Un informe de la organización Somos Defensores revela que existen otros 308 activistas agredidos por amenazas, desapariciones, desplazamientos forzados y atentados. Los grupos armados ilegales son responsables de muchas las agresiones y asesinatos.
El primer semestre de 2025 fue muy trágico para los defensores de derechos humanos en Colombia. Entre enero y junio de este año asesinaron a 78 activistas -una cada casi dos días y medio- y se registró un total de 342 agresiones individuales cometidas en contra de 308 defensores de derechos humanos. En algunos casos, varias personas fueron víctimas de más de un tipo de agresión en un mismo hecho.
En relación con el mismo período de 2024, el total de agresiones registradas mostró una leve disminución del 3 % (diez hechos menos). Muchos de estos hechos de violencia tuvieron lugar en escenarios de crisis humanitaria que aparecieron o se agravaron durante el primer semestre de 2025.
Estas cifras salen del informe semestral del Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (SIADDHH) del Programa Somos Defensores. Según estos datos, la cifra de asesinatos en este periodo (78) representa un preocupante incremento del 20 % en la violencia letal desplegada contra defensores colombianos respecto al primer semestre de 2024.
En el informe sobresalen los hechos ocurridos en el suroccidente de Colombia, que concentra el 46 % de los homicidios, y especialmente en la región de Nariño, que registró un incremento del 500 % en los asesinatos respecto al primer semestre de 2024, pese a albergar dos de los principales escenarios de diálogo entre el gobierno de Gustavo Petro y grupos armados en busca de la paz: los bloques Comuneros del Sur y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
En los primeros seis meses de este año, también se registró un aumento del 6 % en los eventos de conflictividad social respecto al mismo periodo del año pasado. La Defensoría del Pueblo de Colombia registró 1834 sucesos de este tipo en 395 municipios y, además, identificó que “los mayores aumentos de un período a otro se observaron en conflictos por el incumplimiento del acuerdo para la finalización del conflicto armado”.
“En numerosos territorios donde las personas ejercieron el derecho a defender derechos, ocurrieron igualmente confrontaciones entre actores armados legales o ilegales que cometieron infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Ejemplo de ello son las restricciones a la movilidad, el desplazamiento forzado y el confinamiento”, dice parte del informe.
Astrid Torres, coordinadora de la ONG Programa Somos Defensores y miembro de la red de la organización internacional Global Witness, explicó a Mongabay Latam que el documento analiza también 175 amenazas, 30 desplazamientos forzados, 22 atentados y 14 desapariciones forzadas de defensores, entre otros hechos violentos dirigidos contra quienes defendieron derechos durante el primer semestre de este año.
Las regiones más violentas
Los departamentos que concentraron la mayoría de los casos siguen siendo el Cauca, con el 26 %, y Antioquia, con el 12 %. Le siguen Norte de Santander y Valle del Cauca, que, comparados con el primer semestre de 2024, tuvieron un incremento del 78 % y 114 %, respectivamente. Mientras que la ciudad de Bogotá concentró casi una décima parte de las agresiones registradas en todo el país y cada vez es un escenario más difícil para la defensa de derechos.
“Los liderazgos que concentran la mayoría de agresiones continúan siendo los mismos del semestre anterior y además conservan el mismo orden”, destacó Torres, quien enumeró las vulneraciones: primero están los defensores indígenas, que reúnen el 28 % de los casos registrados en el primer semestre de este año. Le sigue la defensa comunitaria con el 23 %, el comunal (urbano) con el 14 % y el campesino con el 8 %.
Luego se encuentran dos sectores que, comparados con los seis primeros meses de 2024, presentaron un incremento significativo: el sindical, que con 30 casos más aumentó en un 900 %, y el ambiental, que con 17 agresiones más tuvo un incremento del 31 %.
“En Colombia seguimos sin una política estatal y de emergencia efectiva capaz de proteger estos liderazgos que ya están advertidos y que también ya están en riesgo, esa es la complejidad”, cuestionó Torres.
No se obtuvo una respuesta del Gobierno de Colombia para conocer su percepción sobre la violencia contra los defensores de ese país. Se envió un pedido de solicitud al Ministerio de Justicia, pero no hubo respuesta.
La Corte Constitucional de Colombia concluyó la semana pasada que existen entidades públicas colombianas que vulneran los derechos fundamentales a la vida, la integridad y la seguridad personal. Este tribunal analizó la tutela presentada por una líder indígena víctima de desplazamiento y amenazas y del homicidio de su cónyuge, ocurrido en 2024.
La Corte constató que, a pesar de los riesgos persistentes, la Unidad Nacional de Protección (UNP) modificó su esquema de protección reduciendo las medidas previamente otorgadas. La Corte consideró que la actuación administrativa careció de motivación suficiente y desconoció el enfoque diferencial de género y etnicidad que exige la jurisprudencia. En consecuencia, ordenó restablecer el esquema original e impartió instrucciones para reforzar la protección del núcleo familiar de la accionante.
Un segundo caso corresponde a un líder indígena que alegó amenazas de grupos armados por su trabajo comunitario. En su caso, la Corte declaró improcedente la acción de tutela por no haberse agotado los mecanismos ordinarios, aunque reiteró que la población defensora de derechos humanos requiere especial atención del Estado.
Actores desconocidos
El documento del Programa Somos Defensores también muestra que en la mayoría de los casos la presunta responsabilidad de las agresiones se continúa atribuyendo a autores desconocidos, que actuaron en el 40 % de los hechos. Les siguen los grupos post acuerdo de paz, con el 26 %. Luego están el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las estructuras paramilitares, con 12 % cada uno.
Con respecto a las mujeres defensoras de derechos humanos, en el primer semestre del año se dirigieron 83 agresiones en contra de 74 personas: la amenaza (con 53 hechos) fue la más recurrente, seguida de los asesinatos (con diez hechos), los desplazamientos forzados (ocho hechos), los atentados (seis hechos), la desaparición forzada (tres hechos) y los secuestros (tres hechos).
Este documento también detecta regiones donde las labores de los liderazgos se vieron directamente afectadas por escenarios de crisis humanitaria y la presencia de despliegue militar y grupos armados ilegales. En este último caso se muestra que continúa la confrontación armada y las disputas de control territorial, la degradación de métodos de guerra que afectan directamente a quienes ejercen liderazgos y un silencio de las agresiones cotidianas en territorios donde se han expandido y consolidado los grupos armados, como sucede con el Clan del Golfo-Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
“Desde el Programa Somos Defensores se manifiesta preocupación por la militarización de los territorios y los nexos denunciados entre la fuerza pública con grupos armados ilegales”, se afirma en el documento. Además, la organización presentó un análisis crítico sobre la fragmentación de la política de paz total del Gobierno nacional y las interrogantes que existen de cara al futuro, haciendo énfasis en los procesos que se están dando en Nariño y Catatumbo, dice el informe.
Mientras, la Defensoría del Pueblo y la Naturaleza de Colombia, entidad encargada de la protección de los derechos humanos en ese país, reveló que en los primeros cinco meses del año hubo 81 asesinatos de personas defensoras y liderazgos sociales en el país. Estas cifras incluyen a defensores del ambiente, pero también a líderes políticos y miembros del Estado.
Esta entidad sostiene que para su registro contrasta información con organizaciones sociales y la Fiscalía General de la Nación. Para los primeros tres meses del año, la institución reportó 41 casos, cifra similar a la reportada por Somos Defensores.
“En Colombia, el ejercicio legítimo de la defensa de los derechos humanos sigue siendo un gran desafío, a pesar de los avances obtenidos en espacios como el Seminario Nacional de concertación de la Política Pública Integral de Garantías. Si bien allí se propició un espacio de diálogo con vocerías de todo el país, aún no hay medidas eficaces para preservar la vida de quienes ejercen el derecho a defender derechos humanos”, afirmó Juan Manuel Quinche, responsable del Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (SIADDHH).
Imagen superior: Yuli Velázquez, representante legal de la organización ambientalista FEDEPESAN, mira las fotos de defensores asesinados en Barrancabermeja, Colombia, en 2022. Foto: cortesía Negrita Films/Global Witness
ALIANZA INFORMATIVA
MONGABAY LATAM – RED PRENSA VERDE
“Llevo mucho tiempo oponiendo resistencia a la intrusión de las empresas mineras y petroleras, así como a los grupos armados que intentan controlar nuestros territorios y los corredores del narcotráfico del suroeste de Colombia. Su férreo control nos ha afectado a todos”, expuso la defensora.
