Diez organizaciones de la sociedad civil expresan su rechazo a la nueva resolución que impide la protección permanente del bioma amazónico. Piden completar el proceso de consulta previa y no revocarla.
Como un ‘preocupante retroceso social, ambiental y climático’ en la protección de uno de los ecosistemas más importantes del planeta fue calificada la revocatoria de la resolución 0961 del 4 de agosto de 2026, que delimitó y declaró el bioma amazónico colombiano como una reserva definitiva de recursos naturales renovables y del ambiente.
Esta norma, aprobada por el gobierno saliente, buscaba proteger la Amazonía en 48 millones de hectáreas frente a la minería a gran escala.
Para las organizaciones, la nueva resolución 1405 del 23 de octubre, emitida por el actual Ministerio de Ambiente, contradice el liderazgo internacional que Colombia ha construido en materia de biodiversidad y acción climática.
Afirman que la evidencia científica es contundente. Según Earth Insight, el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD) y la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), 14 millones de hectáreas, equivalentes al 28 % de la Amazonía colombiana, se superponen a bloques petroleros y gasíferos.
Agregan que, cerca del 43 % de las Áreas Clave para la Biodiversidad sin protección se ven amenazadas por estas actividades: “No se puede proteger la Amazonía mientras se mantenga abierta la puerta a su destrucción industrial. La conservación efectiva exige excluir nuevas actividades extractivas incompatibles con la integridad ecológica, respetar los derechos territoriales y garantizar alternativas económicas sostenibles”.
“El gobierno de turno, con miras al cumplimiento de la Constitución política que trasciende su mandato, debe abordar los desarrollos y avances de gobiernos anteriores en clave de proceso, independientemente de su orientación política”.
Las organizaciones indican que la consulta previa y el consentimiento previo, libre e informado son derechos fundamentales e irrenunciables de los Pueblos Indígenas y las comunidades afrodescendientes, y constituyen un pilar de las garantías constitucionales en un estado pluriétnico y multicultural como el de Colombia.
Piden seguir con la consulta
Como sociedad civil, hicieron un llamado a que «el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia complete el proceso de consulta previa con las comunidades afrodescendientes que ya inició el gobierno anterior en el marco de esta resolución, en lugar de revocarla por un elemento inconcluso”.
Consideran que construir sobre lo construido es responsabilidad del gobierno entrante, de cara a los temas que deben ser política de Estado, como la protección de uno de los biomas más importantes, tanto por sus virtudes ecológicas y culturales como por su interdependencia entre los sistemas ecológicos amazónicos y andinos, fundamental para la regulación y el abastecimiento hídrico y la estabilidad económica y social del país.
Restablecer la protección
“La protección de la Amazonía exige fortalecer los principios de prevención y precaución ambiental, especialmente ante actividades que puedan causar daños irreversibles”.
En este contexto, argumentan que prevenir posibles daños a su integridad implica identificar de antemano los riesgos de destrucción grave, extensa o duradera de los ecosistemas, evitar autorizar actividades incompatibles con su integridad ecológica y garantizar que las decisiones del Estado prioricen la protección de la naturaleza y de los derechos de los pueblos y comunidades que habitan estos territorios.
En plena COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica y con una manifestación expresa al Presidente electo de Brasil que convoca a un abordaje regional amazónico, señalan que esta decisión envía una señal profundamente contradictoria a la comunidad internacional y pone en cuestión la coherencia de los compromisos colombianos con la protección del 30 % del planeta para 2030 y con la transición justa más allá de los combustibles fósiles.
“Hacemos un llamado al Gobierno colombiano a restablecer de inmediato una protección efectiva frente a nuevas actividades extractivas en toda la Amazonía, a completar los procesos de consulta previa, específicamente los asociados a poblaciones afroamazónicas, así como a contener la expansión de bloques petroleros y mineros incompatibles con su conservación”.
¿Quiénes hacen el llamado?
La petición es firmada por las organizaciones Earth Insight, Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana – OPIAC, Greenpeace, Fundación Envol Vert Colombia, Red Gran Caribe Libre de Fósiles, El Foro Social Panamazónico (FOSPA), Land Is Life, Foro Nacional por Colombia Capítulo Región Central, Amazon Watch y Barranquilla +20.
Los convidan a sumar acciones concretas asociadas a la declaración para abordar los grandes retos que enfrenta la región asociados a ganadería, apertura de vías y ocupación de baldíos. La Amazonía no es una frontera de expansión industrial. Es un patrimonio vivo de todos cuya protección no admite retrocesos.
Amazonia. Imagen: MInambiente archivo
Imagen superior: Archivo / Autor: Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).
