra guerrilla, el Ejército Popular de Liberación (EPL), más conocido como ‘Los Pelusos’.

Aunque históricamente todos convivieron en este territorio, ahora se lo disputan y, además, están en la tarea de impedir que las autoridades arranquen el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS); la apuesta para combatir el narcotráfico que salió del Acuerdo de Paz con las FARC y que busca transformar las condiciones de vida de las comunidades que no tuvieron una opción distinta a estar inmersas en el negocio de las drogas ilícitas.

En un informe sobre este tema, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) asegura que en los municipios con mayor número de hectáreas sembradas de coca ha incrementado la violencia. ¿La razón? Los grupos armados defenderán a muerte el principal sustento que tienen. Mientras en 2016 el número de asesinatos en Tibú llegó a 120, en el 2017 llegó casi a 190. “El deterioro de la seguridad no solo se ha expresado en el alza en los niveles de homicidio, sino en amenazas y ataques directos al proceso de sustitución”, registra la FIP.

 

Cuando aparecen 40.000 hectáreas deforestadas en dos meses, inmediatamente toca imaginarse camiones llenos de operarios con motosierras, contratados durante días en la frontera de la selva. ¿Quién está pagando eso? Brigitte Baptiste, directora del Instituto Humboldt.

 

Pero en esta zona no solo los cultivos ilícitos acaban con los bosques. Hay quienes deforestan y aprovechan el contexto de violencia para acaparar la tierra y destinarla, usualmente, a una actividad productiva de gran industria. Actualmente, la Superintendencia de Notariado y Registro tiene identificado en Tibú una acumulación de 4103 hectáreas de baldíos, es decir, de predios que pertenecen a la Nación. Esto coincide con otro dato importante: este municipio nortesantandereano es también el que más cabezas de ganado tiene (42 118 hasta 2017) en todo el departamento, según el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

 

Un Pacífico lleno de nuevos grupos armados
 

Otra región que no está nada bien es el Pacífico sur, exactamente el departamento de Nariño que limita con Ecuador. Allá las alertas de deforestación, que concentran el 6 % de todo el país, se enfocan en los bosques del río Patía y en las veredas el Maque, Pumbi y Guacuco, del municipio Roberto Payán.

Al igual que en la Amazonía, en el Pacífico se fortalecieron las disidencias de las FARC, en este caso integradas por excombatientes del Frente 29 en Nariño. La FIP asegura que estos milicianos nunca se desmovilizaron y se enfrentan ahora a grupos como el ELN por el control del territorio y las economías ilícitas. Los principales jefes o cabecillas son ‘David’ y ‘Guacho’. Este último ha tomado considerable notoriedad internacional, pues es el responsable de los asesinatos de los dos periodistas y un conductor ecuatorianos del periódico El Comercio el pasado mes de abril, además de otros secuestros y asesinatos en la zona fronteriza con Ecuador.

Por otra parte, en el departamento de Cauca, también perteneciente al Pacífico colombiano, las estructuras están conformadas por exintegrantes de los frentes 6 y 30. Allá también está el ELN, pero se suma la banda criminal Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y un supuesto reducto de la guerrilla EPL. Toda esta región es de vital importancia para los grupos al margen de la ley, sobre todo por la frontera con Ecuador, que es uno de los corredores de tráfico ilícito que permite, según la FIP, mantener contactos con mafias y organizaciones internacionales del crimen.

En el Pacífico los cultivos de uso ilícito se han ido fortaleciendo. Mientras que en 2015  la coca en Nariño ocupaba 29 755 hectáreas, en el 2016 pasó a 42 627. En Cauca ascendió de 8 660 hectáreas a 12 595 en el mismo periodo de tiempo. En Chocó incrementó un 21 %, al pasar de 1489 a 1803 hectáreas en un año. Y aunque en el departamento del Valle del Cauca ─cuya capital es Cali, la tercera ciudad más importante de Colombia─ la cifra fue mucho menor: de 590 hectáreas pasó a 752, en general toda la región Pacífica preocupa bastante.

Algo que tienen claro las autoridades es que no será fácil acabar con las mafias que están detrás de la deforestación en todo el país, especialmente las que operan en la Amazonía. Ya el ministro de Ambiente saliente, Luis Gilberto Murillo, ha dicho que será imposible cumplir la meta que habían planteado de cero deforestación en esta región para el 2020, aunque plantea que se podría alcanzar para el 2025. Los expertos coinciden en que para poder cumplir con el objetivo se tienen que tomar acciones urgentes que involucren a toda la institucionalidad. Esto no solo es importante para Colombia ya que en los últimos 50 años la pérdida de bosque en toda la región Amazónica de Sudamérica ha llegado al 17 %.

En una editorial publicada en febrero pasado en la revista Science Advances, el profesor Carlos Nobre ─miembro de la Academia de Ciencias de Brasil─ y el investigador estadounidense Thomas Lovejoy advirtieron que si se llega al temido 20 % se alcanzaría un punto de no retorno. Un límite que afectaría el ciclo del agua y los ecosistemas que allí abundan. Un límite que sería catastrófico no solo para la población colombiana sino para la población mundial.

 

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https://redprensaverde.org/asi-se-roban-la-tierra-en-colombia/

 

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*Foto superior: Parques Nacionales Naturales de Colombia.

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