Bogotá

Cada miércoles, Yefferson Moreno y doña Luz, dos recicladores bogotanos, hacen el mismo recorrido: abordan un viejo camión que sube, con dificultad, una loma que divide el centro de Rosales, uno de los barrios más exclusivos de Bogotá. Vestidos de uniforme azul oscuro y con el logotipo de la asociación GER 8 (Grupo Empresarial de Recicladores de la zona octava), bajan del vehículo para recolectar los materiales reciclables de una decena de edificios y de un hotel internacional del norte de la ciudad, con los que GER 8 ha establecido convenios.

Yefferson, de 26 años y Luz de 53, acceden al depósito de basura y trasladan los residuos -previamente separados por la población- de las canecas de reciclaje a grandes bolsas de tela. En cuatro horas llenan el camión con materiales que trasladarán a una bodega de la asociación en el sur-occidente de la capital colombiana. Ahí, otro equipo de recicladores -también uniformados- recibe el material, lo separa según el color y el tipo (plástico, vidrio, papel, cartón, metal, etc.) para luego venderlo a intermediarios que a su vez lo venderán a la industria.

Los uniformes y el camión son ejemplos de cómo han mejorado las condiciones de trabajo de los recicladores en Colombia, pero su mayor logro llega cada mes a sus bolsillos. En la bodega, Leidy, otra recicladora de GER 8, cuenta detalles sobre su remuneración. Como todos los miembros de la organización, ella tiene dos fuentes de ingresos: “mi sueldo principal es lo que puedo recoger como material en la calle durante el mes”, explica. “Si me va bien, gano 400 mil pesos al mes”, alrededor de 100 dólares (USD), un monto muy por debajo del salario mínimo colombiano (877 mil 802 pesos en 2020, aproximadamente 220 USD).

Pero esta recicladora de 23 años recibe un complemento llamado “tarifa de aprovechamiento”. No es un ingreso fijo, depende también de la cantidad de material acopiado, pero en promedio representa para ella entre 100 mil y 120 mil pesos mensuales” (entre 25 y 30 dólares). Una suma adicional que representa el 20% de sus ingresos como recicladora: “es algo que nos ayuda mucho para pagar los gastos de la casa”, confiesa esta madre de dos hijos, que empezó a trabajar como recicladora a sus 13 años.

La tarifa de aprovechamiento es un sistema único en América Latina de redistribución de recursos en favor de los recicladores. Así lo reconoce la Red Latinoamericana de Recicladores en su informe ‘Análisis de políticas públicas para el reciclaje inclusivo en América Latina’: “Consideramos que solo un país, Colombia, cuenta con jurisprudencia que favorece el pago por servicio: esto, para la Red LACRE, es el máximo reconocimiento e indicador de inclusión de los recicladores en los sistemas formales de gestión de residuos sólidos”.

El dinero viene de la factura de aseo pagada por los habitantes de Bogotá, que es en promedio de 21 000 pesos colombianos (unos 5 USD), aunque puede variar según el nivel económico de los barrios, ya que los de menor ingreso gozan de un subsidio. Este impuesto sirve para financiar los servicios de limpieza de la ciudad, que incluyen la limpieza de las calles, la recolección y transporte de la basura, así como la operación del único relleno sanitario de la capital.

Desde 2013, la factura de aseo incluye un componente destinado al reciclaje bajo el nombre de “tarifa de aprovechamiento”. Cada mes, las cinco empresas privadas que gestionan los residuos en la capital colombiana recaudan el dinero. Después pagan a las organizaciones de recicladores en función de la cantidad de material reciclable que declararon haber recolectado el mes anterior. En 2019, según cifras de la Superintendencia de Servicios Públicos, Superservicios, las organizaciones de recicladores de Bogotá recibieron 95 mil millones de COP (aproximadamente 28.7 millones de dólares), como retribución de la “tarifa de aprovechamiento”. Esta suma se repartió entre 16 mil recicladores registrados en más de 150 organizaciones, como es el caso de GER 8.

Lograr esta tarifa de aprovechamiento que complementa el salario de cada reciclador no ha sido un regalo ni un acto de generosidad por parte del Estado colombiano, ni de las empresas privadas de aseo. Para obtenerlo, los recolectores colombianos tuvieron que luchar ante los tribunales durante casi 40 años. La tarifa es el resultado de una larga batalla judicial por sus derechos que empezó en los años 80, cuando decidieron organizarse.

Nohra Padilla es la figura principal del gremio reciclador en Colombia. “No nací de una familia rica. Yo salí de una familia recicladora” dice esta mujer bajita de 56 años, con orgullo añade “y estoy al mando de una asociación de recicladores como le corresponde a mi familia”. Es la representante de la organización de recicladores más grande de la capital, la Asociación de Recicladores de Bogotá (ARB) que cuenta 3 mil 400 miembros, y de la Asociación Nacional de Recicladores de Colombia (ANR).

Nohra Padilla es representante de la Asociación de Recicladores de Bogotá, la organización más grande de su tipo en Colombia. Foto: Lionel Poussery.

Padilla cuenta que el movimiento de defensa de los recicladores de base empezó en 1987. “Fue cuando el gobierno nacional decide ordenar que todos los municipios y todas las ciudades del país tengan un relleno sanitario en lugar de un botadero a cielo abierto. En esa época, la mayoría de los recicladores trabajábamos en estos botaderos”. Cerrarlos significaba eliminar también el lugar de trabajo de los recicladores, que entonces empezaron a buscar residuos en la basura de las calles.

“Es entonces cuando los recicladores comenzamos a organizarnos porque además de habernos sacado de los basureros, también querían sacarnos de la calle donde empezábamos hacer nuestro oficio”. En esa época, los residuos reciclables eran considerados como basura, por lo que las empresas privadas de recolección tenían exclusividad sobre las bolsas con desechos. Intentar recuperar parte de estos residuos convertía a los recicladores en ladrones.

La década de 1990 corresponde a una ola de liberalización económica en Colombia, una reforma neoliberal que tocó también a la gestión de los residuos. En 1994, el parlamento votó una ley que permitía la privatización de los servicios públicos, como las actividades de aseo. En Bogotá, la alcaldía había empezado a privatizar el sector de la basura desde el año 1988, pero esto se fortalece a partir de 1995, cuando el Distrito Capital abre cada cinco u ocho años una licitación para delegar a empresas privadas el servicio de recolección. Se trató de una privatización que los recicladores percibieron como un peligro. Si la gestión de toda la basura quedaba en manos de empresas privadas, ellos se quedarían sin la materia prima de su labor y, en consecuencia, sin empleo. Debían organizarse y oponerse a dicha privatización.

Ilustración: Andrea Paredes

Derecho a la basura

Pero ¿cómo? En lo que parecía una nueva versión de la historia de David contra Goliat, los ciudadanos, recicladores de base precarizados, debían oponerse a poderosos gobernantes y empresas, muchas de ellas multinacionales. A la cabeza de este movimiento: Nohra Padilla y su esposo Silvio Ruiz, líderes de organizaciones de recicladores. En 2002, cuando la alcaldía de Bogotá lanzó una nueva licitación para el servicio de aseo de la ciudad, incluyendo por primera vez la actividad de reciclaje dentro de este contrato, seis empresas privadas son designadas para realizar las tareas de aseo. Los recicladores perciben inmediatamente la amenaza. Con esta licitación, “la alcaldía estaba a punto de entregar nuestro oficio a las empresas privadas”, recuerda Nohra. Esto los llevó a atacar la licitación por vía legal.

Para llevar la pelea al terreno jurídico necesitaban la ayuda de juristas. En 2002 encontraron a la persona idónea: Adriana Ruiz-Restrepo, una abogada con un perfil poco común. Su especialidad es el derecho sin ánimo de lucro y considera que “el derecho es la mayor estrategia para reducir la pobreza”. Con un grupo de juristas voluntarios, Ruiz-Restrepo construyó la argumentación jurídica en defensa de los recicladores y llevó el caso hasta la Corte Constitucional por primera vez, en 2003.

Hubo otros tres fallos en 2009, 2010 y 2011, que corresponden cada uno a una demanda de los recicladores cuando consideraban que el Estado colombiano violaba sus derechos.  En todos ellos, la Corte otorgó razón a los trabajadores argumentando que son “sujetos de especial protección constitucional”. En el fallo de 2011, los magistrados puntualizaron: “Los grupos poblacionales que ejercen la actividad del aprovechamiento (…) se encuentran revestidos de tal calidad, no sólo por las condiciones de pobreza y marginalidad en la que sobreviven, sino por los ingentes beneficios que, en materia ambiental, acarrean para el resto de la sociedad”.

Desde 2003, la Corte ordenó a la alcaldía de Bogotá que incluyera “acciones afirmativas a favor de los recicladores” cuando se trate de la contratación de servicios públicos de aseo, debido a que su actividad está ligada con dicho servicio, a fin de lograr condiciones reales de igualdad y de cumplir con el deber social del Estado. “Y que por ningún motivo vuelva a reincidir en las omisiones en que incurrió en la Licitación No. 01 de 2002, respecto de los recicladores de Bogotá.” En esa ocasión, las organizaciones de recicladores ganaron el derecho de participar en futuras licitaciones estatales y se garantizó su acceso a la basura.

Esta sentencia fue la primera victoria de los recicladores en la batalla por sus derechos. Con la decisión de la Corte podían continuar con su oficio sin temer a ser considerados como “ilegales” o “ladrones de basura”. Sin embargo, durante la primera década del siglo XXI no hubo mayor cambio en sus condiciones de trabajo y de vida: seguían como trabajadores informales intentando sobrevivir con la recolección y venta de residuos. Además, el fallo de la Corte no impedía que una decisión política, un decreto o una ley pusiera en peligro el trabajo de recolectores.

Fue en 2009, en Cali -la tercera ciudad más grande de Colombia- cuando ocurrió la segunda batalla. La alcaldía tomó la decisión de cerrar el botadero de Navarro y privatizar el servicio de aseo sin tomar en consideración la situación de mil recicladores de oficio. Veinticinco de ellos demandaron la decisión ante la Corte Constitucional y Adriana Ruiz-Restrepo se encargó de su defensa a través de Civisol, una fundación que creó para mejorar la vida de las poblaciones en situación de pobreza utilizando el derecho.

“La sentencia de 2003 en Bogotá fue el primer eslabón, la sentencia de Cali de 2009 fue la que cambió las reglas del juego”, considera la jurista. Para el beneficio de los recicladores de todo el país, el juego cambió en todo el territorio. En Colombia, las decisiones de la Corte pueden tratar un caso local pero se aplican en todo el territorio.

Uno de los primeros frutos de este triunfo fue que la ruta de recolección de la basura y la del reciclaje fueran separadas, para que el segundo quedara reservado de manera exclusiva a las organizaciones de recicladores. “La solución mía no fue de decir ‘incluyan a los recicladores como trabajadores de los operadores’”, precisó Ruiz-Restrepo, “sino ‘volvamos a las organizaciones de recicladores los operadores del servicio público de aseo’”. Esta idea, que no se había generado en ningún otro país de la región, es resultado de la especialidad de la abogada: el derecho sin ánimo de lucro.

“Investigando vi que la Constitución de Colombia y la Ley de Servicios Públicos decían que los prestadores del servicio de aseo eran las empresas, que tenían que ser sociedades anónimas o comunidades organizadas, que son comunidades sin ánimo de lucro como lo son las organizaciones de recicladores. Entonces pensé, “por ahí me voy a meter”, relató.

La Corte dio razón a los argumentos de la abogada ordenando la inclusión real de los recolectores en el sistema de reciclaje. “Esta participación no puede ser estimulada buscando sólo su incorporación como empleados, sino que debe contemplar la posibilidad de que puedan continuar su desempeño como empresarios de la basura“, escribieron los magistrados en el fallo de 2009.

Mujeres miembros de la Asociación de Recicladores Unidos de Bogotá seleccionan material reciclable. Foto: Lionel Poussery.

Con ello, el tribunal preveía que los recicladores podrían salir de la informalidad para superar paulatinamente su vulnerabilidad y accedieran a condiciones de trabajo similares a las de cualquier otro trabajador. Esto significaba un cambio sustancial, por lo menos en el papel.

Pero de nuevo, el año siguiente y a pesar de los dos fallos, la alcaldía de Bogotá lanzó la renovación de los contratos de aseo sin incluir a los recicladores, lo que les obligó a recurrir de nuevo a la Corte para que hiciera respetar las decisiones de 2003 y 2009. Y de nuevo ganaron. En 2011, los jueces anularon la licitación y ordenaron claramente al Estado que los recicladores percibieran una remuneración por su trabajo al igual que los operadores privados de aseo.

Hasta ese momento, el negocio del aseo de la ciudad funcionaba de la siguiente manera: el municipio delegaba a empresas privadas el servicio de aseo a través de una licitación. Las empresas elegidas se financiaban cobrando un impuesto de aseo a los habitantes-usuarios, denominado “tarifa de aseo”. Pero los recicladores estaban excluidos de esta remuneración.

Se trata de un sistema que era ilógico, según Adriana Ruiz-Restrepo. “Desde los años 90, veía que el reciclador se llevaba buena parte de mi basura pero el que se llevaba el 100% de lo que pagaba como factura era la empresa de aseo. ¡Los recicladores están haciendo el mismo trabajo que hacen estas empresas! No tenía ningún sentido que dos personas trabajaran para mí y yo solo le pagara a uno”.

Este argumento fue adoptado por la Corte Constitucional, que ordenó al Distrito Capital definir cómo serían ofrecidos en la práctica los servicios de reciclaje, tratamiento y aprovechamiento de residuos, así como la forma en que la prestación de los mismos debía ser remunerada, “bien a través de la tarifa o bien mediante la fijación de un esquema de precios, de forma que estos componentes sean manejados íntegramente por las organizaciones de recicladores que entren en proceso de regularización”.

El fallo judicial interviene en diciembre de 2011, dos semanas antes del inicio del mandato del nuevo alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, una coincidencia de calendario bienvenida por los recicladores. Líder de la izquierda en Colombia, Petro estuvo más atento a la situación de los recolectores que sus predecesores, y dentro de sus promesas de  campaña tenía el programa “Basura cero” enfocado en la reducción de los residuos y el desarrollo del reciclaje.

Esa nueva administración empezó a poner en práctica desde 2012 las órdenes de la Corte. Pero para poder remunerar a los trabajadores, la alcaldía tuvo que censarlos primero. Una primera encuesta permitió identificar a más de 13 000 recicladores de base que trabajaban en las calles de Bogotá. Y con esa primera cifra, inició una nueva etapa. De 2013 a 2016, cada recolector censado recibía directamente en su cuenta bancaria, por parte de los mismos habitantes, una suma correspondiente a la cantidad de material que recolectó el mes anterior y que se denomina “tarifa de aprovechamiento”.

A partir del 2016, un decreto del gobierno nacional cambió ese sistema: se eliminó el depósito directo y se empezó a efectuar el pago a través de las organizaciones de recicladores, estas transfieren el dinero a cada miembro de su asociación. Para poder recibir esta remuneración, las organizaciones tienen que entrar en un proceso de formalización y cumplir con una serie de requisitos. Cada mes deben declarar las toneladas recolectadas, acompañadas de las facturas de venta del material en una plataforma en línea gestionada por la Superintendencia de servicios públicos. Son las empresas privadas de aseo las que recaudan el dinero y hacen el pago a las organizaciones según las toneladas de materiales efectivamente comercializadas.

Bogotá es una ciudad de más de siete millones de habitantes que genera más de ocho mil toneladas de residuos al día, según las empresas de aseo y las organizaciones de recicladores. La tarifa de aprovechamiento constituye solo una parte del impuesto de Aseo, sin embargo, representa una cantidad de dinero importante.

Según cifras de la Alcaldía de Bogotá obtenidas por este equipo, el reciclaje representa 16% del costo global del Aseo en la ciudad: en 2019, las cinco empresas privadas que gestionan los residuos manejaron 166 millones de dólares en la ciudad, una cifra que revela el potencial económico del reciclaje y del negocio de la basura en general.

Por su parte, las organizaciones de recicladores declararon haber recolectado en 2019 cerca de un millón de toneladas de materiales y recibido en compensación 95 mil millones de pesos colombianos (COP), alrededor de 28.7 millones de dólares. Esta cantidad podría dar la impresión de que es suficiente para salir de la pobreza. Pero según varios líderes de organizaciones, no es el caso. Primero, porque hay que dividir el dinero entre 16 mil recicladores. En consecuencia, si se repartiera de forma igualitaria entre todos, cada uno recibiría un promedio de 150 USD por mes. Tampoco es el caso.

Según Nohra Padilla, de la ARB: “con la entrada en vigencia del pago de la tarifa los recicladores están recibiendo entre 180 mil y 250 mil COP adicionales (entre 55 y 75 USD), lo que significa que su salario subió a casi 600 mil pesos (aproximadamente 150 USD), que sigue siendo inferior al salario mínimo. Pero estos ingresos un poco mayores van mejorando sus condiciones de vida y de trabajo”.

Además, las organizaciones de recicladores no transfieren a sus miembros la totalidad de la tarifa que reciben. El proceso de formalización para recibirla creó nuevos costos que deben asumir las organizaciones. Campo Elías Jiménez, representante de la Asociación de los Recicladores Unidos para Bogotá (ARUB) indica que sus miembros reciben un promedio de 150 mil o 200 mil pesos mensuales (45 a 60 dólares). “Pero dentro de eso, realmente a los recicladores no nos queda nada. Porque de esos ingresos tenemos que sacar dinero para pagar otras cosas. Esta remuneración nos permite apenas sostener los costos de la organización, el pago del arriendo de la bodega, las facturas y para tener dinero cuando las maquinarias se nos dañan”.

Luis Romero es el representante de la Entidad Medioambiental de Recicladores (EMRS), una organización de 70 recolectores que decidió repartir de manera equitativa el pago entre sus miembros. “La tarifa de nosotros está dividida en un promedio que cada reciclador recibe 456 mil COP (115 dólares) mensuales. Depende también de las toneladas que a veces se afecta, pero generalmente es eso que se recibe. Además reciben el pago por la venta de su material, que eso sí se le paga directamente al reciclador. Los ingresos de un reciclador están entre unos 600 mil y 700 mil COP al mes” (de 160 a 200 dólares).

Luis Romero, representante de la Entidad Medioambiental de Recicladores, que decidió repartir de forma equitativa la tarifa entre sus miembros. Foto: Lionel Poussery.

Si bien todos los líderes reconocen que percibir una remuneración vía la tarifa es un avance, todos coinciden también en que no es suficiente. “La tarifa no cubre los costos reales de la actividad de reciclaje -explica Luis Romero, de EMRS- porque los cálculos están basados en los costos de otra actividad. Se calcularon sobre la recolección de los residuos no reciclables por empresas privadas. Ese es el primer problema con esta tarifa”.

Un punto que confirma Roger Camilo Alfonso Leal, experto en desarrollo sustentable y autor de una tesis sobre el tema que evidencia como problema de fondo los cálculos de la Comisión de Regulación del Agua (CRA), la entidad pública encargada de determinar el nivel de la tarifa. “La CRA definió en 2015 que la tarifa de aprovechamiento sería igual al costo de recolección y transporte de los prestadores del servicio de recolección de residuos no reciclables, más el costo de disposición final de los prestadores de los rellenos sanitarios”, puntualiza en su trabajo.

Es decir, que la CRA no usó las variables de costos de las organizaciones de recicladores que recogen, transportan, clasifican y alistan los materiales aprovechables, sino que utilizó las variables de los prestadores del servicio de recolección de residuos ordinarios, sumadas a las de operación de los rellenos sanitarios; por tanto el precio de la tarifa que se le paga a las organizaciones de recicladores por tonelada recogida es la misma que se le paga a las empresas que entierran residuos, a pesar de ser dos actividades del servicio de aseo operativamente distintas.

El reciclaje es una actividad más costosa que la recolección, transporte y el enterramiento de basura, ya que reciclar significa un trabajo de selección, clasificación y limpieza de los materiales, labores que necesitan más tiempo y una mano de obra más considerable. Al no cubrir los gastos reales de la actividad, el sistema colombiano no permite que la mayoría de los recicladores tengan seguridad social. La inmensa mayoría se queda con el sistema subsidiado de salud sin cotizar para pensión ni riesgos laborales.

Nohra Padilla confiesa que la ARB no paga la seguridad social a sus miembros. “Si les pagamos la seguridad social a nuestros 3 mil 400 asociados sólo alcanzaría para eso. Nosotros nos hemos negado a registrarnos y pagar, porque el ingreso mejorado que les está llegando es para tener por lo menos comida. Antes, el trabajo servía para pagar arriendo y cualquier necesidad básica, ahora por lo menos tienen un poco más de comida, tienen la posibilidad de mandar a los hijos a la escuela en lugar que esta plata se la lleven las empresas de salud”. De las más de 160 organizaciones de recicladores declaradas en Bogotá, la única que paga prestaciones sociales a sus miembros es EMRS.

Para varios expertos, las reformas en Colombia no permitieron superar las condiciones de pobreza de los recicladores. Es lo que explica Ruth Quevedo, economista de la Universidad Nacional de Colombia, quien fue también miembro de la administración de Gustavo Petro, encargada de implementar las órdenes de la Corte Constitucional.

En un informe para la Fundación Rosa Luxembourg sobre la política pública de reciclaje en Bogotá, Quevedo escribe: “la pregunta central es si han desaparecido las causas y realidades de vulneración de derechos y pobreza de la población recicladora (…). Y la respuesta es no, no puede cuantificarse la cantidad de población recicladora que ha logrado salir de la pobreza porque lamentablemente esta no ha sido una preocupación central de la administración de Bogotá, tampoco se sabe en qué han mejorado las condiciones laborales de los recicladores, cuántos cuentan con seguridad social entre otras variables socioeconómicas. Puede sí intuirse que hay ganadores del modelo pero que los perdedores siguen siendo las gruesas capas de la población empobrecida; el efecto real de la política ha sido hacer del reciclaje un nuevo nicho de negocio en disputa en el marco del servicio de aseo”.

La implementación de la tarifa de aprovechamiento no reemplaza el ingreso principal de los recicladores, que proviene de la venta de los residuos recolectados. Los precios de compra-venta no los determinan los recicladores, sino la industria y los intermediarios que compran el papel, el cartón, el vidrio, los plásticos, entre otros materiales; actores a los que no les interesa que suban el precio de compra. Para Ruiz-Restrepo, hay “un mundo de compradores, bodegueros, e intermediarios que compran los materiales a los recicladores y los entregan a los fabricantes de envases, empaques y plásticos. Vienen comprando por años a precio esclavo a recicladores en pobreza”.

Los precios de compra de los residuos a los recicladores siguen siendo muy bajos, lo que les impide salir de la pobreza. Foto: Lionel Poussery.

Para la abogada, el problema de fondo está en el hecho de que no se aplicaron en su totalidad las órdenes de la Corte. El concepto de formalización fue tergiversado, ya que no hay un contrato de por medio. “Cuando se dice que formalizan a los recicladores uno tiene que firmar un contrato, si no, no es formalización. Ponerles un uniforme no es formalización. Es como si yo me visto de blanco y creo que estoy casada. Tengo que formalizar el matrimonio. En realidad, lo que hicieron fue formalizar la explotación”.

En los hechos, agrega la abogada, lo que hicieron fue poner un uniforme y legalizar la explotación y la esclavitud. “El reciclador no tiene salud, no tiene contrato, no tiene mínimo vital, no tiene seguridad, el reciclador no tiene nada. Ni en el Estado, ni por las multinacionales ni por los empresarios”.

En esto coincide Campo Elías, de ARUB: “Formalización debería significar que la entidad pública tiene que contratarnos a nosotros directamente por el servicio prestado. Eso es un contrato de prestación que tiene que legalizarse entre el Estado y los recicladores”, señala. La solución, para ellos, es que los municipios contraten a sus organizaciones tal como contratan a las empresas privadas de aseo, una opción que, según Ruiz-Restrepo y Campo Elías, permitiría realmente sacar a los recicladores de la pobreza.

Pero no todos los líderes de organizaciones están de acuerdo con esta perspectiva, empezando por Nohra Padilla. La representante de la Asociación Nacional de Recicladores considera que el trabajo “libre” es mejor porque deja participar a todos los recolectores. A su parecer, firmar contratos con los municipios excluiría a miles de trabajadores. “Nos ganamos un derecho donde la totalidad de los recicladores puedan permanecer en su oficio, entonces ¿por qué ir a las licitaciones? Si hay 1 000 recicladores que trabajan en una zona, pero el contrato saca a 200 o 300 recicladores, ¿cómo van a asegurarles a los excluidos que no van a aguantar hambre? No aceptamos ningún esquema donde se excluye a un solo reciclador si no se arregla su vida”, puntualizó.

Para Adriana Ruiz-Restrepo, la perspectiva de Nohra es equivocada, ya que la libre competencia no favorece a los recicladores sino a las grandes multinacionales, como Coca-Cola, Pepsi, Owens-Illinois-Peldar o Tetra Pak, para que les sigan comprando a bajos precios los materiales. Para la abogada, la “libre competencia” en el reciclaje significa que cualquier persona pueda reciclar, pero ese concepto ha sido manipulado en perjuicio de los recolectores.

“En derecho administrativo, la libre competencia es para firmar contratos con el Estado. En Colombia, después que ganamos en la Corte, las multinacionales y el gobierno cambiaron esta significación para decir que la libre competencia era para los residuos de cada habitante, en cada hogar de la ciudad y que hay ejércitos de recicladores que compiten en las calles de Colombia para encontrar estos residuos”, señala la experta y concluye que el sistema actual mantiene una competencia salvaje entre los recicladores, que siguen vendiendo sus materiales a precios muy bajos.

Esta divergencia de opiniones podría ser resuelta próximamente ante los tribunales. Campo Elías, con el apoyo de Adriana Ruiz-Restrepo, llevaron el asunto ante el Consejo de Estado para que defina si el reciclaje es un servicio público operado por contratos o si es un negocio privado de libre competencia.♼

Este reportaje hace parte de la serie de publicaciones resultado de la Beca de producción periodística sobre reciclaje inclusivo ejecutada con el apoyo de la Fundación Gabo, Latitud R y Distintas Latitudes.