«No es posible preservar el ambiente sin proteger a quienes lo defienden»: Alicia Bárcena, secretaria general de la Cepal.
El mundo celebró el #DíaDeLaTierra, este 22 de abril, día en que entró en vigor el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe -conocido como Acuerdo de Escazú.
Se trata del primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, y el único en su tipo a nivel mundial, en consagrar la protección de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.
Está abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe, de los cuales 25 firmaron entre el 27 de septiembre de 2018 y el 26 de septiembre de 2020, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
El pasado 22 de enero, el Acuerdo alcanzó las firmas y ratificaciones necesarias, según requisitos establecidos en su artículo 22, al lograr que doce países de la región lo acogieran legalmente. Esa es la razón por la cual entró en vigor el 22 de abril, fecha en que cobra vigencia para Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay.
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Los representantes de los 12 países firmantes y ratificantes, autoridades de las Naciones Unidas, el público que estuvo en el proceso, la sociedad civil y defensores ambientales, celebraron su entrada en vigor.
En un encuentro virtual participaron a lo largo del día su principal impulsora, Alicia Bárcena, secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Comisión Regional de las Naciones Unidas encargada de la Secretaría del Acuerdo y Epsy Campbell, vicepresidenta de Costa Rica.
Se realizó también un diálogo con intervenciones de Mohamed Irfaan Ali, presidente de Guyana; Olga Algayerova, secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para Europa (UNECE); Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Inger Andersen, directora Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA); representantes electos del público que han participado en el proceso. También participó Carlos Vives, fundador de la Iniciativa Tras la Perla.
El #AcuerdoDeEscazú es una guía para construir un futuro distinto, un futuro que cambie nuestro estilo de desarrollo y que nos acerque al buen vivir: @aliciabarcena #CEPAL en evento especial por la entrada en vigor del primer tratado ambiental regional. https://t.co/QYzcxqabKS pic.twitter.com/zc5NKUKhxS
— CEPAL (@cepal_onu) April 22, 2021
Colombia, por fuera
Colombia solo ha llegado a la firma del Acuerdo. Lo hizo el 11 de diciembre de 2019 ante Naciones Unidas. Sin embargo, pese a los compromisos adquiridos con la comunidad internacional y la sociedad civil, no lo ha ratificado.
Actualmente el proceso está detenido en el Congreso de la República donde ha surtido un debate virtual en las comisiones segundas de Cámara y Senado, luego de haber sido aplazado en cuatro oportunidades. Enm dicha sesión, mostraron sus puntos a favor de la ratificación los ministerios de Ambiente, Justicia, Relaciones Exteriores y del Interior.
Cuatro meses antes, el presidente Iván Duque había enviado una nota de urgencia solicitando el trámite inmediato. En la actualidad el proceso no ha avanzado debido a distintas solicitudes de senadores y representantes, en su mayoría del mismo partido de Iván Duque.
Las razones son la necesidad de verificar si se necesita consulta previa, ampliar la información, hacer tres foros regionales sobre el Acuerdo, de los cuales ya se hizo uno en Cúcuta o porque lo consideran lesivo para el país. Otro grupo congresistas de diferentes afiliaciones políticas han dejado en claro la urgencia de implementarlo.
Sociedad civil pide acelerar proceso
En los últimos tres años, diferentes organizaciones nacionales han argumentado la necesidad de que el país se vincule al Tratado debido a la situación de violencia que afrontan líderes ambientales, campesinos y defensores de la naturaleza en distintos departamentos.
Indígenas, ambientalistas, académicos e investigadores han exigido al gobierno acelerar el proceso para que Colombia haga parte del Acuerdo.
Es el caso de la petición que hizo en octubre de 2020 un grupo de 40 investigadores, ambientalistas y catedráticos, quienes conforman la Mesa de Diálogo Ambiental, entre los que se encuentran Gonzalo Andrade, director del Instituto de Ciencias Naturales; Brigitte Baptista, rectora de la Universidad EAN y Manuel Rodríguez, presidente del Foro Nacional Ambiental, Ernesto Guhl, de la Academia de Ciencias ACEFYNN, entre otros, quienes le pidieron al presidente Iván Duque “adelantar las gestiones y no escatimar esfuerzos con el fin de que el Congreso de la República ratifique de manera urgente el Acuerdo”.
El presidente Iván Duque en Cumbre Presidencial por la Amazonía, donde anunció que se ratificaría el Acuerdo de Escazú. Foto: Infopresidencia.
En esa oportunidad expusieron 12 razones para agilizar la gestión en el Congreso:
- Es un compromiso del Gobierno con la Mesa de Diálogo Nacional
- El compromiso de firmar el Acuerdo de Escazú fue reiterado en la Cumbre Presidencial Amazónica del 11 de agosto de 2019 y en la Asamblea de las Naciones Unidas, el 11 de septiembre.
- Otorga seguridad jurídica para las inversiones y el desarrollo de proyectos en Colombia.
- Es una oportunidad para mejorar la democracia ambiental
- La institucionalidad en Colombia se verá fortalecida.
- Es urgente proteger a las personas defensoras ambientales.
- Es un instrumento para disminuir los conflictos ambientales y su judicialización en Colombia
- Es un Acuerdo negociado y redactado 100 por ciento en América Latina para la región
- Colombia fue actor determinante en la redacción del texto
- Es un acuerdo pionero en beneficio del desarrollo sostenible, la equidad y los derechos humanos
- Es necesario para todos los gobiernos comprometidos con enfrentar la crisis ambiental.
- La protección de los derechos de acceso a la información ambiental es un estándar promovido por la OCDE.
- El contenido del acuerdo ha sido explícitamente respaldado por el BID como un criterio para otorgar financiación para el desarrollo.
Desde afuera también piden la ratificación
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Culturales y Ambientales (REDESCA) y las presencias de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Latina (ONU Derechos Humanos) celebraron la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú y enviaron mensaje a los países que no lo han ratificado.
“Es un relevante avance para la protección de quienes defienden el medio ambiente y la tierra, ya que América Latina es considerada como una de las regiones más peligrosas para su esencial trabajo. En este sentido, la CIDH, su REDESCA y ONU Derechos Humanos saludan a los países que han ratificado este acuerdo, alientan a los países que aún no lo han hecho a hacerlo prontamente e instan a todos los Estados de la región a desarrollar procesos participativos, mediante planes de acción nacionales, para su efectiva implementación”.
Consideran que la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente es una actividad legítima y necesaria, cuya promoción y protección deben ser garantizadas por los Estados. A pesar de la importancia de su labor, estas dependencias han observado los riesgos y ataques que enfrentan continuamente las personas que defienden y promueven los derechos a la tierra, territorio y al medio ambiente en la región: actos de hostigamiento, amenazas, criminalización y estigmatización, ataques contra su vida e integridad personal y las de sus familias.
Las entidades afirman que estos riesgos que las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente enfrentan tienen un efecto amedrentador que va más allá de las víctimas directas, pues amenaza con paralizar actividades de defensa que son cruciales para el futuro del planeta y de la humanidad.
“En América Latina, un gran número de agresiones contra personas defensoras del medio ambiente se producen en el contexto de proyectos mineros, turísticos, hidroeléctricos y agroindustriales aprobados e implementados sin el respeto debido al derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y comunidades afro descendientes”.
También advierten que, el manejo de la pandemia por COVID-19 ha derivado en la limitación al derecho a la participación de las personas defensoras de derechos humanos, incluidos activistas ambientales, así como al acceso efectivo a la información y a la justicia: “Se ha observado una reducida capacidad y voluntad de los Estados para fiscalizar los delitos ambientales, proteger la naturaleza, tierras y territorios indígenas, y una erosión de los mecanismos para garantizar que las personas y organizaciones de la sociedad civil puedan participar plenamente en la toma de decisiones”.
Para concluir La CIDH, su REDESCA y ONU Derechos Humanos exhortan a los Estados a cumplir con su deber de proteger la vida y la integridad personal de quienes defienden los derechos humanos y el ambiente. Para ello es crucial reconocer de manera pública e inequívoca la importancia de su labor, fortalecer la investigación y el procesamiento de los delitos de los que son víctimas, evitar el uso indebido del derecho penal en su contra y adoptar políticas públicas integrales de protección, incluyendo medidas específicas para proteger las mujeres defensoras.
También alientan a los Estados de la región tener activa presencia en los territorios más afectados por la violencia, particularmente a través de su capacidad de respuesta institucional, civil, de desarrollo y ambientalista, para promover los derechos y proteger las personas defensoras de la tierra, el territorio y el ambiente.
Mapa imagen superior: CEPAL
Entrada en vigor del Acuerdo de Escazú https://t.co/MOP41XzEdf
— CEPAL (@cepal_onu) April 22, 2021
