
Los pueblos indígenas de América llegan con propuestas y reclamos a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) que se desarrolla en la ciudad de Belém do Pará, Brasil. Las organizaciones originarias se unen para pedir el cuidado de los bosques exigiendo el freno de varios impactos ambientales, como la minería ilegal, la deforestación, el narcotráfico, la tala de árboles y los avasallamientos o invasiones, entre otros.
Además, la mayoría de estos pueblos no tienen expectativas positivas frente al evento que comenzó en la Amazonía brasileña. Este martes, un grupo de manifestantes indígenas se enfrentó con personal de seguridad afuera de la sede de la cumbre climática, cuando intentaron abrirse paso hacia el interior del recinto. Fueron repelidos y dos de los guardias resultaron heridos, según la ONU. «No hacían esto porque fueran malas personas. Están desesperados tratando de proteger su tierra, el río», aseguró a la agencia AP Agustín Ocaña, coordinador de movilización juvenil para Global Youth Coalition.
Esta conferencia climática mundial se desarrolla por primera vez en la Amazonía y mientras el Acuerdo de París cumple diez años. Este tratado climático global fue aprobado en 2015 para evitar que la temperatura suba más de 2 °C, e idealmente que su incremento no sea superior a 1.5 °C. En ese marco llegan los pueblos indígenas a la ciudad de Belém do Pará.

Ruth Alipaz, que es la presidenta de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) de Bolivia, explicó que su organización seguirá insistiendo en la COP30 de Brasil sobre el freno a las actividades extractivistas en la Amazonía, como la minería, las exploraciones petroleras, el avance de la deforestación y los incendios de bosques para el agronegocio, la ganadería y los monocultivos, como la palma aceitera.

Además, la defensora indígena dijo que en esta conferencia también se solicitará impedir el avance de las “megainfraestructuras” en la Amazonía, como las hidroeléctricas. “No se ha reducido la extracción de combustibles fósiles y minerales, la transición a energías limpias requiere de más minerales y combustibles, pero además porque el interés es económico y no de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero”, dijo Alipaz.
La dirigente exigió a los organizadores de la COP30 que escuchen las demandas de los pueblos indígenas, aunque va a la reunión sin expectativas de cambio. “Si en 30 años no hubo capacidad para hacer cambios sustanciales y conscientes con la prioridad de preservar la vida, esta COP30 es otra versión más de la mentira”, cuestionó Alipaz.
En esta ocasión, algunos de los pueblos indígenas de América llegaron a Belém do Pará a bordo de una simbólica flotilla navegando por el río Amazonas y demandan ser incluidos plenamente a la hora de tomar decisiones que afecten directamente a sus medios de vida y a sus territorios, alegando que sin ellos no hay futuro, puesto que son los que cuidan los bosques.
Esa flotilla, que se denomina Yaku Mama, inició el viaje el 16 octubre en la ciudad del Coca, Ecuador. Las organizaciones indígenas a bordo exigen que se respete el derecho de pueblos indígenas a decidir sobre sus territorios y a ser considerados para una transición energética justa que no implique nuevas zonas de sacrificio a través de la minería, la extracción de petróleo y monocultivos. Otra de las demandas es recibir financiamiento directo que les permita implementar soluciones ante los efectos climáticos que se viven en sus territorios.
Uno de los dirigentes que participó en ese recorrido es Juan Bay, presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE). El líder indígena explicó que el recorrido que realizaron -casi 3000 kilómetros- es una protesta y un pedido de justicia climática. “Confiamos en que la presencia de los pueblos indígenas de la Amazonía influya en los tomadores de decisión de la COP30 para que haya cambios profundos y urgentes para poder garantizar un mundo sano”, dijo Bay a través de la cooperación de Amazon Watch.
El líder indígena explicó que el año pasado un plebiscito ordenó al gobierno de Daniel Noboa suspender las actividades petroleras en el bloque 43, que ocupa parte del territorio indígena del Yasuní. El 59 % de la población votó para dejar cientos de millones de barriles de crudo bajo tierra de forma indefinida y por eso muchos de los waorani sueñan con una selva libre de explotación petrolera.

Este pueblo indígena pide respetar el mandato popular, considerado ejemplo mundial en la lucha contra la crisis climática. En agosto venció el plazo para cerrar los 247 pozos de la zona que todavía están en operación. “Los ecuatorianos votaron para cerrar esos pozos, pero el Estado hasta ahora no cumple con la votación del pueblo. Solo diez pozos fueron cerrados, pero los demás siguen dañando la salud de nuestros pueblos”, dijo Bay.
El bloque empezó a ser explotado en 2016 tras fracasar el plan del entonces presidente ecuatoriano, Rafael Correa (2007-2017), para evitar la extracción a cambio de una compensación internacional de 3600 millones de dólares.
Tulio Viteri, representante del pueblo originario kichwa de Sarakayu de Ecuador, destacó que su organización lleva a la COP30 una “propuesta de vida” y un modelo llamado “kawsak sacha”, que presenta la sostenibilidad ambiental armónica y la relación simbiótica entre hombre y naturaleza. “Esto en realidad es ver la naturaleza como un sujeto consciente de derechos, es una manera de ver desde una perspectiva diferente la sostenibilidad ambiental sin la tecnologización. Es una manera de ver una transición energética justa”.
En cuanto a los reclamos que lleva a la COP, el dirigente ecuatoriano resaltó que apunta a las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) para que apoyen a los pueblos y comunidades indígenas de manera directa con las alternativas propias que presentan. “Las expectativas en esta COP30 son muy pocas, ya que en vez de plantear soluciones se debate, por ejemplo, cómo explotar la naturaleza de manera que tenga menos impacto y, sobre todo, que sea desde un punto antropocéntrico”.
Viteri añadió que esta conferencia mundial “se ha convertido en un espacio más burocrático, pero, aun así, se tiene que tener una mayor incidencia para que se pueda socializar y concientizar a una mayor cantidad de personas”.
La COP30 de Brasil se desarrolla en medio de un contexto geopolítico convulsionado y cuestionamientos al multilateralismo. Brasil, como presidente de esta conferencia, tendrá el desafío de balancear esas tensiones. A diferencia de años anteriores, esta edición no tiene como objetivo principal alcanzar un acuerdo o emitir una declaración. El Gobierno de Brasil y analistas la han definido como “la COP de la implementación”.
En una entrevista con la agencia AFP, la ministra de Pueblos Indígenas de Brasil, Sonia Guajajara, expresó su anhelo de que los pueblos indígenas tengan un papel protagonista en el desarrollo de la COP30. La funcionaria es integrante del pueblo Guajajara-Tenetehara y nacida en una reserva indígena del estado de Maranhão, en el noreste de Brasil. Guajajara es la primera persona en ocupar este cargo creado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva al regresar al poder en 2023.

“La COP puede contribuir significativamente a una mayor comprensión del papel de los pueblos indígenas. Y principalmente del papel de los pueblos originarios en el equilibrio climático”, afirmó Guajajara a la agencia de noticias.
Lucía Ixchiu es una mujer maya k’iche, del pueblo iximulew, en Guatemala. Ella es coordinadora indígena del Movimiento de Liberación Negra e Indígena (BILM) y ve que la realidad centroamericana debe abordarse no solo en la flotilla indígena, sinotambién debe llegar a las mesas de trabajo de la COP30.
“Es parte también del interés de articularnos en esta flotilla de gente tan diversa porque son múltiples realidades las que enfrentamos. De esto no se habla en la COP, por eso estamos haciendo este acto desesperado, para seguir posicionando las historias y luchas de los pueblos”, comentó Ixchiu, quien vive exiliada tras haber documentado la tala ilegal en su comunidad, en Guatemala, un país que incrementó cinco veces los asesinatos de defensores en 2024, de acuerdo con Global Witness.
Mientras, existen organizaciones indígenas de la región que no asistirán a la COP30, pero decidieron mandar sus mensajes y demandas a pesar de no estar inscritos en las mesas de negociación. Una de ellas es la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA) de Colombia. Su lideresa, Claudia Pai, del pueblo inkal awá, mandó como propuesta central el reconocimiento y fortalecimiento de los sistemas propios de gobernanza ambiental y territorial como una vía efectiva para enfrentar el cambio climático desde los territorios ancestrales.
“Nuestra propuesta parte del principio de que la protección del bosque y la biodiversidad solo es posible si se garantiza la permanencia de los pueblos que lo habitan y lo cuidan, bajo su gobierno propio, conocimientos ancestrales y cosmovisión”, resaltó Pai. La dirigente indígena añadió que el pueblo awá reclama que los compromisos globales de protección de bosques y del clima se traduzcan en acciones reales en los territorios indígenas, donde los impactos de la deforestación, la minería, los derrames de hidrocarburos y la pérdida de biodiversidad continúan avanzando.

“La UNIPA espera que la COP30, al realizarse en la Amazonía, sea un espacio donde las voces de los pueblos indígenas sean escuchadas con verdadera incidencia en las decisiones globales. Esperamos que este encuentro no solo visibilice la importancia de los bosques amazónicos, sino también la necesidad de fortalecer los sistemas de vida que los sostienen”.
Desde Perú partió una delegación de 35 líderes de pueblos indígenas amazónicos. Este grupo asiste a la COP30 “con propuestas para enfrentar la crisis climática global”, según un comunicado de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep). Esta organización afirmó que presentará “una agenda climática construida desde los territorios, reafirmando que sin sus propuestas no hay soluciones posibles para el planeta”.
Por su parte, Pedro Uc Be, escritor indígena mexicano e integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíimbal, fue más negativo sobre los resultados que espera de la COP30. El dirigente afirmó que su organización no mandará propuestas a la COP30 porque es un “evento elitista” realizado por “gente que destruye la naturaleza”.
El indígena maya aseguró que los empresarios y gobiernos desarrollistas “nunca consideraron válida nuestra voz” y por eso “no hay importancia de llevar nuestra voz, porque no será atendida, ya que no hay espacios para nosotros”.
Imagen superior: Representantes indígenas de Brasil, en la COP30, en Belém do Pará. Foto: AP
ALIANZA INFORMATIVA
MONGABAY LATAM – RED PRENSA VERDE
Amanda Magnani / Dialogue Earth
Representantes de más de 100 países se reunirán en Belém, Brasil, la ciudad amazónica que será la sede de la cumbre climática COP30 del 10 al 21 de noviembre. Esta edición de la conferencia ha sido descrita por Naciones Unidas como un hito decisivo para que los países actualicen sus planes de acción climática y avancen en la aplicación de medidas contra el calentamiento global.
Como país anfitrión, Brasil pretende que esta cumbre se caracterice por los resultados. “Ahora es el momento de actuar”, afirmó el presidente de la conferencia, André Corrêa do Lago, en un evento preparatorio celebrado en agosto. “La COP30 será el momento de ajustar los instrumentos y acelerar la implementación”.
Pero las expectativas para la COP30 son tan grandes como los desafíos que la rodean. La conferencia coincide con el décimo aniversario del Acuerdo de París, un hito mundial en la lucha contra la crisis climática. Este tratado histórico impulsó la expansión de las políticas nacionales destinadas a lograr economías bajas en carbono, pero los avances hacia sus objetivos siguen siendo insuficientes: en 2024, la temperatura media del planeta superó por primera vez el objetivo acordado de 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales, un umbral definido por los científicos como el máximo para evitar los peores efectos de los fenómenos climáticos cada vez más graves.
A principios de este año, los expertos advirtieron que el planeta había alcanzado su primer “punto de inflexión”, con la muerte generalizada de los arrecifes de coral en más de 80 países debido al calentamiento de los océanos. Los científicos y conservacionistas responsables del análisis también destacaron el riesgo de colapso de la selva amazónica, un bioma esencial para el equilibrio climático mundial y precisamente el lugar donde se celebrará la cumbre COP30.
Con el agravamiento de la crisis climática, la COP30 pondrá a prueba la voluntad de los países de mantener el Acuerdo de París como pieza central de la gobernanza mundial. La COP28, celebrada en Dubái en 2023, supuso el primer balance global y la primera mención en un texto final de la COP a la transición de los combustibles fósiles. Por su parte, la COP29 del año pasado en Azerbaiyán estableció un nuevo objetivo de financiación climática. En Belém, la atención se centrará en la revisión y la aplicación de los objetivos nacionales de reducción de emisiones, las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC), que se actualizan cada cinco años.
Un informe de síntesis reunirá las propuestas para orientar la acción climática hasta 2030 y evaluará el cumplimiento de los países en el marco de las NDC. Sin embargo, hasta ahora, menos de 70 de los más de 190 signatarios del Acuerdo de París han actualizado sus objetivos. En conjunto, los países que ya han presentado sus planes representan más de un tercio de las emisiones mundiales.
“Los planes presentados no nos acercan en absoluto al camino necesario para un futuro seguro”, afirmó Miriam García, directora de políticas climáticas del World Resources Institute Brazil (WRI), una organización dedicada a la investigación de soluciones climáticas.
Señaló que, según estimaciones recientes, el mundo tendría que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en unas 31 gigatoneladas para 2030 a fin de mantener el calentamiento global dentro del límite de 1,5 °C. Sin embargo, incluso teniendo en cuenta las NDC actualizadas y otros compromisos ya anunciados, la reducción prevista no supera las 2 gigatoneladas.

La conferencia también se centrará en la adaptación a los fenómenos climáticos extremos, una transición energética justa y la aplicación de la Hoja de Ruta de Bakú-Belém, un documento que describe el camino para alcanzar 1,3 billones de dólares en financiación climática anual para 2035, un objetivo acordado en la COP29 en Bakú, la capital de Azerbaiyán.
Paralelamente a las negociaciones oficiales, el gobierno brasileño se ha comprometido con una amplia “Agenda de Acción”, con más de 350 eventos en los que participan gobiernos locales, empresas, investigadores y representantes de la sociedad civil.
Sin embargo, el enfoque de esta agenda ha despertado opiniones divergentes, según Karla Maass, asesora de incidencia política de la Red de Acción Climática de América Latina (CAN-LA), la división regional de la coalición mundial CAN, que agrupa a más de 1.900 organizaciones medioambientales. “Algunos creen que es el escenario donde se desarrolla la política y la economía reales, pero otros lo consideran una cortina de humo para desviar la atención de las negociaciones oficiales”.
Para Maass, los procesos de negociación formales y paralelos “pueden ser complementarios, pero la Agenda de Acción no puede acaparar toda la atención”.

Además de los impasses técnicos, la COP30 se celebra en un contexto geopolítico “muy delicado”, según García, de WRI Brasil. Afirmó que la creciente falta de confianza entre los países —ya identificada por los líderes mundiales como uno de los principales obstáculos para las negociaciones sobre el clima— ha debilitado las alianzas y reducido la voluntad de cooperar. El regreso a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump, que ya ha impulsado recortes en los programas internacionales de clima y asistencia del país, junto con la reorientación de los recursos gubernamentales hacia cuestiones militares y de seguridad en medio de las guerras en Ucrania y Gaza, ha exacerbado el declive mundial de la financiación climática.
Ante las tensiones geopolíticas que podrían desviar la atención de los debates, los líderes de la COP30 en Brasil, como la directora ejecutiva de la cumbre, Ana Toni, han tratado de reafirmar su compromiso con el multilateralismo. Esta también es la opinión de García, quien lo describió como la única forma posible de abordar la crisis climática. “No hay otro espacio en el que los países más vulnerables puedan expresar sus demandas”, añadió.
Tras tres ediciones de la cumbre en países cuyos regímenes se consideran autoritarios, hay grandes expectativas de que la COP30 marque el regreso de una fuerte participación de la sociedad civil, así como el primer plano de las demandas y ambiciones del Sur Global.

Sin embargo, esta esperanza se ha visto empañada por los exorbitantes precios del alojamiento en la ciudad anfitriona, Belém, que han limitado la presencia de representantes de movimientos sociales y países más pobres. Incluso con el aumento del apoyo financiero de la ONU, el problema persiste: a finales de octubre, 49 delegaciones seguían sin saber dónde se alojarían durante la conferencia, mientras que más de 130 ya tenían garantizado su alojamiento.
Ante esta situación, el Observatorio del Clima, una de las organizaciones brasileñas que más de cerca ha seguido las conferencias de la ONU sobre el clima, ha advertido que esta podría convertirse en la “COP menos inclusiva de la historia”.
“Sin las delegaciones de los países en desarrollo, se pondrá en duda la legitimidad de las decisiones”, afirmó Stela Herschmann, experta en política climática del Observatorio del Clima.
Incluso entre las delegaciones que han logrado confirmar su asistencia, la tendencia ha sido reducir el tamaño de los equipos, incluso en el caso de la propia ONU y Brasil. Esta limitación, según Herschmann, puede afectar al ritmo y la calidad de las negociaciones.
“Los equipos pequeños tienen que dividirse en diferentes salas, lo que sobrecarga a los negociadores. Como resultado, las ambiciones tienden a disminuir”, explicó.

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 provocó una nueva retirada del Acuerdo de París por parte de Estados Unidos, el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo. “Además de los efectos sobre el objetivo global de reducción de emisiones, esta salida también tiene un impacto en la financiación climática mundial”, afirmó García. Sin embargo, señaló que el país nunca ha cumplido plenamente sus compromisos financieros y añadió que los gobiernos estatales y municipales del país podrían intentar llenar el vacío dejado por la administración federal.
Con la retirada, las NDC presentadas por Estados Unidos en 2024 ya no son válidas. En cuanto a los demás actores clave en el ámbito climático, la Unión Europea recién presentó sus planes y China ha anunciado unos objetivos que, en general, se consideran por debajo de las expectativas.
En un discurso pronunciado en la Asamblea General de la ONU en septiembre, el líder chino Xi Jinping anunció que el país tiene la intención de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero entre un 7% y un 10% para 2035, tomando como referencia el pico registrado en los últimos años.
Los expertos consideraron que este compromiso era vago e insuficiente, sobre todo teniendo en cuenta que China representa alrededor de un tercio de las emisiones mundiales. Sin embargo, Beijing tiene un historial de superar sus objetivos, a veces cautelosos.
Además, con la retirada del liderazgo climático de Estados Unidos y la Unión Europea, crece la presión para que China tome la iniciativa en la agenda climática mundial. A pesar de sus modestos objetivos, el país es considerado el único con suficiente peso político y capacidad tecnológica para desempeñar este papel.
Beijing ha rechazado a menudo la idea de posicionarse explícitamente como líder climático. Según Niklas Weins, profesor del departamento de estudios internacionales de la Universidad Xi’an Jiaotong-Liverpool, China no considera estratégico asumir el papel de “líder único” en cuestiones internacionales, incluido el medioambiente.
“Estados Unidos suele ocupar esta posición, y los chinos comprenden el peso que conlleva esta imagen. Por lo tanto, en el ámbito ambiental, lo que el país desea es un liderazgo distribuido con una cooperación Sur-Sur reforzada“, explicó Weins a Dialogue Earth.

Los expertos también abogan por un papel más activo de las economías emergentes en la transición ecológica. Según García, el liderazgo de países de ingresos medios como China, Indonesia, Sudáfrica y Brasil es esencial para hacer posible una economía global con bajas emisiones de carbono.
“Producen aproximadamente la mitad de las emisiones mundiales, un porcentaje que probablemente aumentará. Si no logran reducir estas emisiones y adaptarse a los inminentes impactos climáticos, toda la transición ecológica estará en peligro”, afirmó.

Al mismo tiempo, muchos consideran que la transición climática mundial está abriendo una oportunidad de desarrollo única para los países del Sur Global, especialmente en América Latina. “Estos países aún tienen una gran oportunidad para ampliar sus mercados [energéticos] y dar a sus poblaciones acceso a energía que ya proviene de fuentes renovables”, afirmó Herschmann. “Es una oportunidad para aprovechar este momento de transformación y corregir las desigualdades e injusticias estructurales”.
Para Corrêa do Lago, América Latina tiene ante sí la oportunidad de asumir un liderazgo sin precedentes en la búsqueda de la justicia climática. Marcada históricamente por posiciones fragmentadas en la agenda climática, la región ha buscado una mayor coordinación en los foros multilaterales, con el objetivo de llegar a la COP30 con una agenda más unificada e influyente.
Tanto Herschmann como Maass comentaron que reforzar la posición del Sur Global en el debate será esencial, pero insuficiente sin la participación de las grandes potencias. “Estamos asistiendo a un fortalecimiento del Sur Global, pero líderes como Estados Unidos y la Unión Europea deben seguir comprometidos y fijar objetivos ambiciosos. Al fin y al cabo, son históricamente responsables del cambio climático”, afirmó Herschmann.
Imagen superior: Un comité presidencial brasileño navega hacia la isla de Combu, en la ciudad amazónica de Belém. Delegaciones internacionales llegarán a la ciudad este mes para las negociaciones climáticas de la COP30 Autor: Ricardo Stuckert Presidência da República / Agência Brasil.
ALIANZA INFORMATIVA
DIALOGUE EARTH – RED PRENSA VERDE
BAKÚ, AZERBAIYÁN. La migración crece a medida que el planeta se calienta aún más. El cambio climático alimenta una crisis migratoria y millones de personas de países vulnerables se ven continuamente desarraigadas de sus hogares.
El nexo entre clima y migración es innegable y la comunidad mundial se ha volcado en las conversaciones y negociaciones de la cumbre climática de Bakú en busca de soluciones urgentes y sostenibles para el recalentamiento planetario.
Ugochi Daniels, subdirectora general de Operaciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), habló sobre el desplazamiento de personas debido al impacto del cambio climático y sus diferentes dimensiones, como el desplazamiento por desastres, la movilidad laboral, así como la reubicación planificada.
También se refirió a la magnitud de esta situación, ya que solo en el último año aproximadamente 26 millones de personas fueron desplazadas debido al impacto del cambio climático.
Daniel comentó: «Este impacto está destruyendo los medios de subsistencia de la gente. Las granjas que solían cultivar ya no son viables y la tierra ya no puede sostener su ganado. Así que la gente se desplaza en busca de oportunidades laborales en otros lugares».
Luego está la reubicación planificada, que la OIM apoya a los gobiernos, explicó.
«Cuando los gobiernos saben que ciertas comunidades ya no pueden adaptarse porque el impacto del clima es tan grande que van a tener que trasladarse, en lugar de esperar a que se produzca el impacto climático para trasladarse y probablemente no de la forma más organizada posible, los gobiernos lo planifican».
Para la OIM, es la llamada reubicación planificada.
Daniels subrayó que la migración climática va camino de convertirse en una crisis mundial aún mayor, ya que las estimaciones del Banco Mundial indican que 216 millones de personas se verán desplazadas por el impacto del clima de aquí a 2050 y que lo harán dentro de sus propios países. «Casi mil millones de personas viven en zonas altamente vulnerables al clima. Las tendencias muestran que cuando la gente se desplaza, a menudo se debe a una mezcla de muchos factores».
Explicó que si una comunidad se ve afectada por un fenómeno meteorológico extremo, y al mismo tiempo no se realizan las inversiones necesarias, no hay forma de que la comunidad absorba el impacto del fenómeno meteorológico extremo.
Recuerda que en cada anual Conferencia de las Partes (COP) sobre cambio climático, se registra que el año en curso es el que más catástrofes ha registrado por olas de calor y otros fenómenos climáticos, como sequías, inundaciones y huracanes.
Es lo que ha sucedido en Bakú donde se descuentan ya las horas para el final de la COP29, que se desarrolla en el Estadio Olímpico de la capital de Azerbaiyán desde el día 11.
La directora de Operaciones de la OIM remarcó que estos problemas se están convirtiendo cada vez más en una realidad vivida por un mayor número de personas.
También se refirió a las recientes inundaciones por una catastrófica riada en España, además de todas las catástrofes que se están produciendo en los países del Sur en desarrollo. A su vez, esto está aumentando la concienciación sobre el impacto del cambio climático en las personas.
«De los 216 millones de personas que se calcula que se desplazarán de aquí a 2050, casi la mitad se encuentran en África: 86 millones en el África subsahariana y 19 millones en el norte de África», dijo Daniels, originaria de Nigeria.
Ello sucede porque «África es muy vulnerable en medio de todos los demás problemas de desarrollo a los que se enfrenta el continente. Y sabemos que, solo en África, el estrés hídrico afectará a 700 millones de personas de aquí a 2030. La realidad es que estamos experimentando el impacto del clima».
Explicó que «este año hemos tenido inundaciones sin precedentes en Nigeria, y no sólo en este país: Chad, la República Centroafricana y el Cuerno de África oriental se han enfrentado a fenómenos similares en los últimos tiempos, y tenemos El Niño y La Niña en el sur de África».
Daniels afirma que están animados y satisfechos porque la movilidad humana está integrada en las propuestas para el Objetivo Global de Adaptación y que están unificados en torno a este tema.
También está la Declaración de Kampala sobre Migración, Medio Ambiente y Cambio Climático, que ya han firmado más de 40 países de África, y los grupos regionales de los Estados insulares del Pacífico y las islas han dado prioridad a esta cuestión, ya que es la realidad que viven.
«Como OIM, nuestra presencia en la COP consiste en apoyar a los Estados miembros para aumentar la visibilidad y la concienciación sobre el vínculo entre el cambio climático y la migración y el desplazamiento. Dicho esto, dentro de las negociaciones, y todavía estamos esperando a ver lo que sale, esperamos que esto continúe», observó Daniels.
Y añadió: «Contamos con que los Estados miembros se aseguren de que se reconoce el impacto en las comunidades vulnerables, de que se da prioridad a las comunidades vulnerables en la financiación climática y de que se tiene en cuenta la migración como una estrategia positiva de adaptación. Cuando hablamos de desplazamiento, también tenemos que reconocer que, tal y como están las cosas, los migrantes, a través de medios formales e informales, envían un billón (millón de millones) de dólares al año».
«Y gran parte de esa cantidad va a parar a países en desarrollo y de renta media. Y cuando me reuní con la diáspora en la COP el año pasado (en Dubái), me dijeron: «Ahora estamos financiando pérdidas y daños’. Hemos visto que las remesas han resistido desde covid-19 y siguen subiendo».
Asi que en la COP29 de Bakú, argumentó, «no se trata solo de reconocer el cambio climático y la movilidad humana, que ha estado en la decisión cubierta al menos durante las tres últimas COP. Sino que también se trata de integrar esto en los diferentes instrumentos y mecanismos, ya sea en la financiación o en los indicadores».
Al hablar sobre la cuestión neurálgica de la operatividad del Fondo de Pérdidas y Daños, aprobado en Dubái hace un año, Daniels recordó que hay 64 fondos globales específicos sobre el clima.
Pero el Fondo de Pérdidas y Daños es el único que tiene una ventana específica para las comunidades vulnerables.
Mientras los casi 200 Estados parte de la convención climática de Naciones Unidas continúan sus negociaciones cada vez más intensas, la OIM espera soluciones que, por ejemplo, mejoren el acceso a la financiación climática.
Daniels aseguró que la OIM espera que la nueva vía de financiación, el Fondo de Pérdidas y Daños, apoye a las comunidades vulnerables para adaptarse o migrar de forma segura.
También hizo hincapié en la necesidad de cooperación regional para gestionar la migración relacionada con el clima y en cómo la migración climática figura en los planes nacionales de adaptación.
«Es importante que las comunidades vulnerables formen parte de las soluciones. Necesitan estar en la mesa donde se toman estas decisiones», dijo Daniels.
La OIM es la agencia de la ONU que apoya tanto el nuevo Fondo como su implementación.
«Las pruebas están ahí. Las soluciones están ahí. Los acuerdos también están ahí. Así que estamos aquí en la COP para hacer todo lo que esté en nuestra mano para garantizar que así sea».
«Nuestra máxima prioridad es el compromiso y la participación de los más afectados para que tengan voz en la mesa. La migración bien gestionada es una estrategia de adaptación muy eficaz», afirmó la subdirectora general de la OIM.
Destacó que, «la civilización humana ha sido moldeada por la migración y así seguirá siendo. El clima y otros factores seguirán provocando desplazamientos. Tenemos las herramientas. Sabemos cuáles son las soluciones. Existe el Pacto Mundial sobre Migración, que es la forma en que los países han acordado cooperar para mejorar la gestión y la gobernanza de la migración».
Así que, dijo, «como sabemos que la migración ha dado forma a nuestra historia y que dará forma a nuestro futuro, no tenemos excusa para no garantizar que sea segura, digna y regular».
«Lo que no hagamos nosotros, lo harán los traficantes y contrabandistas», sentenció.
Y se lamentó de que en el proceso, habrá más gente muriendo: «Tendremos mayores vulnerabilidades, y el modelo de negocio y la industria del tráfico simplemente seguirán creciendo. Por tanto, la urgencia de la acción climática es aquí y ahora, y realmente no hay excusa para no trabajar colectivamente en ello».
Imagen superior: La subdirectora general de Operaciones de la Organización Internacional para la Migraciones, Ugochi Daniels (I), en la COP29, en Bakú. Imagen: OIM
ALIANZA INFORMATIVA
INTER PRESS SERVICE (IPS) – RED PRENSA VERDE
La erosión costera y el aumento del nivel del mar han ido consumiendo una a una las islas del archipiélago de San Bernardo, ubicado entre Cartagena (Bolívar) y Tolú (Sucre), con ellas el hogar de pescadores y comunidades que históricamente las habitan. Muchos han tenido que movilizarse, migrar, buscar un nuevo hogar, como también las especies de avifauna marina que se refugiaban allí.
Adrián Caravallo, César Julio, Arturo Berrío y Alexander Atencio, son habitantes de las islas Múcura y Santa Cruz del Islote. Sufren a diario los efectos del cambio climático y relatan cómo es vivir en condiciones adversas, sin el acompañamiento de las instituciones gubernamentales.
Juvenal Julio Berrío ‘El Tiburón’, quien fuera el historiador de las islas falleció hace un año, pero dejó el testimonio de cómo este territorio que a su vez es parque nacional natural ha ido desvaneciéndose en el mar, sin que las autoridades intervengan o atiendan el fenómeno.
Con ellos, voces desde la ciencia y la academia, explican la forma en que esta situación impacta a las comunidades isleñas.

La antigua isla Maravilla es ahora el Bajo Maravilla, su suelo desapareció en el mar Caribe y solo queda una bandera, señal para los pescadores y navegantes. Fotografía: Olga Cecilia Guerrero R/ RPV
¿Qué está pasando en el archipiélago de San Bernardo?, ¿Por qué el país perdió a Maravilla y no se conoció en el centro del país? ¿Cómo se explica que las islas que quedan se estén fragmentando? ¿Dónde está la acción del Estado para prevenir, atender y ayudar a los habitantes de esas marginales porciones de tierra del océano Atlántico?
Las respuestas, en Climática, un podcast sobre justicia climática y movilidad humana, creado por la organización El Derecho a No Obedecer (DANO), la Corporación Otra parte con el apoyo de Hispanics in Philantropy.

Muralla artesanal rompeolas en piedra y conchas de caracol pala, construida por pescadores en la isla Panda, en el archipiélago de San Bernardo. Es la forma en que los habitamntes de las islas combaten los efectos del cambio climático, con el fin de evitar la pérdida de suelo por la erosión costera y el aumento del nivel del mar. Olga Cecilia Guerrero / Red Prensa Verde – Ocgr / RPV
Hace parte de una investigaci+on periodística y es narrado en las voces sus autores: Olga Cecilia Guerrero de Red Prensa Verde e Ignacio Galán de Shots de Ciencia con la producción de 3DVatio, en dos episodios.
Este es el primer episodio que puedes escuchar en Spotify:
Amplía la información sobre la situación del archipiélago de San Bernardo en la investigación periodística Cambio climático en el Archipiélago de San Bernardo, ganadora de la primera edición del Premio Nacional sobre Cambio Climático Angela Restrepo Moreno, en medios digitales, 2022.
Home (cambioclimaticosanbernardo.com)

#HablarDeMigraciónClimática
Fotografía superior: Habitantes de la isla Múcira construyen 'lápices' o murallas de concreto para evitar la erosión. En las zonas donde estas no se han realizado, el mar ingresa a las viviendas. Olga Cecilia Guerrero /RPV.
La respuesta a la sequía de 340 variedades de arveja o guisantes como también se les conoce, fue caracterizada por investigadores del Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC en Córdoba (España), la Universidad Católica Portuguesa y la Universidad Agrícola de Wageningen (Holanda). El estudio permitirá comprender los mecanismos fisiológicos y moleculares responsables de la respuesta a la sequía y facilitará la obtención de nuevas variedades mejor adaptadas, que permitan la productividad de este cultivo ante el cambio climático.
«La irregularidad de lluvias y la subida de temperaturas supone grandes pérdidas para la agricultura de secano, razón por la cual, los investigadores buscan variedades de cultivo que les permitan mantener un menor consumo hídrico y que soporten mejor las consecuencias de la situación climática actual», explica la investigación.
En el caso de la resistencia a la sequía en arvejas se han identificado previamente marcadores moleculares específicos. En el artículo ‘Challenges in pea breeding for tolerance to drought: Status and prospects’ publicado en la revista Annals of Applied Biology los investigadores unifican el análisis fisiológico, biológico y morfológico, además de determinar las herramientas genéticas de esta planta ante el estrés hídrico y postular los rasgos agronómicos y de rendimiento asociados a la falta de agua en las distintas etapas de cultivo.
Los resultados del trabajo sientan las bases para mejorar la genética de las variedades de guisantes en futuros programas. “Esto permitirá diseñar plantas que puedan resistir el estrés hídrico y tener un rendimiento económico satisfactorio”, indica el investigador del IAS Diego Rubiales, autor del artículo.

Imagen de Piviso / Pixabay.
Los trabajos realizados incluyen bases fisiológicas, bioquímicas y morfológicas de estas leguminosas, incluyendo todo tipo de genotipos de arveja, tanto seco, hortícola y forrajero, como especies silvestres relacionadas. En consecuencia, han analizado la literatura existente en relación a los posibles efectos en la planta por el estrés hídrico y han descrito los cambios que se producen en sus funciones, en su anatomía, los compuestos que se activan o desactivan y los genes que se relacionan con estas respuestas.
También han catalogado las colecciones de los bancos nacionales de semillas de algunos países en todo el mundo para determinar los recursos genéticos disponibles y las herramientas genómicas para su mejoramiento en la adaptación a la sequía.
El análisis implica la revisión de estrategias para la mejora de las semillas en relación a la tolerancia a la sequía asegurando una buena productividad del grano, comparándola con otras leguminosas ya estudiadas.
La investigación de estos resultados para la expresión o silenciamiento de varios genes que responden a la falta de agua puede facilitar una mejor adaptación y un mayor rendimiento de granos en guisantes para estudios posteriores.
Consideran que al conocer las bases genéticas tanto de la tolerancia a la sequía como de los mecanismos de acción ante ella, se pueden diseñar nuevas variedades que cubran las necesidades actuales. Según los autores, este estudio supone uno de los trabajos más completos realizados hasta el momento en arvejas.
Los expertos desarrollan su labor fundamentalmente en relación a la tolerancia de diversas plantas ante enfermedades y plagas con el objetivo de lograr individuos más fuertes. “Damos un paso más con el estudio de la respuesta de estas leguminosas ante uno de los mayores desastres naturales a nivel global. Nuestro trabajo no solo abre las puertas para la mejora genética de los guisantes, sino también a nuevas investigaciones en otros cultivos”, añade el investigador.
Foto superior: Fundación Descubre.
ALIANZA INFORMATIVA
RED PRENSA VERDE – DICYT
Por: Carol Guilleminot / periodista ambiental
Aunque tiene muy baja contribución de gases de efecto invernadero, Uruguay es particularmente vulnerable a los efectos adversos del cambio climático.
Se trata de un país relativamente pequeño en superficie, que sobrepasa apenas los tres millones de habitantes, con una economía asociada a cadenas agroindustriales y de servicios; y una ubicación en el continente y en la cuenca del Río de la Plata que exponen a su población, infraestructura y producción a diferentes amenazas de origen climático.
Posee costas bajas expuestas al aumento del nivel del mar y zonas de ecosistemas frágiles así como ciertos agroecosistemas sujetos a sequías periódicas y áreas urbanas afectadas por inundaciones, olas de frío y de calor, tornados, granizadas, heladas, lluvias intensas y tormentas severas.
Las inundaciones y sequías son los principales eventos climáticos severos. Impactan tanto en la población y las infraestructuras de las comunidades más vulnerables, como en los servicios básicos y las actividades económicas altamente dependientes del clima.
Más del 93% de la población uruguaya vive en ciudades y existen aproximadamente 100 mil personas y 34 mil viviendas que se encuentran localizadas en áreas urbanas con riesgo de inundación, de acuerdo a estudios de la Dirección Nacional de Agua (DINAGUA).

Cantidad de desplazados en Uruguay por evento climático y departamento.
Créditos: Monitor Integral de Riesgos y Afectaciones (MIRA), 2020
Natalia Gómez tuvo su hijo menor cuando estaba desplazada de su hogar por la creciente del río Uruguay en 2016. Hacía ya muchos años que vivía en un asentamiento de la ciudad uruguaya de Paysandú (380 kilómetros al Noroeste de Montevideo), donde cada vez que había una inundación lo perdía casi todo. Hace dos años su vida cambió completamente cuando se mudó al barrio “Nuevo Horizonte”, construido como reubicación planificada para familias residentes en zonas inundables y contaminadas.
El país ha trabajado fuertemente en la última década para hacer de la movilidad humana una estrategia de adaptación y resiliencia. Hasta 2019, el Plan Nacional de Relocalizaciones (PNR) que llevan adelante el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y los gobiernos locales (intendencias) logró la reubicación planificada de más de dos mil familias asentadas en terrenos inundables o contaminados.
El Plan funciona desde 2010 y en 2014 recibió el premio “Faro” de la Organización de las Naciones Unidas como estrategia de adaptación al cambio climático con inclusión social. Su ejecución depende de convenios entre el Ministerio y los gobiernos locales en los que el primero aporta financiamiento y asistencia técnica; y los segundos destinan terrenos para realojar a las familias y presentan proyectos de saneamiento, alumbrado, agua potable y electricidad. El suelo liberado se recupera y resignifica para uso colectivo, como parques o espacios para recreación y el deporte.
“La verdad es que pasábamos bastante mal y siempre nos sacaba la inundación en las peores condiciones”, dice Natalia al recordar su vida en el barrio La Chapita, ubicado sobre un terreno contaminado y cercano a la desembocadura del arroyo Sacra en el río Uruguay. “En 2010 llegué al barrio, conocí a mi pareja y tuvimos tres hijos. Vivimos muchas inundaciones. Yo trabajaba en la fábrica textil Paylana que cerró en esos años y mi marido hacía changas. Como teníamos bastante lugar también criábamos animales para subsistir, gallinas y chanchos”.
Casi siempre las inundaciones eran en invierno, con frío y lluvia. “Las primeras veces nos quedábamos hasta lo último, pensando que el agua no iba a llegar… porque uno no quiere dejar su casa”, cuenta Natalia. “Pero después cuando el agua llegaba a la esquina ya nos íbamos porque la inundación viene con aguas servidas, no se podía estar ahí con chiquilines. Nos íbamos a casas de familiares y después alquilábamos alguna pieza. Muchas veces nos robaron. Se nos mojaba la ropa, los colchones. A veces los poníamos arriba del techo pero cuando volvíamos no teníamos nada porque el agua sobrepasaba el techo y se llevaba todo. Perdías ropa, colchones, todo lo que no podías sacar. Volvíamos a la casita húmeda, dos de mis chicos eran asmáticos y generalmente nos quedábamos sin nada, sin gallinas ni chanchos, nada”, recuerda.

Inundaciones en zona de asentamientos.
Créditos: Presidencia de la República (Uruguay)
Uruguay posee 670 kilómetros de costas, de las cuales 450 kilómetros corresponden al Río de la Plata y los 220 restantes al océano Atlántico. En esta zona se concentra el 70% de la población, y ya está sufriendo una serie de efectos como consecuencia del cambio climático, tales como el aumento del nivel del mar y la erosión.
De acuerdo a la Quinta Comunicación Nacional sobre Cambio Climático (2020), unos 191 km de costa platense (desde Nueva Palmira a Punta del Este) presenta algún proceso erosivo, agravado a partir de tormentas, por la acción del viento y el oleaje.
Las zonas de humedales y playas bajas serán las más perjudicadas por el aumento de la erosión e intrusión salina de acuíferos. En el verano de 2019 se produjo un episodio de proliferación de cianobacterias en la Costa Atlántica. Las floraciones provocaron grandes concentraciones de espuma en una extensión de 500 kilómetros de costa que afectó, en plena temporada turística, gran parte de las playas desde Colonia hasta Rocha.

Costa en Tensión.
Créditos: Presidencia de la República (Uruguay)
“En algunos lugares de la costa uruguaya del Río de la Plata se está forestando con vegetación originaria para recomponer las dunas”, apunta Mario Caffera, doctor en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos y profesor agregado en el Departamento de Sistemas Ambientales de Facultad de Agronomía de la Universidad de la República. “Eso está bien pero es urgente en los planes municipales levantar las cotas para edificar. Hay lugares donde ya no se podrían habilitar construcciones”, señala Caffera, miembro fundador de la sociedad civil “Amigos del Viento: Meteorología Ambiente Desarrollo” y referente de cambio climático en la Red Uruguaya de ONG Ambientalistas.
“La constante del clima uruguayo es su variabilidad y eso enmascara el cambio climático. La zona costera ya está siendo afectada pero se sigue pensando que son accidentes cuando es algo sistémico que probablemente va a continuar agravándose”, opina el experto.
La conjunción de vulnerabilidades ambientales de origen humano aceleradas por el cambio climático en la región, “podría, en un futuro próximo, generar migraciones de población provenientes de Paraguay o el Sur de Brasil hacia Uruguay”, sostiene Caffera. “El mal manejo, la erosión y el desgaste de tierras coloradas, ferralíticas, tropicales y de baja fertilidad existentes en Paraguay y Brasil podría generar crisis sociales que terminen atrayendo población hacia los países del Plata, donde el territorio menos modificado ha sido el nuestro”.
“Es un escenario posible, con muchos desafíos y grandes interrogantes, pero podría haber una tendencia de migrantes que llegarán desde tierras más tropicales, debido al agotamiento de las tierras de los lugares donde viven. La ocupación territorial de soja sobre soja, caña de azúcar sobre caña de azúcar, está destruyendo todo”, afirma.
Uruguay recientemente finalizó la elaboración de su Plan Nacional de Adaptación al cambio climático en ciudades e infraestructuras (NAP Ciudades), que fue diseñado de manera participativa, es decir, con el involucramiento de actores locales. La iniciativa busca aumentar las capacidades en las comunidades.
“Tenemos varios tipos de amenazas además de la inundación fluvial que afecta a poblaciones bajas cercanas a cuerpos de agua. En las ciudades también hay inundación por drenaje debido a la densificación de áreas que tienen estructuras de drenaje y saneamiento antiguas que no dan abasto. También influyen los cambios de los parámetros de lluvia porque llueve más de golpe y frecuentemente y eso se superpone a otras situaciones como conflictos de drenaje u ocupaciones irregulares en áreas urbanas”, apunta Gustavo Olveyra, Magíster en Desarrollo Costero y consultor de NAP Ciudades.
“Es necesario trabajar fuerte en políticas de desarrollo de vivienda, de mejoramiento de barrios y cobertura universal de infraestructura porque son problemas que recrudecen cada vez que tenemos una crisis vinculada a lo climático, ambiental o la salud como la que tenemos hoy con la pandemia”, agrega Myrna Campoleoni, arquitecta y consultora principal de NAP Ciudades. En este sentido, una de las propuestas del Plan es fortalecer las políticas de ordenamiento territorial urbano, con mapas de riesgo de inundación. “Si yo sé que los parámetros de lluvia van a cambiar –porque si bien la cantidad de agua anual se va a mantener, la distribución anual va a ser diferente- puedo vincular la planificación de las ciudades a análisis multiamenazas”, apunta la especialista.
Los mapas se desarrollaron utilizando imágenes satelitales de las ciudades. A partir de esto se propusieron intervenciones vinculadas a la ampliación de los espacios verdes, el arbolado público y la mejora de edificaciones.
Otras propuestas tanto para edificaciones existentes como nuevas se refieren al confort térmico, como aislar un cerramiento una ventana, un cielo raso, la incorporación de artefactos de calefacción más eficientes, calefactores solares para agua caliente, paneles fotovoltaicos para energía eléctrica. Algunas de ellas también pueden servir en caso de inundación para que las familias puedan quedarse en el segundo piso y abastecerse de energía por paneles fotovoltaicos.
El Plan también propone una serie de soluciones y estrategias basadas en la naturaleza. “A nivel macro busca cuidar las áreas protegidas, proteger nuevas áreas y cuidar los ecosistemas aunque no tengan el status de áreas protegidas, tratar de que el exceso de nutrientes de actividades agropecuarias no llegue al agua, y restaurar los bosques de ribera”, enumera Olveyra.
“Sabemos que la situación es hoy más difícil por la pandemia y la preocupación diaria por la salud. Cuando se están viendo ollas populares, desocupación, necesidad de asegurar alimentos, gente en la calle y hay que resolver los problemas de hoy, es difícil hablar de un problema que va a venir quién sabe cuándo. Parece un problema de otro y que lo resuelve otro”, reflexiona Campoleoni.
Ángel Castro, militante social e integrante de la Coordinadora de Inundados de Paysandú que desde los 90 comenzó a movilizarse en busca de soluciones, comenta: “se hablaba mucho del cromo que había en los terrenos del barrio, las enfermedades cancerígenas. Pasaba cerca, y a cielo abierto, un colector de desechos de saneamiento. Había todo el tiempo un olor nauseabundo y penetrante. Al bajar la inundación el barro estaba en todas partes y ese olor quemaba las narices y producía enfermedades respiratorias. Lo peor es vivir con el barro, con el olor nauseabundo de los animales. No tenemos un estudio, somos simples ciudadanos que apenas terminamos primaria”.

Angel Castro y Natalia Gómez en Barrio Nuevo Horizonte.
Créditos: Carol Guilleminot
Al igual que Natalia Gomez, Ángel Castro vive hoy en una zona alta de la ciudad, a unos tres kilómetros del lugar donde estuvo emplazado el barrio La Chapita, área que actualmente se encuentra parquizada. “Donde yo vivía no hay nada ahora. Solo pasto. Quedó muy bien, hicieron una placita y canchas”, dice Ángel.
Opina que sus intereses y circunstancias familiares fueron contemplados en el marco del realojo. “Nos ofrecieron una chacrita pero yo quería quedarme en la ciudad porque estaba cansada de los animales y para que mis hijos estudiaran. Al principio nos costó pero conseguí trabajo de acompañante de personas enfermas, mi hijo mayor pinta casas y mi esposo también tiene trabajo aunque en el campo, y viene cada quince días”, cuenta Natalia Gómez. “Nos cambió la vida totalmente. Tenemos el baño al lado de la habitación, la escuela, una placita, el hospital cerca. Antes estábamos aislados y todo estaba lejos. Hoy miro para atrás y parece que fue otra vida”, confiesa.
Ángel afirma que conoce a muchas familias que fueron realojadas en diferentes barrios del Plan Nacional de Relocalización en Paysandú y que “la mayoría estamos agradecidos de tener la posibilidad de una casa digna. La lucha no fue en vano y las nuevas generaciones no tienen que estar viviendo lo que vivimos nosotros”.
“Estoy agradecido porque hoy no padezco el barro, el frío, la inundación, las ratas y olores nauseabundos. Lo único es que no nos llega a todos el trabajo, y con la pandemia es peor. El 70% de las familias de nuestro barrio están desempleadas y se las arreglan haciendo cosas caseras para vender, vendiendo ropa usada o cortando el pasto. Tenemos ayuda social –que se ha recortado sensiblemente- pero no alcanza y los precios de la canasta básica están por el cielo”, apunta. “Hace falta la fuente laboral, más para gente como nosotros que salimos de una vida que ya no la podemos seguir haciendo –algunos criaban animales, otros eran clasificadores de residuos- a querer salir adelante pero nos falta el trabajo”.
A pesar de las dificultades, Ángel y Natalia trabajan junto a otros vecinos para mejorar el lugar donde habitan: colaboran con un merendero que funciona en la casa de una vecina y los fines de semana organizan jornadas solidarias con donaciones de ropa y calzado para los vecinos que necesitan.

Angel y Natalia crearon la “biblioheladera” en el barrio Nuevo Horizonte.
Créditos: Carol Guilleminot
Hace más de un año y medio incorporaron una “biblioheladera” que está un tiempo en cada casa y provee de libros y actividades de lectura porque, como dice Natalia, “leer un libro de vez en cuando acerca a la familia y a los vecinos”. La “biblioheladera” lleva el nombre del barrio “Nuevo Horizonte” y en su puerta tiene una frase de Eduardo Galeano: “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar”.
A continuación encontrarás la primera parte del informe relativo a Argentina y la segujnda sobre Colombia:
PARTE 1
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Migrantes por cambio climático, los desplazados invisibles – RED PRENSA VERDE
PARTE 2
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Colombia: Desplazados ambientales y climáticos son invisibles – RED PRENSA VERDE
Esta historia hace parte de la investigación periodística Migrantes por cambio climático en Sudamérica, realizada para Periodistas Ambientales por un equipo periodístico transfronterizo integrado por Gabi Ensink, Laura Oviedo (Argentina) Carol Guilleminot (Uruguay) y Olga Cecilia Guerrero (Colombia), con financiación de la UNESCO. Capacitación de equipo en herramientas de Periodismo Open Source: Damián Profeta (Argentina).
Ecoturismo en la Argentina: ¿cuáles lugares visitar?
Por: Olga Cecilia Guerrero R/ periodista ambiental
Colombia es el primer país del mundo en desplazamiento interno debido al conflicto armado, con un acumulado de 8,1 millones de desplazados, desde 1985 a diciembre de 2020. Y en las últimas décadas también ha sido un permanente generador de un fenómeno que ha tenido baja visibilidad: el desplazamiento ambiental y climático.
Algunas de las causas de esta migración interna son los efectos ya visibles del cambio climático en zonas costeras y marinas; fenómenos naturales que se presentan a lo largo del año, emergencias y desastres; y el modelo de desarrollo a partir de megaobras como centrales hidroeléctricas, minería o agroindustria. En algunos de estos casos, ese desarraigo va ligado a la violencia.
Para atender a la población en casos de amenaza y vulnerabilidad, el país cuenta desde 2012 con el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo, que nació luego de dos años (2020-2011) de afectaciones sin precedentes por el Fenómeno de La Niña.
Sin embargo, el Sistema hasta el momento no contempla como figura jurídica a los desplazados ambientales y climáticos. Las víctimas que abandonan su tierra por factores de clima o por desastres, se denominan “damnificados”. Si es por la inundación de predios para represas, se les califica como ‘afectados por el proyecto’, no como desplazados.
Investigadores, universidades e instituciones coinciden en que existe un vacío legal y se necesita una política específica para atender este fenómeno que tiende a acrecentarse con el tiempo.
“…se trata de un país con un volumen de víctimas de la violencia y el desplazamiento forzado por causa de la guerra, que hasta ahora, ha invisibilizado, y algunas veces, subsumido a los refugiados medioambientales”, afirma Juan Pablo Sarmiento Erazo en Migración por cambio climático en Colombia.
Para Tatiana Roa Avendaño, investigadora de la organización Censat Agua Viva, el concepto de desplazamiento ambiental, reconocido por Naciones Unidas, incluye no solo los problemas de desertificación y eventos climáticos o situaciones de deterioro ambiental; sino la construcción de proyectos de infraestructura, desarrollo o extractivos.
En 2015 Colombia fue señalado como el segundo país del mundo (primero en América Latina) con mayor índice de conflictos socio ambientales: 72 de 100 casos analizados, según el inventario del Instituto Cinara de la Universidad del Valle y el Atlas Global de Justicia Ambiental (por sus siglas en inglés, EJOLT), un proyecto de la Unión Europea.
El mayor número de conflictos se concentra en las zonas más pobladas: la Andina y el Caribe, y en áreas de conservación. La producción de petróleo, la construcción de represas hidroeléctricas y la agroindustria son las actividades que más generan tensiones y que han afectado, o podrían hacerlo, a 7,9 millones de personas, siendo los campesinos, la población urbana y los indígenas los más impactados.
La investigadora de Censat en política ambiental, Tatiana Roa, recalca que hay desplazamiento ambiental por causa de estos proyectos, por extractivismo y por causas ambientales, donde se han registrado procesos de deterioro y las personas han sido expulsadas hacia las ciudades porque la producción agropecuaria no les da para vivir.

La represa de Urrá, construida en la parte alta del río Sinú, en el departamento de Córdoba, en el Caribe colombiano, ha dejado gran desplazamiento de indígenas y campesinos que vivían en las áreas ahora ocupadas por la hidroeléctrica. Créditos: Agencia de Noticias Universidad Nacional de Colombia
“En Colombia hemos visto el desplazamiento en zonas donde se han construido represas. Cientos o miles de familias, de acuerdo al proyecto, se han desplazado por la inundación, por la obra en sí misma o por el manejo de las represas. En zonas de construcción de estas obras no solo está el área del embalse que se inunda, sino que se desplazan las personas que quedan dentro de lo que se llama el área protegida de la hidroeléctrica, en miles de hectáreas”.
Un ejemplo es el proyecto Urrá, que desplazó poblaciones en la parte alta y baja. En la primera, comunidades indígenas y campesinas ubicadas en la zona alta, tuvieron que salir para dar espacio al embalse, y en la baja, hubo una expulsión de pescadores de la ciénaga del bajo Sinú que vivían del bocachico y otras especies que con la represa se perdieron.
“Llama la atención que no se habla de desplazados sino de ‘afectados por el proyecto’, según definición de la empresa y hay una falla más: es que queda población no incluida. Pero además no hay autoridad en el país que haga cumplir las normativas a las empresas”.
Otro aspecto de los procesos de desplazamiento es el de las amenazas a defensores ambientales, dado que el país es uno de los más peligrosos para ejercer el activismo en defensa de la naturaleza. En lo que va del 2021 ya han sido asesinados 69 defensores.
Pese a esto, no ha sido ratificado en el Congreso de la República el Acuerdo de Escazú que promueve la protección de los líderes, la transparencia en la información y la justicia ambiental.
La Segunda Comunicación sobre Cambio Climático publicada en 2010 alertó que, aunque el país contribuye con el 0,37% de emisiones globales, cifra relativamente baja, es altamente vulnerable a los impactos de este fenómeno en el ámbito social, económico y ambiental: “A 2030, el 51% de las áreas urbanas de la región Caribe sufrirían inundaciones por aumento del nivel del mar y en el Pacífico esta cifra ascendería a 63%, con pérdidas en infraestructura principalmente”.
En términos de población costera se proyectan 9.000.000 de habitantes para 2030, de los cuales 4% se afectaría por la misma amenaza: 80% en el Caribe y 20% en el Pacífico.

En San Bernardo del Viento, en el departamento de Córdoba, el mar ha venido socavando la zona de playa y áreas habitadas. Algunas familias debieron reubicarse. Créditos: Olga Cecilia Guerrero / Red Prensa Verde
La Tercera Comunicación sobre Cambio Climático (2017) reveló cómo a 2040 la temperatura media anual del país podría aumentar gradualmente en 0,9°C y se produciría un aumento promedio de la temperatura marina en 0,5°C en el Caribe y 0,7°C en el Pacífico.
“Esto supone que las regiones con mayor número de municipios en riesgo alto y muy alto por cambio climático son la Andina con 36, Amazonia con 31 y Pacífica con 25. El 25% de los municipios del país (119) estaría en riesgo alto y muy alto de sufrir fuertes impactos, a los cuales se debe orientar la atención prioritaria para la gestión adaptativa”, dice el reporte. Los veinte departamentos con mayor riesgo representan el 57% de la población colombiana.
La Tercera Comunicación incluye también el estudio del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar) sobre Cambio climático y los impactos socioeconómicos sobre la zona costera e insular colombiana que identificó las debilidades y posibilidades de los municipios en materia de adaptación al cambio climático.
Allí se expresa que la zona costera colombiana, compuesta por 12 departamentos que integran 60 municipios, hacia 2100, cerca de 5% de la población y 4,3% de las viviendas se afectarían por aumento del nivel del mar, especialmente en los municipios de Guapi y Mosquera (Cauca) y La Tola (Nariño) en la región pacífica.
Igualmente para Remolino, Sitio Nuevo y Pueblo Viejo (Magdalena), en el Caribe. Además, las áreas turísticas podrían perder 13% a causa de la erosión costera y 5,9% de la infraestructura portuaria y 12% de las vías podrían inundarse por aumento en el nivel del mar.
Aunque se anuncian en algunos casos con modelos basados a 2030, los impactos por aumento del nivel del mar (ANM) y erosión costera ya son notorios en las dos costas.
La geógrafa Karen Acero explica que el ascenso del nivel medio del mar es un fenómeno natural acelerado por el calentamiento global, causado principalmente por acciones antrópicas. Entre sus efectos están la pérdida de playas, la salinización de acuíferos y suelos para la agricultura, la pérdida de hábitat para especies, la erosión costera y la agudización de eventos extremos como las marejadas y las mareas ciclónicas.
Un ejemplo de esta amenaza es la que enfrentan los habitantes de la zona insular de Cartagena de Indias, agrupada en el archipiélago San Bernardo, debido al aumento del nivel del mar que a su vez genera erosión costera, afectaciones en los cultivos, salinización de suelos, deterioro de viviendas e infraestructura turística, entre otros.

Isla Maravilla, en el archipiélago de San Bernardo, comparación de nivel del mar años 70 y 2018.
Créditos: Fabio Flórez / Karem Acero
El estudio Lineamientos de Adaptación al cambio Climático del área insular del Distrito de Cartagena de Indias explica que: “la proyección del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) del ANM para el 2100 será mayor a 60 cm. De esta manera, se esperaría que para el año 2040 el ANM fuera de 16 cm en promedio para las islas. Se prevé un mayor riesgo por inundación de las áreas bajas insulares, con riesgo de pérdida de playas, y aumento del retroceso costero. Todo esto con implicaciones hacia las actividades como la pesca, el turismo, el transporte o las prácticas agrícolas”.
En esta zona insular se encuentra una de las primeras islas sumergidas del país debido al aumento del nivel del mar. Se trata de Maravilla, un islote que hasta los años 70 estaba descubierto y hoy aparece como una plataforma rocosa bajo el mar.
Otro caso es Isla Múcura, de 30 hectáreas y habitada por unos 200 pobladores, que viven de la pesca y del turismo. Según el estudio, presenta una vulnerabilidad muy alta en su centro poblado Puerto Caracol, ubicado al suroeste, y alta hacia la cabaña de Parques Nacionales y el predio vecino Maquetabla.
La geógrafa Karen Acero de la Universidad Nacional de Colombia, investigó el fenómeno junto a Guido López, funcionario actual del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo en Múcura y Luis Pérez, ex funcionario de Invemar.
“Analizando imágenes satelitales, se planteó el escenario con cincuenta centímetros de incremento del nivel del mar, afirmando que se inundaría el 10% de la Isla, pero quedaría inundado todo el caserío, y la laguna interior ya estaría conectada con el mar. También se perdería el muelle del Club Múcura y la playa artificial del Hotel Punta Faro. En el escenario con un metro se percibe que se inundaría el 30% de la Isla y el sector menos afectado sería el nororiente donde se ubica el predio del Hotel”. Así, Isla Múcura es un escenario que ya proyecta un posible desplazamiento poblacional.
“Es necesario actuar desde ya de manera ordenada para que las islas del distrito de Cartagena se adapten al cambio climático. Será un motor para convertir a Cartagena como modelo de ciudad compatible con el clima”, recomienda el estudio.
Según el Plan Maestro contra la Erosión Costera, existen 86 puntos críticos en todo el territorio nacional: 56 en la costa Caribe, 20 en el Pacífico y 10 en islas. Se priorizaron los 20 lugares más críticos en 8 departamentos que requieren una atención urgente.
El fenómeno de la erosión costera pone en peligro los recursos naturales de las zonas litorales, tiene un impacto socioeconómico en el 1,7% de la población costera y afecta en 1,5 puntos el Producto Interno Bruto (PIB), cifras que podrían superar los dos puntos para el 2030 según proyecciones de Invemar.

A lo largo de las dos costas colombianas se realizan obras de ingeniería y rellenos de roca y materiales para contrarrestar la fuerza del oleaje y la erosión costera. Créditos: Olga Cecilia Guerrero / Red Prensa Verde
Para contrarrestarlo, el Plan proyecta realizar pilotos en los departamentos de Córdoba y Antioquia por medio de obras blandas, restauración y recuperación de ecosistemas y obras duras como espigones y otras infraestructuras.
Moñitos, en Córdoba, es una de las poblaciones afectadas. “Hace unos 20 años era una zona turística con playa hasta San Bernardo del Viento. Hoy ya no hay playas, y sin estas no hay visitantes ni economía”, comenta un hombre de Paso Nuevo al lamentar cómo la erosión ha cambiado la vida de su comunidad.
“Las ciudades colombianas enfrentan importantes riesgos de desastres y eventos meteorológicos extremos que aumentarían su intensidad con el cambio climático”. La experta Helena García Romero lo expresa así en la Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático y afirma que estas áreas urbanas están expuestas no solo a terremotos y actividad volcánica, sino a una intensa actividad meteorológica e hidrológica: “El 85 % de los desastres son de origen climático”.
El Informe Global 2021 del Centro Internacional de Monitoreo de desplazamiento (IDMC), reporta que Colombia, junto con otros países centroamericanos, aparece como una de las cuatro regiones del mundo más afectadas en 2020 por anomalías climáticas. Es el caso de los huracanes, en especial Iota, que causó daños nunca antes vistos en la isla de Providencia.

Vista del municipio de la comunidad de Nechi (Antioquia), en Colombia, afectada por la inundaciones producidas por el desbordamiento del Río Cauca. Cerca de mil 700 familias han sido afectadas. Créditos: NOTIMEX/FOTO/MIGUEL ANGEL SOLANO-SP
Asimismo, el Departamento de Planeación Nacional indica que Colombia es el país con mayor tasa de emergencias naturales en América Latina. Hasta marzo de 2021, debido al fenómeno de La Niña, se registraron 236 eventos por lluvias, 35 inundaciones y 31 vendavales en 152 municipios de 23 de los 32 departamentos.
Tatiana Roa advierte sobre las falsas soluciones a la crisis climática:“En procesos de adaptación al cambio climático, hay muchos documentos y proyectos de infraestructura manejados por consultores de otros países que poco conocen la dinámica de nuestros territorios y terminan siendo un fracaso. Es necesario construir una política sobre desplazamiento y reconocimiento a estos desplazados y que se haga realidad, que no se quede en discursos. Esto es consecuencia del modelo de desarrollo, la crisis climática y la deforestación en la Amazonía”, explica Roa.
El investigador Manuel Guzmán Hennessey manifiesta que el Instituto de Hidrometeorología y Estudios Ambientales (IDEAM) cuenta con información de alta calidad sobre el fenómeno climático. “Ahora, si esta información científica está siendo incorporada a la planeación de los municipios y a la gestión del riesgo o los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), no estaría seguro”.
Recomienda al gobierno la incorporación de la figura de desplazamiento ambiental y climático. “Cruzando esos dos factores con los desplazamientos por el conflicto interno, ya que en muchos casos son factores coincidentes. En estos momentos siguen los desplazamientos por guerra interna y el Estado debe atender a esa población”, afirma.
A continuación encontrarás la tercera parte del informe relativo a Uruguay.
PARTE 3
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Uruguay: entre la movilidad y la reubicación planificada – RED PRENSA VERDE
Esta historia hace parte de la investigación periodística Migrantes por cambio climático en Sudamérica, realizada para Periodistas Ambientales por un equipo periodístico transfronterizo integrado por Gabi Ensink, Laura Oviedo (Argentina) Carol Guilleminot (Uruguay) y Olga Cecilia Guerrero (Colombia), con financiación de la UNESCO. Capacitación de equipo en herramientas de Periodismo Open Source: Damián Profeta (Argentina).
https://periodistasambientales.org/migrantes-por-cambio-climatico-en-sudamerica/
A continuación encontrarás la primera parte del informe relativo a Argentina
PARTE 1
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Migrantes por cambio climático, los desplazados invisibles – RED PRENSA VERDE
Ecoturismo en la Argentina: ¿cuáles lugares visitar?
Si las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) se mantienen en el actual nivel, la temperatura media en América del Sur puede subir hasta 4 °C hacia el final del siglo, en un escenario más pesimista, en el cual los eventos climáticos extremos –tales como sequías, inundaciones e incendios forestales– se volverán más frecuentes y más intensos en la región. Estas proyecciones se realizaron en el marco de un estudio internacional que contó con la participación de científicos brasileños.
Los resultados de este trabajo, apoyado por la FAPESP en el marco de un Proyecto Temático vinculado al Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología para el Cambio Climático, salieron publicados en la revista Earth Systems and Environment.
“América del Sur y en particular Brasil ya muestran señales de los cambios climáticos, incluido el aumento de las temperaturas de la superficie, cambios en los patrones de precipitaciones, derretimiento de los glaciares andinos y un incremento de la cantidad y la intensidad de eventos climáticos extremos. Estas variaciones en las características climáticas preceden a lo que puede estar por venir durante las próximas décadas si la escalada sin precedentes de las emisiones de gases de efecto invernadero prosigue”, dice Lincoln Muniz Alves, investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe) y coautor del artículo.
Para elaborar estas proyecciones, los investigadores analizaron el desempeño de 38 modelos climáticos globales (GCMs) que integran el Proyecto de Intercomparación de Modelos Climáticos Fase 6 (CMIP6, por sus siglas en inglés), del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, también en inglés), y que están utilizándose para la elaboración del sexto informe de evaluación (AR6) de dicho organismo. La presentación del informe de la contribución del Grupo de Trabajo I del AR6, que evalúa la base científica de los cambios climáticos, está prevista para el próximo día 9 de agosto.
El desempeño de los modelos se evaluó con relación a su capacidad de simular las observaciones históricas durante el período comprendido entre 1995 y 2014 y los cambios proyectados de temperatura y precipitaciones en América del Sur a mediados y a finales del siglo XXI –entre 2040 y 2059 y entre 2080 y 2099–, de acuerdo con distintos escenarios de concentraciones de GEI, que incluyen alteraciones en el uso de la tierra y decisiones políticas.
Aparte de los análisis espaciales de todo el continente, América del Sur quedó dividida en siete subregiones para analizar en pormenores las características climáticas regionales. En cada subregión, se realizaron análisis comparativos entre escenarios, entre modelos climáticos globales y de dos períodos de tiempo futuros (mediados y final del siglo), a los efectos de evaluar la destreza de los modelos y su capacidad para apuntar cambios en la distribución de las precipitaciones y de la temperatura en un determinado espacio y tiempo.
Los resultados de los análisis indicaron que los nuevos modelos climáticos globales capturan con éxito las principales características climáticas de América del Sur y, en general, sus proyecciones son coincidentes con las que muestran otros modelos empleados para la elaboración de los informes de evaluaciones anteriores del IPCC, como el AR5, publicado en 2014, y el AR3, emitido en 2001.
“Las proyecciones realizadas con los nuevos modelos climáticos apuntaron que, dependiendo del escenario, el sur de la Amazonia, por ejemplo, experimentará una condición mayor de sequía”, afirma Muniz Alves. Con relación a las precipitaciones, los modelos climáticos indicaron un aumento de las lluvias en la mayor parte del continente, con algunas excepciones en la región centro-sur de Chile y el norte de América del Sur, incluyendo gran parte de la Amazonia.
Con todo, las proyecciones apuntaron que puede ocurrir un incremento de la estacionalidad y de la distribución de lluvias durante los años, causado por la disminución del aporte de los totales mensuales al promedio anual de precipitaciones en la región. Estos cambios en los patrones de lluvias del continente son progresivos y se volverán más fuertes hacia el final del siglo, y con niveles de emisiones de GEI más elevados.
“Las proyecciones indican que el aporte relativo de los totales mensuales acumulados para el promedio anual de lluvias en la región está disminuyendo significativamente durante algunos meses del año. Si antes llovía diez milímetros en un determinado mes, esa cantidad ha caído a la mitad. Esto tiene impacto en el sector agrícola y en el de generación de energía, por ejemplo, que planifican con base en los volúmenes de lluvias”, explica Muniz Alves.
De acuerdo con el investigador, esta nueva generación de modelos climáticos permite estimar los impactos del cambio de clima con más precisión en América del Sur, al considerar una mayor cantidad de elementos del sistema climático.
El clima en el continente varía ampliamente de norte a sur y de oeste a este, debido a la gran extensión latitudinal y a la heterogeneidad topográfica del territorio, lo que hace que su representación se erija como un desafío para la elaboración de los modelos climáticos. “Con esta nueva generación de modelos climáticos, fue posible cuantificar la incertidumbre en las proyecciones de determinadas regiones del continente”, afirma Muniz Alves.
La necesidad de acelerar los flujos de capital hacia soluciones basadas en la naturaleza y hacer de esta un elemento central en el sector público y privado frente a desafíos sociales como la lucha contra las crisis climática y de biodiversidad, urge el nuevo estudio dado a conocer esta semana en Ginebra, Suiza.
La Iniciativa Económica de Degradación de la Tierra (ELD) de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) en colaboración con Vivid Economics, instaron a gobiernos, instituciones financieras y empresas a superar esta brecha de inversión poniendo a la naturaleza en el centro de la toma de decisiones económicas en el futuro.
Encuentran que las inversiones anuales en soluciones basadas en la naturaleza deberán triplicarse para 2030 y multiplicarse por cuatro para 2050, a partir de la inversión en soluciones basadas en la naturaleza de US$ 133.000 millones de 2018.
Para Inger Andersen, directora ejecutiva del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el informe es un llamado de atención para que gobiernos, instituciones financieras y empresas inviertan en la naturaleza, incluida la reforestación, la agricultura regenerativa y la restauración de nuestros océanos: Los países y líderes de la industria tendrán la oportunidad de hacerlo en las próximas cumbres relacionadas con el clima, la biodiversidad, la degradación de la tierra y los sistemas alimentarios, y en el contexto del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas 2021-2030.
El estudio reporta que para poder cerrar esa brecha financiera de 4,1 billones de dólares a 2050 se necesitan transformaciones estructurales: Esto puede lograrse reconstruyendo de manera más sostenible después de la pandemia COVID-19, pero también desviando los subsidios dañinos a la agricultura y los combustibles fósiles y creando otros incentivos económicos y regulatorios.
Los investigadores recomiendan que invertir en la naturaleza apoya la salud humana, animal y planetaria, mejora la calidad de vida y crea empleos. La naturaleza actualmente solo representa 2,5% del gasto en estímulos económicos proyectado a raíz del COVID-19. Por tanto, el capital privado también tendrá que ampliarse drásticamente para cerrar la brecha de inversión, explican: El desarrollo y la ampliación de los flujos de ingresos de los servicios de los ecosistemas y el uso de modelos financieros combinados como medio para atraer capital privado se encuentran entre el conjunto de soluciones necesarias para que esto suceda, lo que también requiere que las entidades del sector privado compartan los riesgos.
Por sí solas, las soluciones basadas en los bosques, incluidas la gestión, la conservación y la restauración, requerirán US$ 203.000 millones en gastos anuales a nivel mundial, según el informe. Eso equivale a poco más de US$ 25 por año por cada ciudadano en 2021, por eso el llamado a unir las inversiones en acciones de restauración con el financiamiento de las medidas de conservación. Esto podría resultar, dicen, en aumentos del área forestal y agroforestal que sería la combinación de producción de alimentos y cultivo de árboles, aproximadamente 300 millones de hectáreas para 2050, en relación con 2020.
«La pérdida de biodiversidad ya le está costando a la economía global 10% de su producción cada año. Si no financiamos suficientemente las soluciones basadas en la naturaleza, se afectará la capacidad de los países para avanzar en otras áreas vitales como la educación, la salud y el empleo. Si no salvamos a la naturaleza ahora, no podremos lograr el desarrollo sostenible», Inger Andersen, directora ejecutiva PNUMA.
La publicación advierte que en las próximas cumbres sobre clima, la biodiversidad, la degradación de la tierra y los sistemas alimentarios, así como el lanzamiento del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de Ecosistemas el 5 de junio de 2021, brindan la oportunidad de aprovechar el impulso político y empresarial para alinear la recuperación económica con el Acuerdo de París y el Marco Mundial para la Diversidad Biológica posterior a 2020 y, por lo tanto, ser coherentes con los objetivos de limitar el calentamiento a 1,5°C por encima de los niveles preindustriales y de detener y revertir la pérdida de biodiversidad.
Los autores del informe afirman que en 2018 la inversión anual del sector privado en soluciones basadas en la naturaleza fue de US$ 18.000 millones. La financiación privada solo representa 14%, incluido el capital movilizado mediante cadenas de suministro agrícolas y forestales sostenibles, inversiones de capital privado, compensaciones por biodiversidad financiadas por el sector privado, capital filantrópico, financiación privada respaldada por organizaciones multilaterales y mercados de carbono relacionados con los bosques y otros usos de la tierra.
En el financiamiento climático, la inversión del sector privado representa la mayoría de los flujos de capital (56% según la Iniciativa de Política Climática). La ampliación del capital privado para soluciones basadas en la naturaleza es uno de los desafíos centrales de los próximos años, con un enfoque específico en invertir en la naturaleza para apoyar el crecimiento económico sostenible en el siglo XXI.
Resaltan que los inversionistas, desarrolladores, creadores de infraestructura de mercado, clientes y beneficiarios pueden desempeñar un papel en la creación de un mercado en el que las soluciones basadas en la naturaleza accedan a nuevas fuentes de ingresos, aumenten la resiliencia de las actividades comerciales, reduzcan los costos o contribuyan a la reputación y el propósito.
Si bien ya han surgido varias iniciativas impulsadas por el sector privado, el informe destaca la necesidad de que las empresas y las instituciones financieras sean cada vez más parte de la solución compartiendo el riesgo y comprometiéndose a impulsar las finanzas y la inversión en soluciones basadas en la naturaleza de una manera ambiciosa y con metas claras y plazos determinados.
Finalmente el informe aclara que las inversiones en soluciones basadas en la naturaleza no pueden sustituir a la descarbonización de todos los sectores de la economía, pero sí tienen la capacidad de contribuir al ritmo y la escala requeridos en la mitigación y adaptación al cambio climático.
Punto de No Retorno es un documental presentado por Sergio Federovisky, viceministro de Ambiente argentino, que promete hablar sin tapujos sobre los efectos del cambio climático en ese país.
De la Antártida hasta Cachi, en Salta; de Mendoza a Goddard, en Washington, Federovisky recorre los ámbitos en los que se pone en evidencia el Cambio Climático.
Para sus creadores, el documental expone cómo la situación apocalíptica que hoy se nos presenta como inminente no es fruto de la casualidad sino de un modelo de relación de la sociedad con el medio natural.
A la vez plantea que, aunque Argentina no está en la lista de los grandes países desarrollados contaminantes, es un país con grandes científicos con mucho para ofrecer, a los que la política escucha poco y nada.
Además de Sergio Federovisky, actual viceministro de Ambiente y fundador de Fundación Ambiente y Medio, con co- dirección de Nicolás Capelli y Diego Cosini; el documental incluye testimonios de científicos y expertos, investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), científicos de NASA, políticos nacionales y extranjeros, religiosos, y habitantes de todo el país que se verán afectados por el Cambio Climático.
Sobre el título de la producción afirma: “Hay que desarrollar una fuerte política de adaptación social y productiva para un clima diferente. Punto de No retorno significa que nada va a ser como era”.
El Informe Anual de Brecha de Emisiones del PNUMA asegura que así se implementaran todos los compromisos incondicionales actuales en virtud del Acuerdo, se espera que las temperaturas aumenten 3,2° C. Esto provocará impactos climáticos más destructivos y de mayor alcance. Significa que la ambición colectiva debe aumentar más de cinco veces sobre los niveles actuales para lograr los recortes necesarios durante la próxima década.
Cada año, el estudio evalúa la brecha entre las emisiones anticipadas en 2030 y los niveles consistentes con los objetivos de 1,5° C y 2° C del Acuerdo de París.
El informe asegura que las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado un 1,5% anual durante la última década. Las emisiones en 2018, incluidos los cambios en el uso del suelo, como la deforestación, alcanzaron un nuevo máximo que equivale a 55,3 gigatoneladas de CO2.
«Estamos avanzando hacia un calentamiento de 3 a 5 grados Celsius para fines de este siglo en lugar de 1,5 a 2, que era el objetivo de París», aseguró el director de la Organización Meteorológica Mundial, Petteri Talas, durante la presentación del informe en Ginebra (Suiza).
Esto implica que a menos que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero caigan un 7,6% cada año entre 2020 y 2030, el mundo no alcanzará el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5° C por encima de los niveles preindustriales establecido en el Acuerdo de París.

Las energías alternativas reducen las emisiones de carbono. Foto: Banco Mundial/Jutta Benzenberg
El PNUMA asegura que 2020 es un año crítico para la acción climática. En la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático en Glasgow, Escocia (COP 26), se espera determinar el curso futuro de los esfuerzos para evitar la crisis, y se espera que los países intensifiquen significativamente sus compromisos climáticos.
«Nuestro fracaso colectivo para actuar de manera temprana y dura contra el cambio climático significa que ahora debemos realizar recortes profundos a las emisiones, más del 7 por ciento cada año, si lo desglosamos de manera uniforme durante la próxima década. Esto muestra que los países simplemente no pueden esperar hasta el final de 2020, cuando vencerán nuevos compromisos climáticos, para intensificar la acción. Cada ciudad, región, empresa e individuo deben actuar ahora”, dijo Inger Andersen, directora ejecutiva del Programa.
Andersen aseguró que se necesitan progresos rápidos para reducir emisiones tanto como sea posible en 2020 y luego impulsar las contribuciones determinadas a nivel nacional provocando grandes transformaciones de las economías y las sociedades.
“Necesitamos ponernos al día con los años en que postergamos. Si no hacemos esto, la meta de 1,5° C estará fuera de alcance antes de 2030«, advirtió la directiva.
Según el informe, las emisiones globales, todavía están aumentando. «Hace un par de años teníamos una pequeña esperanza de que la parte de CO2 de las emisiones se había mantenido básicamente estable durante algunos años, pero en 2017 y 2018, aún no tenemos los números de 2019, las emisiones de CO2 aumentaron en el último año en un dos por ciento, lo que en realidad está por encima del promedio de los últimos 10 años «, explica John Cristensen, quien participó en la elaboración del estudio.

Contaminación atmosférica en la ciudad de Pekín. Foto: Banco Mundial/ Wu Zhiyi

Los arrecifes de coral acogen el 25 % de la vida marina, alimentando a millones de personas. Kadir van Lohuizen/NOOR/PNUMA
Las naciones del G20 representan colectivamente el 78% de todas las emisiones, pero solo cinco miembros del G20 se han comprometido con un objetivo a largo plazo de cero emisiones.»Y la mayoría de los que se comprometieron con nuevos planes el próximo año y con cero emisiones de carbono no están en el G20; Algunos de ellos sí, pero no muchos. Y luego miramos en detalle los países del G20 este año y también tengo que decir que muchos de los planes que se han discutido realmente todavía no se han implementado”, aseguró Cristensen.
El informe asegura que, a corto plazo, los países desarrollados tienen que reducir sus emisiones más rápido que los países en desarrollo, por razones de equidad, y porque el Acuerdo establece que las naciones de bajos ingresos aún pueden aumentar las emisiones para impulsar su economía.

Emisión de gases contaminantes en la atmósfera. Foto:PNUMA
Sin embargo, todos necesitarán contribuir más a los efectos colectivos. Los países en desarrollo pueden aprender de los esfuerzos exitosos en las economías ricas, así como adoptar tecnologías más limpias de forma más rápida.
Los objetivos de París aún son posibles afirma el Programa, pero no se están implementando lo suficientemente rápido o a una escala lo suficientemente grande.
Para limitar las temperaturas, las emisiones anuales en 2030 deben ser de 15 gigatoneladas de CO2, lo que significa recortes de 7,6% anuales hasta 2030 para la meta de los 1,5°, y de 2,7% por año para la meta del 2° C.
Es decir, los niveles de ambición en las contribuciones nacionales deben aumentar al menos cinco veces para lograr la meta de 1,5° C y el triple para la de 2° C.
Cada año de retraso en aumentar la ambición más allá de 2020 conllevará la necesidad de recortes más rápidos, que se volverán cada vez más caros, poco probables y poco prácticos, advierte el PNUMA.
«Debido a la procrastinación climática que hemos tenido esencialmente durante estos 10 años, estamos buscando una reducción del 7,6% cada año. ¿Es eso posible? Absolutamente. ¿Tomará voluntad política? Sí. ¿Necesitaremos que el sector privado se apoye? Sí. Pero la ciencia nos dice que podemos hacer esto «, concluyó la directora del Programa de la ONU para el Medio Ambiente durante la presentación del informe.
Foto superior: Greenpeace
NUEVA YORK. Por primera vez, 7.150 universidades de los seis continentes, representadas por diversas organizaciones, declararon una emergencia climática y acordaron un plan para abordar la crisis y convertirse en carbono neutrales en 2030.
La iniciativa es liderada por la Alianza para el Liderazgo en Sostenibilidad en la Educación (EAUC), la organización Second Nature, con sede en Estados Unidos, y la Alianza de Jóvenes y Educación de ONU Medio Ambiente.
El plan fue firmado por las organizaciones a través de una carta en la que destacan tres puntos:
“Como instituciones y redes de educación superior y universitaria de todo el mundo, declaramos colectivamente una emergencia climática en reconocimiento de la necesidad de una transformación social drástica para combatir la creciente amenaza del cambio climático”.
El documento fue firmado entre otras por la Universidad Tongji (China), la Universidad Estatal de California (EE.UU.), la Universidad de Zayed (Emiratos Árabes Unidos), la Escuela de Negocios KEDGE (Francia), la Universidad Strathmore (Kenia), la Universidad de Guadalajara (México) y la Universidad de Glasgow (Reino Unido).
Este pacto cuenta con el respaldo de las principales redes de educación a nivel mundial, como la Alianza Global y la Iniciativa de Liderazgo Globalmente Responsable, que se han comprometido a cumplir los objetivos sugeridos.
“Lo que enseñamos moldea el futuro. Damos la bienvenida a este compromiso de las universidades para lograr la neutralidad climática en 2030 y ampliar sus esfuerzos en el campus», dijo Inger Andersen, directora ejecutiva de ONU Medio Ambiente.
“Los jóvenes están liderando el llamado a la acción global para abordar los desafíos climáticos y ambientales. Las iniciativas que involucran directamente a los estudiantes en este trabajo crucial son una contribución valiosa para lograr la sostenibilidad ambiental», añadió Andersen.
Algunas instituciones ya han tomado medidas ejemplares de sostenibilidad, como la Universidad Strathmore de Kenia, que funciona con energía limpia y ha establecido su propio sistema de conexión a una red fotovoltaica de 600 kilovatios, y la Universidad Tongji de China, que ha invertido significativamente en un plan de estudios de educación para la sostenibilidad y está animando a otras instituciones a hacer lo mismo. En Estados Unidos, la Universidad Americana y la Universidad Colgate ya han alcanzado la neutralidad del carbono.
“Los jóvenes de todo el mundo sienten que las escuelas y universidades han reaccionado de forma muy lenta ante la crisis que ahora sufrimos. Damos la bienvenida a la noticia de que están declarando una emergencia climática. No tenemos tiempo que perder. Pediremos a aquellos que aún no han apoyado esta iniciativa, que se unan. Y por supuesto, lo más importante es la acción que está por venir», dijo Charlotte Bonner, Directora de Estudiantes Organizados para la Sostenibilidad.
La expectativa es que más de 10.000 instituciones de educación superior se incorporen al movimiento este año.
Como instituciones y redes de educación superior y superior de todo el mundo, declaramos colectivamente una emergencia climática en reconocimiento de la necesidad de un cambio social drástico para combatir la creciente amenaza del cambio climático.
Las mentes jóvenes que están formadas por nuestras instituciones deben estar equipadas con el conocimiento, las habilidades y la capacidad para responder a los desafíos cada vez mayores del cambio climático. Todos debemos trabajar juntos para nutrir un planeta habitable para las generaciones futuras y desempeñar nuestro papel en la construcción de un futuro más verde y más limpio para todos.
Hoy nos comprometemos a dar un paso colectivo al desafío, apoyando un plan de tres puntos que incluye:
Hacemos un llamado a los gobiernos y otras instituciones educativas para que se unan a nosotros en la declaración de una emergencia climática y respaldamos esto con acciones que ayudarán a crear un mejor futuro para las personas y nuestro planeta.
Un camión equipado con instrumentos de medición en tierra, globos meteorológicos, dos sistemas aéreos no tripulados, toda una red satelital y de estaciones en tierra, hacen parte del equipo que utilizarán los investigadores de Centro Nacional de Investigación Atmosférica (NOAA) para estudiar los cambios que sufrirá la atmósfera antes, durante y después del eclipse solar de este 21 de agosto, con mayor visibilidad en los Estados Unidos.
Los meteorólogos medirán la temperatura superficial, la humedad relativa, la velocidad, la dirección del viento, la presión y la radiación solar cada segundo en el llamado “camino de la totalidad” o ruta que seguirá el eclipse por el mapa norteamericano.

Ruta del eclipse total de sol de este 21 de agosto. Fuente: NOAA
Estas observaciones se añadirán a los datos de 13 Estaciones de la Red de Referencia Climática de los Estados Unidos recopiladas por los Centros Nacionales de Información Ambiental de la NOAA, puestos a disposición de los investigadores.
Según el Centro atmosférico, la previsión meteorológica ha sufrido varias revoluciones tecnológicas desde febrero de 1979, el último eclipse solar total en ese país. Ahora se tienen modelos meteorológicos que son lo suficientemente precisos como para predecir útilmente los impactos meteorológicos de eventos no meteorológicos como el humo de incendios forestales o penachos de cenizas volcánicas.
Stan Benjamin, científico senior de la NOAA explicó que nunca han intentado codificar un evento astronómico en un modelo experimental de pronóstico del tiempo, en tiempo real. “Para nosotros, captar los efectos sutiles de un eclipse en un modelo es como el helar en un pastel que se disfruta sólo en raras ocasiones «.
El algoritmo fue desarrollado por la Universidad de Barcelona y la NOAA, una versión experimental de un modelo meteorológico de corto plazo y alta resolución llamado (HRRRx).
Para seguir el fenómeno en tiempo real accede a:
ttp://www.atdd.noaa.gov/crn-eclipse/
Más información sobre el eclipse en:
https://eclipse2017.nasa.gov/event-locations
Foto portada: NOAA – IStock

Durante 2014 y 2015 se produjo una relevante anomalía climática en la costa del Pacífico norte: la temperatura superficial del océano incrementó 2 y 5 grados más alta de lo normal, una magnitud nunca antes registrada. Esta situación se constituyó en un fenómeno denominado «la mancha» (the blob) que afectó severamente a los leones marinos de California, según revela un estudio publicado en Plos One.

Karina Acevedo W.
El trabajo investigativo fue liderado por Karina Acevedo-Whitehouse, PhD en medicina veterinaria de la Universidad de Cambridge y jefe del Grupo de Epidemiología Molecular e Inmunología Ecoevolutiva de la Universidad Autónoma de Querétaro (México), quien reveló que las crías de lobo marino de California nacidas durante ese año de anomalía climática, tenían severamente disminuida la capacidad inmune.
Específicamente, “estas crías eran incapaces de generar una respuesta inflamatoria ante un estímulo, y sus niveles de anticuerpos circulantes eran mucho menores que los observados en las crías nacidas durante años en los que la temperatura superficial del mar era normal”.

©Grupo de Epidemiología Molecular e Inmunología Ecoevolutiva de la Universidad de Querétaro (México).
Las altas temperaturas de la superficie del mar disminuyen la productividad primaria y, en última instancia, la disponibilidad de presas para los mamíferos marinos. En este sentido, es probable que los leones marinos de California sean particularmente vulnerables a estos descensos en las presas porque normalmente se alimentan a menos de 100 kilómetros de sus criaderos. La disminución de presas podría obligarlos a extender los viajes para alimentarse y comer presas de menor valor.

©Grupo de Epidemiología Molecular e Inmunología Ecoevolutiva de la Universidad de Querétaro (México).
Para estudiar este tema, los investigadores compararon la condición corporal y la competencia inmune de 61 crías de lobos marinos de California nacidas en 2014 y 2015, cuando las temperaturas de la superficie del mar eran altas, con los datos de 23 crías nacidas en 2013, cuando las temperaturas de la superficie del mar eran normales.
Entre las variables estudiadas estaban los niveles sanguíneos de glucosa, un marcador de desnutrición y las inmunoglobulinas IgG e IgA, dos tipos diferentes de anticuerpos.
Además, los investigadores analizaron la respuesta de los cachorros a un “desafío” inmune, la inyección de fitohemaglutinina, un compuesto derivado de plantas que estimula la división de las células del sistema inmune, los llamados linfocitos T.

©Grupo de Epidemiología Molecular e Inmunología Ecoevolutiva de la Universidad de Querétaro (México).
Los investigadores encontraron que la glucosa en sangre era un 15% menor en los cachorros nacidos cuando las temperaturas de la superficie del mar eran altas, lo que sugiere que estaban en etapas tempranas de hambruna. Estos cachorros también tenían niveles marcadamente más bajos de las dos inmunoglobulinas y fueron incapaces de responder al desafío inmune.
“Los efectos observados estaban relacionados con la cantidad de glucosa en sangre de las crías, y a su vez esto era un reflejo de su alimentación. En otras palabras, las crías nacidas durante las anomalías climáticas estaban mal nutridas porque sus madres no pudieron alimentarse adecuadamente debido a la disminución de presas a consecuencia de ‘la mancha’, y eso repercutió en el desarrollo de sus habilidades inmunes”, asegura la investigadora.
Este es un efecto con mucha relevancia poblacional, según Karina Acevedo-Whitehouse, ya que una respuesta inmune adecuada es esencial para la supervivencia de cualquier organismo.

©Grupo de Epidemiología Molecular e Inmunología Ecoevolutiva de la Universidad de Querétaro (México).
«La generación entera de crías de lobo marino nacidas en el Pacífico norte durante ‘la mancha’ sería más vulnerable ante cualquier patógeno que pudiera desafiarla. Si otras especies reaccionaran de manera semejante, el efecto sería entonces, observable a escala ecosistémica, y podría tener consecuencias terribles para especies de poblaciones reducidas, que ya están amenazadas o vulnerables”, concluye.
El estudio constituye así la primera evidencia empírica de que el cambio climático impacta el sistema inmune de organismos neonatos en el ambiente marino. No obstante, serán necesarios más trabajos para determinar los diferentes condicionantes y qué ocurre con otras especies.
*DiCYT es la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología. Esta publicación es producto de la alianza informativa con redprensaverde.org
Fotografías: ©Grupo de Epidemiología Molecular e Inmunología Ecoevolutiva Universidad de Querétaro (México).
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