Un proyecto, cuestionado por las violaciones a los derechos humanos de los habitantes de la isla Pedro González, obtiene beneficios fiscales millonarios por parte del Estado para construir un hotel. Arquitectura offshore, Pandora Papers y posibles conflictos de intereses convirtieron a Pedro González en Pearl Island, un megaproyecto de lujo en Panamá.
Este reportaje es parte del Especial Tierra de Resistentes
En un paraíso olvidado sobre el Pacífico panameño, una familia poderosa levanta un hotel cinco estrellas en el mayor proyecto turístico-inmobiliario que se construye hoy en el país: Pearl Island, en una isla del archipiélago Las Perlas que hasta ahora ha sido conocida con el nombre de Pedro González. Ese hotel, el Ritz-Carlton Reserve Pearl Island, ha estado involucrado en escándalos desde antes de que se pusiera la primera piedra en 2017.
Primero salió a la luz que, para ponerlo en marcha, sus promotores despojaron de las tierras a una comunidad que había vivido allí por un siglo y que a sus líderes, que protestaron por el bloqueo a sus fincas y playas, los detuvieron y les abrieron procesos judiciales. Los habitantes de Pedro González llevaron el caso en 2017 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pidió al Estado panameño garantizar los derechos de la comunidad, entregar un informe detallado sobre el proceso de consulta previa y comenzar un diálogo, con reuniones periódicas entre las partes, para resolver el conflicto socio ambiental.
Cuatro meses después de esa audiencia y en medio del proceso de conversaciones que apenas iniciaba, el entonces presidente Juan Carlos Varela viajó al rincón en conflicto para inaugurar la obra del hotel junto a sus promotores, un consorcio encabezado por el grupo panameño Eleta. Parado sobre la arena blanquísima y con el mar más esmeralda de frente, Varela dijo en la playa que es símbolo de querencia para los lugareños: “Más que una historia de negocios, es una historia de amor, una historia de compromiso y deja muy claro los valores que hacen grande a Panamá: los valores de familia y de fe”. Fue una muestra inequívoca de con quién estaba el compromiso del gobierno nacional: la familia Eleta, con la que Varela comparte lazos de sangre.
Los Eleta, una dinastía empresarial que también es activa en política, son dueños del Grupo Eleta, un conglomerado familiar con inversiones en energía, telecomunicaciones, desarrollos inmobiliarios, turismo y agroindustria. En 2008 decidieron montar un megaproyecto turístico-inmobiliario de lujo en la isla de infarto que es Pedro González, con el que cosecharon denuncias por parte de los lugareños y favores del lado del poder en la ‘República de primos’, como en Panamá llaman a su propio país por pequeño y endogámico.
Durante la presidencia de Varela, entre 2014 y 2019, el gobierno le otorgó 17 millones de dólares como “incentivo turístico”. En el siguiente mandato, con Laurentino Cortizo a la cabeza, los habitantes se ilusionaron: tal vez los favoritismos desaparecerían en una gestión cuyo eslogan de campaña había sido “el pueblo primero”. Pero Cortizo cortó los diálogos promovidos por la CIDH y aumentó los privilegios hacia los Eleta: el Ritz-Carlton Reserve recibirá un subsidio por 232 millones de dólares en forma de créditos fiscales, gracias a una ley aprobada en la la Asamblea Nacional el 20 de abril de 2022.
¿Por qué el Estado aceptaría dejar de cobrar impuestos en beneficio de Pearl Island y concederle a un grupo sólido una suma millonaria en medio de una crisis económica? ¿Por qué apuesta a construir un hotel de lujo para fomentar el turismo, con el rechazo del propio sector? ¿Por qué obvió su papel, desoyendo las recomendaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el mayor órgano en la región, para un proyecto con un pasado complejo?
La estrategia para lograr semejante ventaja, que incluyó dos proyectos de ley en el legislativo tras una demanda de inconstitucionalidad ante el primer intento, fue ejecutada por personas ligadas a los promotores y, al mismo tiempo, al presidente del país.
La familia Eleta tiene como socio local en el megaproyecto al grupo panameño VerdeAzul, del exministro de Economía, banquero y político, Alberto Vallarino. El funcionario que impulsó la ley que le dará al hotel cientos de millones es el ministro de Turismo Iván Eskildsen, quien fue empleado de los dos grupos antes de asumir el cargo. La cabeza detrás de la jugada y el principal armador de las políticas de turismo en el país es Juan Manuel Henríquez, yerno del presidente Cortizo y quien hasta el año 2020 fue gerente de una hacienda del Grupo VerdeAzul.
Henríquez, quien estuvo casado y tiene dos hijos con la hija del presidente, fue la ficha clave en el armado que beneficiará a las empresas aliadas para convertir a la isla Pedro González en el nuevo enclave de lujo Pearl Island. Fue quien promovió la medida con el sombrero de representante de la Cámara de Turismo de Pedasí y asistió a los debates en la Asamblea Nacional durante 2019, mientras trabajaba con los Vallarino, para apoyarla tras bastidores, cuidándose de no hablar en público. Con perfil bajo, Henríquez fogoneó en las sombras hasta marcar su nombre en el proyecto: “Esa ley es de Juanma”, dijo un ministro superpoderoso en los pasillos del palacio de Las Garzas.
La historia no termina ahí.
Aunque el proyecto vende residencias por más de 3 millones de dólares, no parece haber actualizado hasta ahora el valor catastral de la isla. Según documentación notarial del Registro Público de Panamá (folio real 9625), al momento de esta publicación la propiedad de 1464 hectáreas de arenas blanquísimas, mangle y corales tenía un valor de 40 mil dólares. El precio de mercado, sin embargo, podría superar los 73 millones de dólares, solo por los terrenos de la porción de la isla prevista para el desarrollo (20 % del total). El predio de más de 9000 metros cuadrados donde se ubica la obra del Ritz-Carlton Reserve, al que se le acaba de otorgar 232 millones de dólares por ley, está valuado en 26.43 dólares. Es una estrategia usual y extendida en Panamá para esquivar el pago de impuestos inmuebles.
Y hay más.
El grupo que construye el hotel forma parte de un entramado de sociedades en jurisdicciones offshore como Chipre, las Islas Vírgenes Británicas, Luxemburgo y Delaware, una compleja arquitectura empresarial que incluye socios cuestionados y que está reflejada en cientos de documentos de la investigación global Pandora Papers del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), analizados por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y Concolón.
Para completar la película, el conflicto socio ambiental sigue creciendo. Tras la decisión del Gobierno de suspender los diálogos —algo que la CIDH consideró fundamental para la salud de pobladores, la empresa, el proyecto empresarial y la propia isla—,los habitantes de Pedro González y otros defensores del ambiente pidieron una nueva audienciay sentaron al nuevo gobierno ante la CIDH el 18 de marzo de 2022. Casi cuatro meses después, el gobierno convocó a una reunión exprés el miércoles 15 de junio, donde no se acordó ningún plan.
La historia comenzó en 2008
El año avanzaba cuando la familia Eleta desembarcó en Pedro González para avisar a la comunidad que esa isla de ensueño, con sus playas, sus caminos, el monte y hasta el pueblo, era suya y la iba a explotar con un megaproyecto con hoteles cinco estrellas, aeropuerto y residencias de lujo: “Un auténtico destino privado esperando a ser descubierto”, como promocionaba en su sitio web.
Fue un 17 de mayo de 2008, pero los habitantes lo recuerdan con el mismo espanto con que lo cuentan hoy: “De la noche a la mañana aparecieron ellos aquí, que ellos eran los dueños, y uno se quedó así, ve”, dijo Icelka Mejía, una gonzaleña de 47 años que, después de decirlo, abrió los ojos con la cara llena de sorpresa. Para Eloísa Santimateo, lo mismo: “Nosotros estábamos pajareando y cogiendo arroz, verduras, toda la vida aquí y ellos diciendo que son los dueños, ¿por qué no aparecieron cuando mi tatarabuela vivía aquí?”.
¿Por qué decían que eran los dueños si fueron ellos mismos, los lugareños, quienes forjaron la comunidad durante décadas, levantaron la escuela y lograron que el Estado los reconociera como corregimiento en 1984? ¿Quiénes eran estos empresarios que pretendían extender sus pertenencias hasta la playa a la que iban casi a diario, los mares en los que pescaban, las tierras que sus abuelos y bisabuelos cultivaron y les heredaron sin necesidad de un papel, porque con la palabra alcanzaba?
El fundador del grupo Eleta fue Fernando Eleta Almarán. Empresario, ministro y, curiosamente, negociador de la primera emisión pública de bonos de Panamá, Eleta Almarán compró la isla en octubre de 1971, según una escritura pública alojada en el Registro Público de Panamá, por 16 500 dólares (unos 120 000 de hoy) a los descendientes de Víctor Plise, un famoso acopiador de perlas que en tiempos de la colonia logró quedarse con ella por derecho de asentamiento. En 1903 uno de los herederos de Plise, Washington V., aprovechó el anuncio de la construcción del Canal de Panamá por parte de Estados Unidos para promocionar la venta del legado en el periódico San Francisco Call: “Plise tiene una cajita de madera que contiene las escrituras de su dominio insular, estampadas y adornadas con los sellos de la república de Colombia”, dice el artículo titulado El emperador de la isla enseña música, en el que el protagonista juró haber recibido una oferta de 223 000 dólares de parte de un senador de Estados Unidos para la explotación de carbón.
Más de un siglo después, los negocios en Pedro González pasan por el turismo, el desarrollo inmobiliario y son manejados por un nieto de Eleta Almarán: Guillermo de Saint Malo Eleta, uno de los hombres más ricos de Centroamérica según la lista Forbes, que también circula en política, en 2017 intentó postularse para presidente de Panamá y es miembro del Frente Empresarial del actual partido de gobierno (el PRD). Guillermo es el mayor de los hijos de la mayor de las hijas de don Eleta Almarán, Mercedes Eleta de Brenes, más conocida como Baty. Este hombre es la cabeza del Grupo Eleta y fue el encargado de avisar a los gonzaleños que la vida iba a cambiar para siempre en mayo de 2008.
A partir de ahí, la familia decidió fogonear el proyecto asociándose con varios inversores.
En 2008, el mismo año en que Guillermo viajó a Pedro González a darles la noticia, dieron la bienvenida a Dolphin Capital Investors Limited, una empresa con experiencia en el sector de complejos residenciales. Registrada en Chipre, Dolphin era conocida en Europa y Oriente Medio pero poco en Panamá: fue la primera vez que emprendió en el país. Sin embargo, uno de sus directores, el chipriota Orestes Fintiklis, ya participaba de otro negocio que desató polémicas y denuncias: el hotel Trump, que logró arrebatarle al expresidente Donald Trump gracias a su habilidad para tejer alianzas locales con amigos influyentes y para armar estructuras empresariales complejas, con el único fin de mantener todo en secreto (ver la investigación Pandora Papers reveal new details about how a Miami businessman out-trumped Trump, publicada en el Miami Herald en el marco de los Pandora Papers).
Para trabajar en la isla hotelera, ambos socios enlistaron los servicios de algunos de los abogados más poderosos de Panamá. Los Eleta tenían al bufete Morgan & Morgan, el más grande del paraíso de los abogados. Dolphin buscó a Alemán, Cordero, Galindo & Lee, más conocido como Alcogal. Esta firma, liderada por el exministro de Justicia y exembajador en Estados Unidos Jaime Alemán, les prometió la máxima fidelidad y confidencialidad.
“Alemán Cordero Galindo & Lee no revelará ninguna información recibida de usted, a menos que esté expresamente autorizado para hacerlo, o sea requerido por una solicitud formal de una autoridad competente, o por un procedimiento legal. En tales casos, Alemán, Cordero, Galindo & Lee (…) solo divulgará el material después de recibir su autorización”, escribieron en una primera carta dirigida a Dolphin Capital Partners, que esta alianza periodística encontró entre los documentos del bufete que forman parte de la filtración de los Pandora Papers.
Entre las decenas de correos electrónicos, acuerdos y contratos que pasaron por Alcogal, hay detalles sobre la arquitectura montada por los socios de Pearl Island para darle forma al proyecto.
Los documentos revelan que dividieron en parcelas el territorio sobre el mar para compartimentar los negocios con sus socios locales y extranjeros según los fines —hotel, residencia, marina, puerto, restaurantes, etcétera—, a través de al menos 64 sociedades que unieron a Panamá con puntos como Chipre, Islas Vírgenes Británicas, Barbados y Luxemburgo.
Muchas de las empresas abiertas en jurisdicciones opacas son accionistas de algunas de las sociedades panameñas que desarrollaban el proyecto en el istmo y tienen como beneficiario final a los mismos socios: los grupos Dolphin y Eleta. Un ejemplo es Pearl Island Limited S.A., la piedra fundamental del megaproyecto y la propietaria de la isla desde 2008, que tiene como accionista a Wentworth Insurance Company Ltd., registrada en Barbados. Wentworth es accionista de cuatro sociedades más vinculadas a los promotores, entre ellas la madre del hotel que recibirá el crédito millonario del gobierno, el Ritz-Carlton Reserve (ver más abajo): Don Bernardo Hotel S.A.
¿Por qué un negocio panameño y desarrollado en Panamá necesita recurrir a una estructura offshore compleja con pies en el Caribe británico y en el Mediterráneo? ¿Qué busca un panameño en otros paraísos que lideran los rankings de jurisdicciones opacas de la ONG Tax Justice Network?
“Panamá es un paraíso fiscal para los extranjeros pero un infierno fiscal para los panameños”, dijo el abogado panameño Miguel Antonio Bernal. Mientras los Piñera, los oligarcas rusos y los chavistas del mundo abren empresas offshore en el istmo, los locales pagan renta, ganancias y utilidades. Cuando los panameños invierten fuera, no necesitan declarar lo invertido ante la autoridad local. Otro motivo frecuente para estructurar este tipo de esquemas es la diversificación de riesgo y seguridad jurídica: sellar el patrimonio, protegerlo de demandas o de cuestiones como divorcios, además de diluir responsabilidad ante cualquier evento.También, claro, facilitar operaciones globales con socios no panameños.
La información disponible en Pandora Papers sobre el conglomerado empresarial detrás del Grupo Eleta es básica: muestra las sociedades, fechas de registro y, en algunos casos, los directores y accionistas. No es posible saber para qué se usaron. Consultada para esta investigación, la empresa indicó que “diversos inversionistas y accionistas en el proyecto tienen sus propias estructuras legales de inversión, todas las cuales pasan por un proceso de diligencia debida para asegurar el cumplimiento con las leyes panameñas y las normas internacionales”.
Otros documentos obtenidos por ICIJ dan pistas de cuestiones eludidas por dueños y abogados. Una debida diligencia que Alcogal hizo para Dolphin en marzo de 2008, por ejemplo, tiene detalles de la verificación de documentos de Pedro González S.A. —dueña original de la isla que luego traspasó la titularidad a otra sociedad, Isla Pedro González S.A., para finalmente dejarla en Pearl Island Limited S.A.—, litigios y el título de propiedad de la isla, pero ni una sola mención sobre los habitantes de décadas ni sobre el pueblo reconocido como corregimiento por el Estado en 1984. Sí recomendó una inspección técnica “in situ” para, entre otras cuestiones, obtener “cualquier consideración respecto a la ocupación o posesión ilegal”.
Otro socio importante
Cuatro años después de asociarse a Dolphin, en 2012, los Eleta sumaron a un poderoso socio local: el Grupo VerdeAzul, cuya cabeza es el empresario y banquero Alberto Vallarino.
Vallarino merece un párrafo aparte, por ser otra figura de peso en la República de primos. Bisnieto de un presidente, banquero y empresario, también forma parte del universo de gente conocida que pasa con facilidad de lo privado a lo público, ocupa posiciones claves en el Estado y luego vuelve a sus asientos corporativos, para vincularse después, otra vez, en otro gobierno. Fue ministro de Economía en la gestión de Ricardo Martinelli, quien resultó presidente por la alianza de su nuevo partido con el experimentado panameñismo, liderado entonces por Juan Carlos Varela, amigo íntimo de Vallarino. Luego, cuando Varela fue electo presidente en 2014, fue vicepresidente de ese partido, justo cuando la cabeza era el hombre de los Panama Papers, Ramón Fonseca Mora. Mucho antes de la publicación de la investigación global que sacudió a los poderes del mundo, en 2011, Vallarino consiguió junto a Varela, que entonces era vicepresidente de Martinelli, que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) retirara a Panamá de su lista gris. Un enredo claro como el mar de Las Perlas.
Como empresario, Vallarino ya manejaba proyectos inmobiliarios cuestionados sobre el Pacífico cuando se asoció con los Eleta. Uno de ellos fue foco de denuncias y escándalos por erigirse en unas tierras cuyo dueño original, un estadounidense millonario de apellido Lucom, había ordenado vender para donar lo recaudado, calculado en 50 millones, a la Fundación Wilson C. Lucom. La idea que Lucom dejó en su testamento, era que el dinero terminara en comida, útiles escolares, ropa, vivienda y apoyo para los niños pobres del país. Pero el destino, tras un proceso legal plagado de artimañas investigadas hasta por el FBI, según una publicación del Council on Hemispheric Affairs (COHA), fue otro. Se trata de la Hacienda Santa Mónica, propiedad de Vallarino y cuyo gerente fue hasta el 2020 el exyerno del presidente Cortizo, el mismo que impulsó en el año 2019 el beneficio de 232 millones de dólares para el hotel en la playa Don Bernardo: Juan Manuel Henríquez.
El grupo comandado por Vallarino entró a Pearl Island para desarrollar la primera fase, llamada La Península. Hoy, él comparte la directiva de 21 sociedades vinculadas al megaproyecto con integrantes de la familia Eleta y con otro socio que llama la atención: el banquero colombiano Jorge Gallo Restrepo, quien en aquellos tiempos supo ganar la predilección de la élite panameña.
Video de evento de presentación del proyecto Pearl Island. | Fuente: Telemetro.
Aunque el valor de mercado de una hectárea en Pearl Island, en el año 2022, es de un promedio de 250 mil dólares, los promotores han mantenido ante las autoridades el mismo valor de avalúo desde 1971: 40 mil dólares. La propiedad del proyecto, según los mismos registros oficiales, tiene 1464 hectáreas, por lo que el valor de la tierra de la porción de desarrollo (20 % del total) superaría los 73 millones de dólares, según fuentes vinculadas al sector inmobiliario. El predio del hotel, que recibirá 232 millones a través de una sociedad que declara un capital social de un millón, es de 26.43 dólares. Más barato que un corte de pelo en Panamá.
Consultada para esta investigación sobre el avalúo de la propiedad, la empresa indicó que la finca, “cuyo título data de finales del siglo XIX, ha estado en el grupo desde principios de los años ’70” y desde entonces, “ha tenido cambios en su superficie y valor producto de reorganizaciones internas, desarrollos parciales y donación de tierra a la comunidad”. Y, aunque no emitió comentarios sobre el avalúo de 40 mil dólares, indicó que “las áreas no desarrolladas y la significativa superficie destinada a reserva forestal según el EIA aprobado por las autoridades ambientales, podrían representar un 81 % de la superficie y el valor”.
La práctica de registrar casas y fincas por un valor menor al del mercado, es común en Panamá: un porcentaje amplio de propiedades en el país están registradas por un precio muy por debajo del de venta. En Panamá no existe el hábito de actualizar los valores catastrales y cada vez que se intentó, luego del último en los setenta, los gremios privados bramaron hasta que lograron suspenderlos —pasó en 2013 y en 2017. En el archipiélago Las Perlas, los ejemplos se repiten y en otros proyectos que contaron con el asesoramiento de Alcogal, también. Por eso, el Estado deja de recaudar cerca de 400 millones de dólares al año. Si Pedro González estuviera registrada al precio por el que se vendería, sus dueños deberían pagar un aproximado de 730 mil dólares al año en impuesto a la renta, solo por la tierra destinada a residencias y sin incluir las mejoras.
La isla ya tenía antecedentes de problemas con los impuestos. Según un aviso publicado en la Gaceta Oficial de Panamá del 18 de noviembre de 1934, el Estado ordenó rematarla por mora y puso un precio inicial de 12 mil dólares. ¿Qué pasó después? La historia da un brinco hasta 1971, cuando Eleta Almarán compró la propiedad a los Plise. Y entonces, bajo la administración del nieto Guillermo, sobrevino el conflicto socioambiental que aún perdura y tampoco llamó la atención del bufete.
En una carta dirigida a KPMG, la empresa multinacional contratada para una auditoría, Alcogal indicó que no tenía conocimiento de que existiera “algún litigio” o “algún reclamo de importancia pendiente de resolución”. Los conflictos existían en la isla desde 2009, pero la carta fechada el 28 de julio de 2010 los obvió.
Más adelante, en enero de 2017, Dolphin Capital Investors vendió su parte por 27 millones de euros a Grivalia Hospitality, una sociedad de servicios financieros constituida en 2015 en Luxemburgo. Según el Registro Mercantil de Luxemburgo, en ese momento era la subsidiaria de una empresa griega de inversión inmobiliaria llamada Grivalia Properties REIC que, luego de fusionarse a EuroBank en 2018, fue rebautizada como Grivalia Management Company.
Beneficios por millones de dólares
El 31 de diciembre de 2019, pasados cinco meses de la posesión de Laurentino Cortizo como presidente, el Gobierno benefició a la empresa con una ley de incentivo a la industria turística que iba a otorgarle un crédito fiscal al 100 % —o sea, le retribuía la inversión de 232 millones—. La iniciativa fue demandada por inconstitucional por el abogado Ramón Ricardo Arias porque implicaba una reducción sustancial del presupuesto del Estado y la Asamblea no está facultada para eso: “La Constitución mantiene un mandato que prohíbe aprobar leyes que afecten los recursos asignados en el presupuesto, sin que al mismo tiempo se establezcan las rentas sustitutivas”, dijo Arias. Enseguida, el procurador encargado Javier Caraballo le dio la razón. La Corte probablemente también iba a hacerlo, pero ya no tendrá esa posibilidad.
El 7 de febrero de 2022 se presentó una nueva propuesta que deroga esa, tuvo un trámite récord en la Asamblea y fue sancionada por el presidente el 20 de junio de 2022, momentos antes de que el Gobierno hiciera pública una noticia lamentable: Cortizo padece un cáncer de “riesgo intermedio”.
La nueva norma propone básicamente lo mismo: créditos fiscales que devuelven entre el 60 y el 100 % del monto de las inversiones en hoteles en el interior del país a un grupo limitado de inversionistas. Un párrafo conveniente indica que a las empresas que hayan hecho los trámites con la norma anterior, se les reconoce el total, el 100 %.
La mecánica indirecta y simplificada es la siguiente: empresarios como los Eleta registran una empresa en la Superintendencia de Valores, ofrecen las acciones en la Bolsa de Valores y a quienes las compran —un inversionista—, el Estado le devuelve el valor total de lo que pagó, en créditos fiscales. En esa maniobra, el Gobierno le otorga 232 millones de dólares al Ritz-Carlton Reserve: seis veces el presupuesto destinado a Cultura y casi el cuádruple de lo que se fijó en Ambiente para el 2022, dos áreas claves para promover el turismo.
Con eso, cada panameño —incluidos los gonzaleños que esperan desde hace una década que el Estado intervenga en defensa de sus derechos—, aportará para mejorar los negocios de un solo grupo empresarial que despojó a los pobladores de la isla donde tiene esos negocios.
La iniciativa fue presentada por quien, en los papeles, cumple el rol de autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Iván Eskildsen. Justo antes de asumir ese cargo, en julio de 2019, Eskildsen trabajó para el Grupo Eleta como director financiero y quien lo recomendó para ese cargo, según contestó él mismo a La Prensa, fue el yerno de Cortizo: Juan Manuel Henríquez. Antes de eso, Eskildsen estuvo en las filas del otro socio panameño del megaproyecto Pearl Island: fue el supervisor financiero del conglomerado Grupo VerdeAzul entre 2007 y 2010. Al lado, al frente y a los costados de Eskildsen, opera el hombre que lo puso ahí: Henríquez, quien además de exyerno del presidente fue gerente de Hacienda Santa Mónica, del Grupo VerdeAzul, hasta 2020. Según una decena de entrevistas con referentes de la Asamblea, asesores de gobierno, representantes del sector turístico, entre otros, Henríquez fue el gran impulsor del privilegio que inyectará cientos de millones en el hotel que, cuando se anunció, iba a construirse por 80 millones.
“Como panameño y empresario he participado desde el sector privado en impulsar políticas públicas relacionadas al turismo y a la construcción para el desarrollo de proyectos que beneficien al país y todas las empresas, con el fin de generar buenos empleos para todos los panameños”, respondió Henríquez a Concolón al ser consultado para esta investigación sobre las aseveraciones que lo señalan como el impulsor de la norma. A Henríquez se le vio en varias actividades de la campaña de Cortizo para presidente y viajó como invitado junto a él, a ministros, oficiales de protocolo y de seguridad, en la Misión Oficial a Texas para atraer inversiones en julio del 2021, según el detalle de viajes y viáticos publicados en el sitio oficial de Presidencia.
Y, aunque al momento de cierre de esta investigación aún compartía junta directiva de al menos 10 sociedades vinculadas a los negocios de los Vallarino, indicó que no tiene conflictos de intereses: “No soy empleado ni accionista de Grupo Verdeazul ni de Pearl Island, tampoco funcionario público. Soy un empresario panameño que busca impulsar todo el sector turismo”, dijo.
Además de Henríquez, hay otra familiar de Cortizo involucrada en el proceso. El asesoramiento legal de emisión de valores del hotel de los Eleta está a cargo de la firma de abogadas Virtú Atelier Legal, cuya socia es sobrina del presidente: Melissa Esther Cortizo Brown.
La nueva ley, además de a los Eleta, beneficia a otras empresas con vínculos en el Gobierno. Los Eleta correrían a la Bolsa con cuatro empresas vinculadas al megaproyecto, según un documento de la Autoridad de Turismo de Panamá: Ocean Hills Pearls Island, S.A., por 26 millones de dólares; Lora Marina View, S.A, por 7; Pearl Island Fishing Lodge Inn, por 27; y DB Hotel & Residences, el Ritz-Carlton Reserve de Pedro González, por 232 millones.
“Es un subsidio para millonarios cercanos al poder”, dijo Ramón Ricardo Arias. “Equivale a que todos los ciudadanos sufraguemos el costo de las inversiones turísticas, pero solo estos inversionistas se benefician de las mismas —escribieron en una carta abierta al presidente, miembros destacados de su propio partido, referentes de movimientos sociales, feministas y otras figuras públicas—. Esto, solo y de por sí, es un abuso a la ciudadanía”. La medida, además, no pone condiciones: “Se dan incentivos exorbitantes y se pide muy poco concretamente a cambio”, escribió el abogado Carlos Barsallo. No se comprometen, por ejemplo, a asegurar la creación de puestos de trabajo, aunque la ley se promocionó con esa promesa.
“Aquí en Panamá el gobierno no manda. Mandan los millonarios ”, dijo Adán Toker, pescador y residente de Pedro González.
El diputado Gabriel Silva, quien votó en contra de la iniciativa porque no cree que en un país con 48 % de ocupación hotelera hagan falta más hoteles, marcó además que el proyecto obvió requisitos constitucionales obligatorios: los informes técnicos con estudios previos del Ministerio de Economía y Finanzas, y de Contraloría.
Silva pertenece a la bancada independiente y promovió una norma que regula los conflictos de intereses, justamente para evitar que sucedan cuestiones como lo que pasó con el “incentivo turístico” al que se opuso.
Los promotores del proyecto no han adoptado reglas de buen gobierno corporativo, según la información que brinda la propia empresa en el documento “Prospecto informativo DB Hotel & Residences, S.A.”, que presentaron en la Superintendencia de Valores para comenzar el proceso de venta de valores. Sí tienen, según indican en la página 52 de ese documento, un código de ética que marca que se “evitarán” y “reportarán” en “todos los niveles organizacionales”, situaciones, actividades o negocios “que por su naturaleza generen potenciales ‘conflicto de interés’ y pudieran poner en riesgo la integridad de la empresa”. Según la vicepresidenta de Asuntos Públicos del grupo, Mercedes Morris, “todos los directores y ejecutivos se comprometen a cumplirlo”.
El ministro Eskildsen no respondió a la consulta sobre ese posible conflicto de interés, enviada por el equipo periodístico de esta investigación. Tampoco la Autoridad de Turismo ni el Grupo VerdeAzul. Un representante del Marriott, la marca asociada al Ritz en Panamá, respondió a Concolón: “La persona correcta para contactar es el Sr. Guillermo St. Malo Eleta”. Pero en la empresa de Guillermo St. Malo Eleta no ven la norma como un “beneficio al proyecto”: “La normativa establece que el Estado panameño ofrece incentivos fiscales limitados y temporales a inversionistas en proyectos de turismo (…) Nuestro proyecto ha aplicado de manera que pueda atraer inversionistas que a su vez podrán acceder a esos incentivos fiscales temporales”, respondieron.
En el Ministerio de Relaciones Exteriores prometieron contestar sobre el proceso de negociación que deberían estar liderando, por mandato de la CIDH, entre el Grupo Eleta y los habitantes de Pedro González, pero al cierre de esta edición tampoco lo hicieron. Cortizo, por su parte, vetó la iniciativa sobre conflicto de interés del diputado Silva el 9 de junio pasado y, así, garantizó que los privilegios que denuncia Arias no se corten.
La jugada de la ley fue tan alevosa que todos los medios bramaron. “Ley de incentivos fiscales favorece a los allegados al poder”, publicó La Prensa. Y la televisora nacional TVN: “Créditos fiscales turísticos: un drenaje de fondos públicos”. Hasta las cámaras de Comercio y de Turismo, siempre de la mano de Eletas y Vallarinos, salieron al cruce de la medida.
Un dato pasó desapercibido en la avalancha: Pearl Island ya había recibido casi 18 millones de dólares del Estado para el megaproyecto en Pedro González.
En 2015, con Varela en la presidencia, la Autoridad de Turismo (ATP) le dio 17 792 625 dólares para “desarrollo de turismo náutico en la isla Pedro González del archipiélago de Las Perlas” a la sociedad Peninsula Resort S.A., según un documento de la Contraloría de la República. Península Resort fue registrada en julio de 2010 por Alcogal, con Alberto Vallarino, Jorge Gallo Restrepo y Guillermo de Saint Malo en la directiva. Es dueña de 25 fincas y seis propiedades en la isla, ninguna supera los 1000 dólares de valor en los documentos del Registro Público.
Además, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) dio 200 mil dólares para la instalación de “piloto fotovoltaica aislada híbrida con Grupos Electrógenos” en 2018 a Pearl Island Power, S.A., sociedad que el grupo creó en diciembre de 2013 y está integrada por gente vinculada a él: Guillermo de Saint Malo Eleta, Dianik Elizabeth Peren García y Anaximedes Cedeño Espino. Un año después, con otro presidente de otro partido en el poder, el panorama no cambió.
En enero de 2020, antes de que el virus del COVID-19 frenara al mundo, en Panamá las alertas estaban puestas en otro tema: la escasez de agua.
Las lluvias descendían, las temperaturas aumentaban y el agua que alimenta al Canal de Panamá se evaporaba. Las alarmas se encendieron de inmediato y comenzó una seguidilla de eventos empresariales con títulos como “crisis hídrica” o “estrés hídrico”. El domingo 19, en un programa de debate televisivo, la mamá de Guillermo de Saint Malo, Mercedes Eleta de Brenes, le echó la culpa a la gente que recibe subsidios y la desperdicia: “Vamos a dejar de tener el agua que necesitamos para la columna vertebral de este país porque le tenemos que dar a los panameños que consuman y sigan botando. Hay que pagar más agua, ¿el agua es gratis? ¿Tenemos el derecho humano del agua? Perfecto, anda al río y búscala”.
Tan solo 19 días antes, el Grupo Eleta abrazaba los subsidios en paquete de 232 millones.
*Con información de Brenda Medina (ICIJ) y Andrés Bermúdez Liévano (CLIP).
Imagen superior: En Don Bernardo, la playa pública donde los habitantes de Pedro González crecieron, se construirá un nuevo hotel de lujo subsidiado por el Estado y exclusivo para turistas. | Foto: Tova Katzman.
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